6 de noviembre del 2007
Memoria histórica
Dice España, lee Perú
Ismael León Arias
La Insignia. Perú, noviembre del 2007.
El miércoles 31 de octubre, el Congreso de los Diputados de España aprobó la ley de Memoria Histórica, que condena el golpe de Francisco Franco y ordena a los gobiernos locales financiar la excavación de fosas comunes, pedir perdón a familias y víctimas de la guerra civil, desmontar monumentos franquistas y declarar ilegales los juicios que legitimaron crímenes y expropiaciones contra opositores al dictador.
La noticia es un buen ejemplo de lo que el Perú necesita hacer respecto a la pasada guerra interna y el legado de Fujimori. Porque si no se resarce y libera al país de su herencia política y no se enmienda el rumbo hacia el futuro, ¿de qué nos sirve tenerlo preso, con el peligro de que su amigo Alan García lo beneficie antes del 2011 con una amnistía, si para entonces está sentenciado?
Veamos. El primer lastre jurídico que hoy arrastramos es la Constitución de 1993, creada bajo inspiración del "Consenso de Washington", auspiciada por el Banco Mundial y legalizada por la OEA (Organización de Estados Americanos) ese exquisito cadáver que hoy seguimos financiando. Y es que la Constitución vigente prohíbe actividad empresarial del Estado; facilita los llamados contratos de estabilidad tributaria que hace poco García extendió en beneficio de Majaz; pone igualdad de condiciones entre la inversión extranjera y la nacional y, entre otros anacronismos, consagra una legislación laboral que deja a miles de trabajadores sin seguro hoy ni jubilación en su futuro.
Esta calamidad nacional es reverenciada y aplicada por Alan García, quien no quiere saber nada de la Constitución de 1979, aquella que firmó Haya de la Torre y que hoy exigen retomar apristas honrados como Héctor Vargas Haya. ¿Por qué adora esa Constitución, fruto del golpe de 1992? Porque en el Perú cogobiernan con García la derecha y el fujimorismo.
Hace cuatro años, la Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó en sus conclusiones que las víctimas de la violencia reciban una reparación, pero el régimen de Toledo y el actual se han negado porque el informe condena crímenes cometidos desde el primer gobierno de García (1985-1990) hasta los de la década del japonés (1990-2000).
En España, José María Aznar criticó de inmediato al presidente Rodríguez Zapatero alegando que no le corresponde "desenterrar tumbas" y acusó al Partido Socialista de gobernar "obsesionado con la venganza" y de reabrir heridas de la guerra de hace 70 años, heridas que, según sostuvo, se cerraron con la transición a la democracia. ¿No suena familiar? ¿Están cerradas en el Perú las heridas de la guerra interna?
La guerra civil española (1936-1939) dejó medio millón de muertos y fue un ensayo de la Segunda Guerra Mundial. La Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini apoyaron a Franco, mientras la Unión Soviética de entonces respaldó al gobierno de la República, que finalmente cayó derrotado. Aquí el gobierno de Fujimori-Montesinos, enemigo del Perú, tuvo el respaldo del FMI, del Banco Mundial, de los gobiernos de EE.UU y Japón y por supuesto de la derecha peruana, que no quiere cambiarle una coma a la Constitución de 1993, su preferida.
Lima, 3 de noviembre 2007.