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La insignia
19 de mayo del 2007


Colombia: Entrevista con José Aristizábal

«Los señores de la guerra conservan gran parte de su poder»


Jürg Schiess (*)
La Insignia. Colombia, mayo del 2007.


José Aristizábal ha sido protagonista de las luchas sociales y políticas de Colombia desde los años sesenta. Su historia está llena de logros y vicisitudes. Fue dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y participó en la organización clandestina Movimiento de Integración Revolucionaria (MIR-Patria Libre) que luego acordó una fusión con el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), hoy la segunda guerrilla más importante después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En la nueva organización, la Unión Camilista-Ejercito de Liberación Nacional (UC-ELN), fue miembro del Comando Central.

Aristizábal optó en los años 90 por el camino de la paz. Junto a otras personas creó, entonces, la Corriente de Renovación Socialista (CRS), agrupación que apostó por negociaciones con el gobierno. Cuando ya estuvo en la vida legal, fue elegido al Congreso de la República y allí ocupó el cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

Por amenazas contra su vida, Aristizábal se exilió en Barcelona (España) en el año 2003, donde trabaja como investigador social. Es autor de varios libros, el último de ellos Metamorfosis: guerra, Estado y globalización en Colombia (1), un análisis de los cambios que se han producido en el conflicto colombiano a partir de la inserción del país en la globalización.


La "parapolítica" tiene en vilo a Colombia: desde hace semanas, se revelan casi diariamente nuevos vínculos de políticos de alto rango -incluido el propio vicepresidente Francisco Santos, según testimonio del jefe paramilitar Salvatore Mancuso- y empresas multinacionales con los grupos paramilitares. "Lo que ha llegado a conocerse públicamente es apenas la punta del iceberg", dice José Aristizábal, estudioso del conflicto colombiano, especialmente el armado, y ex-dirigente guerrillero de la Unión Camilista-Ejercito de Liberación Nacional (UC-ELN).

-¿Le sorprende el escándalo de la "parapolítica"?

-José Aristizábal: No. A quienes hemos estudiado o hecho un seguimiento del conflicto colombiano no nos extrañan las revelaciones que se están haciendo ahora; y estoy convencido de que aún falta mucho para que se sepa toda la verdad. Los vínculos de los empresarios colombianos y los militares con el paramilitarismo están, por ejemplo, aún a oscuras; y también existen acusaciones de que hay lazos entre los paramilitares y la familia del presidente Álvaro Uribe.

-¿Qué piensa de estas acusaciones? ¿ están fundadas o son ante todo retórica política?

-En cuanto al hermano del presidente, ya son muchas las denuncias e investigaciones que llevan a concluir que es evidente que sí ha tenido vínculos con el paramilitarismo. Respecto al propio presidente, lo que hasta ahora se ha puesto en evidencia es que ha sido protector de paramilitares y "amigo de los amigos de los paramilitares".

-¿Ponen estas acusaciones en peligro la presidencia de Uribe?

-No creo, por cuanto se trata de un régimen político que a través de sus alianzas aún tiene mucho poder en Colombia y el respaldo de Estados Unidos. Se trata de un régimen que ha logrado concentrar el poder económico, político y mediático del país en las manos del "uribismo" y sus más cercanos aliados locales, nacionales y globales.

-¿Qué relación ve usted entre la "parapolítica" y la Ley de Justicia y Paz de 2005 que regula la desmovilización de los paramilitares y les garantiza un tratamiento jurídico especial a aquellos que confiesen sus crímenes?

-La Ley de Justicia y Paz era una ley que, en su concepción y sus orígenes, trataba de integrar a los sectores más fuertes del paramilitarismo a la vida legal del país al menor costo posible para ellos, eludiendo su extradición a Estados Unidos y su posible juzgamiento posterior por la Corte Penal Internacional. Dentro de esa concepción, se buscaba que los nexos entre los paramilitares y la clase política tradicional quedaran ocultos. Pero los debates, los desarrollos y la resistencia que esa ley ha generado, han permitido que esos nexos comiencen a revelarse y a salir a la luz pública produciendo el escándalo actual de la "parapolítica".

-¿Resuelve la ley los problemas que tiene Colombia con los grupos paramilitares: desplazamientos de población, masacres, apropiación de extensos territorios, dominio de sectores de la economía y públicos...?

-No. Conduce a una paz mafiosa, una paz en la que los señores de la guerra conservan gran parte de su poder, en la que rige la ley del silencio, y en la que la población sigue coaccionada y no tiene la libertad para desarrollar sus propias ideas de construcción de otro tipo de sociedad. Además, con esta ley no se está forzando a los paramilitares a desmantelar su negocio del narcotráfico el cual continúa intacto, ni a confesar toda la verdad.

-Pero al parecer, la cantidad de asesinatos cometidos por los "paras" ha disminuido.

-Si bien han rebajado las masacres, sigue latente una amenaza contra la vida, que se hace realidad en casos selectivos, sobre representantes de la oposición política, defensores de derechos humanos o personas que se dedican a hacer un análisis crítico de la realidad social del país.

-¿Qué política se requiere para erradicar el paramilitarismo?

-Hay que romper el poder que los líderes paramilitares han construido gracias al conflicto y a sus alianzas con sectores del Estado. Para lograrlo, es imprescindible que se desbaraten sus negocios del narcotráfico y sus redes de influencia política y económica. Además, es absolutamente necesario que las víctimas sepan toda la verdad y que haya plena reparación. Lamentablemente, todo esto no se está dando en el actual proceso de paz.

-Frente a los paramilitares, el gobierno de Uribe ha tomado una postura flexible, ante los grupos insurgentes -especialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)- actúa, en cambio, con "mano de hierro". ¿Cómo evalúa esta política?

-La opción militar no es una estrategia viable. Tratar de resolver la guerra con más guerra es como echarle gasolina al fuego.

-Entonces, el gobierno debería buscar negociaciones con las FARC.

Sí. Pero esta vía tampoco está libre de problemas. Por un lado, la sociedad no puede esperar indefinidamente a que el Estado y la guerrilla se sienten a negociar; por otro, existe el riesgo de que una paz negociada, pero sin reformas profundas, no sea duradera.

-¿Qué factores tienen que acompañar las negociaciones?

-Al tiempo que se presiona la negociación, se debe avanzar en la democratización y las reformas que sean posibles a nivel local y regional. Sin mayor democracia la paz no será posible en Colombia. Y cuando hablo de democracia no lo hago sólo de la política, sino también de la democratización de la tierra, del crédito, de la economía, las instituciones y la vida social.

-¿Cómo se puede alcanzar esto?

-Llegó el momento de que la sociedad civil asuma un papel clave en la construcción de la democracia y la paz. Ya no debemos tolerar que los que hacen la guerra sean los que encabezan los esfuerzos de paz. En la medida en que se hagan transformaciones políticas, sociales y económicas en las alcaldías y gobernaciones en las que se logre -con la participación ciudadana y la movilización social- una gobernabilidad democrática, todo el país avanzará hacia la paz.

-¿Qué transformaciones en cuanto al conflicto armado espera de la profundización de la democracia?

-Solamente a través de más democracia es posible eliminar las causas que han provocado la guerra así como las que la prolongan y degradan.

-¿Cuáles son estas causas?

-El actual conflicto armado surgió a comienzos de los años 60 básicamente debido a la exclusión política de gran parte de la sociedad, a la gran desigualdad económica, a la masiva concentración de la tierra y a la ausencia del Estado en vastas zonas del país. Todos estos problemas siguen sin solución hasta hoy día.

-¿Y qué factores prolongan y degradan el conflicto?

-Por un lado, es la inserción de Colombia en la globalización a través principalmente de la cocaína, la minería y el petróleo. El narcotráfico es una importante fuente de financiación tanto para las FARC como para los paramilitares; y las multinacionales que explotan los recursos naturales de Colombia inciden en el conflicto contratando a paramilitares para contener la protesta social y las movilizaciones obreros o pagando a la guerrilla "vacunas" para que ésta las deje en paz.

-¿Y por el otro lado?

-En el momento actual, la política colombiana frente a la guerrilla - una de cuyas manifestaciones más importantes es el "Plan Colombia" - está en buena medida diseñada, planificada, financiada y dirigida operativamente por el Pentágono y su Comando Sur. Los Estados Unidos utilizan el conflicto ante todo para mantener su posición hegemónica en la región andina y defender sus intereses económicos. Estoy convencido de que la lucha contra el llamado "narcoterrorismo" sirve de pretexto para justificar la presencia militar de los EE.UU. en Colombia y que no es necesariamente en el interés de este país de que el conflicto se termine rápido.

-¿Cómo lleva la democratización de Colombia a la superación de estos problemas?

-Las élites dominantes han mantenido siempre una actitud de subordinación a Estados Unidos y su política consiste sobre todo en satisfacer los intereses propios, no los de la nación. Por lo tanto, si se quiere llevar a cabo políticas más autónomas, más incluyentes y más justas y buscar una inserción más digna en la globalización, es necesario contener el poder de estas élites y ampliar los espacios de participación política.

-Después de medio siglo de guerra civil, muchas personas se han acostumbrado a la violencia. ¿Es un factor que dificulta el despertar de la sociedad civil y los procesos de democratización?

-Es cierto lo que usted dice. Algunos percibimos que este país está anestesiado. La violencia se ha vuelto una realidad común y corriente, no se respeta la vida y no hay una dimensión ética en la cotidianidad. Pero esto no implica que falten deseos de superar la violencia y de transformar la sociedad. La inconformidad con la actual situación ya ha empezado a expresarse de diferentes formas.

-¿Como cuáles?

-Como el hecho de que la izquierda y los movimientos independientes han ganado la gobernación del Valle y varias alcaldías importantes como las de Bogotá, Medellín, Cali o Pasto. Además, hay grandes ejemplos de resistencia a la violencia y de lucha por la convivencia pacífica. Colombia es muchos más que un país de bandidos y narcotraficantes. Es también un territorio donde existen cantidades de experiencias e iniciativas de paz.

-En países como Venezuela, Bolivia o Ecuador se están dando transformaciones importantes. ¿Contribuye esto a que la sociedad civil colombiana vaya a desempeñar un papel político más activo?

-Creo que sí. Las dinámicas de cambio económico, social y político que los movimientos sociales promueven en estos países pueden ser un motivo de inspiración para que los lazos entre las sociedades de allí y la de Colombia induzcan a procesos democratizadores.

-¿Qué papel desempeña la comunidad internacional en la búsqueda de una solución al conflicto?

-Uno muy importante. Me refiero a que, además de los Estados que acompañan el proceso de negociación entre el gobierno colombiano y el ELN o los que promueven un acuerdo humanitario entre el gobierno y las FARC, están sectores de la sociedad civil en todo el mundo, de cara a nuestra situación.

.¿Cómo pueden estos sectores contribuir a la paz en Colombia?

-Así como la guerra en nuestro país tiene una fuerte componente global, debe haber un esfuerzo global por la paz. Muchos de los problemas que inciden en nuestro conflicto, como por ejemplo el narcotráfico o el injusto sistema económico mundial, solamente pueden resolverse con unas políticas con perspectiva mundial. Y para alcanzar esto, el trabajo de movimientos sociales, agrupaciones ciudadanas, ONG o partidos políticos en Europa y los Estados Unidos es indispensable. Esto hace parte de lo que llamamos la paz cosmopolita.


Notas

(1) Metamorfosis: guerra, Estado y globalización en Colombia. José Aristizábal García, Ediciones "desde abajo", Bogotá (Colombia), 2007, ISBN: 978-958-8093-75-8.
(*) Jürg Schiess es investigador del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA).



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