6 de diciembre del 2007
España
CCOO critica la supresión
del impuesto sobre el patrimonio
CCOO. España, diciembre del 2007.
El Impuesto sobre el Patrimonio tiene una función de control de los activos de los contribuyentes que mejora la gestión del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, el principal impuesto directo del sistema tributario español. Su principal objetivo, por tanto, no es recaudar sino obtener una información muy valiosa para la Administración Tributaria.
La estructura actual del Impuesto sobre el Patrimonio es bastante progresiva por lo que centra su recaudación en rentas elevadas, exonerando de tributación a las personas con rentas bajas y medias. Es conveniente recordar que la renta salarial media apenas supera los 18.000 euros anuales y el patrimonio medio difícilmente alcanza los 150.000 euros con las valoraciones utilizadas por el impuesto.
El argumento de considerar que las personas con más rentas evitan su pago al disponer de sociedades patrimoniales es una verdad a medias que no es motivo suficiente para la desaparición de este tributo. El mismo argumento puede ser utilizado para el IRPF. El anuncio de supresión del Impuesto sobre el Patrimonio suena más a renuncia en la lucha contra el fraude que mejora de la población en general.
La supresión del impuesto es una buena noticia para una minoría y una pésima decisión para la mayoría de la sociedad, además de un varapalo para quienes apuestan por un sistema tributario suficiente con un grado adecuado de equidad en la distribución de los esfuerzos.
Por otra parte, la descentralización en políticas de gasto asociada al Estado de las Autonomías y la cesión de tributos que le acompaña, implica un ejercicio de responsabilidad por parte de las administraciones territoriales en la toma de decisiones de las materias bajo su competencia; también de sus impuestos. De manera que los Gobiernos autonómicos, al igual que el Gobierno Central deben explicar a los ciudadanos por qué las modificaciones en los tributos tienen repercusiones en los bienes y servicios facilitados.
La labor del Gobierno de España es desarrollar un modelo de estado donde se combine la suficiencia de las administraciones con la garantía de los ciudadanos de acceso a los bienes y servicios públicos en igualdad de condiciones, es decir, al mismo nivel cuando se realiza un esfuerzo similar. Este modelo permite la diversidad en los territorios por el ejercicio de sus competencias normativas en los tributos de su competencia sin poner en peligro la equidad y se sustenta en la autonomía fiscal de los gobiernos autonómicos y la exigencia de responsabilidad en sus actos.
Para CCOO, una decisión como la anunciada por el presidente de Gobierno de suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio compensando a las CC.AA., al igual que la ampliación de créditos para el pago de las políticas de competencia autonómica sin justificación o sin soporte en factores objetivos -tal y como sucedió en la primera conferencia de presidentes-, son el ejercicio de una mala pedagogía en la construcción del Estado de las Autonomías.
Conocida la línea argumental del presidente genera bastante preocupación conocer que sucederá con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, donde también se produce competencia entre territorios o con el IRPF donde también algunas rentas muy elevadas utilizan sociedades instrumentales para eludir la progresividad del impuesto.
CC.OO. recuerda la necesidad de disponer de un sistema tributario suficiente y justo, pero esta necesidad se hace más evidente en un momento como el actual, donde el ciclo económico está mostrando serios síntomas de desaceleración y los ingresos públicos están comenzando a disminuir su favorable evolución de los últimos años, mientras se precisa reforzar las política públicas para proteger a las personas en peor situación .