Alberto Acosta: Ecuador: Renegociar no debería asustar

Cuántas veces, sin mayores aspavientos, se han renegociado los contratos entre las compañías petroleras y el Estado. La mayoría de los actuales contratos de participación fueron antes de prestación de servicios. Se los cambió porque entonces no dejaban réditos al Estado, porque a las petroleras les convenía y, sobre todo, porque había ministros solícitos a atender sus demandas.

Ahora, tratar de superar el desequilibrio económico de dichos contratos, que afecta descaradamente al Estado, debería ser normal. Sin embargo, creer que las empresas aceptarían una renegociación amigable, sin presión alguna, sería ingenuo. Siendo la ley propuesta por el Ministerio de Economía una herramienta de peso para que pueda renegociar el débil gobierno del doctor Pa-lucio, a lo mejor no es suficiente…

Recordemos que las empresas, en los contratos vigentes, declararon su conformidad con las utilidades estimadas a partir de 15 dólares por barril. Así, en el caso de la OXY, pagando el 25% de impuesto a la renta, su rentabilidad actual fluctuaría alrededor del 190%, cuando a la fecha de la renegociación dicho rendimiento era del 22%. Con precios superiores a 60 dólares, lo menos que se puede es renegociar la participación en la renta adicional generada por las altas cotizaciones del crudo. Reequilibrar el contrato no debería asustar a nadie. Es más, apegados a derecho, en principio, reconociendo que el Estado es el propietario del recursos natural, las empresas no deberían participar de las utilidades extraordinarias. No obstante, tratando de conseguir una relación armónica entre el Estado y los inversionistas se podría entregar un premio a las transnacionales, no mayor al 10%, para que se beneficien de las utilidades extraordinarias.

La resolución de este asunto implica buscar la vía jurídica más adecuada para superar los actuales contratos de participación que a todas luces resultan nocivos a la colectividad; contratos cuyos resultados parecen ser fruto de acuerdos colusorios de quienes los renegociaron desde el Estado y que ahora, haciendo gala de su sinvergüencería, representan el interés transnacional. Estos personajes, no sólo que favorecieron a las empresas desde el propio Ministerio de Energía, como René Ortiz, hoy presidente de las asociación de empresas petroleras privadas, sino que ahora comparan la reversión de los campos de la Oxy a Petroecuador, que será el paso inevitable de la caducidad del contrato con dicha empresa si se quiere garantizar la seguridad jurídica, con la entrega de una gran cadena de almacenes a un cartel de la droga, como lo hace el ex ministro Fernando Santos, quien permanentemente alienta el desmantelamiento de la empresa estatal. Desde esta perspectiva, si se demuestra la colusión, la salida sería la anulación de los contratos de participación para por lo menos volver a los de prestación de servicios en los que el crudo extraído es del Estado. Algo es algo, pues esto permitiría, además, reliquidar las utilidades mal habidas.