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| 13 de junio del 2006 |
Capitalización, privatización y nacionalización (III)
José Ramón García Menéndez y Jesús M. Mogrovejo Monasterios (*)
3. De la nacionalización del sector de hidrocarburos
El primero de mayo del 2006, el presidente electo del gobierno de Bolivia, Evo Morales Ayma decreta el control de las operaciones hidrocarburíferas de Bolivia, a través del decreto supremo Nº 28701. Los fundamentos del decreto nacionalizador descansan en tres columnas principales. La primera, es que todas las empresas petroleras privadas están obligadas a entregar su producción de gas y crudo a la estatal YPFB, que decidirá sobre su comercialización, transporte, almacenaje, exportación, precios y volúmenes. Para que esto último tenga efecto, se refundará YPFB (8) a partir de las acciones, administradas por las AFP, de todos los bolivianos a "título gratuito". La segunda, es que los consorcios que sean accionistas de las empresas capitalizadas deban ceder el control de las mismas a favor de YPFB, de manera tal que el Estado a través de la estatal petrolera obtenga el 51% de las acciones. Este supone que Petrobrás (9) y la empresa "Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana" (10) deba vender el 51% de sus acciones, ya que los activos de estas empresas eran enteramente privadas. Finalmente, la cuarta columna descansa en el hecho de que el pago impositivo de los depósitos de hidrocarburos será discriminado, conforme al tamaño de producción (extracción). De esta manera sólo aquellos campos que produzcan más de 100 millones de pies cúbicos de gas diarios, tendrán que pagar el 82% de lo producido al Estado (18% en regalías y 32% por un Impuesto Directo a los Hidrocarburos y 32% a YPFB). Para los campos cuya producción haya sido menor a 100 millones de pies cúbicos diarios, durante el periodo de transición, se mantendrá la actual distribución del valor de la producción de hidrocarburos (18% en regalías y 32% por un Impuesto Directo a los Hidrocarburos). Con esta medida sólo dos campos de gas deben pagar el 82% de lo producido para el Estado, los campos San Alberto y San Antonio, campos explotados por las compañías Andina, Petrobrás y Total. Aunque la reacción en algunas tribunas institucionales y plataformas de opinión internacionales fue, primero, de supuesta sorpresa y, posteriormente, de rechazo, lo cierto es que se trata de la materialización de una aspiración presentada en el programa electoral del actual equipo de gobierno. Si bien es cierto que la nacionalización de los hidrocarburos puede considerarse como una pieza de política de control de "petrodependencia" que cuestiona la seguridad jurídica de las inversiones directas extranjeras en la región, no lo es menos que el decreto no pretende expropiar la totalidad de los activos de las empresas privadas que operan en Bolivia, sino el control de la industria petrolera, para determinar precios y volúmenes para la comercialización y distribución de hidrocarburos. Otra pretensión sería equivocada, dada la experiencia histórica, pues se condenaría al sector crucial para la inserción regional y para el desarrollo de Bolivia a una paulatina desinversión y a caídas inexorables de productividad y competitividad ante las dificultades de acceso al mercado muncial de la investigación, desarrollo e innovación en el sector. La justificación de las medidas "nacionalizadoras" para el control y la nueva aplicación impositiva por parte del Estado deriva del beneficio extraordinario que estaban recibiendo las empresas petroleras, el cual se genera por la superposición (también excepcional) de varios factores relevantes: alta rentabilidad de los campos explotados (11) y bajos costos de producción; reducida presión fiscal local; elevados precios internacionales del petróleo; grandes facilidades y ventajas concedidas en el contrato de exportación de gas al Brasil y a la Argentina; y escaso o nulo control (por desidia burocrática o prácticas de corrupción) que ejercían las autoridades sobre estas empresas, lo que les ha permitido burlar el pago de impuestos, inflar sus costos e inversiones y "maquillar" los resultados contables. Si se observa, en conjunto y como ejemplo significativo, todas las empresas petroleras pagaron en impuestos y regalías 172,5 millones de dólares el año 2002 y 219,3 millones el 2003. La acción fiscalizadora laxa generada por intereses económicos significó que tan sólo el 6-7% de los ingresos totales del Estado recibidos en el 2002 y 2003 se originaran en el sector más importante de la economía boliviana. Estas cantidades habrían sido insignificantes, con relación a los movimientos financieros efectuados, lo que confirmaría las hipótesis de las "economías de enclave", puesto que la industria petrolera extractiva, no refinada y vendida al exterior imposibilita generar efectos multiplicativos en una economía como la boliviana, dado que esta industria es intensiva en factor capital. Sin duda, el bajo control estatal de los recursos estratégicos bolivianos es producto de circunstancias históricas y estructurales en un proceso de subdesarrollo en cuya génesis y evolución el "estado" es causa y efecto de una situación de atraso secular y dependencia periférica. La debilidad económica de este tipo de Estado (no olvidemos, causa y efecto de un proceso histórico) depende de apoyos internacionales condicionados para poder salvar sus raquíticas cuentas públicas. En este sentido, el Estado en Bolivia tiene pendiente una agenda social totalmente desatendida desde el arribo de los gobiernos democráticos en los años ochenta, pues siempre fue gobernado por débiles coaliciones partidistas de múltiples corrientes políticas. Un Estado anémico que no es capaz de articular su menguado "estado de derecho y de bienestar colectivo" defendido por un desigual poder negociador frente a la concentración de capitales que representan las petroleras. Por otra parte, la viabilidad actual del control y/o de la nacionalización de la industria petrolera parte de los vacíos legales que produjo la capitalización de las empresas públicas, pues la legalidad de los contratos petroleros debía ser respaldada por el Congreso de la República. La opacidad contable y otras prácticas irregulares suponen un riesgo adicional que los inversionistas foráneos debieron calcular y anticipar en situaciones de inestabilidad política y económica no sólo en Bolivia. El entorno regional presenta un contexto de incertidumbre que no debe ser minimizado por los analistas: el cuestionamiento del Gobierno Lula en Brasil; la creciente beligerancia de Chávez; los contenciosos Argentina-Uruguay que sumergen en una crisis casi irreversible al Mercosur... representan un marco crítico regional en el que se desenvuelve el proceso boliviano. Finalmente, el actual gobierno presidido por Evo Morales goza de un respaldo popular que, por primera en la historia reciente de Bolivia, un gobierno fuerte emerge de las urnas y no de los cuarteles, pues -entre otros factores no menos importantes (12)- su legitimidad de origen democrático se sostiene en una expresiva mayoría absoluta. Es de suponer que la nacionalización de hidrocarburos correspondía a una promesa electoral que las fuerzas sociales reclamaban, pero también es una herramienta para ganar las elecciones que dirimirán la Asamblea Constituyente; asamblea que "refundará" Bolivia y dotará a este país de nuevas reglas de juego en una nueva Constitución Política de Estado. Hasta que culmine el plazo que el decreto nacionalizador ha determinado, no sabremos si el gobierno confisca o no las acciones de las empresas petroleras. En ese momento estaremos en condiciones de abrir un nuevo debate sobre la legitimidad de ejercicio del poder democrático del actual gobierno de Bolivia.
Notas
(8) La empresa había quedado reducida, durante los últimos años, a un mero organismo administrativo después de la capitalización de YPFB.
Bibliografía
- Antelo Callisperis Eduardo, La Capitalización en Bolivia, Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales, Volumen Nº 11, abril de 1995. |
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