Wilfredo Ardito Vega: Toledo y los peruanos, cinco años después

Sin pensar tanto en los dimes y diretes de la familia presidencial o los escándalos de algunos congresistas, ¿cómo estamos los peruanos después de estos cinco años del régimen de Toledo?

Algunos mejor, otros peor y otros huyen

Durante la era toledista abundaron los signos de crecimiento económico: la construcción de edificios multifamiliares, la venta de camionetas 4x4, la expansión de franquicias y la masiva concurrencia a seis nuevos centros comerciales (norte de Lima, Arequipa, Piura, Chiclayo, Chorrillos y San Juan de Miraflores). Sin embargo, saliendo de las cinco o seis regiones afortunadas, los indicadores son totalmente distintos: los departamentos más pobres han decrecido, especialmente en el sur del país.

Más de un millón de peruanos (y no precisamente los más pobres) se marchó durante estos cinco años, sea arriesgando su vida en Irak o Afganistán, enfrentando el océano como balseros en frágiles embarcaciones o aprovechando competencias deportivas para quedarse en alguna tierra prometida. Este éxodo ha permitido subsistir a muchas familias gracias a las remesas y ha reducido notablemente el crecimiento demográfico.

La emigración ha generado nuevos problemas de inestabilidad familiar y muchos niños se crían ahora con los abuelos o con otros familiares. A quienes les parece que el Perú vive un grave problema de inseguridad social, imagínense cómo estaríamos si no hubieran viajado tantos compatriotas. Sin embargo, a pesar de los escandalosos contrastes sociales, la delincuencia es relativamente reducida en comparación con otros países latinoamericanos. Los homicidios por negligencia fueron durante estos cinco años muchísimo más frecuentes que las muertes producto de la delincuencia.

Conflictos sociales y un Estado responsable

Aunque algunos medios de comunicación mostraban los sucesivos conflictos sociales como reacciones irracionales de la población o una especie de demandas embalsadas luego del régimen autoritario, en realidad, muchos de estos conflictos tuvieron un responsable directo y fue el propio gobierno de Toledo, al mantenerse indiferente ante las demandas fundamentales de la población. En casos como Tambogrande, las decisiones expresadas libremente por los ciudadanos eran abiertamente menospreciadas por las autoridades.

Arequipa, Ilave, el cerro Quilish, Huancabamba y un larguísimo etcétera fueron escenarios de crisis totalmente evitables. En los conflictos ambientales, la permanente opción del Estado fue favorecer a las empresas contaminantes, con lo cual terminó deslegitimado. Las empresas mencionadas lograron inclusive neutralizar la Ley General del Ambiente y, como una contribución al régimen entrante, el Congreso saliente acaba de aprobar penas severísimas para quienes bloqueen carreteras, como se puede ver en la flamante 28820.

La permanente impunidad

Quince personas indefensas fueron asesinadas por las fuerzas del orden (casi siempre la Policía Nacional), mientras reprimían protestas contra medidas económicas del régimen o actividades contaminantes. El mayor número de muertes se produjo durante las accidentadas gestiones de Fernando Rospigliosi como Ministro del Interior, normalmente por bombas lacrimógenas arrojadas al cuerpo de las personas. En ninguna de estas muertes, incluyendo las de Mario Vargas, Guillermo Tolentino y Zoilo Huertas, producidas este año, durante la gestión de Rómulo Pizarro, se avizora una condena para los responsables.

En cuanto al Ministerio de Defensa, mientras estuvo a cargo de Aurelio Loret de Mola, destinó más de 200,000 soles para pagar a los abogados de los soldados que mataron al estudiante Edy Quilca en Puno, en lugar de indemnizar a las víctimas. En el caso del recluta Rolando Quispe Berrocal, finalmente los responsables de su salvaje agresión fueron condenados por la Corte Superior de Ayacucho. Sin embargo, no han cesado abusos similares en los cuarteles.

Violencia en el sur, violencia en el norte

En varias ocasiones, enardecidos pobladores atacaron comisarías de Tumbes y Piura, sea para rescatar contrabandistas o para intentar asesinar violadores. En Trujillo, cuando la Municipalidad intentó convertir una calle en peatonal, un grupo de taxistas atropelló intencionalmente a los policías que implementaban la medida. La delincuencia llega a controlar barrios enteros de esta ciudad y los sanguinarios ajustes de cuentas son frecuentes. Las ex-cooperativas azucareras han sido escenario de violentas confrontaciones, que también han dejado varios muertos, especialmente en Cayaltí y Pucalá. Este panorama convulsionado contrasta con los indicadores de crecimiento económico que caracterizan a los departamentos norteños. Sin embargo, el estereotipo de "región violenta" ha quedado asociado al sur del país, lo cual probablemente refleja los prejuicios étnicos de algunos medios de comunicación. Además, aceptar que hasta el acogedor norte del país vive una situación de violencia, implicaría reconocer que es el sistema económico y político el responsable de la convulsión que se vive en el sur, el norte y muchos otros lugares.

Millones de indocumentados

Para millones de personas, el cobro por el DNI continúa siendo una barrera para ejercer todo tipo de derechos. Aunque la Ley 28316 ha eliminado la obligatoriedad de la Libreta Militar para obtener el DNI, el número de indocumentados es actualmente mucho mayor que en los tiempos de la Libreta Electoral, un documento gratuito y vitalicio. El año pasado, RENIEC oficializó la exclusión de los indocumentados al prohibir que cualquier instancia pública atienda a personas sin DNI vigente. Sólo a los mayores de setenta años, se les otorga gratuitamente un DNI permanente (en Lima, inclusive los integrantes de RENIEC acuden a la casa del interesado a tomarle las fotos, también gratis). Lo fundamental sería garantizar que el DNI sea gratuito y permanente para los habitantes de los departamentos más pobres… ¿O será preferible mantener a muchos peruanos sin la posibilidad de votar?

La agobiante exclusión lingüística

Las promesas de Toledo respecto a que el quechua y el aymara serían ampliamente difundidos, quedaron incumplidas. Aunque millones de peruanos no hablan castellano, el Estado se mantiene rigurosamente monolingüe. La abrumadora mayoría de maestros, jueces, policías y médicos que trabajan para el Estado en las regiones andina y amazónica siguen siendo incapaces para comunicarse con la población a la que supuestamente deben atender. La ONPE fue la única institución del Estado que intentó comunicarse en idiomas indígenas, existiendo una experiencia piloto en los Registros Públicos. Ni siquiera la televisión estatal ha desarrollado programas en quechua, pero debe reconocerse que en "Costumbres", las personas pueden hablar libremente en su idioma y se presentan subtítulos.

Las heridas que no se cierran

La Comisión de la Verdad buscó obligar a la sociedad a recordar a los millares de víctimas de la violencia y la indiferencia que quería olvidar. Al presentarse el Informe Final en el Palacio de Gobierno, Toledo y su esposa derramaron más de una lágrima. Al parecer, les duró poco la aflicción, porque la única persona a quien el Estado peruano ha otorgado una sustanciosa indemnización ha sido Baruch Ivcher (y con ese monto se hubiera solucionado el problema de la indocumentación en el país). Se dictó la Ley sobre el Plan Integral de Reparaciones, reglamentada casi un año después, pero en concreto, las reparaciones colectivas e individuales quedarán como responsibilidad del próximo gobierno.

Después de la entrega del Informe Final, hubo importantes avances en los procesos por los crímenes contra los derechos humanos, pero al mismo tiempo se han reanudado las amenazas y el amedrentamiento hacia víctimas y testigos, sin mayor protección. En el caso de los crímenes cometidos contra los campesinos andinos, las detenciones se concentraron en los soldados y no en los oficiales, teniendo el caso del Mayor Collins Collantes un carácter mas bien excepcional.

Gracias al Tribunal Constitucional se logró enfrentar las pretensiones de mantener incólume al Fuero Militar emanadas del propio Congreso, donde, inclusive, se pretendió volver al servicio militar obligatorio.

Adónde va el transporte

El gobierno comenzó bien exigiendo el uso del cinturón de seguridad, pero casi ninguna otra medida del Reglamento Nacional de Tránsito fue implementada. Después de un trágico accidente, se logró prohibir que los limeños viajaran en la maletera. En el resto del país, este hábito peligroso se mantiene.

Millares de personas murieron en accidentes de carretera totalmente evitables, en medio de la indiferencia general y sin que las autoridades tomaran medidas fundamentales para prevenir las tragedias, especialmente la Policía de Carreteras, involucrada mas bien en múltiples casos de corrupción hacia transportistas y conductores particulares. En muchos casos, los vehículos accidentados ni siquiera contaban con el SOAT.

Establecer un sistema estatal de transporte, como existe en todos los países de Europa y el resto de América y había en las principales ciudades peruanas hasta 1992, ni siquiera fue planteado por un gobierno cuyos funcionarios jamás emplean el transporte público. Mientras tanto, seguimos a merced de la anarquía de las combis y las revisiones técnicas de los vehículos no pudieron establecerse.

La salud que nos cuesta tanto

Se mantuvo el enfoque fujimorista por el cual los costos de la salud deben ser asumidos por los pacientes y sus familias. El presupuesto del sector salud es uno de los más bajos de Sudamérica. Por ello, los hospitales estatales han establecido clínicas para obtener fondos y por ello, mueren millares de personas de situaciones perfectamente curables.

El SOAT, el Seguro Integral de Salud (hacia niños y mujeres gestantes), los Hospitales de la Solidaridad de la Municipalidad de Lima y el financiamiento por Naciones Unidas del tratamiento antiretroviral a los portadores de VIH, han permitido a muchas personas enfrentar sus problemas de salud, pero entre cuatro y cinco millones de peruanos están totalmente fuera de cualquier atención médica.

Mientras tanto, millares de médicos, enfermeras y dentistas migraron hacia países desarrollados, en una cantidad sin precedentes en la historia del Perú.

Respecto a quienes esterilizaron forzadamente a miles de mujeres durante la década anterior, continúan trabajando en postas y hospitales, como si nada hubiera ocurrido.

Más trabajo

Mientras algunos funcionarios estatales reciben sueldos escandalosos para un país con tan elevados niveles de pobreza, la precariedad del empleo fue un problema que continuó siendo generalizado a nivel nacional. En varios complejos agroexportadores costeños hablar de derechos de los trabajadores (en buen número madres solteras, muchas de ellas analfabetas) parece un sarcasmo. Los abusos de los services se hicieron patentes, tanto en los reducidos sueldos, como en los peligros para la vida y salud de los trabajadores. Para apreciar este patético panorama de inseguridad no es necesario ir hasta Minas Arirahua. A los encargados de limpieza en el distrito de Jesús María, la empresa INNTEC ni siquiera les proporciona guantes.

La Ley 27986 reconoció los derechos de las trabajadoras del hogar contemplados en normas anteriores y además precisó que ellas tienen derecho al pago de la CTS y al descanso durante todos los feriados. Sin embargo, muchas formas de explotación continúan, incluyendo la trata de adolescentes provenientes de las zonas rurales. Este año, la Municipalidad de Los Olivos ha sido la primera a nivel nacional en emitir una ordenanza regulando la situación de las adolescentes que trabajan en casas.

Descentralización

La elección de los primeros Gobiernos Regionales terminó asegurando más estabilidad al gobierno central, al descentralizar los conflictos y mostrar muchas dificultades de gestión en las nuevas entidades regionales, mientras las más importantes decisiones que afectaban a los ciudadanos seguían tomándose en Lima.

Los presidentes de Apurímac, Ancash, Madre de Dios y San Martín terminaron destituidos, mientras el de Puno se reincorporó tras enfrentar una orden de captura. El errático Consejo Nacional de Descentralización pretendió llevar a cabo un proceso de integración regional masivamente rechazado por la población. Al parecer, el Poder Judicial sigue siendo la institución pública cuya demarcación mejor representa las identidades reales existentes al interior del país. Esperemos que el próximo gobierno evite jugar nuevamente con las expectativas de la población.

Justicia, avances y retrocesos

La medida más importante para enfrentar la exclusión fue tomada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial al exonerar de aranceles judiciales a los 535 distritos más pobres del país. Sin embargo, los pobres se encuentran en muchos otros lugares y el mero hecho de que se deba pagar para obtener justicia desalienta a muchos ciudadanos de presentar sus demandas (sucede lo mismo ante el INDECOPI).

La Ley 28439 eliminó la obligatoriedad de un abogado en los juicios de alimentos, con intención de reducir los costos para las demandantes. Tras largos debates, en los cuales la intervención inicial de la ONPE fue sumamente negativa, la Ley 28545 dispuso reanudar las elecciones populares de los Jueces de Paz, pero la norma todavía no ha sido reglamentada por el Poder Judicial. La Ley 27908 reconoció la labor de las rondas campesinas para resolver conflictos, pero no para administrar justicia, para lo cual una reforma constitucional sigue pendiente.

El contraste entre la sentencia por el caso Utopía y centenares de otros homicidios por negligencia, incluyendo Mesa Redonda, muestra cómo las diferencias económicas y sociales influyen en el acceso a la justicia. Dicho sea de paso, condenar por homicidio doloso al dueño de Utopía, como si hubiera quemado intencionalmente a sus víctimas para enriquecerse con el precio de las entradas nos parece poco adecuado a los hechos.

El racismo de todos los días

El racismo continuó siendo una práctica permanente, pero, aunque la sufría el propio mandatario, el régimen no hizo nada para enfrentarla. Programas como La Paisana Jacinta fueron retirados del aire por presión de la ciudadanía, no por una recomendación del Ministerio de Educación o de otra autoridad estatal. Sólo en los últimos días del régimen, se dispuso sancionar con prisión a quienes discriminen.

Entretanto, el Ministerio de Trabajo parece imposibilitado de cumplir la ley y sancionar a las empresas como Gold's Gym y McDonald's que continúan solicitando "excelente presencia" o "fotografía reciente" para sus empleados. Indecopi ha sancionado algunos locales racistas en Lima y el Cusco, pero la práctica permanece. Ni a nivel educativo ni en los medios de comunicación se ha hecho ninguna campaña contra el racismo. Es más, muchos auspiciadores de la televisión estatal tienen avisos sumamente racistas.

¿El futuro será diferente?

"No ha sido tan mal gobierno", piensan algunas personas ahora que Toledo se retira, pero seguramente no padecen la exclusión de muchos de sus compatriotas. Es sobre este tema que este gobierno debe ser juzgado, considerando que en julio del 2001 tenía un amplio respaldo en todos los sectores sociales, que hubiera podido permitir revertir las políticas excluyentes llevadas a cabo por el régimen anterior.

A quienes creen que los problemas del Perú no se podrán resolver nunca, habría que decirles que mantener el fatalismo termina simplemente generando desaliento. El régimen que termina desaprovechó múltiples oportunidades de pensar en los intereses de las mayorías. ¿Qué sucederá a partir del 28 de julio?