Arnaldo Pérez Guerra: Chile: Un abogado del PC que estafa a los trabajadores

El abogado Jaime Gajardo Falcón (1), ex candidato a diputado por el Partido Comunista (PC), en la comuna de Ñuñoa, fue presidente -en 1998- del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, y vicepresidente del Centro Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el año 2000. Su eslogan para el pacto Juntos Podemos fue: "Con tu voto, podemos construir un país mas justo".

Gajardo Falcón se enfrenta hoy a una querella criminal por "apropiación indebida de dineros", "estafa" y "prevaricación", presentada por los ex dirigentes sindicales de la empresa Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A., que prestaba servicios de aseo y ornato como contratista para la Municipalidad de Maipú. Los ex dirigentes Raúl Aguilar González, Emilio Jaque Benavides y Eliana Ferrada Díaz, fueron ilegalmente despedidos por la empresa tras lo cual se hicieron asesorar por la Confederación CONFESIMA, que les "recomendó" al abogado Gajardo (2).

Luego de un año de respuestas evasivas del abogado, concurrieron a los tribunales descubriendo con estupor que todos sus juicios habían concluido y que Gajardo no sólo había llegado a acuerdo con la empresa sin informarles ni consultarles, sino que, además, había cobrado más de 7 millones, dinero del cual hasta la fecha no han visto ni un solo peso.

No ha entregado ni un solo peso

Según los abogados Cristian Hidalgo Morales y Patricio Mora Pino, el Ministerio Público deberá investigar el grado de participación que le cabe también al abogado Alvaro Molina Guerra en los delitos denunciados. Molina actuó como copatrocinador de las causas de Gajardo. También solicitan se cite como "cómplices" al dirigente de la CONFESIMA Saúl Vargas y a los representantes de la empresa Siglo Verde, Manuel Vergara Echeverría, Patricia Undurraga Vega y Carlos Jara Vásquez.

Los tres dirigentes sindicales fueron desvinculados ilegalmente, junto al resto de los trabajadores afiliados al sindicato, en agosto del 2005. Gozaban de fuero sindical y pidieron asesoría a la Confederación a la que se habían afiliado. Los tres enfrentaban juicios por "desafuero" presentados por la empresa en el 3º, 6º y 8º Juzgados del Trabajo. "Firmamos ante un notario un poder amplio para el abogado Gajardo", dicen. "Gajardo Falcón dedujo dos demandas, una ante el 3º y otra en el 7º Juzgado. La del 3º es una demanda 'muy extraña', por 'despido injustificado', en la que se incluye a once trabajadores aparte de los tres dirigentes. En el caso de los dirigentes no procedía el 'despido injustificado'. Cualquier persona con un mínimo conocimiento jurídico sabe que procede deducir una demanda por 'nulidad de despido', exigiendo su 'reincorporación' y 'el pago de las remuneraciones adeudadas'", dice el abogado de los afectados Cristian Hidalgo Morales, asesor jurídico de la CUT Zonal Oeste.

Jaime Gajardo Falcón en virtud del poder que tenía presentó otra demanda en el 7º Juzgado, en noviembre de 2005, por "prácticas antisindicales". En ella hizo presente el "despido ilegal" de los dirigentes; pero Siglo Verde nunca fue notificada de la demanda. Tampoco Gajardo autorizó poder. Sin embargo, en diciembre de 2005, el abogado junto a un representante de la empresa suscribió un avenimiento en el juicio, avenimiento en el que la Siglo Verde desconoció toda relación y vínculo con los trabajadores y cualquier derecho que pudieran alegar en tribunales, ofreciendo a cambio, 7.186.621 pesos, que fueron entregados en dos cheques nominativos a nombre de Jaime Gajardo Falcón, el 6 de diciembre del 2005. Hasta ahora, Gajardo no ha entregado ni un solo peso a los trabajadores que dijo representar.

Acción concertada y premeditada

Durante meses los trabajadores concurrieron a la oficina de Gajardo. Le preguntaron por las demandas recibiendo sólo respuestas evasivas. "Nos decía: 'estamos negociando', 'después habrá noticias', 'pronto cobraremos el dinero', etcétera", dicen los afectados. Con el tiempo, fueron distanciándose cada vez más sus visitas. Desde el momento en que fueron despedidos quedaron cesantes, sin un sueldo con el que sobrevivir. Sus posibilidades de seguir permanentemente la gestión del abogado Gajardo eran prácticamente nulas. "Nos preocupamos de buscar trabajo y sobrevivir, hasta que Jaime Gajardo desapareció del mapa", dicen. "Fuimos a ver al dirigente de la Confederación, Saúl Vargas, que fue quien nos presentó a Gajardo como 'su abogado' y 'amigo personal', pero él nos contestó de igual forma, con evasivas, y diciéndonos que 'el juicio ya iba a salir', que 'ya se nos iba a pagar', cosas así", recuerdan.

Sólo hace un par de meses y ante la nula respuesta del abogado, tomaron la iniciativa de ir a tribunales. Tras averiguar los roles de las demandas descubrieron que estaban cerradas, que había habido un avenimiento -en octubre del 2005-, y que Gajardo cobró más de siete millones de pesos sin decirles nada. "Es lo que figura en el documento. Ignoramos si existieron otros pagos. Las demandas estaban archivadas. La causa principal con respecto a los derechos de estos trabajadores se archivó inmediatamente y Siglo Verde, a su vez, presentó copia del avenimiento para obtener que se archivaran las causas por desafuero. En cuanto al 'despido injustificado', que incluía a los demás trabajadores, el caso dejó de ser tramitado. Fue abandonado en diciembre de 2005", señala el abogado Cristian Hidalgo. "Todo esto quiere decir a nuestro juicio que existió una 'acción concertada' y 'premeditada' entre Siglo Verde y Jaime Gajardo Falcón para cerrar las causas mediante pagos de los cuales el que consta es el que está en el avenimiento. Dado la forma en la que esto se dio y los errores infantiles que se cometieron en la presentación y tramitación, además del hecho que se llegó a un avenimiento en una causa en donde ni siquiera se había notificado a la empresa por lo que ésta no tenía cómo tener conocimiento a menos que el propio abogado se lo hubiese echo presente; todos esos antecedentes nos hacen sospechar que efectivamente el abogado Gajardo fue cooptado por la empresa y operó con dolo, perjudicando a los trabajadores y haciéndolos perder deliberadamente los juicios y, lo que es más grave, percibiendo dinero de los trabajadores, del cual éstos no han visto ni un peso, por lo tanto, apropiándose indebidamente de sus dineros", agrega.

No debería seguir ejerciendo

Emilio Jaque Benavides, laboró casi cuatro años en Siglo Verde como jardinero. Trabajaba todos los días y fue el último presidente del Sindicato. Cree que un abogado no debiera nunca hacer algo así: "Nos sentimos profundamente engañados. Depositamos toda nuestra confianza en él. Llegamos a ser más de ochenta socios en el sindicato… Y hoy nos sentimos completamente engañados por este señor que ni siquiera debía llamársele señor, que nos prometió sacarnos adelante y nos engañó. Nunca lo dejamos solo. Lo acompañamos y gracias a eso salió algo de dinero para nuestros compañeros despedidos. Pero a nosotros nos mintió, nos engañó y cobró nuestro dinero. Dijo que el proceso se iba a alargar… Llevábamos quince meses. Nos citaba cada semana y decía que estaba 'negociando a nuestro favor', pero ya había cobrado el dinero y, además, no todo lo que correspondía… Es un estafador. No debería seguir ejerciendo de abogado porque engaña a la gente humilde", dice.

Raúl Aguilar, trabajó más de dos años en Siglo Verde. Era secretario del Sindicato. Agrega: "Encuentro esto muy malo, más de un abogado que asesora a una Confederación. Ahí nos dijeron que era un 'buen abogado' y salió más falso que Judas. Nos mintió muchas veces llevándonos a tribunales, pero los jueces nunca nos llamaron… Nos engañó de una manera muy baja para ser un abogado que dice defender a obreros. Él se aprovecha de los trabajadores en su propio beneficio. Nunca debiera ejercer de nuevo. Deberían dejarlo preso y quitarle su título, porque se ha burlado de mucha gente, sobre todo en Rancagua donde va a asesorar, según él, a trabajadores de la zona… Seguramente allá ha cometido quizás cuántos engaños más".

Eliana Ferrada, llegó a ser la última tesorera del Sindicato. Trabajó en Siglo Verde más de cuatro años. Agrega: "Él se quedó con nuestro dinero… Es una burla muy grande lo que hizo. Así como se burló de nosotros se debe haber burlado de muchos... Va muy seguido a Rancagua y Til-Til. Lo malo es que confiamos en él porque estábamos afiliados a Confesima, que nos lo recomendó… Hasta el día de hoy no nos paga… Se burló de nosotros. A vista de cualquiera esto es un robo… Yo pido que no lo dejen seguir ejerciendo porque hace uso indebido de su título. No está a favor de los trabajadores sino de su propio bolsillo... Presentamos una querella para que se haga justicia", concluye.

Jaque, Aguilar y Ferrada habían sido electos en julio de 2005 y se les despidió en agosto. Le restaban 47 meses de fuero a cada uno, a lo que se añadían seis meses adicionales según el Código del Trabajo. Todos percibían 134.000 pesos de sueldo. Sólo por el fuero les correspondía 7.200.000 pesos a cada uno, sin contar "años de servicio", "feriado proporcional", "aviso previo", y una serie de conceptos más. La cuantía del juicio se empinaba en unos 25 millones de pesos.

"El perjuicio que se les hizo es gravísimo en el aspecto material, por la cantidad de dinero que perdieron los trabajadores, fueron dejados ilegalmente en la cesantía, desvinculados de su trabajo, no recibieron ni un peso por esta situación, y también moralmente. El sindicato fue destruido, los dirigentes separados ilegalmente de la empresa. Y ésta quedó completamente impune, porque no podemos decir que el pago que Siglo Verde hizo a Jaime Gajardo haya significado un 'castigo' por sus actuaciones ilegales. Los trabajadores fueron engañados y humillados. Manejados por alguien con pleno conocimiento, mediante evasivas y falacias", dice el abogado Cristian Hidalgo.

En una oportunidad Gajardo los citó al Juzgado, pero después no les dejó entrar a la Sala. Nunca supieron lo que se discutió ahí. Les dijo que la audiencia se había "suspendido". Hoy saben que estaba llegando a un avenimiento a sus espaldas, perjudicándolos y apropiándose de su dinero, señalan los afectados.

Los abogados Patricio Mora y Cristian Hidalgo advierten en la querella que Jaime Gajardo cometió los delitos de apropiación indebida de dineros, estafa y prevaricación, al percibir pagos de los cuales no dio cuenta ni entregó ni un peso a los trabajadores que habían pactado con él honorarios que "en ningún caso eran la totalidad de la suma percibida". "Se apropió de dineros pertenecientes a los trabajadores, cometiendo un ilícito. El delito está consumado y aunque hoy Gajardo pretendiese devolver completamente la suma, igual debiese ser condenado. Se configura la estafa porque opera mediante engaño, se atribuye condiciones y calidades que no posee, finge negociaciones, y con eso mantiene a los trabajadores en la incertidumbre, sin entregarles lo que les corresponde en eventual colusión con la empresa. El delito de prevaricación, contemplado en el artículo 231 del Código Penal, se aplica cuando un abogado 'deliberadamente' y 'en abuso de su profesión' perjudica a sus clientes", dice Cristian Hidalgo.

Gajardo podría enfrentar condenas a presidio menor en su grado máximo -5 años- por el delito de "apropiación indebida". Lo mismo en el caso de "estafa". Se incluyen penas accesorias de "inhabilitación para ejercer la profesión". En el caso de la "prevaricación", aunque la pena de cárcel es baja, Gajardo arriesga la "inhabilitación perpetua".

No es primera vez

El perfil de Gajardo, según sus conocidos, no ha cambiado mucho. "Mientras fue dirigente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, su gestión estuvo rodeada de dudas respecto de la administración financiera, en 1996", nos señalan ex institutanos. El año 2000, fue electo dirigente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho Universidad de Chile. Se presentó como militante de las Juventudes Comunistas (JJCC), que obtuvieron tres cargos. El 2001, dejaron sus cargos en medio de escándalos por la gestión política y financiera. "Hubo una toma de estudiantes que duró alrededor de veinte días y las Juventudes Comunistas, en especial sus dirigentes, se aliaron con la ultraderecha para en una asamblea ilegal bajar la toma. Negociaron con las autoridades a espaldas de los estudiantes". Tras el repudio de los estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, perdieron la elección siguiente. Cuando entregaron la cuenta de su gestión se descubrió una malversación de 5.500.000 pesos. Jaime Gajardo Falcón, Rodolfo Cornejo y Javiera Ascencio -hija del diputado DC Gabriel Ascencio-, eran los responsables. Se hizo un juicio político en la Facultad, de acuerdo a los estatutos del Centro de Estudiantes de Derecho. La investigación arrojó "irregularidades", pero se les "absolvió", pues los estudiantes que participaban en el tribunal fueron objeto de presiones por el Decanato y por las cúpulas políticas de la Democracia Cristiana (DC) y el Partido Comunista (PC).

"En virtud de esas presiones no se llegó a una resolución definitiva. No obstante, se encontraron antecedentes de dobles rendiciones de cuentas y burdas malversaciones. Dado que el Centro de Alumnos no contaba con personalidad jurídica, no podía deducir acciones legales en su contra, y quedaron impunes. Pero estos antecedentes evidencian que existe un perfil, una conducta y un patrón que apuntan a que Gajardo se apropia de lo que no le pertenece y perjudica a quienes dice defender", dice el abogado Cristian Hidalgo Morales.

Notas

(1) Hijo del miembro del Comité Central del Partido Comunista y dirigente del Colegio de Profesores y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Jaime Gajardo Orellana.
(2) La oficina de Jaime Gajardo Falcón se encuentra en Agustinas Nº 1022, departamento 328. Es el mismo bufete del abogado Alvaro Molina Guerra, el abogado Pedro Aravena Rivera -encargado sindical del Partido Comunista, de aberrante actuación en los despidos de trabajadores en la Universidad ARCIS-, y el abogado de derechos humanos Eduardo Contreras Mella, también militante PC.