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La insignia
30 de agosto del 2006


Sur de Asia

Nuevas constantes de desaparición forzada


Amnistía Internacional, agosto del 2006.



En el sur de Asia han surgido nuevas constantes de desaparición forzada, relacionadas con la "guerra contra el terror", que se han sumado a los problemas que existían ya en países como Nepal y Sri Lanka. En todos los casos, las familias de las víctimas sufren emocional, social y económicamente las consecuencias, ha manifestado Amnistía Internacional con motivo del Día Internacional de los Desaparecidos.

Amnistía Internacional cree que varios centenares de personas han sido víctimas de desaparición forzada en Pakistán en el contexto de la "guerra contra el terror". Aunque en muchos casos se ha acabado reconociendo que están recluidas en Guantánamo, en otros se cree que continúan bajo custodia paquistaní, si bien se ignora su paradero exacto. Algunas personas quedaron en libertad tras recibir amenazas para que no dijeran nada sobre su detención, mientras que otras fueron acusadas formalmente de algún delito. En al menos un caso se encontró el cadáver de un hombre víctima de desaparición forzada seis meses después de que lo detuvieran. Sigue sin conocerse la suerte o el paradero de muchas otras personas.

Mientras tanto, se teme que en Sri Lanka esté reapareciendo una constante de desapariciones forzadas a raíz de la introducción, en agosto de 2005, de una nueva legislación de excepción que concede amplios poderes a las fuerzas de seguridad. La Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka registró el año pasado 62 casos de desaparición forzada en el norte del país, y está investigando también la situación de otras 183 personas que continúan desaparecidas en circunstancias desconocidas.

"El fenómeno de las desapariciones forzadas no es nuevo en el sur de Asia, donde en las últimas décadas han desaparecido decenas de millares de personas en países como Nepal y Sri Lanka -ha señalado Catherine Baber, directora adjunta del programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional-- Resulta muy decepcionante ver que países como Pakistán se suman a una tendencia que se esperaba que estuviera desapareciendo."

"La desaparición forzada es una violación grave del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. No sólo afecta a la víctima, sino que causa también gran sufrimiento a su familia, que, ante las negativas y contradicciones oficiales, tiene que vivir con la angustia de no saber la suerte que ha corrido aquélla. La familia sufre además hostigamiento cuando intenta conseguir información, y arrostra problemas económicos si era la víctima quien se encargaba de procurar el sustento."

En el caso del pakistaní Saifullah Paracha, no se conoció su suerte ni su paradero durante seis meses, tras quedar bajo custodia estadounidense a su llegada al aeropuerto de Bangkok el 5 de julio de 2003. Su esposa, Fatah Paracha, contó a Amnistía Internacional que lo ocurrido había "destruido emocionalmente a toda la familia."

"¿Se imaginan la tortura mental y la angustia que pasamos como familia cuando ocurrió y nadie nos daba una respuesta? -dijo-. "[Nuestros hijos] no son ya unos niños sin preocupaciones, sino que se han vuelto desconfiados y serios... Todos los amigos de la familia nos evitan; todo el mundo tiene miedo de conocernos."

Se sabe ya que Saifullah Paracha se encuentra recluido en Guantánamo, pero su familia ignora cuánto tiempo continuará allí.

Las familias de los millares de personas que han sido víctimas de desaparición forzada están en el limbo mientras no se conozca la suerte que han corrido éstas. En Nepal, un comité gubernamental anunció en julio que estaba investigando más de 600 casos pendientes de desaparición forzada, pero los activistas locales afirman que hay más de un millar de personas en paradero desconocido. El número de casos de desaparición forzada sin resolver en Sri Lanka es uno de los mayores del mundo. En el estado indio de Jammu y Cachemira se han denunciado entre 8.000 y 10.000 desapariciones forzadas desde 1989. Aunque se denuncian ya menos casos nuevos, sigue sin haber información sobre los anteriores.

Ante la inacción oficial, algunos familiares de víctimas han formado grupos de apoyo mutuo. Uno de ellos es la Asociación de Padres de Personas Desaparecidas de Jammu y Cachemira, que brinda apoyo a familias de víctimas, incluidas "medio viudas", mujeres que no reciben ninguna indemnización mientras no declaren la muerte de sus esposos.

Los grupos armados suelen secuestrar a las personas que los critican, y en algunos casos las víctimas pasan meses e incluso años recluidas en lugares secretos. Se cree que, en Nepal, a lo largo de los diez años de conflicto, los combatientes maoístas han perpetrado millares de secuestros, las víctimas de más de 330 de los cuales continúan en paradero desconocido, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos nepalí.

Siguen produciéndose nuevos casos de desaparición forzada en países del sur de Asia. En Sri Lanka, ocho hombres tamiles, que habían ido a decorar un templo hindú para una festividad religiosa, no regresaron a sus casas el 6 de mayo. Sus familias denunciaron su desaparición al día siguiente por la mañana y dijeron que habían visto a personal del ejército de Sri Lanka en el templo durante la noche. Sigue sin conocerse el paradero de los ocho hombres.

En Pakistán, la indiferencia mostrada hacia la desaparición forzada de personas consideradas sospechosas de terrorismo ha hecho que el fenómeno se extienda más allá de los casos relacionados con la "guerra contra el terror". Ahora se denuncian también casos de desaparición forzada de nacionalistas baloches y sindíes. En los tribunales se acumulan las peticiones de hábeas corpus presentadas para determinar el paradero de víctimas de desaparición forzada. Los agentes del Estado niegan habitualmente que éstas estén bajo su custodia o saber algo sobre su suerte o su paradero.

"Las detenciones y encarcelamientos deben practicarse de acuerdo con la ley, no obligando a la persona a subir a un camión en plena noche y llevándola a un centro de detención desconocido donde esté expuesta a sufrir tortura y otros abusos -ha manifestado Catherine Baber-. Los detenidos tienen derecho a impugnar la legalidad de su detención y a comunicarse con un abogado de su elección y con sus familias, y éstas tienen derecho a conocer donde se encuentran recluidos."



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