4. Respuestas desde la sociedad civil
Desde 1999, las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana se han involucrado de manera más directa en el tema del conflicto interno en Colombia y sus consecuencias sobre la población civil. Las iglesias, organizaciones de derechos humanos y otras ONG de Ecuador han adoptado diversas estrategias para abordar el problema, desde la apertura de espacios de discusión y reflexión, pasando por la investigación y el monitoreo, hasta la atención directa a la población refugiada.
En este contexto, el Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) ha apuntado principalmente a analizar las consecuencias humanitarias del conflicto armado en Colombia, sobre todo en grupos especialmente vulnerables asentados en las zonas de frontera (40). El CSMM y otras organizaciones de Ecuador también han convocado y participado en encuentros nacionales e internacionales para promover el proceso de paz y una solución negociada frente al conflicto interno en Colombia.
Así, en el año 2000, una delegación de Ecuador participó en el Encuentro Internacional por la Paz, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia, que se realizó en Costa Rica, organizado por la sociedad civil colombiana. Un año después, diversas organizaciones ecuatorianas (41) convocaron al Encuentro Internacional "Impacto de la militarización en las zonas de frontera", que se realizó en Lago Agrio. En febrero de 2002, el CSMM y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador) organizaron, en Quito, el Foro Ciudadano "La ruptura del proceso de paz en Colombia: Consecuencias en Ecuador y la Región Andina", con participación de la sociedad civil colombiana y ecuatoriana.
Desde el 2003, se ha trabajado de manera más específica en presentar propuestas de reforma jurídica, para mejorar la legislación interna que protege a la población refugiada que llega a Ecuador (42). De igual manera, se ha puesto énfasis en la necesidad de promover proyectos de integración social de la población colombiana en situación de refugio (43). Sin embargo, ha faltado mayor articulación entre las organizaciones ecuatorianas, para incidir (informar, recomendar, proponer, exigir y vigilar el cumplimiento de ciertas normas) en las políticas asumidas por el gobierno ecuatoriano frente a este tema.
Las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana han reconocido que, dada la crítica situación socio-económica del Ecuador, el Estado ecuatoriano "debe apelar a la solidaridad internacional, la responsabilidad común y el reparto de la carga como factores determinantes en la protección de los refugiados y la resolución a sus problemas" (44). Estos principios destacan las responsabilidades nacionales, regionales e internacionales frente al tema del refugio y la necesidad de lazos de cooperación para atender este fenómeno, desde la protección, asistencia y búsqueda de soluciones duraderas. Bajo estos principios, también consideramos importante proponer medidas políticas encaminadas a prevenir las causas estructurales que generan el conflicto armado y socio-político en Colombia.
Para llevar adelante estas propuestas también se necesita mayor cooperación entre organizaciones de la sociedad civil de Colombia y Ecuador. De esta manera se podría promover una política más integral de seguridad en Colombia y los países vecinos, entendiendo la seguridad no únicamente como seguridad militar (control del territorio nacional por las fuerzas militares y policiales del Estado), sino también como seguridad humana (45). Este concepto más amplio de seguridad incluye, entre otras cosas, el fortalecimiento del sistema judicial y del Estado de derecho; la prestación de ayuda humanitaria eficiente a las víctimas civiles del conflicto; el diseño y la implementación de una estrategia de desarrollo rural y de distribución de tierras; la creación de empleos y la puesta en marcha de medidas tendientes a generar ingresos; la promoción de la seguridad laboral, seguridad en salud y del medio ambiente.
Conclusiones
-La intensificación del conflicto socio-político y armado en Colombia incide directamente en la salida permanente de colombianos en búsqueda de protección internacional.
-Existen vacíos de información sobre el fenómeno del refugio colombiano en Ecuador y la situación de protección de los diferentes grupos que componen esta población. La poca información está dispersa, es solo local o no ha sido socializada. Hace falta información de carácter cualitativo.
-El Estado ecuatoriano carece de un sistema de recopilación de información técnicamente confiable, que permita obtener indicadores, con enfoque diferencial, sobre la población refugiada, de hecho y de derecho, y/o los extranjeros de origen colombiano cuya situación migratoria es irregular.
-No existen estudios ni análisis desprejuiciados y bien sustentados, sobre los impactos (positivos o negativos) del ingreso y asentamiento de población colombiana en Ecuador.
-La respuesta del Estado ecuatoriano, en especial de las instituciones involucradas en la recepción, atención y/o protección a la población refugiada, como la Cancillería, el Ministerio de Gobierno y Policía, el Ministerio de Defensa Nacional, entre otras, es diversa, desarticulada y deficiente en materia de derechos humanos, desde una perspectiva integral.
-La desarticulación no es una característica exclusiva del sector estatal. Las organizaciones de la sociedad civil también padecen de esta debilidad. Además, la inexistencia de un mecanismo de coordinación o vínculo entre las instancias estatales, como la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y las organizaciones especializadas en refugio, de alguna manera incide en las decisiones de la Comisión Interministerial, conformada por representantes de la Cancillería y el Ministerio de Gobierno y Policía.
Recomendaciones
-Es urgente visibilizar la magnitud del refugio colombiano, en Ecuador y otros países vecinos de Colombia. Mientras se siga considerando que la crisis humanitaria y de derechos humanos en Colombia provoca básicamente desplazados internos, o se siga insistiendo en que las personas que cruzan las fronteras colombianas son solo migrantes económicos, no se reconocerá la necesidad de una respuesta humanitaria más intensa y urgente frente a este fenómeno.
-Los Estados receptores de refugiados colombianos, (entre ellos Ecuador, Venezuela y Panamá), deben respetar los compromisos asumidos a nivel internacional, reconociendo la responsabilidad que tienen de brindar adecuada protección y asistencia a la población colombiana que cruza las fronteras en busca de protección internacional. En este sentido, cualquier medida que estos países adopten frente a su seguridad interna debe guardar un balance apropiado con los principios de protección de los refugiados.
-Es indispensable apelar a los principios de solidaridad internacional, responsabilidad común y el reparto de la carga como factores determinantes en la protección y asistencia de los refugiados y búsqueda de soluciones duraderas.
-Bajo estos principios, también es importante considerar que el Estado ecuatoriano, mediante los mecanismos diplomáticos pertinentes, estaría en capacidad de identificar medidas políticas encaminadas a la búsqueda de una solución política negociada del conflicto interno en Colombia, como una contribución efectiva a la prevención de los flujos de refugiados que buscan protección internacional en territorio ecuatoriano.
-Es indispensable contar con información más confiable y estudios más elaborados sobre la magnitud del refugio colombiano en países vecinos (para evitar el subregistro o la sobredimensión del fenómeno) y sobre los perfiles socio-demográficos de esta población, que, aunque es bastante heterogénea, tiende a ser homogenizada. Un enfoque diferencial (por sexo, edad y grupo étnico) ayudaría a atender de mejor manera necesidades específicas, tomando en cuenta a grupos especialmente vulnerables.
-Es importante evitar la difusión de discursos que estigmatizan y criminalizan a la población refugiada colombiana, pues esto solo logra incentivar el ambiente de xenofobia que ya existe en Ecuador y otros países vecinos de Colombia, menoscabando aún más los derechos de la población refugiada.
-Proponemos impulsar campañas de sensibilización en los países receptores de refugiados, con el fin de informar sobre la magnitud del refugio colombiano y promover sentimientos de solidaridad y tolerancia, como sugiere un informe reciente del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador.
-La Cancillería ecuatoriana debe identificar las causas por las cuales un número importante de colombianos en situación de refugio no solicitan protección internacional de manera formal, con el propósito de fortalecer la institucionalidad competente, superar la carencia de información, el temor y la desconfianza en el proceso.
-Es imperativo que el Estado ecuatoriano, particularmente la Comisión para determinar la Condición de los Refugiados en el Ecuador aplique, sin restricción alguna, la definición ampliada de refugiado, que ya forma parte de la legislación interna, como demostración de una política estatal que honra los compromisos internacionales contraídos y, además, respeta las fuentes del derecho internacional.
Notas
(40) En 1999, en el marco del Encuentro Internacional por la Vida y la Paz en Colombia, realizado en Quito, el CSMM presentó el documento: "El impacto del conflicto armado colombiano en los niños de la zona de frontera: una visión desde la Convención sobre los Derechos del Niño". En el 2001, diversas organizaciones ecuatorianas presentaron un informe sobre los "Riesgos para los Derechos Humanos del Pueblo Shuar en la Frontera Norte del Ecuador" (CAS/AFSC, CSMM, ISAMIS y ProDH).
(41) ASCIS, APDH, CAS/AFSC, CSMM, CONAIE, Federación de Mujeres de Sucumbíos, FOKISE, INREDH, Consejo Provincial de Sucumbíos, ISAMIS, Municipio de Nueva Loja, PIDHDD-Capítulo Ecuador, SERPAJ-Ecuador.
(42) El segundo semestre de 2003, el CSMM coordinó un proceso de reforma jurídica al Decreto 3301, que establece los procedimientos para la aplicación en Ecuador de las normas de la Convención de 1951, el Protocolo de 1967 y la Declaración de Cartagena de 1984. En este proceso, impulsado por la ONG italiana ALISEI, participaron representantes del gobierno, organismos intergubernamentales y ONG ecuatorianas.
(43) Organizaciones nacionales, como el Servicio Jesuita a Refugiados, y el mismo ACNUR, impulsan este tipo de proyectos.
(44) Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J.", boletín de prensa, citado en Informe Regional de Colombia: Fronteras, PSC-Consejo Danés para los Refugiados, mayo de 2004, p.5.
(45) Un concepto promovido desde 1994 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Datos y ficha bibliográfica
(*) Título original: "Refugiados colombianos en Ecuador:
Tendencias y respuestas del Estado y la sociedad civil"
Serie "Normas y estándares nacionales e internacionales de derechos humanos", nº 1.
Editor: Pablo A. de la Vega M.
Contenidos: Martha Cecilia Ruiz
ISBN:
Primera Edición: Diciembre del 2004
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Quito (Ecuador), diciembre 2004
