España: La huella de Adolfo Suárez

Creo que la inmensa mayoría de los españoles recibimos anonadados la triste noticia de que el presidente Adolfo Suárez ya no está con nosotros. La enfermedad de alzheimer, demencia senil o como quieran llamarla es lo que tiene. Vives en un presente fugaz y las tinieblas de la memoria se cierran sobre tu pasado. A veces, las menos, recuerdas con extraordinaria nitidez hechos pretéritos pero al mismo tiempo eres incapaz de reconocer a las personas más allegadas. El dolor y la angustia de la familia se enjuaga al saber que la persona afectada no sufre por que no recuerda y su mundo se circunscribe a un confuso aquí y ahora. Poco a poco el alma de esa persona va desapareciendo, el enganche emocional a través de los recuerdos y las conversaciones profundas se difumina y la muerte física va asomando al final del camino. Ante esta dramática situación, los españoles debemos realizar un ejercicio de memoria histórica de la transición a la democracia.

Como dice el dicho, cuando muere un hombre, se pierde una biblioteca. Imagínense la pérdida irreparable de los recuerdos, auténtico patrimonio del país, de una época tan esencial en la mente de uno de los protagonistas indiscutibles del paso de una dictadura a una democracia consolidada. Rabia contenida me producía el otrora presidente González cuando, ya jubilado, analizaba la transición como una misión solo por él protagonizada, excluyendo a Suárez y al rey.

Es cierto que Suárez fue una figura destacada del franquismo, pero supo aprovechar ese conocimiento del régimen para desmontarlo pieza por pieza con la delicadeza suficiente para evitar una explosión. Fue el artificiero de la democracia. El año 1975 marca la desaparición física de Franco y el final de treinta y seis años de dictadura personal (1939-1975), aunque sería más exacto decir veinte años de dictadura y dieciséis, los últimos, de autoritarismo. Varios "francos" en ese recorrido: Franco de la posguerra civil y II Guerra mundial, Franco aislado de la comunidad internacional, Franco estupendo escudo contra el avance comunista aprovechado por EEUU, Franco en la España desarrollista de los 60, Franco agonizante... Podemos realizar las clasificaciones que queramos y seguramente todas sean correctas.

Durante el proceso posterior, definido como "transición a la democracia", se pasó de gobernantes con afán rupturista "reciclados" del régimen franquista a un partido de izquierdas moderado y a un líder carismático: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Felipe González Márquez. Su mayoría absoluta en octubre de 1982 y su permanencia en el poder durante trece años consolidó definitivamente la democracia plena y efectiva en España. Esta traslación pacífica política, al menos de los grupos que ejercen la tolerancia y el compromiso democrático, se la debemos al tandem Suárez- Juan Carlos, que esquivaron juntos las andanadas de los nostálgicos del pasado y los republicanos del presente, muchos de los cuales se convirtieron ellos en juancarlistas convencidos pero republicanos de corazón. La insoslayable legalización del Partido Comunista, aprovechando las vacaciones de la Semana Santa de 1977, puso al país al borde de una sublevación armada, manejada y desactivada con pericia digna de mejor causa por el excelente dúo, uno como presidente de la nación y el otro como comandante en jefe y capitán general simbólico de las fuerzas armadas. La fuerza de esa unión se manifestó por última vez y ya tardíamente con la destacada actuación que tuvieron los dos para frenar la asonada militar del 23 de febrero de 1981, cada uno en su respectivo papel.

España goza desde hace casi tres décadas de una monarquía constitucional parlamentaria, apoyada en una Constitución que, si bien se fundamentó en las tendencias y normas constitucionales de la época, traduce perfectamente el espíritu de consenso que quería alcanzar la sociedad española de finales de los setenta. La clase política del momento supo captar y "leer" las necesidades de una sociedad joven que no quería revoluciones ni cortes drásticos, anhelante de un cambio profundo y desde la legalidad y que aceptaba a un rey, entronizado por Franco, que continuaba la monarquía interrumpida con la II República. El 6 de diciembre de 1978 la primera Constitución española realmente consensuada es aprobada mayoritariamente con el 87 % de los votos afirmativos en referéndum, y entra en vigor el 29 de diciembre siguiente. Las constituciones democráticas contemporáneas emanan del poder constituyente en forma de Asamblea que goza de la facultad máxima de crear la constitución. Una vez cumplida esta fundamental tarea, el poder constituyente se agota en sí mismo. Por lo tanto, es falsa su concepción como ley de leyes ya que el origen de una ley viene del poder legislativo y el de una Constitución del constituyente que, finiquitada su principal y única tarea, se disuelve. Es, en pocas palabras, la norma superior y la que crea todo el sistema de fuentes que hay por debajo de ella.

Ahora quieren modificar la Constitución y están en su derecho. Casi treinta años puede ser mucho en la vigencia de una Constitución que se redacta con anhelo de permanencia pero no de estancar para siempre los principios y valores más básicos de una sociedad. Cuando un texto regidor de la vida nacional ha sido exprimido al máximo y sus normas no pueden ser ya interpretadas en el contexto de una sociedad democrática del siglo XXI por el tribunal constitucional se tiene que tener la suficiente madurez política para entrar en una modificación racional o en un periodo constituyente nuevo. En este estado de cosas, abogaría por desterrar el delito de "injurias graves" al rey al coincidir plenamente con el planteamiento del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de que las lamentables palabras expresadas en rueda de prensa del batasuno Otegui calificando al Rey, en su calidad de jefe máximo del ejército español, como "el responsable de torturadores y que ampara la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo mediante la tortura y la violencia" estarían amparadas en el derecho a la libertad de expresión, derecho concebido de manera amplia en el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 que "incluirá libertad de tener opiniones propias, recibir y enviar información e ideas sin interferencia de la autoridad y sin tener en cuenta las fronteras".

Para mayor abundancia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano judicial supervisor de la responsabilidad internacional de derechos humanos de los 46 estados miembros del Consejo e Europa, señala en su sentencia "Handyside contra el Reino Unido", de 1976, que no hay democracia sin pluralismo y que el ya mencionado artículo 10 engloba información e ideas no sólo positivas o indiferentes sino también las que hieran, conmocionen o inquieten.

Debemos traer a colación la sentencia "Colombani y otros contra Francia", de junio del 2002, donde la Corte Europea condena a Francia por la aplicación de una ley gala de 1881 sobre el delito de ofensas al considerarla "obsoleta por conferir a los Jefes de Estado extranjeros un privilegio exagerado que no puede conciliarse con las concepciones políticas de hoy. Se trataría de un estatuto exorbitante de derecho común, sustrayéndolos a la crítica solamente en razón de su función o estatuto, sin tomar en cuenta en lo más mínimo el interés de la crítica." El Alto Tribunal señala que, contrariamente al derecho común de la difamación, no se permitió a los demandantes hacer valer la llamada exceptio veritatis, es decir, el probar la veracidad de sus alegaciones con el fin de exonerarse de su responsabilidad penal. Está imposibilidad de hacer jugar la verdad constituye una medida excesiva para proteger la reputación y los derechos de una persona, incluso cuando se trate de un Jefe de Estado o de gobierno.

La vida personal y familiar de Adolfo Suárez siempre estuvo marcada por las enfermedades y ni siquiera le tentaba el placer de la buena mesa. Cuando dejó la política activa se refugió en su despacho de abogados y con razón: quizás la enfermedad ya empezaba a acuciarle. Pero nunca aceptó el asiento vitalicio de consejero de Estado al que Aznar no ha dudado en entrarle con singular alegría.

Los homenajes en memoria del primer presidente de la democracia española, a los que seguramente él no asistirá, no se harán esperar. El mejor homenaje del pueblo español es una reflexión profunda, personal y abarcadora de los que no conocieron del significado de la figura de Adolfo Suárez, con sus luces y sus sombras, para la estabilidad y tranquilidad democrática actual.