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La insignia
11 de junio del 2005


Amnistía Internacional y las acusaciones de EEUU


Irene Khan (*)
Amnistía Internacional, junio del 2005.



La historia está llena de casos en que se ha guardado silencio cuando se deberían haber denunciado abusos. Al hacerlo, lo único que se ha conseguido ha sido permitir que se cometan impunemente nuevos abusos. Amnistía Internacional no está dispuesta a hacer lo mismo.

En el Informe 2005 de Amnistía Internacional, que es una evaluación anual de los abusos cometidos contra los derechos humanos en 149 países del mundo, hemos incluido un apartado sobre Estados Unidos, en el que, entre otros aspectos criticables, destacamos las prácticas de este país en la "guerra contra el terror", incluidas la detención sin cargos ni juicio por tiempo indefinido y la tortura.

Estas críticas han desencadenado un ataque verbal sin precedente de altos cargos de la administración estadounidenses, incluidos el presidente Bush; el vicepresidente, Dick Cheney; la secretaria de Estado, Condaleeza Rice, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor, general Richard Myers.

El lenguaje utilizado en el Informe 2005 es claro. No estamos insinuando, como algunos han pensado, que el Gulag soviético y Guantánamo sean situaciones de abuso equivalentes. Lo que decimos es que ambos son los símbolos de los abusos contra los derechos humanos de sus respectivas épocas.

El maltrato de detenidos en Guantánamo es una deshonra para los valores estadounidenses, tanto como lo es para las normas internacionales. Un centro donde los detenidos están recluidos prácticamente en régimen de incomunicación, sin cargos ni juicio y sin acceso a abogados es algo que el pueblo de Estados Unidos y toda persona preocupada por la verdad, la justicia y la libertad deben condenar.

La actuación de Estados Unidos es también un regalo propagandístico para los grupos armados que cometen actos brutales de violencia, y una forma de desviar la atención de la necesidad de garantizar que tales personas son puestas a disposición judicial con las debidas garantías.

Pero Guantánamo no es un caso aislado. Es sólo la punta visible de un iceberg de abusos, el eslabón más notorio de una cadena de campos de detención que se extiende desde la base aérea de Bagram, en Afganistán, hasta las cárceles de Irak y otros lugares.

No dejan de surgir indicios y denuncias de abusos, torturas y asesinatos de esta sombría red de campos de detención. Sin embargo, pese a la preocupación suscitada dentro y fuera de Estados Unidos, la administración estadounidense no ha llevado a cabo una investigación totalmente independiente.

Lo cierto es que las políticas y prácticas de detención e interrogatorio aplicadas por Estados Unidos en el contexto de la "guerra contra el terror" han infringido de manera deliberada y sistemática la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos que se recoge en los tratados internacionales. Donald Rumsfeld aprobó personalmente un memorándum de diciembre de 2002 que permitía el uso en Guantánamo de técnicas ilícitas de interrogatorio, como mantener a los detenidos en posturas tensas, recluirlos en régimen de aislamiento por largos periodos, desnudarlos y azuzarles perros.

Esta actitud displicente hacia los principios de justicia y libertad internacionalmente acordados es ilícita y está causando un gran daño al marco de los derechos humanos y a la autoridad moral de Estados Unidos como paladín de tales derechos. Así lo reconoció el 7 de junio el ex presidente Jimmy Carter, quien dijo: "Estados Unidos sufre ahora un terrible bochorno y un golpe a nuestra reputación como paladines de los derechos humanos debido a lo que ha ocurrido realmente en las cárceles de Afganistán e Irak y en Guantánamo". Con esta actitud se está diciendo a los gobiernos represivos del mundo que algunos abusos, incluidos la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, son aceptables.

Es preciso poner fin a los abusos. Guantánamo y los demás centros estadounidenses de detención del mundo deben cumplir estrictamente el derecho y las normas internacionales y quedar sujetos al escrutinio de las organizaciones internacionales. Los responsables situados en los eslabones superiores de la cadena de mando deben rendir cuentas.

Amnistía Internacional ha compilado detenidamente numerosos informes en los últimos años. Hemos publicado centenares de páginas de indicios y denuncias de abusos graves contra los derechos humanos infligidos por agentes estadounidenses en el contexto de la "guerra contra el terror". La administración estadounidense no ha respondido a ninguno de estos informes, lo que contrasta acusadamente con su retórica y defensiva respuesta a la publicación del Informe 2005.

Es evidente que la administración estadounidense cree que el ataque es la mejor forma de defensa. Está bien. Amnistía Internacional lleva más de 40 años denunciando abusos dondequiera que se cometan y está acostumbrada a recibir ataques de gobiernos de todas las clases. Suele ser señal de que estamos logrando nuestro objetivo.

Lo que no está bien es que la administración estadounidense no se ocupe de la esencia ni de los detalles de la preocupación de Amnistía Internacional. No importa que Dick Cheney diga que no se toma a la organización en serio. Lo que importa es que él y sus colegas se tomen los derechos humanos en serio.

El actual debate ofrece a la administración estadounidense una buena oportunidad para demostrar que está dispuesta a suprimir la distancia entre retórica y realidad y a abordar los importantes motivos de preocupación que Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han expuesto reiteradamente en los últimos años.

El problema tiene fácil solución, señor Bush: poner fin a los abusos e iniciar investigaciones y enjuiciamientos por ellos; reafirmar los principios básicos de justicia, verdad y libertad de los que los estadounidenses están tan orgullosos, y hacer de Estados Unidos una verdadera fuerza del bien en un mundo peligroso y dividido.


(*) Secretaria general de Amnistía Internacional.



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