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La insignia
20 de julio del 2005


Ecuador

Un orden internacional más justo (V)


Elaboración: Franklin Canelos, Oswaldo Padilla,
Fander Falconí y Alberto Acosta.
La Insignia. Ecuador, marzo del 2005.


Deuda ecológica

Dada la perversa situación histórica de expoliación de las riquezas materiales, genéticas y culturales, el país debería asumir una posición acreedora de la deuda histórica y de la deuda ecológica; por ejemplo, el uso del espacio ambiental que los países ricos realizan gratis.

Hablar de deuda ecológica es demandar justicia ambiental, social y económica. Es entender el por qué de la riqueza y la pobreza. Es identificar a los responsables del deterioro social, cultural y ambiental local y global. Es luchar contra la impunidad. Es la oportunidad de detener la destrucción de la vida de los pueblos y sus culturas. Es también la responsabilidad de los países industrializados por la destrucción paulatina del planeta como efecto de sus formas de producción y consumo, por la contaminación de la atmósfera generando el efecto invernadero.

En igual forma, el cálculo de la deuda ecológica conlleva necesariamente a la valoración económica de sus componentes y esta es una tarea riesgosa y en ciertos casos imposible, debido a la inconmensurabilidad de muchos costos sociales y ambientales.

El constituirse en acreedores de la deuda histórica y ecológica es un tema político y debería constituirse en parte de la agenda principal de los movimientos sociales y progresistas. Esta opción permitirá, incluso, superar la actual posición mendicante que asumen los países deudores frente a los acreedores. La compensación monetaria a los afectados por parte de los contaminadores o la deuda ecológica ha sido escasa o nula; pero ésta no tiene como objetivo reducir la degradación ambiental, sino solo indemnizar el bienestar perdido asociado con la degradación ambiental. Tampoco se puede descuidar que estos costos van más allá de aquello que es posible restituir y reparar, pues aparecen otros valores como la cultura, sustanciales para la coevolución de las sociedades.

No está en la mira de esta propuesta el cobro monetario de la deuda ecológica o el intercambio de deudas: deuda ecológica por deuda financiera. La segunda, como se ha dicho antes, debe abordarse desde la legalidad y legitimidad, seguramente debe anularse en su totalidad o en un elevado porcentaje. Y la segunda, como señalamos en el párrafo anterior, es una oportunidad para reclamar con urgencia un cambio en el estilo de vida de la humanidad.

Para ello es indispensable promover una revolución del pensamiento: cambiar nuestra posición, asumirnos acreedores de las deudas históricas, sociales y ecológicas. Proponemos conformar una alianza de pueblos y países acreedores de la deuda ecológica del sur.

Si es que los pueblos y países del sur asumimos la posición de acreedores, las relaciones de poder cambian. Entonces podremos exigir la inmediata anulación de la deuda externa ya que la deuda ecológica del norte con el sur es mucho mayor. Esto es un argumento más, pues la deuda externa ya ha sido cancelada incluso en términos financieros.

Podremos exigir sanciones y restitución a los deudores ecológicos en tribunales penales nacionales e internacionales. Cuando asumamos la posición de acreedores seremos nosotros quienes recuperemos la soberanía sobre nuestro patrimonio natural, ahora depredado por la deuda externa y el modelo neoliberal.


Nuevas condicionalidades

Fondos de desarrollo

Muchos analistas y organizaciones han planteado una mayor capacidad de gestión de las políticas locales y nuevos organismos internacionales -un nuevo FMI- con capacidad para regular y hasta gravar los flujos financieros externos de corto plazo, para drenar la burbuja especulativa, a partir de un impuesto como el planteado por el Premio Nobel de Economía, James Tobin, a fines de los años 70 y que serviría para financiar un fondo para el desarrollo.

Entre otras políticas también se ha propuesto la aplicación de un impuesto al agotamiento del capital natural ("natural capital depletion tax"), el cual busca gravar el consumo del capital natural y debería ir acompañado de un sistema de tarifas ecológicas, que también podrían alimentar el fondo de desarrollo descrito anteriormente. El razonamiento expuesto radica en que el precio de la energía fósil es bajo debido a que depende de los costos contables de extracción que son mínimos, pues éstos omiten los costos sociales y ambientales. Por lo tanto, se requiere gravar el capital natural considerando el "principio de precaución" y el principio de quien contamina paga. El "ecoimpuesto" podría ser administrado como otro impuesto, pero requeriría acuerdos internacionales o al menos tarifas ecológicas nacionales para prevenir que algunos países saturen los mercados con productos fabricados con capital natural no gravado, y podría tener como finalidad la reducción del endeudamiento externo.


Condicionalidades positivas

Un punto importante es el relacionado con el establecimiento de condicionalidades positivas en el caso de condonaciones de deuda. Esto es relevante para impedir el mal uso de recursos que puedan liberarse por este concepto. Aquí, para obviar reclamos que tengan que ver con la soberanía de los países afectados, es preciso incorporar a la "sociedad civil" de los países, con el fin de diseñar dichas condicionalidades, las cuales deberían tener criterios sociales, ecológicos y hasta económicos; por ejemplo, habría que propiciar reformas fiscales tendientes a establecer sistemas impositivos directos y progresivos: en el caso del Ecuador hay que fortalecer los impuestos a la renta, al patrimonio y a la herencia, que no deben reducirse a cambio de incrementos de los impuestos indirectos, como el IVA.

Las condiciones de cualquier arreglo deben estar basadas en los derechos humanos económicos, sociales y ambientales. Estas tienen que ser internacionalmente pactadas para ser reconocidas y por cierto deben establecerse condiciones positivas para impedir que los recursos liberados se canalicen a armas, a gastos dispendiosos o al sostenimiento de gobiernos sultánicos, por ejemplo. Se debería señalar con claridad que nadie que haya formado parte directa o indirectamente de procesos de negociación o renegociación de deuda pueda ser contratado en algún organismo internacional en donde el Ecuador es miembro. Hay que acabar con la práctica generalizada de quienes negocian a nombre del país y van a ocupar puestos muy bien pagados en el Banco Mundial, BID, FMI, CAF, etc.

Canjes de deuda

Los canjes de deuda representan una alternativa marginal para cambiar marginalmente los niveles de endeudamiento y la distribución del gasto público, ya que el Estado canalizaría los recursos liberados por el canje hacia proyectos sociales y de conservación ambiental, y no al servicio de la deuda. Entonces, mientras mayores cantidades de deuda se puedan canjear, esto podría repercutir en beneficios para el país.

Sin embargo, existen algunas debilidades en los canjes:

1. El canje está sujeto a condicionalidades negativas -las del FMI y del Banco Mundial- desde el punto de vista financiero y ambiental.
2. Este mecanismo podría condicionar el uso final de los recursos (en los rubros que el acreedor considere conveniente).
3. Los canjes implican asumir el endeudamiento con las condiciones financieras impuestas anteriormente (tipos de interés, deudas inmorales, etc.). Independientemente de que estos recursos sean invertidos a lo interno, el canje implica aceptar la situación actual de la deuda.



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