La emigración en la industria del sexo (VII)

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Colectivo Ioé y Laura Agustín (*)
Fragmento de Mujeres migrantes ocupadas en servicios sexuales
Editorial: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. España, 2001.

Propuestas laborales y jurídicas

La cuestión de cómo regular la industria del sexo ha sido discutidísima durante toda la historia. En Europa, sólo en el siglo XX, varios países han cambiado de sistema normativo, convencidos de que el que tenían era la causa de problemas morales y sanitarios, para cambiarlo de nuevo pocos años después. En general, la situación es fluida y hasta caprichosa, dependiendo de los intereses políticos del momento. Por otro lado, cada país europeo tiene una serie de leyes y códigos normativos que tratan la prostitución, la explotación sexual de las personas y el proxenetismo. La diversidad es tanta que no conviene generalizar. Lo que todos los países tienen en común es cierta tolerancia hacia la práctica de la prostitución paralela a una necesidad de controlarla. Con todo, algunos países presentan situaciones especiales:

- Holanda es el país europeo que más atención ha prestado para encontrar una solución que perjudique lo menos posible a los empleados de la industria del sexo. Su nueva ley permite y regula el funcionamiento de burdeles de igual manera que otros negocios, con los propósitos de despenalizar la organización de la prostitución voluntaria y de aumentar la penalización de la forzosa (por violencia, fuerza, coacción o fraude y con menores) En general mejora la situación de miles de trabajadores sexuales europeos pero no de los migrantes "irregulares", quienes siguen trabajando sin protecciones laborales.

- Alemania exige que los trabajadores sexuales se inscriban como tales, que trabajen en ciertos sitios regulados y que paguen impuestos por ello; pero no reciben los beneficios laborales normales como la seguridad social. Los trabajadores inscritos están en saunas y burdeles grandes llamados Eros Centres. Pero algunos trabajadores no se inscriben, ya que el sistema les ofrece poco mientras les propone obligar a someterse mucho; prefieren trabajar en la clandestinidad. El país se encuentra ahora en el proceso de cambiar el sistema por un modelo menos restrictivo. En general, los trabajadores sexuales se resisten a sistemas regulativos.

- Suecia ha optado recientemente por una penalización de la clientela de la prostitución. El eventual éxito de esta propuesta abolicionista dependerá de los controles policiales y de la 'reeducación' de los infractores. En este caso tampoco cambia la situación laboral de la prostitución migrante y es posible, incluso, que llegue a impulsarla hacia lugares más clandestinos.

Estos casos muestran la descoordinación existente en la materia entre los diversos países europeos. Además, estas propuestas no abordan la problemática específica de una gran parte de los trabajadores del sexo en Europa: los migrantes "irregulares". Aunque a estos no les resulta indiferente el tipo de regulación global del sector, sólo pueden beneficiarse plenamente de las ventajas que puedan existir en la medida en que consigan regularizarse en tanto inmigrantes.

En otros lugares del mundo, sobre todo en varios estados de Australia, existe un desarrollo de normas para asegurar la salud y la seguridad de los trabajadores en la industria del sexo; éstas reconocen claramente que los servicios sexuales pagados son trabajos y que las personas ocupadas en el sector son trabajadores a proteger como los demás. Las normas se elaboran en base a la participación de la comunidad de trabajadores en el sector involucrado. La propuesta más amplia, que incluiría a todos los trabajadores de la industria del sexo, procede de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), cuyo informe The Sex Sector recomienda la inclusión de la industria sexual en las contabilidades nacionales y regionales. Tal reconocimiento significaría contribuciones importantes a las economías en términos de impuestos y permisos; además parece ser la única manera de mejorar la situación de quienes se emplean como trabajadores sexuales. Si los gobiernos reconocen el sector sexual, se verán obligados a extender derechos y protecciones laborales a las personas que trabajan en él. El informe de la OIT aporta una perspectiva pragmática al margen de moralismos.

Por su parte, el abolicionismo internacional tiene también una larga historia en Europa. Hoy en día la instancia más conocida que adopta dicha perspectiva es la Coalición en Contra del Tráfico de Mujeres (CATW), con sede en Estados Unidos pero con muchos miembros en Europa. La CATW ha recibido cuantiosas subvenciones para investigar el "tráfico" a nivel internacional. Su actuación más notable hasta la fecha han sido campañas para promover la identificación del concepto de la prostitución con el del tráfico.

Como en todos los países europeos, la historia española muestra un vaivén de políticas respecto a la prostitución. En tiempos recientes se ha pasado del sistema abolicionista (1935) al reglamentarista (1941) y, de nuevo, al abolicionismo desde 1956. El modelo abolicionista, según los historiadores J.F.Vázquez y A.Moreno, deja a los trabajadores sexuales: "...despojados de la precaria pero necesaria asistencia médica y de la 'protección' policial...su oficio siguió subsistiendo en esa tierra de nadie jurídica en la que aún habitan. Sin ser delito [el] oficio carece... de estatuto social de cualquier otro, sin derecho a las prestaciones sociales que el Estado ofrece a todo ciudadano".

En el código penal de 1995 la prostitución se trata sólo respecto a la modalidad infantil o de personas incapaces, penalizando actividades que induzcan, promuevan, favorezcan o faciliten la prostitución de estas personas; respecto a los adultos sólo es considerada cuando existe coacción, violencia, etc., para conseguir su ejercicio. El ejercicio de la prostitución individual está despenalizada pero se encuentra sumido en una situación de alegalidad en cuanto no se prohíbe, se tolera pero no se le reconoce los derechos laborales. También está despenalizada la conducta de terceros en relación con la prostitución no coactiva de mayores de edad. El cambio fundamental de criterio en este Código es que el bien jurídico a tutelar es la libertad y la indemnidad sexuales y no, como antes, el honor, la moralidad o las buenas costumbres. Desde esta perspectiva no se penaliza el proxenetismo en sí sino su desempeño referido a menores, incapaces o adultos coaccionados. Esta situación permite a los propietarios de establecimientos dar de alta a trabajadores sexuales en la Seguridad Social como camareros especiales, aunque es bastante infrecuente que lo hagan por lo que la reducción del proxenetismo o la ampliación de los derechos de los trabajadores distan de ser prácticas extendidas.

Aunque en España no existe un sector formal de la industria del sexo, en los parlamentos de dos comunidades autónomas se han presentado proposiciones para conseguir el reconocimiento de los derechos sociales de las personas que ejercen la prostitución. Ambas propuestas están directamente vinculadas con la aparición e incremento del fenómeno de la prostitución de migrantes en dichas áreas. Lamentando las condiciones económicas de los países de origen de las migrantes, plantean que la prostitución sea considerada una ocupación laboral para que quienes la ejerza puedan gozar de derechos laborales y sociales en igualdad de condiciones que los demás trabajadores. Desde un enfoque pragmático, estas propuestas parlamentarias desvinculan los trabajos sexuales de las consideraciones morales, siguiendo las recomendaciones de diversas instituciones internacionales y resultados de estudios sobre el sector. Se intenta, por un lado, evitar la marginación de las mujeres ocupadas en la prostitución y, por otro, recaudar para la hacienda pública los importantes ingresos económicos que generarán los impuestos a empresarios y trabajadores. La proposición no de ley presentada en el Parlamento vasco fue aprobada en la Comisión de Mujer y Juventud por once votos a favor y cinco en contra en febrero de 1998; se fijó el plazo de un año (que no ha sido respetado) para establecer iniciativas políticas que normalicen la prestación de servicios sexuales, el reconocimiento de los derechos laborales y sociales de estos trabajadores y la regulación de los locales de alterne. Por su parte, en el caso de la propuesta de ley al Parlamento Foral de Navarra, el informe del letrado mayor del mismo indicó que la proposición "excede claramente de las competencias del Parlamento de Navarra; éstas se limitan a la asistencia social y a la sanidad interior e higiene pero en materia laboral se limita a la ejecución de la legislación del Estado". A raíz de dicho informe la propuesta no fue admitida a trámite parlamentario.

Con rango menor, se han desarrollado otras propuestas normativas como declaraciones institucionales exigiendo la condena del tráfico y de la prostitución (por ejemplo, una propuesta del Grupo Municipal Socialista-Progresista en el Ayuntamiento de Madrid, 2000). En general, estas iniciativas apoyan las líneas políticas sobre el abolicionismo.

Historia "alternativa"

Existe otra historia en Europa en la que prostitutas son las protagonistas y no las "malas" ni las víctimas. Se puede fijar como fecha de inicio el año 1975 después de una serie de asesinatos de prostitutas en Lyon: más de cien de ellas se declararon en huelga y ocuparon una iglesia; otros grupos les apoyaron en varios sitios de Francia y se formó el Colectivo de Prostitutas Francesas. En 1976 se formó en Londres el Colectivo de Prostitutas Inglesas; en 1982 se fundó en Pordenone (Italia) el Comité a Favor de los Derechos Civiles de Prostitutas. El Hilo Rojo, un grupo de auto-apoyo para prostitutas, empezó en 1984 en Amsterdam y en 1985 se publicó el World Charter for Prostitutes' Rights, producto de un Comité Internacional Para los Derechos de las Prostitutas. Otros muchos comités y grupos de trabajo se han ido formando tanto fuera como al interior de Europa. En esa dinámica se inscriben los intentos frustrados de agrupación sindical de las prostitutas en la segunda parte de la década de los 80, en Málaga, Bilbao, Barcelona y Madrid.

En general, ninguno de los comités de prostitutas ha tenido gran número de miembros y tampoco han conseguido hacer surgir un movimiento general de prostitutas. Sin embargo, los sucesos protagonizados por éstas han tenido un valor simbólico y el efecto social de reconocerse entre sí, algo importante para grupos sociales estigmatizados y con problemas de irregularidad incluso en los países "desarrollados". La historia de los eventos protagonizados por las prostitutas apenas son recordados en la actualidad más que por grupos pequeños de ellas pero también lo hacen algunos grupos feministas que los entendieron en su momento como parte de un movimiento general de mujeres. Por ejemplo, el Colectivo de Prostitutas Inglesas formó parte de la International Wages for Housework Campaign, una campaña que exigía el pago por los trabajos domésticos desempeñados por las amas de casas. La publicación de A Vindication of the Rights of Whores en 1989 significó otro suceso importante al resumir los sucesos de quince años del movimiento y compilar las ponencias de un congreso internacional de prostitutas.

Esta historia alternativa no se encuentra presente en la memoria de las prostitutas migrantes actuales en Europa pero en algunos países del "tercer mundo" también han ocurrido sucesos similares en momentos más recientes. Así, en Calcuta en 1997, por ejemplo, hubo una manifestación de más de mil prostitutas en el centro de la ciudad, después de la cual formaron un comité y publicaron su manifiesto político; otro ejemplo es la formación de la Asociación de Trabajadoras Autónomas en Ecuador. Precisamente el Manifiesto de los Trabajadores Sexuales de Calcuta, reclama un cambio de perspectiva en la línea del reconocimiento social de las personas ocupadas en el sector del sexo, a partir de una crítica hacia quienes -desde perspectivas represivas y paternalistas- las convierten en puro objeto de intervención:

"El término "prostituta" se usa raramente para significar un grupo ocupacional que se gana la vida por proveer servicios sexuales, en cambio se usa como término descriptivo para una categoría homogénea, usualmente de mujeres, que amenaza a la salud pública, la moral sexual, la estabilidad social y el orden cívico. Dentro de este discurso nos encontramos sistemáticamente como blanco de impulsos moralizadores de grupos sociales dominantes, por medio de misiones de limpieza y sanidad, tanto materialmente como simbólicamente. Cuando figuramos en una agenda política o de desarrollo, estamos encerrados en prácticas discursivas y proyectos prácticos cuya meta es rescatar, mejorar, disciplinar, controlar o vigilarnos. Las organizaciones caritativas quieren "rehabilitarnos", vía actividades alternativas generadoras de ingresos mínimos, y la policía parece determinada a hacer redadas regularmente en nuestros barrios de actuación en nombre del control del tráfico "inmoral". Incluso cuando nos inscriben menos negativamente o con simpatía dentro de discursos dominantes no estamos libres de la estigmatización ni la exclusión social. Como víctimas del abuso (de otros), sin poder ni recursos, nos ven como objeto de pena."

Lo más prometedor de un posible movimiento socio-político de trabajadores sexuales en la industria actual de Europa es la conjunción de los procesos que han tenido lugar en el muchas areas del mundo . El proceso europeo se ha centrado en reclamar la "identidad" de la prostituta, reivindicando ante todo la desaparición del estigma para luego conseguir los derechos civiles y sociales basados en dicha identidad. Un obstáculo, entre otros, que experimenta este enfoque es el requisito de tener que identificarse -sin vergüenza y sin culpabilidad- como prostituta cuando son pocas las prostitutas que quieren hacerlo, incluso entre las europeas nativas con derecho a trabajar en la prostitución en sus países. También se ha detectado en muchos lugares que las migrantes tampoco comparten esta exigencia de identificación ni con la etiqueta de trabajadora sexual ni con la de prostituta. No significa que no quieran ocuparse en la industria del sexo o que no sepan de qué se trata su trabajo; significa que no sienten la necesidad o que no les interesa exigir derechos por trabajar así. Las migrantes hablan sobre todo de sus problemas jurídicos y de la estigmatización de sus ocupaciones pero en cuanto seres humanos, como mujeres, como trabajadores "normales" o como migrantes.

En la perspectiva del encuentro o alianzas entre sector de mujeres, algunos grupos de apoyo a los trabajadores sexuales han destacado la ausencia de las voces de los principales sujetos afectados cuando se trata de sus problemas tanto en estudios como en foros de debate. A partir de esto, se han constituido redes de proyectos que exigen el protagonismo de los trabajadores en las investigaciones epidemiológicas y también han emergido académicas y académicos, que son simultáneamente trabajadores sexuales, y que están produciendo 'otro' discurso basado plenamente en la experiencia de los sujetos.