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| 23 de enero del 2005 |
Fragmento de Mujeres migrantes ocupadas en servicios sexuales Editorial: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. España, 2001.
Agencias y políticas de tratamiento
Por lo expuesto hasta aquí puede apreciarse la complejidad de factores que quedan involucrados al tratarse las cuestiones relacionadas con la industria del sexo. Al menos hay que citar los siguientes: la moral y el bienestar públicos; las condiciones laborales y las violaciones de los derechos humanos de los trabajadores sexuales; la explotación sexual de menores y las relaciones y estructuras patriarcales respecto a las mujeres; cuestiones de salud pública, como el sida y las enfermedades de transmisión sexual; la participación en actividades ilícitas y la corrupción de agencias internacionales, policías y funcionarios; las conexiones con el tráfico de drogas y/o la delincuencia organizada transnacional; las actividades del turismo, de la industria del espectáculo y de las actividades sexuales relacionadas con ellos; las migraciones transnacionales laborales; etc. Las bases sociales y económicas de la industria superan con mucho la mera participación de trabajadores sexuales y de sus familias. Por ello no es de extrañar que existan diversos intereses y puntos de vista respecto a la industria del sexo. Por un lado, los grupos antiprostitución cuestionan las bases ideológicas de la misma y destacan los abusos y violación de los derechos humanos que supone; para estos no existe la prostitución voluntaria ni, por tanto, se la puede considerar como un trabajo. En cambio, el movimiento proderechos de los trabajadores sexuales exige el reconocimiento de los derechos laborales para quienes se dedican a esta actividad (366). Entre estas dos posiciones enfrentadas caben matices variados que componen un amplio abanico ideológico y político. Lamentablemente, el contraste entre ellas no suele dar lugar a debates serios, puesto que las discusiones usualmente están constreñidas por consideraciones morales. Este tipo de planteamientos no contribuyen, como afirma la OIT, ni a un mejor entendimiento del fenómeno ni a la formulación de medidas efectivas para la mejora de la situación: "Un punto de vista moralista sobre la prostitución tiende a ignorar el hecho de que las sanciones y otras medidas dirigidas a las prostitutas individuales no serán efectivas a menos que se puedan desmantelar las bases económicas y sociales de la prostitución. Estas funciones persisten porque son sostenidas por las relaciones sociales subyacentes e intereses individuales, familiares, del sector privado y de los gobiernos. El aislamiento artificial del sector sexual del resto de la economía por medio de los sistemas morales y legales de los países... permite que los intereses subyacentes florezcan y que la explotación de prostitutas individuales se perpetúe (367)." La obsesión por el tráfico La cuestión de cómo se ha hecho el viaje, esto es, cómo se constituye alguien en "migrante" para ocuparse en la industria del sexo, representa actualmente la faceta más abordada de toda la problemática. Y la manera más frecuente de hacerlo es identificar viaje con el "tráfico" de mujeres, aunque también existen autores que distinguen entre los conceptos de "tráfico" y el de "migraciones para trabajar como prostituta" (368). La falta de una definición coherente y justa del término "tráfico" ha fomentado una verdadera industria de reuniones, congresos e informes en todos los países de Europa (369). Algunos informes contemplan la situación de regiones específicas del continente europeo (por ejemplo, Italia, Austria, Bielorusia, Rusia, los estados bálticos y nórdicos, Europa Central y del este) o bien la de regiones originarias de estas migraciones (por ejemplo, la República Dominicana y Colombia). El debate más reciente plantea que la trata de seres humanos no se puede abordar sólo a nivel nacional, sino que es necesario llegar a un marco de consenso internacional basado en el reconocimiento de los derechos humanos. En este debate se reproducen las dos posiciones apuntadas: o considerar la prostitución como forma elegida de ganarse la vida, esto es, como prestación de servicios sexuales a los que deben corresponder los mismos derechos que otras formas de trabajo; o combatir la explotación sexual en todas sus formas, especialmente la prostitución y el tráfico de mujeres, argumentando que el modelo para comprender el comercio sexual y la explotación de la mujer no tiene que ser el laboral sino el de la violación de los derechos de las mujeres. Diversas reuniones internacionales en estos últimos años han puesto de manifiesto el enfrentamiento de estas posiciones, tales como el seminario Tráfico e industria global sexual. Necesidad de un marco de trabajo para los Derechos Humanos (Ginebra, junio de 1999) o el Simposium Internacional sobre prostitución y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual (Madrid, junio de 2000). Por su parte, en las sesiones celebradas en Viena en 1999 y 2000, la Comisión de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Justicia Penal ha discutido los conceptos del "tráfico ilícito de migrantes" y "la trata de personas, especialmente mujeres y niños". La discusión fue siempre conflictiva por la presencia activa de dos grupos de presión enfrentados que intentaron influir a los representantes nacionales de la Comisión, sobre todo acerca de las definiciones de términos como consentimiento, obligación, fuerza, coacción, engaño, abuso de poder y explotación. Una posición entiende que el tráfico se produce cuando se recurre al uso de la fuerza o a la amenaza, al rapto o al engaño, incluso con la incitación, la coacción o el abuso de poder; la otra posición sostiene que el tráfico no sólo existe cuando se fuerza a alguien sino también cuando existe su consentimiento; su argumento es que de esta manera se garantiza la protección de las mujeres al impedir que los traficantes aduzcan en su defensa la existencia de consentimiento, obligando a las autoridades a probar que éste no ha existido. Finalmente, en octubre del año 2000 se llegó a un acuerdo, todavía conflictivo y ambigüo; se establecieron dos protocolos distintos: uno sobre "la trata de personas, especialmente mujeres y niños" y otro sobre el "tráfico ilícito de migrantes". La diferencia de género en el enfoque de ambos es evidente, y da por supuesto que las mujeres -junto con los niños- tienen mayor predisposición a ser engañadas, sobre todo en los referido a la prostitución. De todos modos, la firma de la Convención (370) es sólo un acto simbólico puesto que cada país interpretará los casos particulares según sus propias definiciones y necesidades durante el proceso de decidir si van a ratificar el acuerdo o no. A pesar de las noticias reiteradas y de las campañas realizadas no existe consenso entre los distintos estados sobre lo que deba entenderse por "tráfico"; en tanto persista este conflicto es improbable que se elaboren estrategias de intervención exitosas. Actualmente son muchas las ONG que trabajan directamente sobre el "tráfico". Entre las más conocidas están el Programa La Strada en la República Checa, Bulgaria, Polonia, Alemania y Ucrania; la fundación Stichting Tegen Vrouwenhandel (Holanda); GAATW (Alianza Global Contra el Tráfico de Mujeres); y CATW (Coalición Contra el Tráfico de Mujeres). Además esta cuestión es abordada por varios proyectos de carácter socio-sanitario en todos los países europeos (por ejemplo, Tampep). Finalmente, algunos países de origen de las migraciones de mujeres a Europa tienen sus propios programas sobre el "tráfico" (por ejemplo, Fundación Esperanza y COIN) (371). Estos programas se centran frecuentemente en la "prevención del tráfico"; algunos lo hacen en la denuncia de los traficantes, otros se orientan a producir proyectos que presionen para lograr cambios de política o perfilar las definiciones de los conceptos prostitución y tráfico. En general, estos proyectos están llegando a la conclusión, lo mismo que ha sucedido con los que trabajan en la prevención del sida, de que es imprescindible dotarse de un carácter transnacional si se desea trabajar eficazmente con migrantes transnacionales (372). En España durante la década de los años 90 se han producido diversos trabajos referidos al tráfico de mujeres (373); también ha saltado a los medios de comunicación de forma recurrente con una orientación muy marcada: identificación del tráfico con redes mafiosas, de la migración para la prostitución con explotación sexual y de mujeres prostitutas con víctimas engañadas (374). Este tratamiento reductivo ignora la diversidad de modalidades, así como las amplias implicaciones económicas de los servicios sexuales, y fomenta la estigmatización del sector y la xenofobia respecto a las prostitutas inmigradas. Desde el punto de vista de la intervención social se observa un interés creciente por la cuestión en España. En términos generales, las iniciativas puestas en marcha reproducen las dos grandes líneas de orientación existentes en el ámbito internacional, como veremos más adelante. Proyectos europeos dirigidos a trabajadores sexuales y/o migrantes En la actualidad existen cuatro redes de proyectos interestatales o comunitarios: una de ellas (EUROPAP) trabaja la prevención del SIDA entre trabajadores del sector sexual sin centrarse en los migrantes, otra (TAMPEP) dirige una programa de prevención del SIDA a los trabajadores sexuales migrantes en Europa; las otras dos redes se centran en la problemática de VIH/SIDA y migración (375). La red EUROPAP (Red Europea para la Prevención del SIDA/ETS en la Prostitución) tiene su sede actual en el Reino Unido. Los proyectos de esta Red para la prevención del SIDA entre trabajadores del sexo empezaron a actuar a nivel europeo en 1994, recibiendo fondos de la Unión Europea; originariamente surgieron del contexto médico sanitario a primeros de la década de los años 80. Su meta es promover la salud y el bienestar de trabajadores sexuales y otros trabajadores asociados a la industria del sexo (no específicamente de los trabajadores migrantes). Hay coordinadores nacionales en los catorce estados participantes; primero han revisado los programas existentes en cada país y luego han comenzado a intercambiar información entre ellos (376). La Red TAMPEP (Proyecto para la Prevención del SIDA/ETS entre Prostitutas/os Migrantes en Europa) tiene sede en la Fundación Mr A de Graaf, Holanda. Se presenta como proyecto de investigación y programa de prevención de ETS/HIV; la población a la que se dirige es la de trabajadores sexuales migrantes. Participan en la red más de veinte miembros nacionales, aunque no todos lo hacen de manera activa; los principales están en Viena, Hamburgo, Pordenone y Amsterdam. Estas dos redes han publicado conjuntamente una guía que presenta, de manera clara y práctica, los conocimientos necesarios para fundar un proyecto de ayudas a trabajadores sexuales (377). La metodología de ambas redes es participativa e involucra a los trabajadores sexuales. También los proyectos de cada país desarrollan sus propios programas; un folleto publicado por Amnesty for Women, el proyecto Tampep en Hamburgo, titulado: Alemania: ¿Un paraíso para mujeres? aborda el tema del trabajo sexual junto con el de las au-pairs y el de los matrimonios con ciudadanos alemanes.. La nota más sobresaliente en las publicaciones de la red TAMPEP es el tono normalizado y de aceptación de la realidad, muy lejos de los discursos moralizadores de la prensa y la política pública de los mismos países europeos; también muestran un conocimiento importante de las realidades laborales de la prostitución migrante (378).
Notas
(366) BINDMAN, J., Redefining Prostitution as Sex Work on the International Agenda, Anti-Slavery International, Londres, 1996. |
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