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La insignia
25 de enero del 2005


España

El parte de guerra laboral


Manuel Pimentel (*)
UGT. España, enero del 2005.
Publicado originalmente en El Periódico de Catalunya


Ostenté diversas responsabilidades en el Ministerio de Trabajo durante los años 1996-2000, en un periodo de fuerte creación de empleo y un razonable clima laboral, con positivos acuerdos sociales. Un hecho, sin embargo, oscureció ese halagüeño panorama. ¿Cuál? Pues que la siniestralidad laboral se incrementaba año a año, con su trágico reguero de muertos y heridos. Cuando me preguntan por los lados negativos de mi gestión, siempre respondo de idéntica manera: durante mi mandato se incrementó la siniestralidad.

Recuerdo algunas mañanas en las que no cesaban de llegarnos noticias de muertos o heridos. Aquello parecía un parte de guerra. Hoy, tras el balance de 10 muertos del accidente de Burgos, me vienen a la cabeza aquellos tristes recuerdos. Pero no es la melancolía el mejor antídoto para nuestro mal. Como siempre sólo hay una receta para superar los problemas. Pensar y trabajar.

España cuenta en estos momentos con un corpus legislativo y normativo completamente homologable a nuestros vecinos europeos. Sin embargo nuestra siniestralidad es sensiblemente superior. ¿Por qué? Escasa concienciación de empresarios y trabajadores, falta de inversión y formación en prevención y limitados recursos de la inspección de trabajo. A efectos estadísticos también existen voces que afirman que los criterios de contabilización de accidentes no son idénticos en todos los países. Que nosotros contabilizamos como laborales lo que otros consideran accidentes de tráfico o enfermedades. No merece la pena que nos detengamos en esto. En cualquier circunstancia nuestra siniestralidad es excesiva. Otras opiniones fundamentan en nuestra estructura productiva el alto número de accidentes: al crecer de forma espectacular el ritmo de construcción durante estos últimos años, la media de incidencias se habría elevado.

Por otra parte, los sindicatos insisten en señalar a la altísima temporalidad de nuestra contratación como uno de los principales responsables de nuestro triste balance. Tampoco faltan quienes recurren a la socorrida excusa de la descoordinación entre las comunidades autónomas --que ostentan las competencias-- y el Gobierno central. ¿Quién tiene la razón? Pues quizá todos encierren alguna. Pero la principal, sin duda alguna, reside en la escasa concienciación de empresas y trabajadores.

La ley de prevención de riesgos laborales se basa en el principio de más vale prevenir que curar. Articula una serie de medidas en inversiones de prevención, formación y consultoría, tanto previa como de seguimiento. Para que sus preceptos fuesen eficaces resultaba del todo imprescindible que las empresas introdujeran en su cultura y procedimientos tanto la filosofía como los contenidos de la ley. Pasados ya unos años de su puesta en vigor comprobamos que, aunque se ha avanzado, son muchas las empresas que se limitan a cumplir el expediente formal en las cuestiones de seguridad, sin que hagan de ellas una línea de actuación real. Siguen viendo estas cuestiones sólo cómo un gasto que deben realizar por imperativo legal y por miedo ante las sanciones, pero no como unas medidas que optimizan sus procesos y mejoran su calidad de producción y su ambiente laboral. Durante todos estos años muchas instituciones han insistido en la idea de que la prevención es una inversión y no un gasto. Desgraciadamente, muchas empresas siguen sin comprender esta afirmación, limitándose a cumplir el expediente por los pelos.

Partamos de que la ley hay que cumplirla, y que las sanciones deben recaer sobre los que la incumplan. La tarea de la inspección de trabajo debe ser fundamental para ello. Pero sólo conjugando las acepciones temor y castigo nunca podremos superar nuestro mal. No. Tenemos que ir mucho más allá. Querría hablar en términos empresariales de dos conceptos imprescindibles para la rentabilidad de una empresa: calidad y competitividad. No existe empresario que se precie que no esté convencido de ello. Pues que no tenga duda alguna. Los procedimientos de prevención van íntimamente ligados tanto al uno como al otro. Los accidentes de trabajo ocasionan costosas bajas laborales que interfieren la producción normal, restan experiencia y profesionalidad indispensable para la calidad, desaniman a la plantilla, castigan el ambiente laboral, disminuyen la satisfacción en las condiciones laborales.

Es decir, que la siniestralidad supone un duro golpe no tan sólo para la salud de los trabajadores, sino también para la competitividad y cuenta de resultados. No es ya sostenible, por tanto, que algunas aún consideren esos gastos de prevención como ociosos. Al igual que la inversión en informática supone una mejora en los rendimientos, la prevención de los riesgos laborales mejora realmente la competitividad.

La economía española ha retrocedido en el ránking internacional de competitividad. ¿Por qué? Pues falta de inversión tecnológica, formación, investigación y desarrollo y menor apuesta por la calidad y el valor añadido. La prevención de riesgos laborales debería introducirse con voz propia en el concepto de calidad. A mejor prevención, más calidad y competitividad.

La profesionalidad es al trabajador lo que la calidad a la empresa. Los trabajadores también tienen una clara responsabilidad en materia de prevención. No siempre la empresa es la responsable de los accidentes. En algunos casos, la tragedia procede de una negligencia de un trabajador.

Algo hemos mejorado estos dos últimos años. Pero más nos queda por hacer. Que la tragedia de Burgos nos sirva al menos para algo. Para poner la materia de prevención en un lugar protagonista en la agenda política, de diálogo social y de gestión administrativa y empresarial. Todos nos jugamos mucho en ello.


(*) Ex ministro de Trabajo y escritor.



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