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| 22 de diciembre del 2005 |
forzado de colombianos hacia Ecuador (III)
Edición para Internet: La Insignia, diciembre del 2005.
II. Del Plan Colombia a la Iniciativa Regional Andina
Tanto por su procedencia como por sus objetivos, el Plan Colombia ha despertado una fuerte controversia nacional e internacional a partir del momento en que se anunció, a mediados de 1999, y se presentó al Congreso de los Estados Unidos para su aprobación en octubre del mismo año. Dos posiciones opuestas se han expresado frente a esta estrategia estadounidense. La primera, por parte de sus defensores, los gobiernos de los dos países, que insisten en presentarlo como un "Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado", y como una panacea para todos los males que afligen a la nación. La segunda, encabezada por diversas organizaciones políticas y sociales, entre ellas los sindicatos y numerosas ONG que se mueven en el ámbito internacional y nacional, que han insistido en que el Plan Colombia no haría más que incentivar la guerra y la crisis social debido a su carácter marcadamente militarista (2). Sin embargo, poca atención se ha prestado a los aspectos más preocupantes del Plan. Hay que partir del hecho de que su versión definitiva fue elaborada a partir de las apreciaciones de una comisión del gobierno norteamericano que estuvo dos meses en Colombia, y fue discutido y aprobado en el Congreso de los Estados Unidos antes de que se conociera siquiera en nuestro país. Ante el malestar expresado por varios sectores políticos por tan anómala situación, en especial algunos congresistas del partido liberal, el gobierno de Pastrana descalificó cualquier crítica con el argumento de que quien osara cuestionar el Plan era un enemigo de la paz y de la inversión social (Acosta, 2001: 70-73). EI Plan Colombia y la fumigación de cultivos ilícitos Uno de los aspectos más cuestionados del Plan Colombia ha sido su estrategia antinarcóticos, centrada en la fumigación aérea de cultivos ilícitos. Los graves efectos que ello causa sobre las condiciones de vida y de salud de la población, la destrucción del medio ambiente, de los cultivos de supervivencia y de las fuentes de agua, han sido objeto de denuncia permanente a nivel internacional. Tampoco podría dejar de mencionarse su impacto nefasto sobre las condiciones sociales de la región, que se expresa en el incremento del desplazamiento forzado de familias enteras hacia los países vecinos, pero especialmente al Ecuador. Según cálculos del mismo documento aprobado del Plan Colombia, cerca de 400.000 personas tendrían que salir forzosamente, por lo que se asignó un recurso de inversión social con el fin de proveer atención en campamentos para las familias afectadas. De acuerdo con un informe del Comité de los Estados Unidos para los Refugiados (USCR), una ONG estadounidense, en Colombia hay 2.45 millones de desplazados, de los cuales el 47 por ciento son mujeres y niños, lo que convierte al país en el segundo del mundo con la población más alta en desplazados internos, solamente después de Sudán. EI informe responsabiliza al Plan Colombia por el desplazamiento de más de 36 mil personas durante el 2001 y afirma que 42 pueblos fueron completamente abandonados durante este periodo (3). Sin duda, la fumigación aérea es una de las estrategias vitales del Plan Colombia. En abril del 2002, altos funcionarios del Departamento de Estado anunciaron que su país cancelaría los programas de sustitución de cultivos que venía financiando en Putumayo y Caquetá. Este programa de desarrollo alternativo aparecía como uno de los ejes del Plan Colombia, pero dos reportes oficiales de los Estados Unidos, uno de la GAO (Controladoría General del Congreso) y otro del Departamento de Estado, habían advertido que el programa no estaba funcionando (ARI, 2003: 10). Estas afirmaciones en torno al fracaso de la erradicación manual permiten entender e1 énfasis fundamental que le están proporcionando a la fumigación aérea. En este sentido, el Subsecretario de Asuntos Antinarcóticos del Departamento de Estado de EEUU, Rand Beers, había afirmado tiempo atrás en forma tajante: "Intensificaremos las fumigaciones", y agregó: "Sí, vamos a fumigar todo el país para que la gente entienda que está corriendo un riesgo" (4). EI giro hacia la cruzada antiterrorista En enero de 2000, la llegada al poder de la Casa Blanca del grupo de "los halcones", representado por el sector más conservador del Partido Republicano, trajo un fortaleci miento de la política represiva de los Estados Unidos frente al narcotráfico. Este sector está representado por el mismo presidente Bush y los altos funcionarios de su gobierno. Sin duda, los atentados del 11 de septiembre y la cruzada global contra el terrorismo, convertida en prioridad de la política exterior de los Estados Unidos, reafirmaron esa tendencia hacia una mayor represión. En consonancia con el giro que se presenta después de este episodio, los pronunciamientos de los funcionarios de Washington sobre Colombia empezaron a reflejar la nueva situación, y las FARC pasaron de ser una "organización narcotraficante" para convertirse en una guerrilla "terrorista" que amenaza la seguridad hemisférica (5). En medio de la feroz reacción desatada por los atentados de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de reforzar la lucha contra el terrorismo en toda la región. "Mi oficina está trabajando con las diferentes agencias del gobierno para diseñar una estrategia antiterrorista para Colombia y otros países andinos", afirmó por ese entonces el mismo Francis Taylor. Esta estrategia está diseñada para complementar el Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina (6). Meses después, los Estados Unidos y los países andinos se comprometieron a desarrollar una estrategia común de lucha contra los grupos terroristas que recurren al narcotráfico. Tal fue la decisión de la reunión sostenida entre los mandatarios de los Estados Unidos, Colombia, Perú, Bolivia y el vicepresidente de Ecuador, el 24 de marzo del 2002 en Lima. El apoyo a la Brigada XVIII para defender el oleoducto Cafio Limón-Covefias marcó un giro significativo de la política exterior hacia Colombia, al igual que el cambio que aprobó el Congreso de ese país frente al uso de la ayuda militar. En efecto, decidió destinar 98 millones de dólares a esta brigada, con el objeto de dotar y capacitar a cerca de 4000 soldados, así como para la adquisición de doce helicópteros, con el fin de darle movilidad a la brigada. Por último, en la trigésima segunda versión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, reunida en Barbados a comienzos de junio del 2002, se aprobó por absoluta mayoría una nueva Convención Interamericana contra el Terrorismo. Los países miembros de la OEA se comprometieron a incrementar su cooperación y a hacer más estrictos sus controles fronterizos, así como a confiscar los fondos y los bienes de los grupos identificados como terroristas. Un punto cardinal de esta convención, indudablemente el que más preocupa desde el punto de vista de los derechos elementa les de las personas, es que por primera vez se excluye los motivos políticos como causa para negar la extradición de alguien a quien se le acuse de un ataque terrorista, y los Estados se comprometen a negar asilo o estatus de refugiado a cualquier persona contra la cual existan "razones fundadas" para considerar que ha participado en terrorismo (7).
Notas
(2) Para conocer visiones en mayor o menor medida críticas sobre los distintos aspectos del Plan Colombia y de la
Iniciativa Regional Andina, ver los artículos de los libros: ÁLVAREZ, J. E. (compilador), EI Plan Colombia:
Ensayos críticos, Universidad Nacional de Colombia, 2001; IEPRI, EI Plan Colombia v la nternacionalización
del conflicto, Planeta, 2001; y ÁLVAREZ, J. E. (compilador), El Plan Colombia y la intensificación de la
guerra, Universidad Nacional de Colombia, 2002. |
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