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| 29 de agosto del 2005 |
El papel de la sociedad civil
Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA). Ecuador, agosto del 2005. Edición para Internet: La Insignia
Durante el 61º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, la relatora especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos de los migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro, reconoció el trabajo que llevan a cabo las asociaciones de inmigrantes, ONG, iglesias, sindicatos y asociaciones de juristas y les animó a continuar sus actividades de información, asesoramiento, protección y denuncia. En esa ocasión, la Relatora Especial recordó a los representantes de estas organizaciones que su labor es indispensable para el correcto funcionamiento de los mecanismos de protección de derechos humanos, como el nuevo Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares [2].
Y es esta última recomendación de la relatora especial la que nos brinda algunos elementos para el análisis y la reflexión, pues identifica los roles que las organizaciones de la sociedad civil y las iglesias desempeñan -a nivel local, regional e internacional-, desde hace algunos años atrás, en las áreas mencionadas. En igual sentido, luego de su visita a Ecuador, en noviembre del 2001, la relatora especial no sólo observó un alto nivel de organización en la sociedad civil, incluyendo a las asociaciones de migrantes y familias de los migrantes, sino que reconoció su capacidad de propuesta amplia y su conocimiento detallado de la realidad migratoria del país y sus efectos [3]. Por otra parte, la relatora especial observó que las acciones emprendidas por las organizaciones indígenas, sociales y campesinas, en sus negociaciones con el Estado ecuatoriano, también dieron paso a importantes compromisos del Gobierno durante el mandato del presidente Gustavo Noboa Bejarano. A su vez, la relatora especial valoró positivamente el diálogo entablado por la sociedad civil y el trabajo realizado de manera concertada con el Estado para la formulación del plan operativo de derechos humanos de los migrantes, extranjeros y refugiados, cuya puesta en práctica está pendiente. En las zonas de origen de la migración ecuatoriana, la relatora especial también observó el impacto positivo del trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las familias de los migrantes que se quedan en el país. La relatora especial consideró que el seguimiento de la situación de las familias, la orientación, la atención psicosocial y el acompañamiento que organizaciones como la Pastoral Social de Movilidad Humana brindan de manera concreta a estas familias es indispensable. Meses más tarde, durante su visita a la frontera común entre México y los Estados Unidos, en marzo del 2002, la relatora especial verificó la existencia de numerosos centros de atención al migrante gestionados por la sociedad civil en ambos lados de la frontera. También recomendó a las ONG que coordinen sus esfuerzos con las autoridades de migración para visitar regularmente a los migrantes en detención. En aquella oportunidad opinó que el acceso de las ONG a los lugares de detención era esencial para prevenir y denunciar posibles abusos e invitó a aquellas que trabajan en la frontera visitada a seguir ofreciendo apoyo legal y psicológico a los migrantes privados de su libertad. Esta amplia predisposición institucional de las organizaciones de la sociedad civil para acompañar, atender y defender a los migrantes y sus familias, también fue constatada por la relatora especial durante sus visitas oficiales a otros países, como Perú, Italia y España. La fortaleza de las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de la temática migratoria, como lo sostiene Mario Santillo, Director del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA), en Argentina, ha sido el contacto diario y directo con los migrantes, lo que les ha permitido desarrollar estrategias de ayuda y soluciones a los problemas más frecuentes que viven los y las migrantes. Así mismo, estas organizaciones han buscado actuar coordinadamente, para presentar observaciones, demandas y propuestas a los Gobiernos. El proceso no ha sido sencillo. Ha habido tropiezos, pero también se ha ido avanzando y consolidando algunas redes [4]. Desde 1996, cuando representantes de los Gobiernos de Centroamérica, República Dominicana, México, Estados Unidos y Canadá organizaron la Primera Conferencia Regional sobre Migración, en Puebla (México), las organizaciones de la sociedad civil decidieron reunirse paralelamente a los representantes gubernamentales, para debatir sus inquietudes sobre la protección regional de los derechos humanos de los migrantes. Posteriormente, los países de Sudamérica siguieron el mismo proceso. Desde la Primera Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, que se realizó en Buenos Aires, en el año 2000, algunas organizaciones de la sociedad civil han participado como observadores e invitadas especiales en las discusiones de los gobiernos. A partir de la tercera conferencia intergubernamental, en Quito, la participación de la sociedad civil ha sido más articulada y representativa. Así, en el 2002 se realizó el Primer Encuentro de la Sociedad Civil sobre Migraciones, donde se presentaron observaciones y demandas a los gobiernos de la región. Desde entonces, estos encuentros, paralelos a los de los gobiernos, han tenido lugar anualmente. El último fue en noviembre del año pasado, en La Paz, Bolivia, a propósito de la Quinta Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, donde las organizaciones de la sociedad civil de varios países convocaron el Encuentro Alternativo Sudamericano de Migraciones. Las organizaciones de la sociedad civil esperan que uno de los resultados de este proceso sea obtener de los Gobiernos el estatuto consultivo, con el propósito de propiciar y facilitar su participación e interlocución directa con las autoridades gubernamentales que toman las decisiones en materia migratoria. No obstante la importancia de estas iniciativas y propuestas provenientes de la sociedad civil, los parlamentos de la región han promovido limitadamente procesos similares, por lo que las acciones que la COPA pueda llevar adelante para incidir en las y los parlamentarios de las Américas, con el propósito de propiciar procesos de concertación y diálogo ciudadano, serían un aporte sustantivo que contribuiría a que el Estado y la sociedad civil aúnen esfuerzos que permitan la adopción e implementación de políticas públicas integrales sobre las migraciones. Reconociendo, por un lado, que la elaboración de las políticas públicas es responsabilidad del Estado y, por otro, las complejidades de este proceso, pues el problema se presenta al intentar hablar del Estado como un bloque en su percepción y acción política frente a las migraciones [5]. En efecto, según Mármora [6], a veces, dentro del Estado, las visiones sectoriales frente a las migraciones son distintas. Incluso se puede encontrar que, desde los sectores encargados de las políticas interna, externa, laboral, educativa, económica o social, las perspectivas no sólo pueden ser distintas, sino contradictorias. En todo caso, si bien el Estado es el actor principal en la caracterización de las migraciones, su diagnóstico es fundamental para la definición de esas políticas, aunque se debe reconocer la participación de otros actores, como un ejercicio democrático, dadas las implicaciones para los derechos humanos. Sobre este asunto, para concluir, cabe destacar que la Relatora Especial sostuvo en uno de sus informes que las políticas migratorias deben estar basadas en el diálogo y ser enriquecidas con las aportaciones de todas las fuerzas políticas e interlocutores sociales y que debe cuidarse, además, el diálogo entre las instituciones y la sociedad civil (asociaciones de inmigrantes, ONG, iglesias, etc.) [7].
Notas
[1] Coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S. J." (CSMM) y Representante en Ecuador del Observatorio Control Interamericano de los Derechos de los Migrantes (OCIM / PIDHDD). Correo-e: montesdh@andinanet.net |
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