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La insignia
25 de octubre del 2004


Emigración y desarrollo: implicaciones económicas (III)


__Especial__
Emigración
José Antonio Alonso (*)
La Insignia. España, octubre del 2004.


IV. A la búsqueda de una mayor complejidad

4.1.- Interpretaciones posteriores

El marco interpretativo de la emigración fue enriquecido con diversas aportaciones posteriores, en las que se asumieron supuestos más realistas y se incorporaron nuevas dimensiones y factores a la explicación. Tal es el caso, por ejemplo, del modelo que propone Todaro a finales de los años sesenta: un modelo concebido inicialmente para explicar la emigración del campo a la ciudad, pero que es fácilmente generalizable al caso de la emigración internacional. En concreto, Todaro (1968, 1969) y Harris y Todaro (1970) suponen que es la disímil retribución de la fuerza de trabajo lo que determina la emigración, pero no tanto la diferencia real en un momento dado del tiempo cuanto la diferencia en las rentas esperadas. Lo que obliga a comparar los valores actuales de la corriente de ingresos esperada en los puntos de origen y destino de la emigración, condicionada por la probabilidad de obtener trabajo en el lugar de acogida. Se incorpora así una cierta medición de las expectativas, vinculadas a la probabilidad de obtener empleo en el lugar de destino; que aparece, a su vez, condicionada por los niveles de desempleo existentes. De acuerdo con este planteamiento, si las rentas esperadas en el mercado de destino fuesen suficientemente elevadas, podrían compensar los costes asociados al subempleo (o desempleo) en una primera etapa del proyecto emigratorio.

A través de este planteamiento teórico se lograba compatibilizar la explicación teórica con ciertas regularidades observadas en el comportamiento migratorio de los países en desarrollo. En concreto, se admitía la compatibilidad entre la presión inmigratoria y la persistencia del desempleo en el país (o en el sector) receptor, se explicaba la existencia de un importante sector informal en la economía receptora, con salarios incluso más bajos que los del sector agrario de procedencia de los inmigrantes, y se asumía el prolongado marco temporal de la estrategia emigratoria, capaz de aceptar un período previo de baja renta en el lugar de destino a la espera de un mayor beneficio posterior. Se trataba, en todos los casos, de circunstancias que parecían acompañar la emigración rural-urbana en los países en desarrollo y que podían ser extendidas, sin excesivo esfuerzo, al caso de la emigración internacional.

La propuesta motivó un amplio debate, dando lugar a desarrollos posteriores, como los propuestos por Stiglitz (1974), Corden y Findlay (1975) o Cole y Sanders (1985). Buena parte del debate aludió al ambiguo respaldo empírico del modelo, en particular en lo que se refiere a la necesaria existencia de un diferencial notable y sostenido de los salarios entre el sector manufacturero y el sector informal en la economía receptora, al potencial crecimiento del desempleo urbano (y del sector informal) a pesar de la expansión del sector manufacturero, y a la duración del período admisible asociado a la búsqueda de empleo por parte del inmigrante. En particular, Cole y Sanders (1985) hicieron ver que con el diferencial de salarios existente entre los sectores manufacturero y rural en el mundo en desarrollo (el primero fácilmente duplicaba al segundo) y asumiendo una tasa de descuento de entre el 5% y el 15%, el tiempo de búsqueda de trabajo podría alcanzar valores cercanos a los cincuenta años: una magnitud que parecía claramente alejada de una previsión realista del fenómeno.

Pero, acaso, la principal crítica al modelo de Todaro provino de la consideración de nuevos aspectos en la función de decisión del emigrante: un ámbito en el que fue muy activa e influyente la contribución de Stark y de su equipo, desde el programa de Migraciones y Desarrollo de la Universidad de Harvard. Tres son las aportaciones genéricas de su trabajo: en primer lugar, considerar que en la emigración hay algo más que una respuesta a las diferencias salariales: puede ser, también, una estrategia apta para reducir los niveles de riesgo y vulnerabilidad de las personas; en segundo lugar, plantear que, aun cuando las opciones de emigrar son tomadas por agentes individuales, en su decisión se integran estrategias que transcienden al individuo, afectando a la familia y a la comunidad de origen; y, en fin, establecer que los fenómenos migratorios son una respuesta al carácter imperfecto de los mercados de capital. Veamos brevemente estos tres argumentos.

Si el diferencial de renta fuese el principal factor en la decisión de emigrar, debiera esperarse una relación directa entre el nivel de pobreza y la intensidad del fenómeno emigratorio. No obstante, lo que revela el análisis empírico es que no son necesariamente ni los países más pobres, ni los sectores sociales más pobres dentro de los países emisores los que nutren la corriente migratoria: lo que obliga a contemplar otros factores, además del diferencial de rentas, como causa de la emigración. Pues bien, Stark y Levhari (1982) y Katz y Stark (1984) sugieren que la emigración puede considerarse como una estrategia de elusión del riesgo por parte de la familia. Su propuesta puede resultar sorprendente, ya que siempre se ha considerado que el emigrante revela una menor aversión al riesgo que quienes renuncian a esa opción. No obstante, pudiera suceder que lo que aparece como una aventura en el ámbito personal responda a una estrategia agregada de reducción de los niveles de riesgo familiar, a través de la diversificación de las fuentes de ingreso de la unidad doméstica.

Es sabido que una de las dimensiones constitutivas de la pobreza es la vulnerabilidad de quienes la padecen: es decir, su mayor exposición al riesgo frente a la adversidad o frente a acontecimientos externos indeseados (enfermedad, sequía, desempleo, caída de los precios de los bienes producidos, etc.). Pues bien, enviar a uno (o a varios) de los miembros de una familia a la emigración constituye una estrategia apta para reducir los niveles de riesgo y vulnerabilidad del núcleo familiar, siempre que exista una baja covarianza entre la evolución de los ingresos en los mercados de origen y destino de la corriente migratoria. En ese caso a través de la emigración se diversifican las fuentes de ingreso de la familia y se reduce, por tanto, el grado de exposición que ésta tiene frente a acontecimientos inesperados. Obsérvese que en este caso la lógica de la decisión no es exclusivamente individual, sino familiar: la estrategia se define en función de las conveniencias agregadas del núcleo familiar (3). Una consideración de la que se deriva una observación relevante: los factores que determinan la emigración de determinados miembros de la familia son, con frecuencia, los mismos que explican la permanencia del resto en su lugar de origen.

La pertinencia de recurrir a la familia como unidad de referencia básica para el análisis de la emigración excede el rango de una mera hipótesis. La presencia y significación de las remesas, la intensidad de las comunicaciones de todo tipo entre el emigrante y su familia, el reparto de las obligaciones familiares (cuidado de los hijos y de la casa) por parte de quienes se quedan y el esfuerzo que el emigrante dedica a los procesos de reagrupamiento familiar son, entre otros, factores que confirman el compromiso familiar sobre el que se sustenta, en buena medida, la decisión de emigrar.

El Banco Interamericano de Desarrollo lo refleja en un reciente estudio sobre la emigración ecuatoriana: de acuerdo a sus datos, el 83% de los emigrantes declaran que viajan al exterior para "enviar dinero a su familia". Las relaciones familiares, por tanto, se redefinen, pero no se anulan ni se disuelven, como consecuencia de la emigración, dando lugar a la aparición de nuevas morfologías del núcleo familiar (las llamadas familias transnacionales).

En suma, parece difícil concebir la opción de emigrar como fruto de una decisión estrictamente individual: en gran medida, responde a una estrategia de tipo familiar (cualquiera que sea el concepto de familia que en cada caso se maneje). Como señalan Stark y Bloom (1985), a través de este planteamiento se desplaza el punto central de la teoría de la migración desde la independencia individual (optimización de unos frente a otros) a una opción cooperativa (optimización agregada de la familia); y se pasa a considerar la migración como una "estrategia calculada" y no como un mero "acto de desesperación o de optimismo sin límites".

Una variable cuyos efectos sobre la emigración son discutidos es el nivel de desigualdad que rige en la sociedad emisora. Para algunos autores, como Stark (1984) y Stark y Yizhaki (1988), existe una relación directa entre desigualdad y pulsión migratoria: a mayor desigualdad, mayor intensidad emigratoria para un nivel de pobreza dado. En palabras de Stark la carencia relativa se constituye en una de las variables explicativas de la emigración. Para otros autores, sin embargo, como Clark, Hatton y Williamson (2002), la desigualdad aproxima el diferencial en los niveles retributivos de los diversos niveles de cualificación, de modo cuanto mayor sea aquella, menor será el estímulo a la emigración de las poblaciones con mejores niveles de formación. La primera de las relaciones fue constatada para México por Stark y Taylor (1986), mientras que la segunda parece ajustarse a los resultados de Clark, Hatton y Williamson (2002) al estudiar la emigración de las diversas regiones dirigida a Estados Unidos.

En puridad, ambas interpretaciones no son tan contradictorias como pudiera parecer. Stark considera que la emigración puede verse estimulada por la conciencia del potencial emigrante de pertenecer a un colectivo que se encuentra en una situación de manifiesta carencia respecto al entorno de comparación en que se inserta (que puede ser su pueblo, su comunidad o su país) (4). Si existe suficiente movilidad social en el país de origen, semejante carencia no tendría por qué dar lugar a la decisión de emigrar, ya que la mejora social se podría alcanzar en su propio país de origen. No obstante, cuando esa movilidad no existe (es decir, cuando la desigualdad está enquistada y es crónica), la emigración se constituye en una de las pocas vías a la que pueden recurrir los desfavorecidos para mejorar su estatus social (y el de su familia).

Así pues, si existe suficiente movilidad social, es posible que los niveles de desigualdad, lejos de alentar la emigración se conviertan en un estímulo para la búsqueda de oportunidades de progreso en el propio país. Los estratos más bajos ven en las condiciones de vida de los estratos más altos la imagen en la que reflejar su posible futuro. En este caso se estaría ante la interpretación que sugieren Clark, Hatton y Williamson (2002), que sería tanto más plausible cuanto limitados fueran los mecanismos de exclusión de los estratos más pobres propios de esa sociedad.

En suma, no parece que la relación entre desigualdad y emigración sea ni simple ni lineal: la desigualdad aflora como factor explicativo de la emigración cuando aparece asociada a un cierto grado de carencia y de falta de expectativas de los afectados. Querría esto decir que es posible que en un país rija un apreciable nivel de desigualdad sin que ello alimente la emigración: i) bien porque el nivel de satisfacción de las necesidades, incluso de los menos desfavorecidos, sea suficiente (caso de un país desarrollado); ii) bien porque la dinámica de crecimiento que afecta al conjunto sea suficiente como para que se perciba una tendencia de progreso para todos los estratos de la renta (aunque ello no comporte correcciones significativas en los niveles de desigualdad); iii) bien porque haya suficiente movilidad en la sociedad como para alimentar expectativas de progreso para quienes ocupan los estratos inferiores de la renta. Dicho de otro modo, es en los países relativamente pobres (no necesariamente los más pobres), altamente desiguales (con carencias relativas para segmentos amplios de su población), con bajas expectativas de progreso (bajo o nulo crecimiento) y reducida movilidad (desigualdad crónica) donde la emigración se manifiesta de una manera más aguda.

Antes se ha aludido al hecho de que no son ni los países ni los sectores sociales más pobres los que en mayor medida emigran. Se trata de una conclusión a la que llegan los estudios de forma relativamente unánime (véase, por ejemplo, Hatton y Williamson, 2003): la propia decisión migratoria comporta la existencia de un determinado nivel de ingresos y activos que no siempre están disponibles para los sectores más pobres, de tal modo que existe una especie de umbral mínimo de renta requerido para emigrar.

Semejante resultado tiene una posible explicación en el ámbito económico, relacionado con la información imperfecta y asimétrica que caracteriza a los mercados de capital. En definitiva, si los mercados de capital operasen con información perfecta, las instituciones correspondientes (de crédito y de seguros) serían capaces de identificar los proyectos rentables, susceptibles de ser apoyados sin riesgo alguno para el retorno de la financiación concedida. De este modo, el potencial emigrante podría obtener la financiación y el aseguramiento necesarios para realizar su proyecto económico de mejora sin salir de su propio país. Si se recurre a la estrategia emigratoria como vía para el aseguramiento o para la acumulación de activos en la familia es porque el mercado de capitales no opera con esos criterios de eficiencia, alimentando procesos de exclusión que afectan a los sectores más pobres.

Semejante exclusión no está necesariamente motivada por una voluntad de discriminación social por parte de las instituciones financieras (aun cuando tal discriminación pueda existir en algunos casos): es consecuencia de la propia lógica operativa de los mercados de capital. Unos mercados que operan con transacciones de tipo intertemporal: se cede capacidad de gasto hoy a cambio de promesas de pagos futuras. Pero, el futuro es, por definición, impredecible, lo que hace que la información entre acreedor y deudor sea imperfecta y asimétrica. Por este motivo, el primero solicita del segundo algún activo patrimonial (los colaterales o garantías), de valor claro y seguro, que le defienda del potencial incumplimiento de las obligaciones derivadas del crédito. Sólo en caso de disponer de esas garantías se estará en condiciones de acceder al crédito. No obstante, los pobres suelen carecer de esos activos patrimoniales que se reclaman por parte del sistema financiero formal, por lo que son excluidos de los mercados de capital; y ello con independencia de la potencial rentabilidad de su proyecto inversor (5). Así pues, ante las dificultades para acceder al mercado de capital, la emigración se presenta como una estrategia accesible y viable para la obtención del aseguramiento y de los activos (e ingresos) que la familia necesita para el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Al tiempo que explica la emigración, este factor es relevante también para explicar la composición de la corriente emigratoria. Al fin, para emigrar se requiere disponer de un capital mínimo que cubra los costes del viaje, el pago a los intermediarios para la entrada en el país destino (coyotes, polleros, etc) y un fondo para la subsistencia hasta que se encuentre trabajo. Una estimación modesta nos habla de necesidades de pagos a los intermediarios que superan los 30.000 dólares para los emigrantes de China que se desplazan a Estados Unidos, de entre 4.000 y 10.000 dólares para los dominicanos que se desplazan a Europa, los 5.000 dólares para los iraníes e iraquíes que se desplazan a las diversas ciudades europeas o los 3.000 dólares para pasar del Norte de África a España. En buena parte de los casos se trata de un capital que supera las posibilidades de ahorro de los potenciales emigrantes, por lo que debe ser pedido a préstamo bien al sector financiero formal o, más frecuentemente, al sector informal (usureros) o a los propios intermediarios. Para obtener ese crédito se requieren bienes patrimoniales (propios o de la familia) en garantía: un factor que, de nuevo, excluye a los más pobres de la posibilidad de emigrar.

A ese factor habrán de sumarse las mayores dificultades (mayor riesgo, en suma) que los más pobres afrontan, como consecuencia de su, también, menor dotación de activos intangibles susceptibles de ser puestos en valor en el mercado destino. Es el caso, por ejemplo, de los niveles educativos, de adaptación a entornos de vida urbana o de experiencia de movilidad que suelen ser más bajos en los sectores más pobres. Factores que explican, todos ellos, que no sean los más pobres, sino los que están en el entorno o ligeramente por encima de la línea de pobreza, los que de forma dominante integran la corriente migratoria.

Ahora bien, si el potencial emigrante ha de acceder a una previa acumulación de capital (ahorro propio o préstamo) para afrontar la aventura migratoria, la pregunta podría ser ¿por qué no invierte ese capital en su propio lugar de origen, evitándose así la emigración? También la economía ofrece una primera respuesta a este interrogante, acudiendo para ello a las posibilidades que brinda la teoría de juegos (Ellerman, 2003). En su versión más simplificada podría explicarse acudiendo a los supuestos propios del dilema del prisionero, en el que se confrontan los beneficios de una acción coordinada frente a una estrategia autónoma (6). Este puede ser el caso, también, de ciertas situaciones migratorias: si todos los emigrantes decidiesen invertir sus ahorros y energías, de forma coordinada, en el país de origen es probable que la comunidad (o el país) emprendiese un proceso de mejora que hiciese innecesaria la emigración. No obstante, ante la desconfianza en las posibilidades de una acción coordinada, cada uno de los afectados opta por su solución particular a través de la emigración. La emigración se convertiría, de este modo, en la salida a una situación de carencia o necesidad cuando es poca la confianza que existe en las posibilidades de una acción coordinada (una acción colectiva, en suma) que afronte el problema.

Acorde con el marco doctrinal sugerido por Hirschman (1977), la emigración constituye una expresión de salida cuando se desconfía en las posibilidades de voz por parte de los afectados en su sociedad de origen. Siguiendo esta explicación, no es extraño, por tanto, que las presiones emigratorias se acentúen cuando coinciden con situaciones de desgobierno, de fragilidad institucional, de desarticulación social o de desconfianza colectiva. En estos casos la emigración se conforma, al tiempo, como una válvula de escape de las crisis sociales y como una denuncia silenciosa de la capacidad institucional de respuesta colectiva en los países de origen.

Este mismo planteamiento puede conducir a una conclusión notablemente desasosegante: bajo ciertas condiciones, la emigración puede anular las posibilidades de un país para acceder a ciertas opciones de transformación, ya que éstas se convierten en irrealizables por la misma sangría de recursos que la emigración comporta. En términos de Rosestein-Rodan (1943), la emigración puede imposibilitar que un país alcance un equilibrio de nivel superior, condenándole a permanecer en un equilibrio de bajo nivel (el propio de un país subdesarrollado) (7) .

Como se recordará, la teoría neoclásica sugiere que los movimientos de factores (capital o trabajo) tienen, a escala internacional, una función equilibrante. A través de la emigración, la mano de obra fluye desde los países donde ese factor abunda hacia aquellos en donde escasea: como consecuencia, se aproximan las condiciones de eficiencia y de retribución de ese factor a escala internacional. Esta función equilibrante parece que efectivamente operó en el caso de la emigración desde Europa hacia América del Norte en la primera oleada globalizadora, a juzgar por lo que apuntan algunos estudios históricos. De acuerdo con 0´Rourke y Williamson (1999), cerca del 60% de la convergencia en las condiciones de retribución de la mano de obra entre Europa y Estados Unidos a lo largo de la primera oleada globalizadora tuvo su causa en la intensa corriente migratoria entre ambos continentes. Pero, pudiera suceder que semejante resultado no fuese el único teóricamente posible.

Para ello, supóngase que existen complementariedades en el proceso inversor necesarias para alcanzar un equilibrio dinámico (de alto nivel); y supóngase que determinadas capacidades laborales del país fuesen necesarias para hacer viable semejante estrategia. A los residentes del país se les plantea una doble opción: i) podrían permanecer en el país, confiando en que el resto de los componentes de la estrategia van a estar disponibles y, como consecuencia, se podrá alcanzar el equilibrio dinámico (o de alto nivel), del que todos saldrán finalmente beneficiados; o bien, alternativamente, ii) podrían intentar una opción de mejora personal a través de la emigración. Cuanto mayor desconfianza se tenga en las posibilidades de una acción colectiva de calidad en el país de origen, más atractiva y razonable resulta la opción individual. El problema es que a medida en que se incrementa el número de individuos que emprenden esta opción, decidiéndose a emigrar, menores serán las posibilidades de éxito de una estrategia cooperativa encaminada a alcanzar un equilibrio de alto nivel. A su vez, la reducción de las expectativas de éxito colectivo anima a nuevos individuos a optar por la salida emigratoria, generando un proceso que se autoalimenta, condenando a la economía en cuestión a permanecer en un equilibrio de bajo nivel. Si este fuese el caso, la emigración lejos de actuar como un factor de equilibrio, actuaría como una fuerza tendente a alejar a la economía del objetivo de desarrollo, a través de una dinámica acumulativa.

Por último, a este conjunto de factores han de añadirse las recientes aportaciones de Borjas (1992, 1994 y 1995), insistiendo en la importancia que las redes familiares, los lazos étnicos y los vínculos culturales tienen en la explicación del fenómeno migratorio. En concreto, Borjas (1999) se plantea cómo es posible que, dados los niveles de desigualdad vigentes en el mundo, exista, sin embargo, tan poca migración (apenas un 3% de la población mundial). Dicho de otro modo, ¿cómo es posible que, por ejemplo, sea tan pequeño el flujo migratorio entre Etiopía y Suecia cuando su relación de rentas per capita en dólares es aproximadamente de 1 a 250? Para responder a este interrogante Borjas apelará al papel que las diferencias étnicas y culturales entre países (expresadas en las lenguas, tradiciones, marcos institucionales) tienen como barrera efectiva a la migración; y, al contrario, la eventual existencia de vínculos comunes y de redes de confianza entre los países emisor y receptor como un factor motivador de la decisión migratoria. Los lazos comunes y las redes de confianza constituyen una suerte de externalidad que aminora los niveles de coste y riesgo para el asentamiento del inmigrante en su lugar de acogida. Este factor es el que explica la existencia de núcleos de inmigrantes del mismo origen en entorno locales precisos, como en el caso de "Little Habana" en Miami, "Greektown" en Chicago, el barrio turco de Berlín o la concentración de ecuatorianos en Madrid.

La consideración de este aspecto revela los efectos que los procesos migratorios tienen sobre la dotación de capital social de los países emisor y receptor. La emigración comporta, en primer lugar, una pérdida de capital social en el país de procedencia, como consecuencia de la ruptura de lazos comunales que provoca: una especie de "fuga de capital social". Y un proceso de similar signo se producirá en el caso del país de acogida, al comportar la emigración elementos de heterogeneidad (diversidad de valores, costumbres, lenguas y culturas) que pueden debilitar lazos de confianza previos. Parte del capital social perdido se reconstruye en el ámbito más limitado de la comunidad de inmigrantes en el país de acogida, lo que actúa como un factor de seguridad para la inserción de los recién llegados. A partir de un determinado umbral, sin embargo, el incremento en el número de inmigrantes puede generar una pérdida en capital social en el país de acogida superior a la ganancia localizada en el seno de la comunidad de inmigrantes, lo que explicaría las resistencias a nuevas inmigraciones no sólo entre los locales, sino también entre los propios inmigrantes ya instalados (8). No obstante lo sugerente que pueda ser para interpretar algunos aspectos, esta interpretación, que fue desarrollada por Schiff (1998), está condicionada por la fragilidad teórica y la ambigua capacidad interpretativa del concepto de capital social en que se fundamenta.


Notas

(*) Catedrático de Economía Aplicada. Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).

(3) Por el momento se hará caso omiso de las desigualdades en el seno de la familia, incluidas las desigualdades de género, por cuanto lo que interesa no son tanto los procesos de decisión en su seno, cuanto su comportamiento agregado. Es bueno advertir, sin embargo, de la necesidad de considerar esas desigualdades para profundizar en el análisis social del proceso migratorio.
(4) Adviértase que la carencia relativa, aunque puede expresarse en los niveles de ingreso, puede exceder a ese limitado ámbito para incorporar todos aquellos factores que se consideran propios del estatus social (consideración, pública, prestigio, etc.).
(5) Para compensar esta discriminación nacieron los programas de microfinanzas, que tratan de potenciar el acceso a los mercados de crédito de los más pobres, adecuando los colaterales a aquellos activos que son accesibles a estos sectores sociales o promoviendo una garantía de carácter colectivo.
(6) Como es sabido, tal dilema expresa el problema que se plantea cuando existe contradicción entre las estrategias individuales autónomas y la que resultaría del interés cooperativo.
(7) La existencia de complementariedades en el proceso inversor explica la existencia de múltiples equilibrios en el proceso de desarrollo. Un aspecto planteado por Rosestein-Rodan (1943) como justificación de su doctrina del "Big Push". Para un planteamiento más actual véase Murphy, Shleifer y Wishny (1989).
(8) Lo que explicaría resultados como los que se recogen en una Latino National Political Survey de 1993 que revela que el 65% de los hispanos residentes en Estados Unidos se mostraba partidario de imponer límites a la futura inmigración (véase Schiff, 1998).



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