Luis Peraza Parga: Putin y el derecho internacional

Las cosas empiezan a ir mal desde el punto de vista del derecho internacional para el nuevo zar de todas las Rusias. Analizamos mucho la labor del emperador Bush II de Norteamérica pero no debemos olvidar al zar Vladimir Putin. El hombre que quiere utilizar el terrorismo chechenio como herramienta para cimentar una nueva dictadura, arrebatando el nombramiento de gobernadores a los ciudadanos y designándolos él mismo, también quiere acabar con el exceso de poder económico en otras manos que no sean las suyas.

Ya existe la primera resolución en su contra. El Comité de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, organización a la que pertenece Rusia, ha señalado el 18 de noviembre del 2004 que las circunstancias que rodearon el arresto y procesamiento de los ejecutivos de la petrolera Yukos son concluyentes para afirmar que los mismos fueron arbitrariamente escogidos por las autoridades rusas, violando el principio de igualdad ante la ley. El procesamiento tenía por objetivo "debilitar a un gran oponente político, intimidar a otros y retomar el control de estratégicos instrumentos económicos."

Además, varias visitas y entrevistas con los protagonistas han confirmado que existen interferencias graves en el proceso judicial que podrían constituir una violación al derecho a un juicio justo consagrado en el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, como la escasa atención médica a los ejecutivos, retrasos en la comunicación abogado cliente y la confiscación de documentos de la defensa. La negativa a obtener fianza que les permitiera salir de la cárcel después de concluir la investigación previa al juicio podría vulnerar las sentencias Kalashnikov contra Rusia y Letellier contra Francia de la Corte Europea de Derechos Humanos.

Para el comité, la cuidadosa preparación desde las relaciones públicas del embargo de la petrolera, combinado con la intimidación sufrida por parte de agencias del orden rusas, completan un cuadro de ataque coordinado por el Estado. El comité requiere la garantía de la plena independencia de los procedimientos judiciales en contra de los ejecutivos de Yukos, solicita a los fiscales que sean profesionales, imparciales y objetivos y a la Corte que asegure el efectivo acceso del público a las audiencias salvo cuando se cumplan las condiciones de la legitima necesidad del secreto. Desgraciadamente, sólo horas después de este informe europeo, Putin ha reafirmado su voluntad de liquidar, en su propio beneficio, excesivas veleidades de propiedad privada demandando a Yukos la cantidad de seis millones de dólares por supuesta evasión fiscal en el año 2003. Por otro lado, la mayor filial de Yukos, será subastada por orden de Putin finalizando el 2004 a un precio de partida muy por debajo de su valor real. El presidente de Yukos calificó esta última maniobra como un robo gubernamental para arreglar una cuenta política pendiente.

En enero del 2005 se debatirá el informe en el pleno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Los encarcelados ejecutivos de Yukos podrían presentar directamente una demanda contra Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, por las razones ya expuestas, alegando que el no agotamiento de los recursos domésticos se debe a la imposibilidad de que los tribunales rusos produzcan un juicio y una sentencia justa al ser vulnerables ante el omnímodo poder ejecutivo.