Guillermo Castro H.: Panamá: El camino a septiembre

Veinte años no es nada, decía el tango. Bastan, sin embargo, para llevar a una sociedad entera al borde del caos. En 1983 se consideró escandaloso que el 25% de la población panameña - unas 250 mil personas, entonces - viviera en la pobreza. Hoy vive en la pobreza cerca de la mitad de los habitantes del país, algo así como millón y medio de gentes. En esa circunstancia han tenido lugar las elecciones presidenciales del dos de mayo pasado, y desde ella hay que comprender sus resultados.

Lo que está en cuestión aquí es el legado - y las perspectivas - del ajuste neoliberal. 1984 fue el primer año en que el monto de los pagos por el servicio de la deuda externa superó al de los nuevos créditos que recibió el país por parte de las instituciones financieras internacionales. Hoy, Panamá dedica cada año al servicio de esa deuda cerca del 20% de su presupuesto estatal. Y el ministro de Economía de entonces, al servicio de un gobierno tutelado por los militares panameños, devino en el 2004 jefe de campaña del segundo más votado de los candidatos en estos comicios, el mismo que en 1989 llegó a la Presidencia de la República al amparo de la invasión militar estadounidense, transformado ahora en crítico de la corrupción manifiesta del Gobierno dirigido por sus correligionarios de antaño. Y este es apenas un ejemplo del singular tiovivo en que ha venido a convertirse la política panameña.

Al propio tiempo, aquí están ocurriendo novedades. Estas fueron, por ejemplo, las primeras elecciones realizadas en la historia de la República sin la presencia de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en el país. Y fueron ganadas por un joven profesional de 40 años, sin fortuna personal, que revirtió así su propia derrota en las elecciones de 1999, y obtuvo para su Partido Revolucionario Democrático, el más numeroso del país, una votación que duplicó el número de sus adherentes. De hecho, Martín Torrijos supo captar en lo más esencial el adagio que advierte que el problema de los jóvenes de hoy son los jóvenes de ayer, y hacer de su juventud y su limitada experiencia en la gestión pública elementos de gran atractivo para un electorado llevado a un punto de irritación en el que lo bueno por conocer resultaba mucho más atractivo que lo malo, tan conocido, de las edades y experiencias que sus adversarios invocaban en su propio respaldo.

La contienda desembocó, además, en un repudio masivo a los sectores más conservadores de todos los partidos políticos involucrados, incluyendo el del candidato ganador. Así, se ha producido en todo el país una amplia renovación de las autoridades municipales, acompañada de la derrota de un importante número de legisladores que aspiraban a la reelección, lo que a su vez significó el retiro de escena de todo un contingente de políticos de la vieja generación.

Con todo, hay importantes diferencias en la lectura de estos hechos. Por un lado, los expertos de todos los partidos coinciden en que, superado el trámite electoral, los problemas fundamentales del país siguen siendo la modernización del Canal, la reforma de la seguridad social y el aprovechamiento de los miles de empleos que (dicen) creará un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Por el otro, el Presidente electo señaló la necesidad de establecer un nuevo pacto social en Panamá, sin que nadie entre quienes son (o pretenden ser) alguien pareciera percatarse de que introducía así en el debate político un tema de indudable novedad.

Para los próceres del neoliberalismo de la década de 1990, el entusiasmo de los primeros meses de gobierno sirvió para sorprender a sus sociedades - y divorciarse de ellas - con la aprobación de las leyes necesarias para una reforma económica que ni había sido ofrecida ni había sido debatida claramente en el proceso electoral. El pacto que propone Torrijos, sin embargo, tendría que apuntar más bien a convertir la mayoría electoral que obtuvo el 2 de mayo en la base social de una gestión de gobierno de cinco años.

Los problemas del país, en efecto, ya no pueden ser encarados con los métodos propios del despotismo democrático imperante en la formación de decisiones de política en Panamá. Así, por ejemplo, si bien hasta ahora no hay un rechazo significativo a un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, cada vez son más los sectores -como los productores agropecuarios, los industriales y los profesionales independientes- que piden participar en el proceso de negociación para proteger sus propios intereses. El debate sobre la modernización del Canal, por su parte, ha desbordado el terreno de las opciones de ingeniería para incluir los costos financieros y sociales, el impacto ambiental y el beneficio a largo plazo para la sociedad en su conjunto. Y la reforma de la seguridad social reclama una salida que encare los males del sistema en su relación con los de la economía, antes que descargar sus costos sobre los trabajadores.

El presidente electo aún deberá esperar hasta el 1 de septiembre para tomar posesión de su cargo. Esta vez, sin embargo, el país espera, más que un cambio de gobiernos, una transformación en el estilo de relación entre gobernantes y gobernados, que permita renovar a la política misma como actividad ciudadana en Panamá. De la calidad del pacto social que se empiece a construir - o no - a lo largo de estos 120 días dependerá la capacidad del nuevo gobierno para trabajar con las grandes mayorías nacionales en la creación de las oportunidades de cambio que el país reclama. De aquí a septiembre, Martín Torrijos deberá optar entre los riesgos de hacer camino al andar, y los de no salir del punto de partida, con todos los peligros que eso entraña en el marco de una crisis que ya se prolonga en demasía.