Mario Roberto Morales: Guatemala: Autoritarismo e interculturalidad (III)

La lucha guerrillera en la Guerra Fría

En 1960 gobernaba el país un senil general corrupto de nombre Miguel Idígoras Fuentes, quien había accedido al pedido de Estados Unidos de prestar el territorio guatemalteco para que pilotos mercenarios se entrenaran y lo usaran como base para invadir la Cuba castrista. Un puñado de oficiales del Ejército, entrenados en contrainsurgencia en academias estadounidenses, se rebelaron contra esta medida, que consideraron como una afrenta a la soberanía nacional y una deshonra para la institución armada, y propiciaron un golpe de Estado que fracasó. Idígoras entonces ofreció una amnistía a los alzados, muchos de los cuales se acogieron a ella, pero unos cuantos no lo hicieron y se refugiaron en las montañas del oriente del país y de Honduras, constituyéndose así en el primer núcleo guerrillero que iniciaría una lucha armada que habría de durar 36 años. Este alzamiento fracasado ocurrió el 13 de noviembre de 1960.

Para entonces, el Partido Comunista (llamado Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT) funcionaba en la clandestinidad. Sus dirigentes lograron contactar en Honduras a los jefes militares del fallido alzamiento del 13 de noviembre -cuyos más destacados miembros eran Marco Antonio Yon Sosa y Luis Augusto Turcios Lima- y les proporcionaron algunos cuadros políticos y militantes del ala juvenil del partido (la Juventud Patriótica del Trabajo, JPT), entre quienes se contaba a César Montes, con lo que las guerrillas, llamadas Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13), empezaron su accionar guerrillero en el oriente y en la ciudad, en 1962, bajo las banderas del socialismo y pronunciándose contra la oligarquía, el Ejército y el imperialismo. Los primeros guerrilleros guatemaltecos fueron pues una extraña mezcla de militares contrainsurgentes entrenados en Estados Unidos y comunistas estalinistas auspiciados por la Unión Soviética.

De 1962 a 1966, las guerrillas del MR-13 comandadas por Yon Sosa, y luego (debido a la primera de muchas escisiones posteriores) las de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), comandadas por Luis Turcios Lima y César Montes, mantuvieron en jaque al Ejército y la policía en su lucha por el socialismo, ya abiertamente influida por Cuba. El foquismo guerrillero, sin embargo, pronto dio muestras de debilidad junto al juvenilismo indisciplinado de muchos de los imberbes guerrilleros, y Turcios Lima fue asesinado en 1966, aparentemente en una conspiración orquestada por la CIA a través de militantes traidores del PGT, partido con el que las FAR se habían distanciado en el marco de la polémica entre los partidarios de la lucha armada guerrillera y quienes abogaban por la lucha pacífica de masas como principal forma de lucha revolucionaria. Es decir, en el marco de la lucha ideológica entre los partidos comunistas burocratizados y los jóvenes guerrilleros inspirados tanto en el guevarismo y el fidelismo cubanos como en la exitosa lucha de los vietnamitas.

La muerte de Turcios Lima fue el principio del final del primer ciclo armado guerrillero guatemalteco. En 1968, la actividad rebelde había prácticamente terminado después de una campaña contrainsurgente en la que fueron asesinadas miles de personas en el oriente del país, y que fue lanzada desde la base militar de Zacapa por quien llegaría a ser presidente de la república en 1970: el entonces coronel (y posteriormente general) Carlos Arana Osorio. Termina así la etapa foquista del movimiento armado, y se inicia un proceso de enriquecimiento ilícito de la cúpula militar que, por medio de Arana, accede a grandes extensiones de tierras y entra de lleno en el negocio de las finanzas y otras inversiones, inaugurando una casta de nuevos ricos que se expande al amparo de la corrupción y la impunidad de la burocracia estatal y castrense (Morales, La ideología).

Un segundo ciclo armado empezó a principios de los años setenta, esta vez desde el occidente del país, en zonas de población indígena, impulsado por algunos cuadros guerrilleros que sobrevivieron a la primera etapa armada y quienes habían fundado dos nuevas organizaciones guerrilleras, además de las FAR y el PGT: el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y la Organización del Pueblo en Armas (ORPA). Hubo organizaciones más pequeñas, como la surgida de una escisión producida por luchas ideológicas y de poder en el seno de la organización Regional de Occidente de las FAR (que después sería la ORPA), y que se llamó Movimiento Revolucionario del Pueblo Ixim (MRP-Ixim), la cual fue perseguida por la ORPA y el EGP, ocasionando con ello el asesinato de sus dirigentes por el Ejército.

La estrategia escogida esta vez no fue la del foquismo sino la de la guerra popular prolongada, inspirada en la lucha vietnamita, y contando para ello con la población indígena del altiplano noroccidental, que fue reclutada masivamente no gracias a los planteos marxistas-leninistas de los dirigentes guerrilleros ladinos, sino por obra de la labor catequizadora de una organización llamada Acción Católica, que profesaba los principios de la Teología de la Liberación y que contaba con un trabajo de base previo en las comunidades indígenas. Las hostilidades fueron iniciadas por un nucleo guerrillero ladino a principios de los años setenta en la región de Ixcán, el cual realizó "ajusticiamientos selectivos" de finqueros y comisionados militares, con el objetivo de provocar y atraer al Ejército al área escogida para empantanarlo en una guerra de desgaste de la que no pudiera salir sino en el largo plazo (Payeras).

A esta estrategia el Ejército respondió con capturas y torturas selectivas, y con una intensa labor de inteligencia e infiltración de las filas guerrilleras que lo llevó a diseñar una contraofensiva según el modelo seguido por el ejército estadounidense en Viet Nam, consistente en "quitarle el agua al pez", es decir, aniquilar la base civil de apoyo a las guerrillas (en este caso, las comunidades indígenas) e indoctrinar a los sobrevivientes en aldeas estratégicas o campos de concentración, que en Guatemala se llamaron "polos de desarrollo" (Black).

En enero de 1982 las organizaciones guerrilleras se coalicionan, por presiones de Cuba, en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), y al mismo tiempo el Ejército lanza de lleno su ofensiva contrainsurgente, para lo cual perpetra un golpe de Estado contra el general en turno y pone a Efraín Ríos Montt en la jefatura de facto del Ejército y del Gobierno. En los siguientes meses ocurren reiteradas masacres de población civil indígena en el campo, y de estudiantes, profesionales universitarios y obreros en las ciudades, de modo que ya a mediados de ese mismo año las guerrillas estaban neutralizadas en sus posibilidades de lograr siquiera un equilibro de fuerzas con su enemigo. Para 1984, se calcula que la cauda de muertos oscilaba entre 100 y 200 mil. Los desplazados internos eran un millón, y los emigrados hacia México y otros países unos 250 mil. La gran mayoría comprendida en estas cifras era indígena.

Esta estrategia contrainsurgente se vio favorecida por un error estratégico de la guerrilla, el cual consta en los documentos de la época (Harnecker), consistente en que sus dirigentes dejaron inerme a la población civil cuando el Ejército realizaba sus incursiones punitivas de "tierra arrasada", y no la movilizaba ni la armaba ni le ofrecía vías de escape o formas de resistencia. Buena parte de la población indígena se sintió entonces traicionada por la guerrilla y, como estaba siendo perseguida por el Ejército, reaccionó en contra de la izquierda y de la religión católica (en su versión de la teología de la liberación), volcándose hacia el colaboracionismo con los militares y hacia las sectas fundamentalistas protestantes de Estados Unidos, cuyas iglesias -por intermediación de Ríos Montt- evangelizaron a los sobrevivientes de las masacres ofreciéndoles un culto alegre, musical y salpicado de catarsis de avivamiento, en el que se podía obtener rápidamente poder comunitario como pastor evangélico, todo lo cual contrastaba con el aburrido e incomprensible culto católico, cuyos sacerdotes-guerrilleros-profetas de la teología de la liberación aparecían ahora como mentirosos y traidores (Carmack, Guatemala: cosecha. Stoll, Between).

Tanto los testimonios indígenas de las víctimas de la "tierra arrasada" como las conclusiones de los informes de las comisiones de la verdad documentan la responsabilidad compartida por el Ejército y la guerrilla en lo referido a las masacres, a evidentes infiltraciones en las cúpulas dirigenciales de los grupos guerrrileros, y en relación a los extraños desenlaces finales del conflicto armado, el cual se prolongó artificialmente hasta 1996 (año en que, en circunstancias de una secretividad sospechosa, se firmó la paz) porque así convino a las partes en conflicto. Por un lado, el Ejército justificaba ayudas militares y presupuestos abultados mediante la admisión de la existencia de guerrillas izquierdistas en el país, aunque estuvieran neutralizadas militarmente desde 1982. Y por el otro, la URNG justificaba la solidaridad internacional de iglesias, gobiernos y organismos de financiamiento internacionales que creían en los falsos informes militares que elaboraba desde México, Costa Rica y Cuba, según los cuales la guerrilla estaba "ganando la guerra" en Guatemala (CEH. Stoll, Rigoberta. Morales, La articulación; Stoll-Menchú).

Una paz dudosa

La última fase del plan contrainsurgente del Ejército contemplaba la instauración de la democracia mediante elecciones libres, y también el retiro paulatino de los militares del poder del Estado para consolidarse en los organismos de inteligencia a fin de perpeturar el control poblacional y territorial obtenido militarmente durante el conflicto armado. Como parte de sus acciones de inteligencia militar, a fines de los años 70 el Ejército había creado una estructura secreta para interceptar cargamentos de armas para las guerrillas. Esta organización creció y sirvió de instrumento principal para penetrar instituciones del Estado desde donde sus responsables coordinaron acciones de contrabando de mercancías y personas, narcotráfico, robo de autos, de bancos y secuestros. El crimen organizado se apoderaba así del Estado mediante estructuras militares paralelas de poder que crecían al amparo de la institucionalidad "democrática".

El primer gobierno no-militar de la contraisurgencia fue el del abogado Vinico Cerezo, quien instauró una tradición política de corrupción civil basada en la manipulación de la recién estrenada institucionalidad democrática para promover el enriquecimiento ilícito de grupos de clase media enquistados en el Estado. Esta tradición fue desarrollada hasta extremos escandalosos por el siguiente presidente civil, el evangélico Jorge Serrano, quien fue defenestrado por un movimiento ciudadano en 1993. Los poderes militares paralelos ejercían el poder detrás de las fachadas civiles, y los presidentes y sus gabinetes se prestaban al juego a cambio de su enriquecimiento acelerado.

Después de estos hechos y en vista del reordenamiento mundial que implicó el fin de la Guerra Fría, la oligarquía criolla decidió retomar el control del Estado enarbolando la bandera contra la corrupción por medio de la promoción de la democracia, y se lanzó de lleno al quehacer político, el cual durante mucho tiempo había dejado en manos de las capas medias. El éxito fue arrollador porque el electorado pensó que, tratándose de una elite de millonarios, los miembros de la oligarquía metidos a políticos no usarían el Estado para enriquecerse. Las elecciones de 1995 fueron, pues, ganadas por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y por su dirigente, el oligarca criollo Alvaro Arzú, quien al tomar el poder sustituyó su plan de desarrollo económico por la ayuda de la cooperación internacional, haciendo depender de los organismos internacionales de financiamiento gran parte del quehacer de la sociedad política. Como consecuencia, Arzú tuvo que promover la firma de la paz con la guerrilla (un requisito de la comunidad internacional), pero también impulsó privatizaciones escandalosamente fraudulentas de activos estatales, inaugurando una forma de corrupción de altos vuelos empresariales, envasada en los dogmas de la "teoría" neoliberal: una moda intelectual que sirvió de divisa a los empresarios jóvenes que vieron en ella la legitimación ideológica de sus necesidades sectoriales de modernización económica y política.

La paz se firmó, pues, a finales de 1996, en circunstancias oscuras. La secretividad de las negociaciones, así como la negativa de las partes a la participación de la sociedad civil en las mismas, las evidenciaron como componendas entre jefes militares que, mediante pactos secretos, se eximieron mutuamente de sus responsabilidades en la guerra sucia. Por otra parte, la URNG negoció la paz desde una posición de desventaja pues estaba militarmente derrotada desde hacía más de cuatro años. El papel no sólo decisivo sino de presión que jugó la comunidad internacional por medio de la representación local de Naciones Unidas (proclive a los intereses de la dirigencia de la URNG), eviedenció aquella negociación como un simulacro de reconciliación encaminado a echar a andar un proyecto bipartidista compartido por la derecha empresarial y la cúpula ex guerrillera (proyecto que convenía a las planificadas inversiones de la Unión Europea y de Estados Unidos), el cual muy pronto se reveló en toda su ineficacia, además de que ciertos pactos secretos entre la guerrilla y el Ejército durante las negociaciones de la paz se hicieron públicos. De hecho, la firma de la paz constituyó la mayor estafa política que las cúpulas de poder han perpetrado contra la ciudadanía, y la mayor fuente de frustración política ciudadana desde el derrocamiento de Arbenz y el truncamiento del proceso de modernización del país (3).

Después de la firma de la paz -que implicó el entronizamiento de la injerencia foránea en los asuntos internos del país por parte de la cooperación internacional, la cual codicionó a las partes a firmar los acuerdos a cambio de dos mil millones de dólares para financiar la pacificación-, la URNG fue incapaz de articularse como una opción partidista debido no sólo a su estricta obediencia a los pactos secretos contraídos con los militares en una negociación a la que llegó derrotada, sino también a su conocida ausencia de democracia interna y a su inveterado centralismo militarista, de modo que hoy por hoy es una fuerza política minoritaria y desprestigiada ante el grueso de la que fue su militancia y ante la comunidad internacional que una vez la apoyó. Su desprestigio se desprende asimismo de la adhesión que su dirigencia ha profesado en varios sentidos a Ríos Montt, quien gobernó el país desde la presidencia del Congreso de la República por medio de su partido, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), a partir de que su testaferro Alfonso Portillo ganara las elecciones contra el PAN (al que electorado dio un voto de castigo por su corrupción privatizadora) y quedara de presidente en el año 2000, con el apoyo de los poderes militares paralelos que gobiernan desde la clandestinidad. En efecto, son conocidas por la ciudadanía las mociones congresionales en las que los diputados de la URNG apoyaron a los del FRG en sus propuestas de modificación de la Constitución para favorecer la libre candidatura de ex golpistas y ex cabecillas de movimientos armados, todo lo cual convenía a las aspiraciones presidenciales tanto de Ríos Montt como de Rodrigo Asturias y otros dirigentes de la URNG.

Notas

(*) Mario Roberto Morales (Guatemala, 1947) es escritor, académico y periodista. Ha publicado dos volúmenes de ensayo académico: La ideología y la lírica de la lucha armada (1994) y La articulación de las diferencias o el síndrome de Maximón (1999 y 2002). También varias novelas: Los demonios salvajes (1977 y 1993), El esplendor de la pirámide (1986 y 1993), Señores bajo los árboles (1994), publicada en inglés como Face of the Earth, Heart of the Sky (2000), El ángel de la retaguardia (1997) y Los que se fueron por la libre (1998), así como un libro de relatos breves, La debacle (1969 y 1998), y una colección de poemas, Epigramas (1990). Es coordinador de la Edición Crítica de los Cuentos y leyendas de Miguel Ángel Asturias, en la Colección Archivos (2000), y del volumen colectivo Stoll-Menchú: la invención de la memoria (2001). Es doctor en literatura y cultura latinoamericanas por la Universidad de Pittsburgh, y profesor de su especialidad en el Programa Internacional de Posgrado del Departamento de Lenguas Modernas de la University of Northern Iowa. También es autor de cuatro libros escolares y columnista del diario guatemalteco Siglo Veintiuno y de La Insignia.

(3) La firma de la paz se vio vulnerada en su credibilidad ante la opinión pública debido a lo que se conoció como "el caso Mincho". Después de acordado el cese de hostilidades así como el consenso de no considerar de entonces en adelante las acciones de la guerrilla como actos de guerra sujetos a la amnistía política sino como actos de delincuencia común remitibles al sistema de justicia local, la Inteligencia Militar hizo público el secuestro de la millonaria octogenaria Olga de Novella, esposa de uno de los propietarios del monopolio "Cementos Progreso", por parte de un comando de la ORPA al mando de Isaías, miembro de la dirección de ese grupo guerrillero. Isaías había sido capturado, según informaron los militares, y luego fue canjeado por la señora Novella por decisión del Presidente de la República, Alvaro Arzú, también perteneciente a una de las familias de la oligarquía local. Como resultado de esta acción de la Inteligencia Militar, la URNG se vio obligada a retirar de la mesa de negociaciones de paz a Rodrigo Asturias, comandante en jefe de la ORPA, por violar los acuerdos hasta entonces concretados. Poco después se supo que en la acción en la que efectivos del Estado Mayor Presidencial -EMP- habían capturado a Isaías, también había sido apresado otro guerrillero llamado Mincho, cuya existencia fue negada por la ORPA, por la URNG en pleno, por el Ejército y por el Gobierno. La negación por parte de todos de la existencia misma de Mincho, cuyas fotos fueron conocidas ampliamente por la opinión pública y cuya familia lo reclamó en un principio (para luego caer en un misterioso silencio y posterior ausencia del país), evidenció que existían pactos secretos que se habían realizado entre la guerrilla y el Ejército durante las negociaciones de paz. Trascendió entonces que estos pactos tenían que ver con repartirse equitativamente cierta parte de la ayuda prometida por la cooperación internacional para poner en práctica los acuerdos de paz (dos mil millones de dólares), encubrir mutuamente los crímenes de guerra sucia (esto ha quedado demostrado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico), y realizar tres secuestros (uno por las FAR, otro por el EGP y otro por la ORPA) para asegurar el retiro de sus comandantes en jefe. Los dos primeros se realizaron exitosamente, supervisados por la Inteligencia Militar. En el caso del fallido secuestro de la ORPA, ocurrió que el general Efraín Ríos Montt descubrió, por medio de personal suyo infiltrado en el EMP, que los dos primeros secuestros ya se habían realizado y que el de la señora Novella estaba en fase de negociación, y amenazó con hacer todo esto público, de modo que la inteligencia militar no tuvo más remedio que montar la puesta en escena de la captura de los negociadores Isaías y Mincho, quienes se entendían con los militares representando a la dirección de la ORPA. Como dijimos, Isaías fue canjeado por la señora Novella, pero Mincho simplemente "desapareció". La versión que circuló entonces fue que el guerrillero había sido asesinado durante una sesión de tortura por los militares, cuando se opuso al canje de la secuestrada y a la puesta en escena que salvó la vida de Isaías, seguramente en un acto de lealtad hacia su jefe que, ante el simulacro propuesto, se quedaría sin su pensión de guerrillero retirado. El texto de los acuerdos de paz en los que se asienta que no se deducirán responsabilidades judiciales a las partes por los crímenes de guerra, evidencia también la existencia de los pactos secretos que estallaron con el "caso Mincho", quien se convirtió en un cadáver que se negaba a morir debido a su presencia constante en los medios masivos durante los meses que siguieron al hecho. Estos pactos colocan la estafa política, la componenda de cúpulas de poder y la impunidad en la base de la firma de los acuerdos de paz. En 1997, a su regreso a Guatemala con miras a ser candidato presidencial, Rodrigo Asturias admitió por fin la existencia de Mincho y su militancia en la ORPA. Era demasiado tarde (Morales, La articulación 92-93).