Luis Peraza Parga: Cooperación penal internacional en la antigua Yugoslavia

El pasado siete de mayo se produjo una comparecencia excepcional en el Consejo de Europa del presidente del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, el estadounidense Teodoro Meron. Habló sobre la cooperación de las distintas democracias surgidas de la desintegración de Yugoslavia, miembros plenos del Consejo con la Corte que preside y que enjuicia responsabilidades individuales de violaciones graves del Derecho Internacional humanitario cometidos en los Balcanes a principios de la década de los noventa. En concreto, persigue a personas, sólo físicas, autores de graves violaciones de las Convenciones de Ginebra de 1949 y del derecho y costumbre de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad cometidas en la Antigua Yugoslavia desde 1991. La obligación de cooperar con el Tribunal es clara, se desprende de su propio Estatuto y se reiteró en la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 26 de marzo del 2004 especificando que "todos los estados, especialmente Serbia y Montenegro, Croacia, Bosnia Herzegovina y su República de Srpska, intensifiquen la cooperación y otorguen toda la necesaria asistencia al Tribunal."

Acto seguido, desglosó uno por uno la situación de la cooperación con estos países.

Empezó con Serbia y Montenegro y se remitió, en todo momento, a informes proporcionados por la fiscal del Tribunal, Carla Del Ponte, en la que estima la cooperación de esta siempre cambiante República, al menos de nombre, como cercana a la inexistencia debido a su omisión asistencial casi estructural. Incluso empeoró a raíz de las elecciones parlamentarias de diciembre del 2003 en Serbia. Las nuevas autoridades han restado públicamente importancia a la cooperación, señalando que no contribuye a la estabilidad del país. Incluso se ha obstaculizado burocráticamente el ya de por sí exiguo nivel de comunicación alcanzado, inexistente a altos niveles. Las materias donde la cooperación es esencial, verbigracia, detención y puesta a disposición del Tribunal de fugitivos, la ejecución de órdenes de detención emitidas desde La Haya, la petición de explicación cuando no se ejecutan, de su acceso a los testigos y su testimonio y a los documentos son inexistentes para Serbia. Para señalar esa negligente y dolosa falta de cooperación subraya que quince fugitivos del Tribunal, entre ellos Karadzic y Mladic y autores de la masacre de Srebrenica de 1995, residen de manera permanente o viajan frecuentemente a Serbia y Montenegro. Dificulta con ilegales permisos las entrevistas del fiscal con los testigos y evita conceder inmunidad para que testifiquen en La Haya sin miedo a ser perseguidos domésticamente por revelar secretos de estado. La intimidación de testigos es moneda corriente y a pesar de estar protegidos por el Tribunal, dos personas que participan en el juicio contra Milosevic han sido amenazadas por fuerzas de seguridad de Serbia. La cooperación en cuanto a entrega de documentos casi siempre ha tenido que ser forzada mediante órdenes judiciales.

En el caso de Croacia, la cooperación ha aumentado en los últimos meses y se han producido numerosos casos de entrega voluntaria de sospechosos ante el Tribunal después de que Croacia tramitara en tiempo y forma sus órdenes de captura, y permitiera entrevistas con testigos potenciales y el acceso a documentación interna. Además, adoptó la ley de protección de testigos y la única mancha negra se encuentra en que las autoridades todavía no han detenido, ni entregado, al fugitivo internacional Ante Gotovina. Sin embargo, organismos internacionales de la talla de la OSCE y de la Comisión Europea opinan que si bien las autoridades croatas parecen decididas a mejorar las condiciones de enjuiciamiento de crímenes de guerra en sus tribunales nacionales, todavía no existe un único rasero de responsabilidad penal aplicado a los que comparecen ante los mismos sin tomar en consideración la nacionalidad del acusado y sus supuestas víctimas.

En cuanto a Bosnia Herzegovina, se produjo el 14 de abril del 2004 una declaración conjunta de las autoridades de la Federación de Bosnia Herzegovina y de la República Serbia de Bosnia (cuyo creador artificial fue Naciones Unidas, a través del diplomático español Carlos Westendorf) en donde se comprometen a realizar el máximo esfuerzo de cooperación con la Corte. Sin embargo a pesar de los intentos realizados últimamente por las fuerzas de seguridad de la República Serbia de Bosnia, no se ha conseguido aprender a fugitivos que se sabe que residen en su interior. En la antigua República de Macedonia, la fiscalía lleva a cabo investigaciones sobre crímenes cometidos en el 2001, lo que confirma la inexistencia de ámbito temporal a futuro en la jurisdicción del Tribunal, a diferencia del otro Tribunal Penal Internacional ad hoc de Ruanda que establece como ámbito temporal sólo el año 1994. Eslovenia, que por algo forma parte de la Comunidad Europea desde su última ampliación de mayo del 2004, nunca ha presentado problemas de colaboración con la Corte, a lo que debemos añadir la afortunada circunstancia de las escasas semanas que duró en su territorio la guerra civil.

En un ejemplo de excelsa colaboración al interior del Tribunal Penal internacional para la Antigua Yugoslavia, su presidente ha prestado su voz a los reclamos que desde hace años viene reivindicado la fiscal Carla Da Ponte en lo que parte de la doctrina opina una burla a la justicia penal internacional de autoridades que amparan y actúan en connivencia con protagonistas de execrables actos de inhumanidad. Qué mejor foro para verter estas justas reivindicaciones que la auténtica casa europea de la democracia y el estado de derecho, es decir, el Consejo de Europa que acoge a todas estas naciones rebeldes, en la manera descrita, de la justicia internacional.

En estos días, Noruega estrena presidencia rotatoria en el Comité de Ministros del Consejo de Europa y ha señalado como una de sus prioridades implicar a la Organización en la prevención de conflictos en particular a través de medidas que promuevan el buen gobierno y un mayor entendimiento entre culturas y religiones. No se me ocurre mejor laboratorio para llevar adelante estas propuestas que la antigua Yugoslavia. Debe obligar, a todas estas naciones surgidas de la guerra civil balcánica, incluso bajo amenaza de suspensión de membresía del Consejo de Europa, a saldar cuentas con su pasado; no se puede hablar de verdaderas democracias con criminales contra la humanidad campando por sus respetos y amparados por gobiernos que legitiman tan bárbaras conductas y que incluso comparten encubiertamente la execrable limpieza étnica.

Naciones Unidas creó el instrumento judicial, pero los países involucrados y los organismos que albergan son los que pueden conseguir que la justicia penal internacional se afiance para conseguir la paz y estabilidad entre los pueblos y que los Balcanes nunca vuelvan a ser escenario de otra guerra.