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| 24 de junio del 2004 |
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El petróleo en Ecuador: dimensiones y conflictos (III)
Alberto Acosta (1)
Edición para Internet: La Insignia, junio del 2004.
De la mayor crisis del siglo XX a la dolarización
Ecuador concluyó el siglo XX con una crisis sin precedentes. Al año 1999 se le recordará por registrar la mayor caída del PIB real del siglo XX. Este declinó en 6,3 % medido en sucres constantes y en dólares en 30,1 %, de 19.710 millones a 13.769 millones de dólares. El PIB por habitante se redujo en casi 32 %, al desplomarse de 1.619 a 1.109 dólares. El país, en consecuencia, experimentó el empobrecimiento más acelerado en la historia de América Latina: entre el año 1995 y el año 2000, el número de pobres creció de 3,9 a 9,1 millones, en términos porcentuales del 34 al 71 %; la pobreza extrema dobló su número de 2,1 a 4,5 millones de habitantes, el salto fue del 12 % a 31 %. Lo anterior vino acompañado de una mayor concentración de la riqueza: así, mientras en 1990 el 20 % más pobre recibía el 4,6 % de los ingresos, en 2000 captaba menos del 2,5 %; entre tanto el 20 % más rico incrementó su participación del 52 % a más del 61 %. Y en el cambio de siglo, miles de ecuatorianos, cerca de un millón de personas (mucho más de un 10 % de la PEA), habrían emigrado. Las cifras expuestas demuestran la gravedad de una crisis explicable por una serie de factores mutuamente interrelacionados, de orden natural -el fenómeno de El Niño-, de orden económico -el servicio de la deuda externa, la caída de los precios del petróleo, la desestabilización financiera internacional, el salvataje bancario- y de orden político -cinco gobiernos en cinco años-. Crisis desatada, en gran medida, por la política económica aplicada desde 1992 que alentó el consumismo en ciertas capas de la sociedad por efecto del tipo de cambio relativamente estable y que aumentó las tendencias especulativas en la economía por efecto de las altas y fluctuantes tasas de interés con las que se apuntaló el tipo de cambio, así como por efecto del interminable ajuste recesivo y aperturista de inspiración fondomonetarista impuesto en este país desde la primera mitad de la década de los ochenta. Sobre todo estas dos últimas acciones son causas profundas del problema ecuatoriano. En esta coyuntura Ecuador sorprendió al mundo. Con la dolarización plena de su economía, sin ninguna preparación, el 9 de enero de 2000, fue el primer país de América Latina que sacrificó oficialmente su moneda nacional e impuso una moneda extranjera como de curso legal completo. Y así se incorporó a la lista de 26 colonias o territorios que ese entonces ya utilizaban una moneda extranjera en todo el mundo, 11 de ellos el dólar norteamericano. Una lectura preliminar -superficial, por cierto- de la situación económica del Ecuador dolarizado podría llevar a la conclusión de que su economía se encuentra mejorando; para ello nada mejor que presentar el ritmo de crecimiento, la reducción de la inflación y aún algunos datos del mercado financiero, como son el incremento de los depósitos y de los créditos otorgados. Esta visión se podría complementar señalando como un éxito la caída del desempleo. Sin embargo, no hay cómo aferrarse a las apariencias o a interpretaciones ligeras que descuidan el meollo del asunto. Si bien es cierto que la economía ecuatoriana no atraviesa un estado crítico como en el año 1999, no se puede afirmar que ésta ya encontró la senda para una franca y sostenida recuperación. La inflación, luego de subir del 61 % en diciembre de 1999 al 91 % en diciembre del 2000 (también por causa de la dolarización), empezó una lenta y tortuosa marcha descendente, hasta 9,4 % en diciembre de 2002. Recordando que para lograr esta caída del ritmo inflacionario se recurrió a congelar precios y tarifas, hay que reconocer que la inflación en dólares, que en 2003 bordeará el ocho por ciento, tiene todavía un nivel elevado si se considera que en los Estados Unidos la inflación bordea el dos % y que con otra medida no tan irresponsable -como fue sacrificar la política monetaria y cambiaria en un mundo dominado por tasas de cambio flexibles- se hubiera podido conseguir un resultado satisfactorio. En este contexto, las medidas adoptadas por el gobierno del coronel Lucio Gutiérrez, lejos de resolver los problemas del aparato productivo y de mejorar la capacidad de compra de la población, han agravado las tendencias recesivas. Estos ajustes agravan la caída del tipo de cambio real efectivo, con el consiguiente impacto en la competitividad: un asunto de mucho cuidado en cualquier economía abierta, más aún en dolarización; régimen cambiario que ahora ofrece apuntalar el coronel Lucio Gutiérrez y aún difundirlo en la región, luego de haber sido públicamente su detractor. Para mencionar otro punto crítico, las tasas de interés activas reales de más del 20 % para la mayoría de empresarios, y el elevado diferencial entre tasas activas y pasivas, reflejan niveles desmesurados para una economía dolarizada, cuya recuperación se explica por la lotería de los altos precios del petróleo, por el creciente endeudamiento externo privado (cuyo monto aumentó en más del 100 % desde inicios del año 2000 al año 2003, al pasar de 2.229 millones de dólares a más de 5.300 millones, respectivamente), así como por las remesas de los emigrantes (1.400 millones de dólares en el 2001 y en el 2002; monto superior a las exportaciones sumadas de banano, cacao, café, camarón y atún, los rubros más importantes de exportación después del petróleo). En estas condiciones, la economía intenta salir del pozo, pero sin que tenga algo que ver en esto la dolarización y, por supuesto, a pesar de las políticas económicas aplicadas (téngase presente que el PIB per cápita del 2002 apenas bordea el de 1980). En este escenario, las señales de estrangulamiento externo, que tendría repercusiones fiscales, comienzan a ser inocultables. Por efecto de la rigidez cambiaria en una economía atrapada por una ingenua (por decir lo menos) apertura comercial y financiera, con una baja productividad y con una pesada deuda externa, las cuentas externas muestran cifras preocupantes. Las exportaciones apenas se han recuperado (sobre todo gracias al petróleo y éste, a su vez, debido a sus altos precios), mientras que las importaciones crecen aceleradamente. Por otro lado, hay que tener presente que el sector petrolero registra pérdidas importantes por su mal manejo. La producción de Petroproducción cae. Y la diferencia se cubre con crudo privado. Si alguien piensa que la eficiencia privada suple la incapacidad estatal en términos de ingresos, se equivoca. Por cada barril de crudo privado, la participación fiscal llega como máximo a un 18 %, y no siempre el Estado recibe algo. Mientras tanto, por cada barril de petróleo producido por la empresa estatal, el fisco obtiene al menos un 80 %. La menor eficiencia estatal, hay que insistir, es un acto deliberado de las autoridades gubernamentales en complicidad con ciertos diputados, que recortan las inversiones de Petroproducción, cumpliendo las condiciones del FMI. No hay que olvidarse que, siendo el crudo de las compañías privadas más pesado y de inferior calidad, ha ocasionado pérdidas en el transporte por el SOTE -menor capacidad de bombeo-, en la refinación -menor producción de derivados livianos, que se tuvo que importar- y en la comercialización -menor precio del crudo en el mercado internacional, con pérdidas, sólo por esta causa, de tres dólares por barril-. El crudo estatal liviano ha servido como diluyente del crudo privado pesado, sin que las transnacionales paguen por el "servicio". A esto se suma un elevado diferencial por calidad, que incluso de enero a noviembre de 2001 tuvo un promedio de 7,27 dólares por barril, cuando el año 2000 apenas fue de 4,67 dólares; este diferencial luego de haberse disminuido algo, volvió a superar los 4,80 dólares a mediados del año 2003. Como para cerrar esta lista de problemas varias petroleras no han pagado el impuesto a la renta porque declaran pérdidas, según el propio Sistema de Rentas Internas -Vintage Oil, YPF, City Oriente, City Investing, entre otras-; no han cancelado las glosas al Estado -YPF-; y, hasta consiguen tarifas preferenciales para sus importaciones -como muestra la OCP- o exigen la devolución del IVA, utilizando hasta abiertas formas de chantaje en las cuales interviene la embajada de los Estados Unidos.
Notas (1) Economista graduado en la Universidad de Colonia, Alemania. Consultor internacional y del ILDIS-FES (Ecuador). Asesor de organizaciones sociales. Autor de varias publicaciones. Docente universitario. Dirección electrónica: alacosta48@yahoo.com |
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