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| 27 de julio del 2004 |
El papel político de los Parlamentos en el proceso
La Insignia. Ecuador, 25 de julio.
Quito, 26 de julio.-
El tema de mi ponencia es el papel político de los Parlamentos en el proceso de "judicialización" de la deuda externa. Lo haré desde la perspectiva de un parlamentario de un país acreedor, trayendo también elementos de mi colaboración continua con los movimientos sociales en Italia y a nivel internacional.
Para comenzar, quisiera dar las gracias a los organizadores por la invitación que me hicieron para participar en este panel. Me da profundo orgullo compartir este proceso con ustedes. Hablar del papel de los Parlamentos en el proceso de recuperación del control democrático sobre los procesos de globalización neoliberal sería un puro ejercicio académico si no tuviéramos en claro los límites y los desafíos actuales frente de la crisis de la democracia liberal, que es paralela a la crisis coyuntural del neoliberalismo. Las instituciones representativas se fueron debilitando como resultado de los planes de ajuste estructural [en el sur], y de las políticas fiscales y monetarias del G8 [en el norte], y -particularmente en el caso de Europa- por los vínculos de los parámetros del Tratado de Maastricht [que realmente reproducen los mismos impactos de los planes de ajuste estructural] . Debemos entonces admitir que los parlamentos nacionales han sufrido una progresiva erosión de su poder de dirección y proposición, como consecuencia de la priorización de los intereses de los capitales transnacionales, de una crisis propia de la política de la posmodernidad y de la democracia representativa. Las herramientas que los Parlamentos tienen actualmente para presionar por un cambio en el paradigma neoliberal [incluidas aquellas políticas de cancelación de la deuda] son muy limitadas, debido al -valga la redundancia- "limitado" rol de dichos Parlamentos. Por ejemplo, en el caso de los países del G8 nunca se ha procedido a un proceso de auditoría de la deuda, no obstante las oportunidades que se presentaron con la crisis financiera argentina, y con la negociación política de la deuda externa de Irak. Hay que decir que en algunos casos ,como el del Parlamento de Brasil, se ha llegado a un resultado muy importante con la constitución de un "Foro Parlamentario sobre Soberanía Nacional e Instituciones Financieras", que es un instrumento de control y dirección política frente a las IFI. O, en el caso de Italia, la ley sobre la deuda representó un paso importante en el sentido de la elaboración de nuevos criterios de acceso, condicionalidad, y participación de la sociedad civil. Lastimosamente, los límites impuestos por el "Pacto de Estabilidad Europeo" [UE] han debilitado enormemente la potencialidad de este instrumento legislativo. En general me parece que el primer desafió de los Parlamentos -particularmente de los países acreedores- será el de "investigar" (y sacar a la luz) las responsabilidades históricas de la deuda, en su carácter propiamente político. Este proceso tiene un claro peso político, nada indiferente a nivel nacional, pues implicaría también la investigación de la manera como otros actores e intereses (tales como ciertas empresas nacionales, las élites políticas y económicas locales, instituciones de cooperación para el desarrollo, posiciones políticas apoyadas dentro de las IFIs o en el Club de Paris, políticas interesadas de apoyo a las exportaciones y/o a las inversiones privadas de entidades nacionales como bancos privados o agencias de crédito a la exportación) han contribuido a la acumulación de la deuda. La prioridad fundamental es la de recuperar y fortalecer el control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, y los ministerios de finanzas o economía, y también incentivar cambios en los regímenes de transparencia de las transacciones financieras, de inversión privada, y de calidad de la cooperación al desarrollo, para resolver algunas de las causas principales de la acumulación y reproducción de la deuda. Algunas herramientas posibles en este sentido son resoluciones o propuestas de reforma de acuerdos bilaterales sobre inversiones privadas o de cooperación entre el país acreedor y el país deudor, a fin de responsabilizar a los inversionistas y a las agencias competentes introduciendo una "cláusula arbitral" o de "fuerza mayor" cuando el pago de la deuda (y sus intereses) implique un ataque a los presupuestos sociales, a los derechos económicos, sociales y culturales, y a los bienes comunes. Es necesario, además, fortalecer los mecanismos de "rendición de cuentas" de los representantes a las IFI frente a los Parlamentos respectivos. La aprobación de préstamos para proyectos y planes sectoriales de ajuste y desarrollo, así como las estrategias de reducción de la pobreza, afectan también a la capacidad de los países deudores de enfrentar sus desajustes financieros y económicos. Tratar de asegurar una dirección política adecuada para los directores ejecutivos representa también una manera de garantizar coherencia política, que construya un marco de referencia necesario en el favorecimiento de procesos de responsabilización y solución política de la deuda externa. En referencia a la necesidad de asegurar mayor responsabilidad y transparencia en las decisiones, es importante mencionar la reciente resolución que fuera aprobada por el Parlamento de Bélgica en apoyo a la "tasa Tobin". También vale la pena mencionar la resolución apoyada en el Senado Italiano sobre el "proceso arbitral independiente" sobre la deuda soberana FTAP en ocasión de la reconstitución de capital de la Facilidad para la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento del FMI. A pesar de estos progresos, hay que abrir un proceso político alternativo que supere los límites de los actuales procesos de renegociación de la deuda HIPC [Países Pobres con Alto Endeudamiento] (que lamentablemente han sido confirmados en la última cumbre del G8 de Sea Island), el monopolio del Club de París y de los programas de canje de deuda, que -en ultima instancia- pueden contribuir a un reciclaje "políticamente correcto" o "humanitario" de la deuda. Un primer paso podría ser la convocatoria a un proceso de auditoría de la deuda que sea público, transparente, y multilateral. Existe un alto riesgo de limitar el papel de los Parlamentos a un perfil exclusivamente institucional. Esto puede definitivamente afectar su legitimidad en el intento de promover un cambio de perspectiva en la crisis de la deuda, que reconozca el carácter político de la misma, y la centralidad de los derechos humanos frente a los intereses del capital y del mercado. En este sentido no se puede hablar del papel de los Parlamentos aislándolo del papel protagónico e innovativo de los movimientos indígenas, sociales, campesinos, alterglobalizacion, de la paz, y por los derechos, que están transformando desde las bases el modo de hacer política representativa y afirmándose al mismo tiempo como procesos constituyentes. El paso de la democracia representativa a la democracia participativa puede caracterizar también los procesos de "parlamentarizacion" de la deuda externa, a través de la creación de un proceso amplio, en el que los Parlamentos tanto de países acreedores y como de países deudores, puedan participar al mismo nivel en la auditoria junto al sector privado, a los organismos internacionales, a la sociedad civil y a los movimientos sociales. No se trata de que los Parlamentos tengan un papel autónomo o independiente en el proceso de judicialización de la deuda, sino más bien debe ser entendido como parte integrante -pero no definitiva- de un proceso político más amplio, en donde la consultación y la recuperación de la centralidad de la acción política ciudadana y transnacional son los pilares principales. Una vez concluida la auditoría, se podrá proceder mediante leyes especiales a la constitución de tribunales o instancias arbitrales transnacionales que puedan enfrentar el endeudamiento, inicialmente a nivel bilateral si ello resulta más factible. A nivel internacional y multilateral, los Parlamentos pueden -en sus actividades de diplomacia parlamentaria paralela (en el marco por ejemplo de las Uniones Parlamentarias y/o de las Redes Parlamentarias Continentales y Mundial)- contribuir, por un lado, a un diálogo más fecundo con las instituciones internacionales; y, por otro, dentro de iniciativas interparlamentarias. Podemos tomar como ejemplo la ley italiana sobre deuda externa, que hace referencia a la Corte Internacional de Justicia para un pronunciamiento sobre la "ilegalidad" de la deuda externa. Sin embargo, debido al impacto político y jurídico del reciente pronunciamiento de la ICJ sobre el muro de que divide los territorios ocupados e Israel, el lanzamiento de una campaña a favor de la utilización de la ICJ debe ser evaluado adecuadamente. Lo que es seguro es que el tema de la deuda hay que enfrentarlo en relación a los derechos humanos, posiblemente dentro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y -a las iniciativas de reforma de las Instituciones Internacionales hacia el próximo Forum de Porto Alegre, que incluyen la propuesta de creación de un Consejo de Seguridad Económico y Social. Por ultimo cuando se habla de Parlamentos hay que referirse no solo a la institución pero también a sus integrantes, los Parlamentarios, cuya esfera de acción incluye también el nivel local, relacionándose con el territorio y distritos electorales. En este sentido me parece fundamental la relación y el trabajo con las comunidades de inmigrantes. En mi experiencia personal como Senador elegido en Génova, he trabajado y trabajaré junto a los movimientos sociales, a la Campaña Jubileo 2000-Sdebitarsi, con las comunidades latinoamericanas, principalmente ecuatoriana y peruana, a fin de relacionar el tema de la deuda externa con el tema de la migración. Considerando a los inmigrantes como refugiados económicos, no podemos quedarnos en verlos simplemente como víctimas de la deuda y de los procesos de globalización neoliberal, sino que debemos entenderlos como actores y sujetos políticos. Es importante involucrar a nuevos sujetos sociales y políticos reconociendo el carácter constituyente de sus acciones, y elaborar nuevas prácticas de democracia participativa como marco de referencia para nuevas herramientas legales y jurídicas, que nos permitan entender a la deuda externa como una negación de los derechos humanos. Estos me parecen los principales desafíos que -como tarea inicial- los Parlamentos podrían plantearse. Tarea que debe ser compartida con los movimientos sociales y relacionada a las propuestas que se concluirán en este Forum. Digo esto porque el tema de la deuda externa es -en última instancia- un tema de transformación de la democracia, de afirmación de la centralidad de los derechos fundamentales, de desarticulación de las relaciones históricas entre los nortes y los sures del mundo, por una nueva justicia social, económica y ecológica global. (*) Senador por el Partido Verde y secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Senado italiano. |
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