España: El número de inmigrantes asciende a 2.762.000

CC.OO. llama la atención del contraste entre los datos publicados ayer por el INE de población extranjera en España basados en el Padrón que recoge la cifra de 2.762.000 personas y los del Ministerio del Interior publicados hace dos semanas en los que se cifraba en 1.647.000 las personas extranjeras con permiso de residencia.

La secretaría de Política Social y Migraciones de CC.OO. considera que, aunque los datos del padrón necesiten depurarse, es muy significativo que año tras año sigue aumentando la distancia entre ambos registros, lo que significa con certeza que sigue aumentando el volumen de población inmigrante en situación administrativa irregular.

CC.OO. manifiesta su preocupación por el desenfoque con que el Gobierno trata este problema, negando su existencia y negándose a buscar soluciones constructivas con los agentes sociales que han ofrecido reiteradamente su colaboración para abordar el afloramiento de la economía sumergida y del empleo irregular con procedimientos de normalización de los trabajadores inmigrantes empleados en estos sectores.

CC.OO. denuncia una vez más que la reciente reforma de la Ley de Extranjería en lugar de incidir en la mejora de los instrumentos de gestión de los flujos migratorios para hacerlos más transparentes prioriza el endurecimiento de las condiciones de los inmigrantes, configurando un marco administrativo discriminatorio y empujando a los que están en situación irregular a una mayor clandestinidad, en la que suelen ser víctimas de abusos y de sobreexplotación.

Según José María Díaz Ropero, secretario confederal de Política Social y Migraciones de CC.OO. el acceso al empadronamiento por parte de la población extranjera no debería ser objeto de restricciones ni directas ni indirectas, por parte del Gobierno, puesto que "además de los problemas que les ocasione a quienes no estén empadronados, supone la pérdida de una fuente de información sobre la población total de los municipios, imprescindible para dimensionar adecuadamente las políticas de vivienda y de servicios públicos y evitar así su deterioro y la creación de focos de marginalidad que son fuente de conflictos sociales".