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La insignia
30 de agosto del 2004


Y dirán que no sabían lo que estaba pasando


__Especial__
Palestina
Alberto Arce
La Insignia. España, 30 de agosto.


El día 18 de agosto, mientras los activistas internacionales del ISM participaban en una manifestación en solidaridad con la huelga de hambre de los presos políticos palestinos en las cárceles israelíes, se me acercó una joven palestina llamada Nassim Shahín. En sus manos portaba, como tantas otras de las personas que participaban en la marcha, una gran fotografía de su hermano Hussam. Me dijo: «¿puedes hacer algo por mi hermano desde tu país?»

Hussam Shahín es un joven de mi misma edad, que además es el secretario internacional de las Juventudes de Al Fatah y secretario de la misma organización para el área de Jerusalén. El 28 de enero de 2004 fue arrestado por el ejército israelí en su domicilio de Ramala y desde ese mismo día permanece en prisión sin cargos de acusación. Recientemente, ha sido transferido a la prisión de Beir Saba, y allí se encuentra detenido en la "Sección 9". Los prisioneros encerrados en esta sección viven en unas condiciones de aislamiento, malnutrición y abusos terribles. Su familia aún no ha tenido acceso a una simple comunicación con el prisionero y su abogado no puede ejercer el derecho de defensa al que todo preso tiene derecho. Hussam es simplemente uno de los más de 4000 presos políticos palestinos en huelga de hambre desde el pasado 15 de agosto. La fecha para la primera vista judicial de su caso está fijada para el próximo 31 de agosto, siete meses después de su arresto. Pese a no tratarse más que de un dirigente político cuya identidad, responsabilidad y domicilio han sido siempre públicos, Israel lo trata como a una amenaza para su seguridad.

En la misma manifestación, otras dos hermanas de las que no tuve tiempo a apuntar sus datos, se me acercaron para explicarme el caso del marido de una de ellas. Servía como guardia de seguridad del presidente palestino Yaser Arafat. Con 29 años, y tras sólo 4 meses casado con la mujer que me relata la historia, fue arrestado por el ejército de Israel hace más de dos años y condenado a 39 años de cárcel. Según su mujer, pese a llevar armas en calidad de miembro de la seguridad del Rais, nunca había disparado un sólo tiro. Se trata de una prueba más de cuales son los delitos y los tipos de personas que cumplen condena en las cárceles israelíes.

¿Es posible creer, como Israel asegura, que los más de 7000 prisioneros palestinos que mantiene en sus cárceles son terroristas? Sólo quienes pretendan mantenerse alejados del dolor humano podrán creerse esta patraña. Las personas que hemos vivido la invasión militar de los días 20 a 26 de agosto en Nablus y fuimos testigos de cómo el ejército selló un campo de refugiados, separó a todos los hombres entre 16 y 40 años, les esposó las manos a la espalda, les cubrió la cabeza con capuchas y los almacenó como animales en el patio de las escuela que las Naciones Unidas mantiene en el campo de Ascar, aún tenemos las imágenes presenciadas demasiado calientes en nuestras retinas como para poder olvidar. E incluso tenemos recientes las historias relatadas por nuestro compañero sueco Björn que, mientras intentaba ingresar a la escuela a comprobar y documentar las condiciones de retención de los palestinos, fue detenido y tratado del mismo modo que los palestinos. Incluso la propia organización de las Naciones Unidas ha protestado de modo oficial ante Israel respecto de la utilización de escuelas como campos de concentración para los prisioneros palestinos, hecho que en lo que va de año se ha repetido al menos ya tres veces y constituye el ejemplo auténticamente evidente de un terrorismo de Estado que pocos se atreven a cuestionar.

Las Naciones Unidas condenan a Israel, el Tribunal Internacional de Justicia demuestra los delitos de su comportamiento y los tribunales israelíes le ordenan al gobierno, adaptándose a la legalidad internacional, modificar el tratado del Muro del Apartheid. Está claro que lo injustificable es cada vez más injustificable.

El propio fiscal general del Estado de Israel le ha propuesto a su gobierno que la Cuarta Convención de Ginebra se aplique en los territorios ocupados a los detenidos palestinos. Quizás estemos a punto de ser testigos de cómo saltan del barco antes de ser señaladas como lo que son, ratas que ante el riesgo de ver que algún día todo el abyecto sistema que mantienen con su silencio y complicidad caerá definitivamente ante el peso de la historia. La izquierda israelí pretende ahora escapar de su responsabilidad utilizando misma patética justificación con la que los nazis cobardes se defendían en Núremberg: ellos no sabían lo que estaba pasando. Que nadie les llame héroes, que nadie considere que el fiscal general del Estado de Israel es un hombre justo. Porque hace tres meses callaba. Y hace un año callaba. Y hace dos años callaba. Y su voz de ahora no anula su silencio de años, roto ante la presión internacional, sino que lo cubre de una vergüenza aún mayor.



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