Cumbre de Cancún: Paola Visca y Eduardo Gudynas: Las comunidades locales y la regulación de las inversiones globales

Cientos de organizaciones ciudadanas se dieron cita en Cancún para analizar desde sus propias perspectivas los impactos del comercio internacional. Mientras los gobiernos se reunían en el Centro de Convenciones, tuvieron lugar cientos de encuentros de asociaciones ciudadanas, sindicatos, confederaciones de campesinos e instituciones académicas, que abordaron desde distintos puntos de vista los impactos del comercio actual.

Muchas de esas reuniones ofrecieron los testimonios sobre los impactos específicos que tienen los flujos de comercio e inversiones sobre las comunidades locales. Se podían escuchar los relatos de quienes padecen problemas muy concretos, desde la pérdida de sus fuentes de trabajo a la caída de su calidad de vida. Tiempo atrás las comunidades locales estaban excluidas del comercio global, o lo consideraban algo distante y alejado. Sin embargo, los testimonios que se escucharon en Cancún dejan en claro que en la actualidad los impactos del comercio global llegan a los lugares más apartados del planeta.

Dick Nuwamanya, perteneciente a la coalición por el desarrollo y el ambiente de Uganda (Advocates Coalition for Development and Environment, ACODE), ofreció un testimonio sobre los impactos de la inversión extranjera donde las metas económicas se imponen sobre las consideraciones sociales y ambientales. En ese caso las inversiones alemanas en las plantaciones de café de Uganda vienen teniendo un fuerte impacto en la tenencia de la tierra, desplazando a los agricultores pequeños y pobres, además de influir sobre las medidas gubernamentales orientadas a la erradicación de la pobreza.

Nuwamanya relató como el gobierno obliga a los pequeños productores a desprender de sus tierras para luego, a su vez, vendérselas a las empresas extranjeras. Ese proceso de transferencia tiene costos productivos, como la pérdida de cosechas, pero además desplaza a familias enteras las que deben abandonar sus prácticas agrícolas, las que representaban su medio de subsistencia. Miles de agricultores están perdiendo sus fuentes de ingreso a medida que el café pasa a estar bajo control de corporaciones extranjeras. Las familias rurales obtienen muy poco a cambio de sus tierras, y quedan en una situación todavía peor a la anterior, y en condiciones sociales más deprimidas ya que también se pierden algunas obras de infraestructura local, como escuelas y clínicas. Las familias se desintegran y sus valores se pierden.

Nuwamanya denunció el desinterés del gobierno ugandés por estos problemas y reclamó lograr un mejor balance con los inversionistas extranjeros atendiendo las necesidades e intereses de las comunidades locales. Consideró que las inversiones no son malas en si mismas, y bajo ciertas condiciones podrían resultar beneficiosas para todos. El problema mayor, a juicio de Nuwamanya es que esa inversión no se enfoca hacia objetivos que permitan el desarrollo de las comunidades locales, y en especial para atender la evidente necesidad de reducir la pobreza.

Este testimonio desde Uganda expresa uno de los temas centrales de debate en el seno de la OMC, y en buena medida ayuda a comprender el fracaso de los gobiernos en lograr un acuerdo. Las regulaciones sobre las inversiones fueron uno de los temas más resistidos por los países del sur, en especial las naciones de África y varias de Asia. En efecto, la consideración de las inversiones como una forma de comercio estaba incluida entre los llamados "nuevos temas de Singapur", junto a otros como las compras gubernamentales, medidas de transparencia o las políticas de competencia. La Unión Europea era el grupo que más duramente presionaba por incluir formalmente esos aspectos en las regulaciones comerciales, mientras muchos países del sur se oponían.

A lo largo de la negociación en Cancún una gran coalición que incluía a los miembros de la Unión África, los países menos desarrollados, y los países del ACP (Asia, Caribe y Pacífico), habían dejando en claro que no estaban preparados y no deseaban considerar los "temas de Singapur". Habían realizado esa advertencia tanto en las reuniones de los negociadores como por escrito. Sin embargo, y para su sorpresa, el borrador con la propuesta de resolución que se distribuyó a los gobiernos en el penúltimo día de reunión, volvía a incluir esos temas. Ese hecho causó una fuerte irritación entre las delegaciones de los países del sur, agravada por no haber conseguido concesiones concretas para el comercio del algodón.

De esta manera, el último día del encuentro ministerial se centró en considerar en especial esas cuestiones. Si bien los países del sur se resistían a tratar esa temática, la Unión Europea insistía en incluir al menos dos de ellos (transparencia y compras gubernamentales). En un pequeño encuentro de "sala verde", Botswana reiteró en nombre de la Unión Africana el rechazo a incorporar cualquiera de los nuevos "temas de Singapur". India y Malasia también se oponían a incluir esos aspectos. Ante esas posiciones tan divergentes, el canciller de México, como presidente de las sesiones, procedió a dar por concluida la ronda ministerial. En ese momentó fracasó Cancún.

Esos nuevos temas comerciales, y en especial las inversiones, encuentran la oposición no sólo de varios gobiernos sino de casi toda la sociedad civil organizada. En esencia, la propuesta de la OMC es pasar a considerar los flujos de capital como una forma de comercio de mercancías, y por lo tanto pasan a estar reguladas por los acuerdos de comercio internacional. Desde hace años se viene intentando llevar a la práctica ese tipo de regulaciones, donde se otorgan varias garantías al flujo de capital, tanto para entrar a las naciones como para retirarlo. Tiempo atrás se intentó incluso un acuerdo multilateral sobre inversiones donde participaron activamente varios gobiernos europeos.

Los resultados prácticos de las nuevas regulaciones sobre inversiones es que se brindan a las empresas extranjeras los mismos derechos que a las compañías nacionales, y justamente por esa particularidad pasan a gozar de una condición donde pueden demandar a los Estados.

Los efectos negativos de esas regulaciones sobre la inversión se han puesto de manifiesto en el acuerdo de libre comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés). Las experiencias de la vinculación comercial entre Estados Unidos, Canadá y México también fueron ilustradas por varios testimonios desde la sociedad civil. Por ejemplo, Angelina Núñez, fundadora de Educación y Defensa Ambiental, recordó varias de las condiciones del NAFTA, como la preservación de la salud humana y de la situación ambiental, las que no se cumplen. El NAFTA incluye reglas de inversión que protegen a las empresas extranjeras, y se han sucedido varios casos donde estas compañías demandan a los gobiernos. Uno de los casos más comentados fue el de la empresa Metalclad, responsable del vertido de 20 mil toneladas de desechos tóxicos a fines de la década pasada, así como involucrada en una demanda contra el gobierno de San Luis de Potosí por su negativa a otorgarle permisos para instalar una planta de manejo de productos tóxicos.

Las medidas de comercio que se proponen sobre las inversiones tienen por efecto reducir la capacidad de los Estados de imponer condiciones a los emprendimiento extranjeros. Usualmente los conflictos surgen cuando los municipios o los gobiernos locales no pueden imponer condiciones laborales o ambientales, o bien deben renunciar a las que poseían. Bajo la aplicación de un acuerdo sobre inversiones, un municipio no puede elevar por encima del promedio nacional sus requerimientos en calidad ambiental, como pueden ser controlar la contaminación o prohibir el uso de sustancias tóxicas; toda vez que lo haga una empresa la puede demandar de un "trato discriminatorio".

Las comunidades locales son las que primero advierten los efectos negativos de estas nuevas regulaciones. Ellas padecen la pérdida en sus derechos laborales o los impactos ambientales. Las nuevas reglas que se buscan establecer para las inversiones implican perdidas de soberanía para los Estados. Bajo esas condiciones las comunidades locales se constituyen en las voces de alerta.

Si bien no se logró un acuerdo de incorporar las inversiones a las reglas del comercio internacional, no debe pensarse que el problema se ha desvanecido: las mismas ideas se repiten en el borrador del Área de Libre Comercio que se negocia en las Américas, donde existe poca oposición de los gobiernos (la mayoría de ellos ya ha liberalizado el flujo de capitales y por lo tanto no poseen nada a negociar en ese campo). En este caso la mayor preocupación parte de las organizaciones sociales del continente, y su preocupación es mucha ya que esas cuestiones se tratarán en la próxima reunión ministerial del ALCA en noviembre.