Cumbre de Cancún: Gerardo Evia: De Cartagena a Cancún

El jueves 11 de setiembre entró en vigencia el Protocolo de Cartagena, un acuerdo suscrito en el marco de la Convención de Diversidad Biológica hace un par de años. El protocolo establece una serie de obligaciones para los países adherentes para el uso y manejo de los Organismos Genéticamente Modificados. Ese protocolo tiene mucho que ver con la actual reunión de la OMC en Cancún.

Muchas de las regulaciones que el convenio establece es probable que tengan impactos en términos comerciales ya que contienen regulaciones y medidas para el movimiento transfronterizo de estos productos así como sobre su etiquetado.

El tema de la relación entre los acuerdos de la OMC y otros acuerdos multilaterales, particularmente los ambientales, se encuentra entre los debatidos por estos días en Cancún, ya que la interferencia entre normas contradictorias de unos y otros complica aún más el ya complejo panorama de negociaciones comerciales. Las aguas aquí también se encuentran divididas según los intereses particulares de unos y otros.

El centro de esta cuestión se encuentra en parte derivada de una disposición de los acuerdos de la OMC que impide discriminar entre productos similares. Por lo tanto, surge la pregunta si un aceite de soja transgénica similar o diferente a uno de soja convencional. Bajo las actuales reglas no se podría discriminar entre dos productos sobre la base de procesos o métodos de producción diferentes si los productos derivados no son esencialmente diferentes. Por lo tanto, los funcionarios de la OMC dirían que es lo mismo un aceite derivado de transgénicos que uno convencional, una distinción que rechazarían muchos productores rurales y otros tantos consumidores.

Otra de las discusiones de estos días gira en torno a si los llamados mercados verdes son una oportunidad para los países del sur y si la diferenciación de sus productos a través de eco-etiquetado podría mejorar el acceso a los mercados. Las etiquetas verdes permiten identificar productos orgánicos de otros convencionales. Algunos argumentan que si este tipo de productos pueden ser considerados bienes ambientales podrían tener acceso preferencial.

Esa línea argumental llevaría a pensar que podrían haber oportunidades por el lado de reconocer en las regulaciones del comercio internacional la diferencia entre bienes obtenidos por métodos de producción sustentables. Un extremo que tiene lugar en la práctica (como sucede con las fiscalizaciones de certificación que la Unión Europea hace en América Latina), pero que implicaría ir mucho más allá de las prácticas comerciales toleradas por la OMC -establecería el antecedente de "mirar" dentro de los procesos productivos de cada país, un extremo que rechazan casi todos los gobiernos.

Por el otro lado también es posible observar en Cancún diversas organizaciones preocupadas por el bienestar animal y la forma en que estos son tratados en los diferentes sistemas de producción. Muchas de esas organizaciones presionan para que la OMC modifique las reglas antes mencionadas, ya que ellas impiden que los países puedan trabar el acceso de productos de origen animal que no hayan sido tratados adecuadamente.

Sin embargo modificar estas reglas también implica riesgos que nos son menores. Muchos de los esquemas de eco-etiquetado o el bienestar animal no determinan modificaciones medibles en el producto final (lo que no significa que no tengan ventajas o valor), y eso hace que sea dificultoso establecer con certeza si cumplen o no con las condiciones especificadas. Estas a su vez pueden ser controvertidas y en muchos casos subjetivas (cómo se mide el stress de las gallinas?). Para ello existen normas que permiten esas certificaciones; sin embargo, la forma en que se establecen y controla el cumplimiento de esas normas no siempre es transparente. Además, la certificación implica costos adicionales y en última instancia es posible que por esta vía se puedan aplicar nuevas discriminaciones espureas al comercio o incluso competencia desleal.

De cualquier modo es un hecho que los mercados reconocen la diferencia entre unos productos y otros, independientemente de las regulaciones de la OMC; las estadísticas demuestran que existen sobreprecios y demanda creciente por este tipo de productos. Sin embargo muchas veces no es posible capitalizar nuestras ventajas para satisfacer esas demandas por las restricciones de acceso tanto para a productos convencionales como verdes.

Seguramente este tema no será resuelto en este encuentro ministerial de la OMC, pero está contenido en las discusiones sobre las medidas de protección agrícola, normas de origen y certificaciones que consideran los ministros. Hace unos pocos años se dio un paso importante en Cartagena, y ahora la misma demanda por la calidad de los alimentos reaparece en las conversaciones en Cancún. El abordaje de esta temática no es un lujo para las naciones Latinoamericanas, sino que representa una necesidad estratégica.

(*) Gerardo Evia DVM es investigador en Claes-D3E-Montevideo