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| 3 de septiembre del 2003 |
Agencia de Información Solidaria (AIS). España, septiembre del 2003.
La historia se repite. Aunque de unos años a esta parte una sucesión de cumbres y encuentros internacionales proclaman que la pobreza de media humanidad es un hecho inaceptable, ocurre que la mera retórica, si no se acompaña de voluntad política, se convierte en un interesado parapeto de lavado de imagen y exculpación.
Por desgracia, en torno a la cooperación internacional no son pocas las declaraciones políticamente correctas, pero vacías de contenido, que preceden a medidas que poco tienen que ver con la justicia social. El debate sobre comercio y desarrollo no escapa de esta tónica. Tantas y tantas declaraciones oficiales defendiendo que el mercado puede ser un instrumento de desarrollo para luego comprobar cómo prevalecen los intereses opuestos a elementales reformas que permitan una mayor participación en la generación de la riqueza, conscientes de que una regulación verdaderamente supranacional supondría el fin del lucro a toda costa. Hace unos años, Edward W. Said, profesor en la Universidad de Harvard, se preguntaba cuánto sufrimiento social habría que tolerar antes de que "la necesidad de cambio genere de hecho un cambio". El contexto actual no invita al optimismo. Mientras se enarbola la bandera de la guerra al terrorismo, por ser, se dice, la mayor amenaza mundial, según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) la lucha contra el hambre está "estancada". Más de 800 millones de personas padecen hambre en el mundo. Cada día mueren 25.000 personas (en su mayoría niños y niñas) por desnutrición. En este contexto, el comercio podría ser un enorme motor de transformación. Sin embargo, cuando la equidad brilla por su ausencia y las oportunidades de unos se convierten en la impotencia de otros, el libre mercado se encoge hasta la miniatura. Muchos países en desarrollo (entre los que se cuentan los 49 más pobres) tienen en la producción agraria su principal fuente de ingresos. Sin embargo, el desplome del precio de las materias primas, para las que no hay establecidos unos precios mínimos, supone su ruina y un factor importante de inseguridad alimentaria. Dos ejemplos ilustran esta situación: el primero relacionado con el café, cultivo del que dependen 25 millones de familias del sur, según Oxfam Internacional, promotora de la campaña Comercio con Justicia, en el año 2001, los países pobres vendieron casi el 20% más de café que en 1998, sin embargo obtuvieron por éste un 45% menos de ingresos. Otro dato: entre 1996 y 2000, Ghana incrementó la producción de cacao en casi un tercio pero le pagaron por ella un tercio menos. Cambiar este panorama resultará complicado mientras prime la hipocresía de los países del Norte que exigen a los Gobiernos del Sur que reduzcan el apoyo a sus campesinos, a la par que siguen invirtiendo 1.000 millones de dólares al día en subsidios para los agricultores de los países ricos. En los mercados del mundo rico, según Oxfam Internacional, la media de los aranceles que gravan las importaciones procedentes de los países pobres es cuatro veces más alta que para las importaciones de productos de los países industrializados, lo que viene a significar 100.000 millones de dólares al año, el doble de lo que reciben en concepto de ayuda. Discriminar al discriminado. Este es el sangrante doble rasero de unas relaciones internacionales viciadas, donde se establecen las condiciones más complicadas para los más desfavorecidos, con penosas consecuencias en forma de sobre producción y dumping. Los efectos de esta política se ven claramente reflejados en África. Si el total del continente africano consiguiese incrementar en un 1% su cuota de participación en las exportaciones mundiales -actualmente sólo es del 1,3%- obtendría unos ingresos adicionales equivalentes a cinco veces la cantidad que recibe en concepto de AOD y alivio de la deuda externa. Esta globalización estabulada no funciona, porque no conlleva globalidad. Es hora de recordar que la injusticia no es una disfunción y que el derecho es pariente del deber. Es el momento de que la Organización Mundial del Comercio haga de una vez honor a su nombre, y que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial abandonen sus políticas de molde. Lo exige la democracia, la justicia, y hasta la gobernabilidad. La presión social es indispensable para cambiar este panorama. Es imprescindible dotarse un nuevo orden comercial donde primen los derechos de todos los países, repensando y corrigiendo hacia la equidad las fugas que alimentan la pobreza (derrumbe de precios de materias primas, latentes abusivas, vulneración de derechos laborales, proteccionismo, etc.) y que dejan tras de sí un coste humano vergonzante. La globalización, según algunos armazones, es como la ley de la gravedad: indiscutible, ubicua, ingobernable y apolítica. Así se explica que haya mundos primeros porque hay terceros y que los terceros no se entiendan sin un primero. Es la escalera de un mundo tremendamente jerarquizado que ha perdido el arte extraviando el sur. (*) Periodista. El Sur (Médicos Mundi Navarra) |
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