Chile: Terminar con el ciclo de impunidad

"El aniversario de los 30 años del golpe militar debe marcar el compromiso pleno de las autoridades de Chile para lograr verdad, justicia y reconciliación en Chile, para lo cual deben darse todos los pasos necesarios para reconocer y respetar los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y los de sus familias" ha declarado Amnistía Internacional, sobre el aniversario del golpe militar dirigido por Augusto Pinochet y que estableció el régimen miliar que gobernó a Chile hasta 1990.

Trece años después del retorno a un gobierno civil existen muchos temas de preocupación, tales como la impunidad de quienes perpetraron graves violaciones de derechos humanos bajo el régimen militar y la demanda de reparación integral para las víctimas y sus familias, que todavía siguen sin resolverse y que representan la pesada herencia de las violaciones graves de derechos humanos.

"El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 dividió a la sociedad chilena y puso en marcha una brutal cadena de eventos cuyas repercusiones todavía se sienten treinta años después" ha dicho Amnistía Internacional. "Actualmente hay muchos llamamientos a la unidad nacional, pero la verdadera reconciliación no se logrará hasta que la verdad y la justicia hayan sido completamente establecidas".

Los actos indiscriminados y sistemáticos de "desaparición", ejecuciones extrajudiciales y tortura que se llevaron a cabo bajo el gobierno militar constituyen crímenes de lesa humanidad. El destino de la mayor parte de las personas "desaparecidas" continúa siendo desconocido y la vasta mayoría de aquellos que cometieron violaciones de derechos humanos continúan impunes.

La reciente propuesta sobre derechos humanos hecha pública por el gobierno de Chile representa un paso positivo, pero a Amnistía Internacional le preocupan los muchos obstáculos que se han puesto en el camino de la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación que las víctimas y sus familias llevan treinta años reclamando. Entre los principales obstáculos se encuentran el Decreto Ley 2191 de 1998, conocido como "ley de Amnistía", que otorga inmunidad a personal militar implicado en las violaciones de derechos humanos que siguieron al golpe y que se cometieron hasta marzo de 1978.

"Esta ley, que ha impedido que se alcancen la verdad y la justicia durante 25 años, es incompatible con las obligaciones del estado chileno con respecto al Derecho Internacional Humanitario". Amnistía Internacional opina que "la ley debe ser anulada y derogada a efectos de terminar con la impunidad".

"La amplia jurisdicción de los tribunales militares representa otro obstáculo al logro de la verdad y la justicia" enfatizó Amnistía Internacional.

Esta jurisdicción debe reducirse y excluir todos los casos de violaciones de derechos humanos y deben darse todos los pasos necesarios por parte de las autoridades tan pronto sea posible para cumplir con la reciente propuesta para que todos los casos relacionados con violaciones de derechos humanos cometidos durante el régimen militar sean investigados en tribunales civiles".

La impunidad no debe ser preservada por medio de políticas que concedan amnistías o perdones de facto a los autores de violaciones de derechos humanos o que otorguen inmunidad ante los tribunales a quienes argumenten que actuaron cumpliendo órdenes. Amnistía Internacional recuerda a las autoridades que la defensa de órdenes superiores en la comisión de crímenes contra la humanidad está absolutamente prohibida en el derecho humanitario.

Después de 30 años de campaña, Amnistía Internacional renueva su llamamiento a favor de decenas de miles de víctimas de la tortura para que las autoridades actúen prontamente en el cumplimiento de sus recientes compromisos de atender con un programa de reparación integral e investigación a quienes fueron directamente afectados por ésta práctica aberrante.