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| 2 de octubre de 2003 |
La Insignia. México, octubre del 2003.
El 8 de septiembre del 2003, el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, John Dugard, presenta, de acuerdo con la resolución 1993/2 A de la misma, el "Informe sobre la violación de derechos humanos en los territorios árabes ocupados por Israel desde 1967, incluida Palestina."
Después de una visita in loco durante la última semana de junio del 2003, destaca las continuas violaciones a los derechos humanos y al Derecho internacional humanitario durante los últimos seis meses. Tuvo un apoyo total por parte de las autoridades palestinas que contrastó con la falta de cooperación de Israel. Aunque reconoce las legítimas preocupaciones de autodefensa de Israel, opina que se debe limitar las violaciones a los derechos humanos en nombre del contraterrorismo. Para el relator, su respuesta es desproporcionada y, en ocasiones, está tan alejada de los intereses de la seguridad que se reviste de un carácter de castigo, humillación y conquista. Denuncia la frenética e ilegal, ya que no se corresponde con la llamada "línea verde", construcción del muro de separación entre Israel y Palestina, que incorpora áreas sustanciales palestinas en territorio israelí. La "línea verde" era un límite provisional fijado tras la primera guerra árabe-israelí de 1948 en los acuerdos de armisticio que se firmaron en la isla de Rodas, y que le otorgaban ese carácter precario con la esperanza de que las fronteras definitivas iban a ser negociadas de inmediato, algo que no ha ocurrido hasta la fecha. Sus planeados 550 kilómetros afectarán a más de doscientos mil de aquellos en lo que parece una estructura permanente, pudiendo producirse una anexión conquista de hecho, prohibida en la Carta de Naciones Unidas y en la Cuarta Convención de Ginebra. Ni siquiera evitará el paso de suicidas ya que la gran mayoría han pasado por puntos de control israelí. Existen alrededor de seis mil prisioneros palestinos, entre los que se contabilizan 170 menores y 70 mujeres, en cárceles israelíes, muchos de los cuales denuncian torturas que deberían ser investigadas por una comisión independiente. No debemos olvidar la sentencia de la Corte Suprema Israelí de 1999, declarando ilegales varios métodos de tortura usados cumulativamente, recordándonos la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos contra el Reino Unido y sus métodos de interrogatorios a los miembros del ilegal y terrorista Ejército Republicano Irlandés. Sin embargo, existen evidencias de que se mantienen, aunque al relator le fue prohibida la entrada a cárceles israelitas. Por ello urge al gobierno a permitir la entrada a un comité internacional independiente. La destrucción de propiedad palestina, especialmente grave en Gaza, es justificada por razones de seguridad militar, de castigo por crímenes contra Israel y por carecer de autorización administrativa. Respecto a los doscientos asentamientos ilegales que agrupan a más de 400 mil israelitas a pesar de los discursos oficiales, siguen aumentando en número y en acaparamiento de territorio palestino. Tanto el derecho internacional de los derechos humanos como el derecho internacional humanitario componen los estándares sobre los que investiga el Relator y la propia Comisión de Derechos Humanos en contra de lo propugnado por Israel que quería sólo el internacional humanitario. El Informe se centra en dos puntos esenciales: la anexión ilegal de territorio palestino y las restricciones a la libertad de movimiento. El muro viola dos principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo: la prohibición de la adquisición o conquista de territorios por la fuerza y el derecho a la auto determinación, Además, restringe la libertad de movimientos, el acceso a escuelas y hospitales y arrebata ilegalmente propiedad palestina. Se ha incrementado los asesinatos de militantes palestinos, 230 en los últimos tres años, que han tenido como respuesta acciones legales ante la Corte Suprema de Israel que ha negado medidas provisionales para evitar más. El juez Cassese le ha enviado su opinión experta asegurando que son crímenes de guerra y violan el principio de distinción entre combatientes y civiles. Concluye el relator que la ocupación de los territorios palestinos por los israelitas conlleva una violación masiva de derechos humanos que afecta derechos civiles, socio económicos y el derecho internacional humanitario. El examen del principio de proporcionalidad para evaluar la respuesta de Israel de legítima defensa y seguridad, resulta en ser difícilmente aceptable el excesivo uso de la fuerza que no distingue entre combatientes y civiles, la creación de una crisis humanitaria al restringir la libre circulación de personas y mercancías, el asesinato y trato inhumano de niños y la extendida destrucción de propiedad. Las reacciones a este Informe no se han hecho esperar. El embajador israelí ante las Naciones Unidas en Ginebra, Yaakov Levy, acusó al relator "de haber realizado, una vez más, un informe parcial y politizado, en el que no se tiene en cuenta la violencia palestina contra los civiles israelíes que ha provocado más de ochocientos muertos." Además, unos 200 profesores y universitarios israelíes firmaron una declaración en la que apoyan a los pilotos de la aviación israelí que se oponen a las operaciones militares contra civiles palestinos. Las palabras son esperanzadoras: "El gobierno elegido no tiene el derecho de destruir el ejército del país. Apoyamos a los pilotos que tienen el valor de rechazar participar en la represión y la matanza de otro pueblo. Compartimos sus sentimientos sobre la desaparición de los valores morales. Estimamos que no corresponde alimentar aún más el ciclo de la violencia en lugar de luchar contra la verdadera causa del terrorismo que constituye la continuación de la ocupación de los territorios palestinos." El pueblo judío ha sufrido mucho a lo largo de su tortuosa historia. Desde su expulsión de la España reconquistada a los árabes por los Reyes Católicos en 1492 hasta su genocidio por los nazis en el principio de la década de los cuarenta del siglo pasado, ha sido una nación perseguida pero solidaria entre ellos. La seguridad siempre ha sido, justificadamente, después de los sucesivos ataques árabes al territorio otorgado por Naciones Unidas, un factor constante de la existencia de Israel. Sin embargo, ya es hora de acabar con un conflicto armado interno de alta intensidad y con actitud israelí perfectamente descrita por el antropólogo israelí Jeff Halper: "se propone ultimar de una vez su viejo sueño de arrancar a sus enemigos la aceptación de un mini estado a piezas dependiente sin ninguna continuidad territorial, sin una economía viable y sin una soberanía auténtica. Para lograrlo, todos los métodos de intimidación y violencia serán válidos: los asesinatos selectivos, las demoliciones de viviendas, los toques de queda prolongados durante semanas, expropiaciones de tierras, el sometimiento de la población palestina a un régimen degradante e inhumano de apartheid." La Autoridad Nacional Palestina no sabe, no puede o no quiere controlar a esos terroristas que persiguen una vida mejor al morir por sus ideas. Se inmolan en una guerra santa, causando el terror entre los israelitas. No es de recibo que la población israelí viva de manera permanente con el temor de que en cualquier esquina, alguien aparezca con un especial brillo en los ojos, con una constitución algo más fuerte que lo que aparenta su cara y quizás demasiado abrigado para los rigores del verano…y de repente, el horror. Tampoco es de recibo que, escudándose en el nuevo desequilibrio internacional producido por el 11 de septiembre y la reacción de los Estados Unidos de combatir todo tipo de terrorismo menos el del estado, el primer ministro israelí, actúe impunemente con tanques y toques de queda en territorios donde no deberían poder entrar y con la excusa de encontrar a terroristas, veja a toda la población palestina que sufre, entre otras muchas cosas, por la restricción de agua que viene de sus superiores vecinos. La única solución que queda es la renovación de los actuales sempieternos líderes, antiguos terroristas legitimados por las urnas y las circunstancias, por mentes jóvenes no corrompidas por la historia de sangre que envuelve a los dos pueblos. Políticos esencialmente democráticos que miren al futuro sin ira y sin odio por su horrendo pasado con la generosidad necesaria para que convivan, de una vez por todas, árabes y judíos como vecinos cooperantes en naciones plenamente soberanas. Es difícil encontrar tales personas que no tengan en su familia o entorno muertos de uno y otro bando, pero es un esfuerzo que debe realizarse sino queremos tener que enfrentarnos a otros 50 años de horror. |
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