Iván Valdés: Bolivia no se vende, ¡carajo!

Bolivia vuelve a estar en los ojos del mundo. A un año de iniciado el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, su mandato está más cerca que nunca de terminar abruptamente. Las luchas populares alcanzaron tal fuerza que se tornaron incontenibles, el viejo -y muy usado por este gobierno- recurso de la represión no sólo demostró su total fracaso para frenar las movilizaciones, sino que se volvió otro elemento agitador. La posición del movimiento en lucha es clara y potente. En palabras del líder del MAS y diputado Evo Morales: "Al gobierno sólo le quedan dos caminos: cambiar el modelo neoliberal partiendo por recuperar los hidrocarburos para los bolivianos, o renunciar a su mandato".

Sobre todo al comienzo de esta movilización, los medios de comunicación instalaron la idea de que la revuelta en Bolivia obedecía al repudio popular a que el gas saliera por un puerto de nuestro país, todo provocado por el sentimiento antichileno que se ha incubado en los bolivianos desde la llamada "Guerra del Pacífico" en 1879, oportunidad en que el país altiplánico perdió su condición marítima. Pero lo cierto es que las motivaciones de la rebelión que se vive en ese país andino son mucho más profundas y todas convergen en una idea central: la lucha contra el modelo neoliberal.

1985 es el año en que comienzan a implementarse las transformaciones neoliberales en Bolivia. En estos 13 años su saldo es desastroso. Según cifras oficiales, el 60% de la población vive en la pobreza, lo que se agudiza en las zonas rurales en donde se empina al 80%. Esta situación, unida a la crisis económica, puso en evidencia el agotamiento del modelo. Una realidad sobre la que la administración de Sánchez de Losada tomó una posición diametralmente opuesta a la asumida por las organizaciones sociales y la mayoría del país: profundizar aun más las políticas neoliberales.

Por su parte, las movilizaciones sociales han tenido un importante auge durante este año, no sólo por la potencia de sus expresiones callejeras sino por la evolución de sus reivindicaciones, pasando de las demandas gremiales más tradicionales a planteamientos estratégicos que implican necesariamente un radical viraje en las políticas del gobierno. Ante esta situación, el gobierno optó por agudizar la represión para imponer su autoridad, lo que ha provocado un verdadero baño de sangre.

En la cuerda floja

Lo cierto es que desde su nacimiento el gobierno de Sánchez de Losada tuvo un futuro incierto. Con apenas el 22% de los votos, la elección del primer mandatario se produjo gracias a la unión de todas las fuerzas neoliberales que veían con temor el ascenso del movimiento popular y en particular de su candidato, Evo Morales, que sacó la segunda mayoría. Una coalición de papel, con intereses y liderazgos contradictorios. Hoy, el Presidente boliviano es el peor evaluado por la ciudadanía en el continente, con un apoyo menor al 10%.

En este contexto se desatan las recientes movilizaciones, gatilladas por el intento de concretar un negocio con empresas transnacionales para exportar las enormes reservas de gas de ese país. Pero este elemento es sólo un aspecto del planteamiento general que levantan los movilizados, tal como lo señala el dirigente del MAS y ex candidato a la Vicepresidencia de la República, Antonio Peredo: "El gas se constituyó en la primera reclamación, a partir de la toma de conciencia sobre un recurso cuya adecuada explotación sentaría las bases de la solución a la crisis económica", pero asimismo "las demandas de los sectores sociales, desde hace meses, han traspuesto los límites de la expectativa sectorial o regional, para asumir el carácter de reclamaciones nacionales de tipo estructural", como el problema de "los recursos naturales, la tierra, el territorio, las empresas capitalizadas, los peligros de la incorporación al ALCA y la reestructuración del Estado que comenzaron a cruzar todas las movilizaciones".

La nueva jornada de lucha se inicia el pasado 14 de septiembre y prontamente se extiende por todo el país, marcada fuertemente por el bloqueo de rutas y carreteras, en particular las que conectan con La Paz. En torno a estos hechos las distintas fuerzas políticas y sociales se van articulando. Por parte del oficialismo, se firma un documento de "Reencuentro Nacional" al que adhieren el Movimiento de Izquierda Revolucionaria del Presidente, la Nueva Fuerza Republicana encabezada por el militar Manfred Reyes y la Unidad Cívica Solidaria, excluyendo al Movimiento Al Socialismo (MAS) encabezado por Evo Morales. Por su parte los movimientos sociales crean una Dirección Unida de Movilizaciones para coordinar la lucha, integrada por la Central Obrera Boliviana (COB), presidida por Jaime Solares, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTC) liderada por Felipe Quispe y por el Estado Mayor del Pueblo, incorporando al MAS representado por Morales.

Se suceden las marchas, y los bloqueos que mantienen desconectado al país se multiplican. El Presidente amenaza con abrir las carreteras por la fuerza y envía tropas combinadas de la policía y el ejército para reprimir a los manifestantes. Como era de esperar, esta política trajo una nueva tragedia: la masacre de Warisata, que dejó al menos 6 muertos, uno de los cuales era militar.

Crece la presión

Lejos de frenar las movilizaciones, la represión en general y en particular la matanza de Warisata radicalizaron aun más las posiciones. A las exigencias que hasta entonces levantaba el movimiento como el impedir que la exportación y procesamiento del gas estuviera en manos de las transnacionales, rechazar la incorporación al ALCA y toda una serie de reivindicaciones locales, se sumó la petición de renuncia al Presidente. La exigencia la hizo la COB tras llamar a una huelga nacional indefinida iniciada el 29 de septiembre, a lo que luego se sumaron las demás organizaciones sociales y políticas de oposición.

Tras 10 días de lucha y ante la imposibilidad de frenar las movilizaciones por la fuerza, el gobierno tiende la mano del diálogo. El vocero presidencial, Mauricio Antezana, pidió iniciar conversaciones con los sindicatos, estableciendo como condición muestras de buena voluntad que consistirían por una parte en el retiro de las tropas, mientras que pedía a la contraparte el cese total de los bloqueos. "El gobierno propone, para dar una señal de buena fe y demostrar vocación de diálogo, que simultáneamente se suspendan las medidas de presión y los militares retornen a los lugares de acantonamiento".

Ante este ofrecimiento, el líder de los campesinos, Felipe Quispe, exigió para el inicio de conversaciones además del retiro de tropas la liberación de los dirigentes sociales apresados y demás exigió la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Sánchez, que dirigió el operativo que terminó en la masacre de Warisata, además de que las conversaciones se hicieran en esa misma localidad.

Pero prontamente la autoridad demostró su falta de voluntad para un diálogo real. La idea de Palacio Quemado (casa de gobierno) no era otra que normalizar el país sin hacer concesiones de fondo, sino más bien mediante amenazas por un lado y el cumplimiento de algunas demandas gremiales por otro. Esto motivó el rompimiento de las conversaciones con los campesinos, pues los ministros "en lo único que insisten es en amenazarnos con el Estado de Sitio", señaló Quispe.

Por ahora la huelga general prosigue al igual que los bloqueos de ruta, lo que ya está generando graves problemas de abastecimiento en las mayores ciudades.

El gas es de los bolivianos

El descubrimiento de los enormes yacimientos de gas en Bolivia generó grandes esperanzas y ambiciones. Esperanza en el pueblo, que vio en esta riqueza la posibilidad de salir del subdesarrollo; y ambiciones en las grandes transnacionales, que se toparon con un gran negocio.

Según estudios recientes, las existencias probadas del recurso ascienden a 5 trillones de pies cúbicos, pero el desarrollo de nuevas investigaciones indican que las reservas podrían aumentar hasta en 20 veces. Con esto Bolivia se convierte en poseedora de las segundas reservas más importantes de América del Sur.

El negocio arreglado por el gobierno entrega la extracción, refinamiento y comercialización en manos de empresas extranjeras, que obtendrían el grueso de las ganancias, dejando sólo recursos menores al Estado por concepto de impuestos y otras regalías. El consorcio Pacific LNG, que se haría cargo del proyecto, está conformado por Repsol-YPF, Panamerican Gas y British Gas, ésta última subsidiaria de la British Petroleum Company. El recurso sería exportado hacia EE.UU., particularmente hacia el estado de California.

Una situación similar se vivió durante la primera administración de el "Goni" hace seis años, cuando a días de terminar su mandato redactó un decreto "secreto" adjudicando la extracción y comercialización de otro yacimiento de gas a Brasil, a las empresas Shell y Enron. Una decisión que fue criticada por considerarse que vulneraba la propia Constitución. Este negocio reporta alrededor de 1.200 millones de dólares al año para las empresas, dejando apenas alrededor de 90 millones al Estado. En el caso del negocio con EE.UU., las ganancias serían aun mayores, pero el aporte al país paradójicamente sería menor. El propio presidente de la British Gas, Edward Miller, señaló meses atrás que las compañías participantes del negocio obtendrían 1.300 millones de dólares anuales. En cambio, el Estado boliviano sólo quedará con alrededor de 70 millones de dólares por concepto de impuestos y otras regalías.

Quizás lo que mejor exprese el sentimiento del pueblo boliviano es lo que manifiesta la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bolivia: "En casi veinte años de vigencia de la democracia, las mayorías del pueblo boliviano, como en las dictaduras, viven en un clima de violación de su fundamental derecho a una vida digna, a la sombra de un modelo económico y un sistema político que han enajenado los recursos estratégicos y energéticos de la nación, sin haber superado la miseria y la pobreza de las mayorías nacionales, que motivan la movilización y la protesta de los sectores sociales". O como decía una leyenda en uno de los muros de la capital: "Bolivia no se vende, ¡carajo!".