UGT: España: OMC: Cancún: Un nuevo fracaso del multilateralismo

La 5ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada en Cancún (México) del 10 al 14 de septiembre de 2003 se ha cerrado sin alcanzar ningún acuerdo, ni ha avanzado hacia los objetivos que se habían propuesto en la anterior Conferencia de Doha.

Todos los analistas coinciden en afirmar que la razón principal del fracaso no ha sido solo las pocas concesiones que los países desarrollados (Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza) han hecho sobre la eliminación de las subvenciones agrícolas, sino también el intento de imponer la apertura de negociaciones sobre los llamados temas de Singapur (inversiones, facilitación del comercio, contratación pública y política de competencia).

INVERSIONES

La cuestión de las inversiones es una de las más importantes de los cuatro temas lanzados en la 1ª Conferencia de la OMC en Singapur, en diciembre de 1996. En la Declaración de Doha se estableció que en la 5ª Conferencia del 2003 debería llegarse a una decisión "por consenso explícito" sobre esta cuestión.

Los que están a favor de este acuerdo defienden que será beneficioso para los países pobres, puesto que incrementará el flujo de inversiones de los países ricos. Sin embargo, todos los estudios publicados al respecto indican que la liberalización, ya sea a través de tratados vinculantes bilaterales o regionales, no ha producido un aumento significativo del flujo de inversiones.

La Inversión Extranjera Directa (IED) sigue concentrada en los países en desarrollo. Durante 2001, los 10 países en desarrollo más grandes recibieron las tres cuartas partes de dicha inversión. Al tiempo, los 49 países menos desarrollados solo recibieron el 2% de este flujo de inversiones.

Numerosos países en desarrollo utilizan la mano de obra barata y la falta de normas laborales para atraer inversiones extranjeras. Con un acuerdo de la OMC sobre esta materia, teniendo en cuenta la falta de sensibilidad que esta organización viene teniendo sobre todo lo que no sean los procesos de liberalización, sería aún más fácil que los países más pobres entraran en una carrera de competencia ofertando condiciones de trabajo a la baja.

Debemos recordar que el antiguo proyecto de Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) que fracasó en el seno de la OCDE en 1998, en buena medida gracias a las divisiones internas y a las presiones del movimiento sindical y del resto de las organizaciones sociales, pretende ser resucitado ahora en sede OMC. Este nuevo AMI tiene como objetivo fundamental la creación de un espacio blindado para el capital internacional, eliminando todas las limitaciones reguladoras nacionales. Amparándose en las sanciones económicas que otorgaría un tratado sancionado por la OMC, se eliminaría la soberanía que los países pueden ejercer a la hora de reglamentar las inversiones en interés público.

Ya existe un precedente en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que, refiriéndose a los inversores internacionales, establece el derecho de las compañías a impugnar directamente las leyes, reglamentaciones y prácticas de un país signatario si estas interfieren con la capacidad del inversor, permitiendo a éste la opción de demandar compensaciones por posibles pérdidas de utilidades.

Se han producido varios litigios entre empresas y Estados signatarios del TLCAN. Uno de los más llamativos es el de Metalclad, compañía de Estados Unidos que compró una compañía mexicana de transformación de residuos peligrosos, la cual había contaminado la zona donde se ubicaba con 20.000 toneladas de contaminantes tóxicos y potencialmente explosivos. El ayuntamiento local denegó la licencia municipal para seguir utilizando la zona para estos fines, lo que llevó a Metalclad a demandar al gobierno de México por un importe de 90 millones de dólares en compensación por lo que suponía una expropiación sin compensación por parte de la corporación municipal. Un tribunal del TLCAN, en el año 2000, compensó a Metalclad con 16.685.000 dólares, amparándose en que la denegación de la licencia municipal, así como la creación de una zona de protección ecológica, constituían una expropiación indirecta y violaban el capítulo 11 del TLCAN.

Para el movimiento sindical internacional, cualquier régimen multilateral de inversiones debe ser compatible con la facultad de los gobiernos para regular todas las áreas de interés público, incluyendo las inversiones.

"Es inaceptable que la OMC impulse los derechos de los inversores (opina Guy Ryder, Secretario General de la CIOSL) cuando se han hecho tan pocos adelantos en los temas de desarrollo y en reducir las amenazas que plantea la cruda mundialización de libre mercado para el progreso social y medioambiental del mundo".

Los sindicatos venimos insistiendo en las últimas conferencias ministeriales para que la OMC adopte referencias vinculantes a las normas fundamentales del trabajo y la necesidad de satisfacer los intereses de los países en desarrollo en cualquier discusión de instrumentos internacionales sobre inversión, política de competencia o adquisiciones públicas.

OTROS TEMAS DE LA AGENDA DE SINGAPUR

En mayo de 2002, la agrupación sindical internacional Global Unions (CIOSL), la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) adoptaron una declaración conjunta respecto a las negociaciones del Acuerdo General sobre Comercio de servicios (AGCS), donde se defiende que los servicios públicos (principalmente la educación, la sanidad y servicios esenciales como el agua) y las actividades socialmente benéficas, no han de ser objeto de negociación. El AGCS debería incorporar una cláusula explícita eximiendo a los firmantes de dicho acuerdo del mecanismo de solución de diferencias de la OMC en todos los casos que involucren al sector público. La declaración concluye llamando la atención en que las negociaciones del AGCS revisten demasiada importancia para el interés público como para que se estén llevando a cabo en secreto y sin involucrar a representantes parlamentarios e interlocutores sociales.

En febrero de 2003, la Comisión Europea se comprometió a no abrir los mercados de la Unión en los sectores de educación, salud, energía y suministro de agua. Se aceptó también que las condiciones de trabajo en la Unión Europea, el salario mínimo y cualquier convenio colectivo salarial serían de aplicación en caso de movimiento temporal de trabajadores dentro de la Unión. Esta decisión ilustra hasta qué punto la presión del movimiento sindical europeo y el resto de las organizaciones sociales pueden tener cierto efecto en las decisiones de los gobiernos.

LA AGRICULTURA

Todas las partes implicadas parecen coincidir en que la agricultura ha sido el tema que ha hecho fracasar, al menos en la superficie, la ministerial de Cancún. La Declaración de Doha contemplaba el inicio de negociaciones para reducir los subsidios agrícolas, especialmente los subsidios a la exportación. Se hacía especial mención al trato diferenciado para los países en desarrollo, además de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.

Las organizaciones sindicales afiliadas a la CIOSL apoyamos un mayor acceso a los mercados agrícolas para los países en desarrollo, especialmente los menos adelantados. La Federación Europea de Trabajadores Agrícolas (EFTA) defiende "la necesidad de brindar a los países en desarrollo un mejor y más fácil acceso a los mercados europeos. Lo cual requerirá el desmantelamiento gradual de los subsidios agrícolas".

El Congreso de la UITA de mayo de 2002 pedía, por su parte, "la reducción gradual de los subsidios nacionales e interregionales a la exportación, que deberían ser substituidos por incentivos que fomenten la creación de empleo, la eliminación de la pobreza rural, la seguridad alimentaria y el desarrollo de técnicas de producción de alimentos y agropecuarias medioambientalmente correctas".

En el Manifiesto de la Sociedad Civil española ante la Conferencia de la OMC de Cancún que UGT suscribió con CCOO y algunas de las más importantes organizaciones sociales nacionales e internacionales, y donde también participó la UPA, se decía:

"Todos los países deben ver reconocida su soberanía alimentaria, que conlleva el derecho de sus gobiernos a proteger el sector agrario y pesquero (en especial las explotaciones familiares) para garantizar el acceso seguro a alimentos y la provisión de bienes públicos (sociales y ambientales) a través de la multifuncionalidad de la agricultura".

"Eliminación del dúmping en las exportaciones agrarias. El principio que debe regir los acuerdos sobre agricultura es que ningún producto podrá ser exportado a precios por debajo de sus costes de producción".

"La necesidad de poner en marcha un plan que permita caminar hacia el rescate de los precios mundiales de materias primas y productos agropecuarios, de forma que garanticen un precio justo y digno a los agricultores y ganaderos".

Para la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), el acuerdo previo a la Conferencia de Cancún de la Unión Europea con Estados Unidos a lastrado la libertad de defender el modelo agrario europeo, que es sensiblemente diferente al norteamericano. Este acuerdo se produce después de que Estados Unidos aprobara en el 2002 la Farm Bill, con un apoyo presupuestario adicional a su sector agrario cercano a los 20.000 millones de dólares.

Por el contrario, la Unión Europea aprobaba el pasado junio una reforma de la Política Agraria Común (PAC), con una ayuda única por explotación desvinculada de la producción. Se congelaba, además, el presupuesto agrícola hasta el año 2013. Esta reforma, en opinión de la UPA "tiene para nuestro país dos repercusiones fundamentales: la pérdida de competitividad de todas nuestras producciones de secano y la renacionalización de la PAC".

LA OMC DESPUÉS DE CANCÚN

Pocos se atreven a aventurar qué va a pasar en la Organización Mundial de Comercio después del segundo fracaso de una conferencia ministerial (el primero se produjo en Seattle en 1999).

En cualquier caso, la OMC ha elegido desde su creación en 1995 una vía escasamente democrática en los procesos de negociación, que se celebran a puerta cerrada y donde no se permite que los parlamentos, sindicatos y otros grupos sociales que intervienen en interés público participen en estas reuniones de toma de decisión.

Son también muy preocupantes los poderes sin precedentes de que se ha dotado el organismo de la OMC competente para resolver los conflictos entre las partes, cuyos fallos prevalecen frente a cualquier ley de carácter nacional que supuestamente viole el acuerdo comercial. Este organismo elabora sus dictámenes con el asesoramiento de expertos de comercio, sus deliberaciones son secretas y en ellas está prohibida la participación de terceros. Los dictámenes de la OMC son apelables una sola vez y ningún otro tribunal puede revocarlos.

Esta impermeabilidad y secretismo de la OMC para con los representantes legítimos de los ciudadanos o las organizaciones sociales no se cumplen respecto a las empresas multinacionales. A pesar de que los miembros de la OMC solo pueden ser Estados nacionales, es frecuente la presencia destacada de ejecutivos de grandes empresas en el Comité de Expertos (órgano que gestiona el día a día de la OMC) e, incluso, en las mismas Conferencias Ministeriales (en la de Cancún asistieron más de 700). La OMC se ha decantado desde un primer momento por aplicar doctrinariamente las recetas más añejas del ultraliberalismo para los países menos desarrollados, al tiempo que ejerce un férreo proteccionismo de los espacios comerciales del mundo desarrollado.

Resulta paradójico que los países más desarrollados exijan a los países pobres lo contrario de lo que ellos hicieron durante décadas. El proteccionismo, entre otras virtudes, permitió a estos países desarrollarse y que sus empresas acumularan un cierto capital antes de abrirse hacia el exterior. Noam Chomsky lo resume de la siguiente manera: "los países ricos no han hecho otra cosa que subir primero la escalera y después tirarla de una patada para asegurar que nadie más pueda subir". El dogma neoliberal de la OMC equipara liberalización económica a crecimiento y desarrollo. Sin embargo, de los trabajos del economista suizo Paul Bairoch (que ha trabajado una etapa de su vida en el GATT) se desprende que la economía mundial ha crecido menos durante 1980-2000 (la edad de oro del librecambio y la desregulación), que en las décadas precedentes de 1960-1980, criticadas por los liberales como proteccionistas e intervencionistas.

Para la CIOSL, "las actuales reglas de la OMC sobre la liberalización mundial dejan muy poco margen para quienes no pueden seguir el ritmo y siguen sin proteger a los trabajadores de los efectos negativos de la mundialización. Se está limitando seriamente la capacidad de los países en desarrollo de fijar condiciones sobre las inversiones extranjeras y se imponen grandes obstáculos para que puedan prestar ayuda al despegue de sus propias empresas exportadoras. Al mismo tiempo, esos países se enfrentan a la constante presión de la competencia desleal de países autoritarios como China, que viola los derechos laborales fundamentales de sus propios trabajadores a fin de poder vender productos más baratos".

Finalizada la Cumbre de Cancún, los países desarrollados, con Estados Unidos y la Unión Europea al frente, aceptaron ante la prensa que la Conferencia de la OMC se había cerrado con un fracaso. El comisario de comercio de la UE, Pascal Lamy, calificó los procedimientos de la OMC de "medievales".

El grupo de los 20 (G-20) -que agrupaba a un grupo de países en desarrollo con Brasil, India y China a la cabeza- lanzaba, por el contrario, un mensaje de fuerza, de frente unido ante las exigencias de los países ricos y consideraba que las negociaciones en el seno de la OMC iban a continuar.

Más allá de que la posición intransigente de los Estados Unidos y la falta de una posición propia claramente matizada por parte de la Unión Europea han dificultado las negociaciones en la Conferencia de Cancún, es difícilmente aceptable que países como los que lideran el G-20 (uno de cuyos objetivos fundamentales es incrementar sus cuotas de exportaciones) representen los intereses de los países menos desarrollados. Un análisis reduccionista en términos de bloques desfigura la complejidad y diversidad de los distintos países, de sus diferentes grados de desarrollo económico y social.

Por otra parte, calificar de victoria la falta de resultados de la Ministerial de Cancún supone apostar por los convenios bilaterales frente a los sistemas multilaterales de mutua corresponsabilidad. Están proliferando ya, de hecho, las negociaciones comerciales bilaterales y regionales, muchas de ellas con la participación de Estados Unidos. En el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), Estados Unidos está consiguiendo incorporar similares derechos de los inversores que los denunciados en el proyecto del AMI.

En un momento en el que se sufre una clara apuesta a favor de la resolución de conflictos en clave bilateral (el caso de la guerra y ocupación de Irak es un buen ejemplo de ello), frente al consenso democrático de las organizaciones internacionales, resulta complicado asumir que el fracaso en el seno de la OMC (organismo plagado de defectos, pero organismo multilateral, al fin y al cabo) vaya a beneficiar a largo plazo a los países más desfavorecidos.

El movimiento sindical sigue apostando por un sistema multilateral, por el refuerzo y la democratización de los organismos internacionales, desde la ONU a la OMC. Por lo que se refiere a esta última, vamos a seguir exigiendo que:

-Todos los países miembros de la OMC deben comprometerse a respetar las normas fundamentales del trabajo establecidas por la OIT.

-Para llevar a cabo el examen y seguimiento de las relaciones entre el comercio, el empleo y las normas fundamentales del trabajo, la OMC con la participación de la OIT, debe establecer una estructura formal, que además de tratar estos temas, podría abordar otras cuestiones como el impacto de las políticas comerciales sobre la mujer, la dimensión social de la globalización, etc.

-Los países miembros de la OMC deben reconocer que los tratados de la ONU prevalecen sobre las normas de comercio, para lo cual deberán actualizar los acuerdos de la OMC, a fin de incorporar una referencia a los derechos humanos, incluyendo las normas de trabajo.

-La OMC debe organizar una primera reunión de Ministros de Comercio y Trabajo, con la participación de sindicatos y empleadores, con el fin de debatir la implantación de las normas fundamentales de trabajo en las revisiones de la política comercial de la OMC.

-Es urgente que la OMC reconozca formalmente que las zonas francas para la exportación representan en la mayoría de los casos un atentado contra los derechos humanos y de los trabajadores, que representan de hecho un incentivo ilegítimo a las exportaciones y que distorsionan el comercio, lo cual no es permisible según las normas de la OMC.

-Se deben reforzar las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, con el fin de implantar unos controles más rígidos a la conducta de las empresas respecto al desarrollo sostenible, el respeto de los derechos humanos y laborales, la transparencia económica y fiscal y el interés de los consumidores.