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| 2 de octubre del 2003 |
Dudas sobre el proyecto de Constitución Amnistía Internacional, septiembre del 2003.
Bruselas.- Ante la inauguración el próximo sábado de la Conferencia Intergubernamental, y en vísperas de la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, seis organizaciones no gubernamentales que trabajan en los ámbitos del asilo, la inmigración, el derecho penal y los derechos humanos han dado a conocer hoy un documento conjunto que presentan a la Conferencia Intergubernamental, en el que exponen sus preocupaciones en relación con el proyecto de Constitución europea.
(Para más información, consulten: Towards a Constitution for Europe: Justice and Home Affairs. Comments from Non-Governmental Organisations for the IGC (pueden obtenerlo en www.amnesty-eu.org, en "documents", o en www.statewatch.org o poniéndose en contacto con cualquiera de las organizaciones que se enumeran más abajo). En su documento, las ONG piden a la Conferencia Intergubernamental que presione para que se respeten todos los derechos fundamentales y se estudien exhaustivamente las deficiencias de la III Parte del proyecto de Constitución, relativa a las políticas sobre inmigración, asilo, cooperación judicial en asuntos penales y vigilancia policial. Las organizaciones firmantes afirman que, sin una aclaración detallada, algunas disposiciones de la nueva Constitución podrían dar lugar a abusos y corren el riesgo de rebajar los criterios existentes de derechos humanos. «Dado que la Convención tuvo un plazo y unas competencias limitadas para estudiar estas áreas políticas, presionamos a la Conferencia Intergubernamental para que se replantee las áreas de preocupación específicas de la III Parte (capítulo IV), relativas a una zona de libertad, seguridad y justicia», dice el documento conjunto. Entre las cuestiones que se exponen en dicho documento conjunto, figuran las siguientes: Gestión de los flujos de refugiados El proyecto de Constitución contiene una estipulación para «la asociación y la cooperación con terceros países para gestionar los flujos de personas que solicitan asilo o una protección subsidiaria o temporal.» Si no se aclara, esta disposición «queda abierta al abuso si los Estados miembros tratan de "subcontratar" sus deberes de protección con terceros países», afirma el documento conjunto de las ONG. El artículo «contiene la posibilidad de que la Unión Europea trate de coaccionar a terceros países para que admitan quienes piden protección en la UE.» Inmigración En el camino hacia una política de inmigración común, hay que aclarar y ampliar la referencia al trato justo de los nacionales de terceros países que residen legalmente en los Estados Miembros. Las normas deben ser iguales que las relativas al trato de los nacionales de Estados Miembros. Fiscalía Europea Hay que aclarar que la creación de una Fiscalía Europea dentro de Eurojust implica necesariamente el establecimiento de un conjunto coherente de normas procesales penales europeas que contengan las salvaguardias adecuadas para los derechos de la defensa, incluida, en particular, una representación letrada adecuada. Cooperación judicial en asuntos penales Se establece una base jurídica para fijar unas normas mínimas relativas a los derechos de las personas en procedimientos penales y los derechos de las víctimas de delitos. Sin embargo, el documento de las ONG expresa su preocupación ante la ausencia de un mecanismo de vigilancia independiente. Esta evaluación del cumplimiento de la ley en su aplicación es un elemento esencial de la confianza y el reconocimiento mutuos que han de servir de base de la cooperación judicial en la Unión Europea. Derechos fundamentales La aplicación de la totalidad de los principios contenidos en la Carta de Derechos Fundamentales, y su carácter justiciable deben ser una obligación positiva para los Estados Miembros, y no quedar a su discreción. |
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