Luis Peraza Parga: El Tribunal Supremo de EEUU (II)

El 28 de mayo del 2003 escribí en estas mismas páginas un artículo sobre el Tribunal Supremo (TS) de Estados Unidos y la tendencia de cinco de sus nueve jueces vitalicios, entre los que se encuentran dos mujeres, a aceptar el derecho internacional para interpretar su Constitución.

Ahora se presenta la oportunidad de demostrarlo, ya que el 10 de noviembre decidió examinar la legalidad de la detención de centenares de extranjeros recluidos en la base militar de Guantánamo, arrendamiento temporal en Cuba, detenidos durante el conflicto afgano y sometidos a un agujero negro legal en virtud del cual ni siquiera se les ha podido aplicar el derecho internacional humanitario de Ginebra de 1949.

El TS aceptó el examen de una única pero esencial pregunta: ¿Posee la justicia estadounidense jurisdicción para mantener detenidos a ciudadanos extranjeros, de una cuarentena de países, capturados fuera de su territorio durante enfrentamientos y encarcelados en la base naval de Guantánamo, en Cuba? El recurso procedente de varios presos de facto británicos, australianos y de Kuwait ha sido unificado en una única demanda por la misma Corte y, lamentablemente, tendremos que esperar hasta el 2004 para que los estrictos tempos del más alto tribunal le permitan enjuiciarlo. Los argumentos de esta importante admisión, una victoria en sí misma, han ido por el lado de que la prisión de Guantánamo opera totalmente fuera de la ley estadounidense e internacional: los detenidos pueden estar indefinidamente sin cargos, acceso a la familia, amigos, pruebas en su contra, y sin posibilidad de contar con asistencia letrada y oportunidad de establecer su inocencia.

El argumento estatal es que se trata de detenidos en un territorio fuera de los Estados Unidos y que, por lo tanto, los tribunales federales de este país no tienen jurisdicción sobre ellos. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, organización humanitaria independiente e imparcial que ha tenido acceso a la prisión, las personas detenidas en una situación de conflicto o de violencia armada están protegidas por el derecho internacional humanitario y deben ser tratadas con humanidad. El Gobierno estadounidense rehusó otorgar a los internados en Guantánamo el estatuto de prisioneros de guerra, incumpliendo el derecho internacional que obliga a crear una comisión independiente para que declare la no aplicación de este derecho, pero declaró que los trataría "... con humanidad y de conformidad con los principios del III Convenio de Ginebra de 1949, en la medida que sea pertinente y compatible con las necesidades militares" según la hoja informativa de La Casa Blanca.

Además, EEUU ha amenazado con crear comisiones militares para procesar a algunos de los internados, que carecerían de requisitos mínimos del derecho internacional, como el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial e independiente.

El coronel Frederic Borch, fiscal jefe de los consejos de guerra autorizados después del 11 de septiembre para terroristas extranjeros, confirmó el inicio de dichos juicios. Debido a sus negociaciones con países aliados que cuentan con nacionales entre los detenidos, el gobierno estadounidense ha admitido una serie de modificaciones en las reglas procesales de estos consejos de guerra. Será un equipo compuesto por nueve fiscales militares con siete militares de Estados Unidos actuando como jurado.

La situación jurídica de estos internos debe resolverse de una manera rápida, después de dos años de limbo jurídico y de acuerdo a la legalidad y legitimidad internacional y no basándose en la legalidad jurídica creada al albur de un sentimiento de rabia e impotencia ante los criminales "avionazos." Todos los organismos internacionales se agotan repitiendo que la lucha contra el terrorismo tiene que ser planteada desde un respeto exquisito del estado de derecho y de los derechos fundamentales de las víctimas y victimarios.

Es la oportunidad de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos demuestre que es una Corte sin parangón rectificando, con una sentencia ejemplar que respete los principios del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, los desmanes de un presidencialismo exacerbado.

Siempre me pregunto lo mismo: ¿Sería el mundo un lugar distinto, más pacífico, si los jueces hubieran dado por ganador, en la últimas elecciones presidenciales, al rival de Bush, Al Gore?