Abraham Siles Vallejos y Lilia Ramírez Varela: Perú: Las amistades peligrosas

Abraham Siles Vallejos y Lilia Ramírez Varela
Justicia Viva / IDL. Perú, noviembre del 2003.

La reciente denuncia planteada contra el Vocal Supremo César Vega Vega por mantener vínculos comerciales con el personero legal del partido aprista y abogado de Luis Duthurburu, quien es encausado por corrupción ante la Sala que integra Vega Vega, vuelve a plantear la cuestión de la composición de la Corte Suprema de Justicia y la necesidad de mantener en ella sólo a personas intachables. Como se postula en el siguiente artículo, tiene ahora la palabra el CNM.

Una vez más, el lunes 24 de noviembre, el Vocal Supremo César Vega Vega, miembro de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, fue objeto de una grave denuncia. El congresista Heriberto Benítez señaló que Vega Vega alquila desde hace varios años su casa a Ángel Romero Díaz, personero del APRA y abogado defensor de Luis Duthurburu Cubas, uno de los principales consejeros financieros y cómplices del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos (acogido a la Ley de Colaboración Eficaz). Para Benítez, la situación en la que se ve envuelto Vega Vega verificaría la comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, tráfico de influencias y encubrimiento (La República, 25/11/2003).

Junto a su denuncia, el parlamentario mostró un conjunto de pruebas, entre las que se encontraban la ficha de registros públicos del alquiler de la casa a Romero Díaz, el registro de visitas realizadas desde el 2001 hasta la fecha por el personero aprista a Duthurburu en el penal, entre otras.

En la conferencia de prensa, Heriberto Benítez manifestó que "es inadmisible que un vocal de la Corte Suprema comparta su vivienda con un personero legal de un partido político, quien a su vez es defensor de un miembro de la mafia". Además sostuvo que el cuestionado Vocal Supremo fue uno de los responsables de archivar la denuncia del caso del millón de firmas, y que junto al igualmente controvertido Vocal Supremo Robinson Gonzáles votó en favor de los Wolfenson, pues ambos magistrados coincidieron en conceder permiso especial para trabajar fuera de casa a los empresarios, dueños del diario La Razón, quienes se hallan en la actualidad bajo arresto domiciliario.

Ante la denuncia, el magistrado Vega Vega señaló que no es un delito haber alquilado su casa al abogado Ángel Romero, pero que para evitar suspicacias cancelará el contrato antes de fin de año; añadiendo que "la ley no me prohíbe alquilar una oficina a un abogado, que además es mi amigo y lo conozco desde 1980".

Así también Vega Vega admitió que, como miembro de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, estuvo a cargo de cinco de los procesos que enfrenta Luis Duthurburu. Sorprendentemente, sin embargo, al mismo tiempo indicó, con curioso raciocinio, que no favoreció a éste, pues "no habría forma porque las decisiones en la Sala Penal se toman de manera colegiada y no individualmente".

Hay que señalar que los descargos realizados por el magistrado son poco convincentes. Así, por ejemplo, su anuncio de resolver el contrato de alquiler puede ser entendido como un reconocimiento tácito de la inconducta imputada. En este caso, la enmienda sería extemporánea, no siendo válida para evitar la sanción correspondiente. Por lo demás, el haber ejercido jurisdicción en cinco juicios seguidos contra el defendido de su inquilino revela incompatibilidad de intereses.

Es lamentable que un miembro de la Corte Suprema aparezca continuamente involucrado en casos de este tipo, pues, como se recuerda, no es ésta la primera grave denuncia formulada contra César Vega Vega en meses recientes. En todo caso, corresponde ahora al Consejo Nacional de la Magistratura investigar a fondo la denuncia presentada y, de encontrar responsabilidad, separar del cargo al Vocal. Necesitamos que la ciudadanía confíe en que los jueces mantienen una conducta intachable y ejemplar, -máxime si se trata de integrantes de la Corte Suprema, sin nexos indebidos con grupos políticos, mafias de corrupción gubernativa que han saqueado el erario nacional, o simplemente litigantes y abogados cuyos casos se hallan sometidos a la jurisdicción de los magistrados.

Comportamientos como el de Vega Vega muestran lo contrario, atentando contra los principios fundamentales de transparencia, imparcialidad y honestidad de la judicatura. Recordemos que los jueces ganan legitimidad frente a la ciudadanía mediante sus sentencias y su conducta funcional. Y que, como ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en jurisprudencia reiterada, jueces y juicios no sólo deben ser independientes, imparciales y justos, sino también parecerlo.