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| 21 de noviembre del 2003 |
Promesas y realidades del Tratado
Integración Sur / D3E. Miami (EEUU), noviembre del 2003.
Los países de América Latina y el Caribe afrontan un reto enorme: ¿Cómo mejorar la economía, crear puestos de trabajo y generar los ingresos necesarios para proporcionar bienes públicos básicos como la salud y la protección ambiental? Su tarea tropieza con más de dos décadas de débil desempeño económico en que no se ha logrado crear puestos de trabajo para una fuerza laboral cuyo crecimiento proyectado se calcula en 1,9 % anual desde el año 2000 hasta el 2010. Casi una de cada diez personas está desempleada. El actual ingreso per cápita asciende a sólo 3.580 dólares y según el Banco Interamericano de Desarrollo, alrededor de 150 millones de personas -uno de cada tres habitantes en América Latina y el Caribe- ganan menos de 2 dólares diarios. Para exacerbar el problema, los gobiernos de la región admiten que, si bien se han sancionado buenas leyes ambientales y de salud pública, rara vez se hacen cumplir, sobre todo en las zonas rurales.
Con la esperanza de evitar otra "década perdida" similar a la de 1980, treinta y cuatro gobiernos del hemisferio occidental se reunieron en 1994 con el fin de delinear un ambicioso programa para fomentar la prosperidad, los valores y las instituciones democráticas y la seguridad en todo el hemisferio. Negociar un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) era una de sus prioridades. En la opinión de los jefes de estado que asistieron a la reunión de 1994, "El libre comercio y una mayor integración económica son factores clave para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo en las Américas y proteger el medio ambiente". Muchos funcionarios y observadores en el hemisferio creyeron que el libre comercio aliviaría las dolencias de las economías. En total, los gobiernos latinoamericanos están negociando o han concluido diecisiete acuerdos de libre comercio con los estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Más recientemente, en enero de 2003, los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Estados Unidos anunciaron el inicio de negociaciones de comercio cuya finalización está prevista para fines de 2003, antes de la conclusión del ALCA. De acuerdo con el Representante de Comercio de Estados Unidos, embajador Robert Zoellick, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA) propiciarían la integración regional que los centroamericanos han iniciado, complementando así los esfuerzos para promover la culminación exitosa de las negociaciones del ALCA. Hace veinticinco años, México enfrentó una situación económica similar y adoptó una receta análoga. La anterior estrategia económica de México de sustitución de las importaciones y mayor protagonismo del sector público había incrementado los puestos de trabajo y la producción económica, pero generó asimismo una exagerada deuda externa que desencadenó una importante crisis económica en 1982. El presidente Miguel de la Madrid Hurtado respondió encauzando a México hacia una economía de exportación. A pesar de considerable oposición interna, en 1986 México suscribió el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (precursor de la Organización Mundial del Comercio - OMC). El presidente Carlos Salinas de Gortari se mantuvo en el sendero de La Madrid en pro de la liberalización mediante la contracción del sector público, la promoción de la reforma agraria y la obtención de un compromiso de Estados Unidos y Canadá en 1991 de negociar un acuerdo de libre comercio. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en vigor en 1994, marcando el primer acuerdo comercial de envergadura entre países desarrollados y en desarrollo. ¿Cuál ha sido la experiencia de México después de 20 años de liberalización del comercio y 10 años del TLCAN? ¿Cómo ha cambiado la vida de los mexicanos? ¿Ha adquirido el gobierno mexicano la capacidad de crear condiciones que permitan ofrecer trabajo a los mexicanos, proteger su salud y el medio ambiente y ofrecerles verdaderas alternativas a la migración? En suma, ¿qué lecciones pueden aprender otros países latinoamericanos del intento de México de utilizar la liberalización del comercio con Estados Unidos y Canadá como motor del desarrollo Para responder esas preguntas se determinó de qué manera se ha visto afectada la calidad de vida en América del Norte, en particular en México, debido a la liberalización del comercio. Si bien analizamos la experiencia de los tres países, hacemos hincapié en la experiencia de México desde la entrada en vigor del TLCAN, ya que resulta más pertinente para otros países en desarrollo interesados en fortalecer sus vínculos económicos con países ricos como Canadá y Estados Unidos. La mayoría de los análisis positivos se concentran en el nivel macro y la mayoría de los análisis negativos se apoyan sólo en las pérdidas y no en las ganancias, mientras que nuestro análisis presenta una evaluación rigurosa y equilibrada del TLCAN ya que se concentra en su efecto en la vida de los habitantes, su sustento y la unidad familiar. Nuestro segundo objetivo consiste en ofrecer una apreciación a otros países, en particular de América Latina, que estén interesados en fortalecer sus vínculos económicos bilaterales y multilaterales en la región. Si bien no son totalmente similares, la historia económica y cultural y el rico ecosistema de México están más estrechamente ligados a sus vecinos latinoamericanos que a Estados Unidos o Canadá. Estas similitudes significan que la evolución del TLCAN puede ofrecer un panorama a otros países que estén contemplando los costos y beneficios potenciales de acuerdos como el CAFTA y el ALCA. Cinco conclusiones El estudio permite ofrecer cinco conclusiones principales: El TLCAN no ha ayudado a la economía mexicana a mantenerse a la altura de la creciente demanda de puestos de trabajo. Un crecimiento sin precedentes en el comercio, la creciente productividad y el repentino incremento de las inversiones tanto en cartera como extranjeras directas han producido un aumento de 500 mil puestos de trabajo en el sector manufacturero entre 1994 y 2002. El sector agropecuario, donde aún trabaja casi la quinta parte de la población mexicana, ha perdido 1,3 millones de puestos desde 1994. Los salarios reales de la mayoría de los mexicanos son hoy más bajos que cuando el TLCAN entró en vigor. Sin embargo, este revés en los salarios fue causado por la crisis del peso entre 1994 y 1995, no por el TLCAN. Sumado a ello, el aumento de la productividad que se registró en la década pasada no se ha traducido en un aumento salarial. A pesar de los pronósticos, los salarios mexicanos no han experimentado una convergencia con los salarios de Estados Unidos. El TLCAN no ha detenido el flujo de mexicanos pobres hacia Estados Unidos en busca de trabajo; en realidad, se ha registrado un aumento espectacular en el número de inmigrantes que llegan a Estados Unidos a pesar del aumento inédito en las medidas de control fronterizo. Los patrones históricos de migración, la crisis del peso y el atractivo de las oportunidades de empleo en Estados Unidos constituyen mejores explicaciones del aumento de la migración que el propio TLCAN. El temor de una minimización de las regulaciones ambientales ha sido infundado. Al momento, algunos elementos de la economía mexicana están más contaminados y otros más limpios. El gobierno mexicano estima que los daños anuales ocasionados por la contaminación en la década pasada superaron los US$ 36 mil millones por año. Este daño al medio ambiente es mayor que las ganancias económicas procedentes del crecimiento del comercio y la economía en su conjunto. Más concretamente, la puesta en vigor del TLCAN aceleró cambios en las prácticas agrícolas comerciales que han sometido al diverso ecosistema de México a un riesgo mayor de contaminación por concentraciones de nitrógeno y otros productos químicos comúnmente utilizados en la agricultura moderna. La evolución de México hacia un sector agrícola moderno y orientado a la exportación tampoco ha producido los beneficios ambientales previstos de menor deforestación y labranza. Los agricultores rurales han sustituido el ingreso perdido debido a la baja de precios de los productos básicos por el cultivo de tierras más marginales, práctica que ha resultado en una tasa promedio de deforestación de más de 630 mil hectáreas anuales desde 1993 en las regiones biológicamente ricas del sur de México. Dicho simplemente, el TLCAN no ha sido ni el desastre que sus detractores pronosticaron ni la tabla de salvación aclamada por sus partidarios. Pero, si bien el efecto general del TLCAN puede ser ambiguo, para las familias rurales de México el cuadro es muy claro-y sombrío. El TLCAN ha acelerado la transición de México a una economía liberalizada sin contribuir a crear las condiciones necesarias para que los sectores público y privado se adaptaran a los choques económicos, sociales y ambientales de comerciar con dos de las economías más grandes del mundo. Los ciudadanos más vulnerables de México han enfrentado una vorágine de cambios que supera la capacidad de control propia o de su gobierno. En respuesta a los crecientes retos que afrontan las zonas rurales de México, muchas familias han creado estrategias de supervivencia para hacer frente a sus necesidades básicas de subsistencia. Las estrategias incluyen una combinación de mayor cultivo de productos básicos y empleo fuera de la finca, a menudo en el sector informal, en algunos casos en plantas maquiladoras que se han trasladado de la frontera norte al interior. Muchos trabajadores rurales realizan actividades no agrícolas como su ocupación principal, suplementando sus ingresos con labores agrícolas esporádicas. La política agrícola de México ofrece considerable apoyo a los agricultores comerciales, pero no beneficia a los agricultores de subsistencia. Más que nunca, las familias dependen de las remesas de aquellos que emigran a Estados Unidos, con o sin documentación. Por último, a fin de reducir sus gastos, las familias rurales también recurren a métodos más tradicionales para calentar sus viviendas y alimentar a sus familias. La pérdida ambiental neta asociada al aumento del cultivo de tierras marginales, la tala ilegal y el asentamiento ilícito para obtener combustible y alimentos colocan a algunas de las reservas biológicas más importantes del hemisferio en riesgo de sufrir un daño irreparable. (*) John Audley es investigador en el Carnegie Endowment for International Peace (Washington). El presente texto es la introducción de un estudio más amplio, donde también son autores S. Polaski, D.G. Papademetriou y S. Vaughan, presentado en Miami. El artículo ha sido editado y resumido por Claes D3E. |
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