Estados Unidos en guerra: María Cristina Rosas: El fin de las sanciones contra Irak

A partir del jueves 8 de mayo del año en curso circula, en los círculos diplomáticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una propuesta de resolución impulsada por el gobierno de Estados Unidos para poner fin a las sanciones amplias decretadas por el Consejo de Seguridad de la ONU el 6 de agosto de 1990. Esta iniciativa se produce luego de que el gobierno estadunidense designara como responsable de coordinar la reconstrucción de Irak al halcón Paul Bremer, un personaje -dicen- muy docto en los problemas de la región y en las políticas de combate al terrorismo.

Las sanciones amplias que se le aplican a Irak constituyen un obstáculo a la promoción de los intereses comerciales de Estados Unidos en ese país. Washington ciertamente no desea repetir la experiencia de las sanciones aplicadas contra Vietnam o Cuba, que evitaron que las corporaciones estadunidenses pudieran operar en ambos países (y de hecho el gobierno de William Clinton, cuando decidió poner fin a las sanciones contra Vietnam dejó en claro que lo hacía porque las empresas estadunidenses estaban perdiendo mercados e influencia en el país asiático frente a sus competidores de Japón y Europa). Por ello no debe extrañar la propuesta de resolución que ahora impulsa en la ONU la administración Bush.

Poner fin a las sanciones contra Irak, parece un hecho consumado, a juzgar por el contexto político imperante. Hans Blix, el diplomático sueco que preside a los inspectores de la Comisión de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas para Irak (UNMOVIC) finalizará su contrato con la ONU el próximo mes de junio. Blix ha dicho con un dejo de fastidio, que no tiene intención de seguir presidiendo a la UNMOVIC.

Por otro lado, si la propuesta de resolución de Estados Unidos encuentra una fuerte oposición en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo más probable es que Washington decida poner unilateralmente fin a las sanciones (como ya lo anunció el mismo George W. Bush), con lo cual no le quedaría a la comunidad internacional más remedio que seguir los pasos de la Unión Americana. Se sabe que hay una oposición a la resolución citada, de parte de Francia, China y Rusia, si bien existe un margen de negociación de EEUU con los franceses y los chinos, aunque no así con los rusos. En los próximos días se llevará a cabo la cumbre del Grupo de los Ocho en Evian, Francia, y ciertamente Irak será motivo de negociaciones intensas entre los participantes. Empero, el hueso más difícil de raer será Rusia, país petrolero, temeroso de que al llegar a su fin las sanciones contra Irak, se produzca una caída en los precios internacionales de los hidrocarburos que afectaría naturalmente al oro negro ruso (por cierto que a México le incumbre sobre manera este tema, a juzgar por la enorme dependencia que el país tiene del petróleo como fuente de ingresos, aunque resulta poco probable que el gobierno de Vicente Fox se oponga a poner fin a las sanciones contra Irak por el costo político que un nuevo disenso político con Washington podría tener).

Pero la resolución propuesta por Estados Unidos es más importante por otras razones. En primer lugar, porque margina aun más a las Naciones Unidas de la solución de los problemas internacionales, negándole la posibilidad de jugar un papel importante en la reconstrucción iraquí. Y segundo, por las implicaciones que tiene para la concepción misma sobre la reconstrucción y los programas de asistencia al desarrollo para las naciones pobres.

Sobre el primer punto, la ONU ya ha sido muy castigada por el gobierno de George W. Bush quien tomó la decisión de ir a la guerra contra Irak sin buscar un consenso en el Consejo de Seguridad. Hoy Estados Unidos está haciendo pagar a las Naciones Unidas el costo político de esa falta de apoyo. Sumado a ello, lo que ahora propone Estados Unidos con la resolución descrita, es un escenario en el que los esfuerzos de la reconstrucción de Irak recaigan exclusivamente en la persona de Paul Bremer, y en un Fondo de Asistencia Iraquí que vendría a sustituir al personal de las Naciones Unidas que hoy por hoy administra el polémico programa petróleo por alimentos. El Fondo de Asistencia Iraquí estaría integrado por un comité encabezado por el propio Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y la ONU sería confinada a desempeñar el papel de simple observador en todo el proceso.

Es aquí donde conviene analizar el segundo punto. Tanto el programa petróleo por alimentos como la propuesta del Fondo de Asistencia Iraquí, constituyen un parteaguas respecto a los programas de asistencia al desarrollo que los países más industrializados articulan respecto a las naciones pobres. Tradicionalmente se asume que son los países ricos los que transfieren recursos para el desarrollo de los países pobres. Como es sabido, el programa petróleo por alimentos posibilitó que esa noción fuera tergiversada, toda vez que son los recursos que el propio pueblo iraquí genera a través de la venta de su petróleo en el mundo, los que se emplean para la adquisición de alimentos y medicinas y también para que Irak pague reparaciones de guerra a Kuwait, por la guerra del Golfo Pérsico de 1990-1991.

Siguiendo ese patrón, el Fondo de Asistencia Iraquí tendría la función de administrar los recursos petroleros de Irak para financiar la reconstrucción del país, sin la enfadosa participación de la ONU. Así, Irak no sólo no recibirá Plan Marshall alguno -y EEUU tampoco pagará reparaciones de guerra a los iraquíes-, sino que cargará, casi por completo, con el costo de su reconstrucción. Esas son muy malas noticias para un país que ha vivido por 13 largos años bajo un régimen de sanciones que en la práctica han operado como una guerra de baja intensidad contra el pueblo iraquí (sin olvidar las múltiples incursiones aéreas que en ese período desarrollaron Estados Unidos y la Gran Bretaña para atacar objetivos iraquíes donde supuestamente se encontraban o desarrollaban armas de destrucción en masa). Irak ya se estaba semi-destruido gracias a las sanciones amplias de la ONU antes de que Estados Unidos y la coalición que lo apoyó iniciaran las hostilidades contra el país asiático el pasado 20 de marzo.

Se estima que Irak requerirá recursos del orden de los 100 mil millones de dólares para ponerse de pie. Esa suma duplica al total de la asistencia al desarrollo que los países ricos canalizan anualmente a favor de los países pobres. Parece mucho dinero. Empero, 100 mil millones de dólares es menos de la tercera parte del presupuesto para la defensa de Estados Unidos, o bien, es la tercera parte de los recursos que las naciones industrializadas destinan para subsidiar su producción agrícola.

Existe, ciertamente, el compromiso de parte de los países industrializados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de otorgar asistencia humanitaria a favor de Irak en el corto plazo. Empero, los 100 mil millones de dólares no llegarán, máxime cuando la asistencia para el desarrollo, en general, tiende a declinar y porque en un ambiente económico recesivo global como el imperante, los países desarrollados deben atender también problemas internos de carácter social y económico.

Así, Estados Unidos dejará fuera de Irak a las Naciones Unidas porque la ONU es un obstáculo al orden regional que Washington está diseñando en el Medio Oriente. Ello implica ratificar que la reconstrucción de Irak la financiará Irak, pero que la soberanía sobre sus recursos energéticos recaerá en Estados Unidos y en los organismos de Bretton Woods sobre los que Washington tiene una notable influencia. Con este escenario, la ONU y el mundo pierden una vez más.

(*) María Cristina Rosas es profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su libro más reciente se titula Cooperación y conflicto en las Américas. Seguridad hemisférica: un largo y sinuoso camino, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, 365 pp.