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| 9 de mayo del 2003 |
aplicada a Irak
Agencia de Información Solidaria (AIS). España, mayo del 2003.
Según el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS por sus siglas en inglés), la deuda de Irak en materia de obligaciones contractuales, reparaciones de guerra y préstamos adquiridos asciende a un total de 383 mil millones de dólares, hasta un 400% de su Producto Interior Bruto. Ni siquiera con la dedicación exclusiva de la industria del petróleo al pago de sus obligaciones financieras, Irak saldría del callejón en el que se encuentra después de más de una década sin hacer frente al servicio de la deuda. La pregunta es: ¿debiera la población iraquí saldar la deuda contraída bajo el régimen de Sadam Husein?
Por el momento, el vicesecretario de Defensa estadounidense, Paul Wolfowitz, se ha apresurado a repetir en las últimas semanas la insostenibilidad del futuro gobierno iraquí para hacer frente a una deuda contraída en el pasado con el único interés de "comprar armamento, levantar palacios y fabricar instrumentos de opresión". El número dos del Pentágono ha apremiado a Francia, Alemania y Rusia, los acreedores más importantes después de los países árabes, para que accedan a la cancelación total de la deuda. Los tres países, contrarios a la intervención militar angloestadounidense en Irak y apartados ahora de las labores de reconstrucción del país, han apelado a una solución multilateral, que podía contar con las opiniones de los 19 países que forman el Club de París, y han reiterado su rechazo a una condonación total. Hasta la década de los ochenta, la economía iraquí, gracias a la exportación de petróleo, vivía una etapa dorada con rentas per cápita superiores a 4.000 dólares. Hoy, después del desgaste de tres guerras, de los abusos de la dictadura, del embargo y las sanciones posteriores a la incursión en territorio kuwaití, la renta per capita ha caído hasta los 150 dólares. Si el futuro gobierno iraquí tiene que hacer frente a los niveles de deuda actuales, la inversión extranjera hacia el país y la reestructuración del tejido social, político y económico sufrirá de nuevo los efectos del legado de la dictadura anterior. Así, Estados Unidos, actual administrador de Irak, baraja la posibilidad de forzar la cancelación de la deuda a través de un viejo recurso del derecho internacional denominado "la doctrina de la deuda odiosa" y que tuvo su primera aplicación precisamente en la guerra hispanoamericana de 1898: Estados Unidos renunció de forma unilateral a la deuda que Cuba tenía con España por considerar que había sido utilizada para financiar a dictadores amigos del imperialismo español. Según la "doctrina de la deuda odiosa", utilizada después por los bolcheviques para rechazar la deuda zarista y por Costa Rica para no pagar los préstamos británicos a Federico Tinoco, ningún país, ni sus ciudadanos, debe verse obligado a hacer frente a las deudas contraídas sin su propio consentimiento y contra su interés. Y en el caso de que así fuera, como argumentaba en 1920 Alexander Sack, teórico francés de la doctrina, los préstamos concedidos a un dictador no forman parte de la deuda soberana y, por lo tanto, el país no tiene la obligación de pagarla una vez el dictador haya caído. Según la definición de Sack, Irak no tendría la obligación de pagar sus deudas. Sin embargo, el entramado de la deuda iraquí es complejo y, según los datos del CSIS, va desde las reparaciones de guerra por la invasión de 1990 (unos 200 mil millones de dólares, de los que el 20% provienen de demandas personales), hasta los 57 mil millones de dólares en obligaciones contractuales, y los 127 mil millones de dólares que adeuda por los préstamos recibidos en la guerra Irán-Irak. A la dificultad por discernir qué parte de la deuda pudiera ser reclamada -las compensaciones por los muertos del bando kuwaití por ejemplo- y qué parte resulta "odiosa" e ilegítima, se une la lista de países que seguirían los pasos de Irak en el rechazo de la deuda adquirida por regímenes anteriores: Nicaragua por el dinero robado durante el gobierno de Anastasio Somoza; Filipinas por la fortuna que Ferdinand Marcos sacó del país; Sudáfrica por la deuda cosechada por el régimen de apartheid; Haití por la fuga de dinero que acompañó a Jean-Claude Duvalier; o Congo por el traspaso de dinero a las cuentas personales de Mobutu. Parece, por lo tanto, que la calificación de "odiosa" para la deuda iraquí podría provocar un efecto dominó en el resto de países que arrastran hoy las cargas contraídas en el pasado por regímenes autoritarios. Pero parece de igual modo que la deuda odiosa podría ser un calificativo que frenase a cualquier banco a apostar por la inversión en un país gobernado por un régimen dictatorial. Lo que sí es seguro es que la condonación de la deuda, total o parcial, afecta al desarrollo a posteriori de un país en su transición posbélica o en el abandono de un régimen autoritario. Fue el caso de Alemania después de la caída de Hitler a la que, según el Acuerdo de Londres, se anulaba el 70% de todas las deudas contraídas antes o durante el régimen nazi; o el caso de la ex Yugoslavia que, tras la entrega de Slovodan Milosevic a la Haya, recibió una cancelación del 66% de su deuda. Lejos de continuar con la disputa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en torno a la intervención angloestadounidense, Irak necesita contar con el consenso de países, organismos internacionales e instituciones financieras para determinar hasta dónde alcanzan sus obligaciones financieras y qué parte es o no es deuda odiosa. Se trata de respetar el derecho internacional, una vez que la guerra ha finalizado, y apostar por la inversión extranjera sin miedo al riesgo crediticio, por los programas de desarrollo no minados por el servicio de la deuda, por un sistema de exportaciones que revierta sus ingresos en la población y un entramado social que asegure el bienestar de los iraquíes. Apostar, en fin, por la reconstrucción del país. |
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