Crisis en Argentina: Horacio Verbitsky: La prueba

La finalización de un gobierno y el comienzo de otro constituye la mejor ocasión para las operaciones más vergonzantes. El senador Eduardo Duhalde hizo lo previsible en estos casos. Sus episodios más salientes fueron la renegociación por decreto de la concesión de tres docenas de aeropuertos y los indultos a dos docenas de civiles y militares condenados por alzarse en armas en pleno período constitucional. En cambio el presidente Néstor Kirchner puso límite a la más ambiciosa de esas componendas: los aumentos inmediatos de tarifas de los servicios públicos, la eximición de toda responsabilidad a los militares de la dictadura procesados por los crímenes de la guerra sucia en un canje de impunidades con la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia y la continuidad de las actuales cúpulas castrenses que impulsaron esa negociación.

Amplio e interesado

José Pampuro no era el candidato preferido de Kirchner para el ministerio de Defensa, sino el hombre al que Duhalde había encomendado contactos paralelos con los jefes del Ejército y la Armada, al margen del ministro nominal del ramo, Horacio Jaunarena. Pampuro difundía desde el gobierno las condiciones del plan canje y también se inclinaba por la confirmación en sus cargos del general Ricardo Brinzoni y del almirante Joaquín Stella. Los indultos de última hora formaban parte de esa combinación. Quien comandaba el Cuerpo de Ejército III, general Julio Alberto Hang, saludó con alborozo la designación de Pampuro: "Ha tenido un trato frecuente, amplio y muy interesado en las cuestiones de la defensa nacional. Es conocido por los altos mandos y sabemos de su preocupación por el sector. Además tiene conocimiento de nuestros problemas, intereses e inquietudes", dijo.

En un reportaje lamentable concedido a Nelson Castro, Pampuro sostuvo que los dos temas principales para las Fuerzas Armadas eran el escaso presupuesto, que dificultaba el funcionamiento, y la validez de las leyes de punto final y de obediencia debida. En otras declaraciones agregó que "hay que mirar hacia el futuro, porque se está iniciando un nuevo camino" y "reabrir situaciones que en la historia argentina ya fueron analizadas y vistas no se condice con la orientación general del gobierno". El propio Duhalde en un diálogo con el diario de Daniel Hadad agregó: "Después de 25 años, ¿puede ser que venga una persona a denunciar a otra, cuando han desaparecido jueces, testigos, todos? Los jueces no saben qué hacer, con detenciones que muchas veces son injustas, con unas Fuerzas Armadas que han tenido un comportamiento ejemplar en los últimos años. Permanentemente no se puede estar sobre ellas. No imagino un país que no cierre las heridas". A Kirchner le habían armado una trampa y no dudó en romperla. Hoy cuando asuma, sus palabras se escucharán con más atención.

Heridas

Las confusiones de Pampuro y Duhalde fueron inducidas por las salientes jefaturas de Estado Mayor del Ejército y la Armada. Las leyes de impunidad no constituyen una prioridad para las Fuerzas Armadas, donde el 99 por ciento de sus cuadros en actividad por razones generacionales no intervino en la guerra sucia. Sí interesa al general Brinzoni, quien llegó a convencer a Rafael Bielsa de que nada menos que 300 oficiales en actividad del Ejército serían detenidos de no confirmarse la validez de las leyes. Esa cifra se aproxima a la de los actuales coroneles y generales que iniciaron su carrera en los años de la dictadura militar, pero no guarda relación alguna con el número de quienes podrían recibir alguna acusación. Después de años de seguimiento minucioso del escalafón por parte de los organismos de derechos humanos es de alta improbabilidad que se denuncien nuevos hechos no conocidos hasta ahora.

Bielsa repitió con ingenuidad eldato interesado de Brinzoni, en un programa de televisión y en declaraciones al diario La Nación, donde fue mencionado como "virtual ministro de justicia". Su deriva hacia la Cancillería fue la mayor sorpresa del gabinete de Kirchner, quien no explicó las razones del cambio. Las denuncias a las que alude Duhalde fueron formuladas cuando ocurrieron los hechos y la desaparición de jueces y testigos es apenas una sugestiva expresión de deseos del mandatario saliente. Los únicos desaparecidos son las víctimas de la dictadura. Contra lo que parece creer Duhalde, no se juzga a las Fuerzas Armadas sino a quienes cometieron crímenes imperdonables y que hoy no forman parte de sus filas. Y los jueces hasta ahora han demostrado que saben muy bien qué hacer. A la metáfora médica de Duhalde puede responderse con otra: para que las heridas cierren y no se reabran, primero hay que curar la infección, que es lo que la justicia ha venido haciendo en los últimos años.

Reconciliación

No menos disparatada fue la invocación de Duhalde a "la reconciliación de los argentinos" en los decretos de indulto al ex coronel Mohamed Seineldín, al ex guerrillero Enrique Gorriarán, y a los compañeros de uno y otro. Tampoco se sostiene la explicación de que actuaron en defensa de la Patria. Ambos siguieron motivaciones personales: Seineldín se lanzó cuando supo que no sería ascendido y debería pasar a retiro; Gorriarán al comprobar el fracaso de sus proyectos de creación de una alternativa política atractiva para algún sector significativo de la sociedad. Por eso sólo lideran minúsculas sectas ancladas en el pasado y al margen de la realidad y no existe en el país división alguna en torno de ellos. Duhalde confesó que ni siquiera sus hijos aprobaron la decisión, reveladora de su escaso aprecio por la justicia y de su desconocimiento acerca de las necesidades del nuevo período institucional que se abrirá hoy.

Su primera consecuencia fue el malestar en las cárceles, sobrepobladas de personas procesadas o condenadas y que con toda lógica reclaman el mismo trato. Lejos de allanarle un problema a Kirchner, se lo creó. Los presos comunes de Villa Devoto reclaman que el nuevo ministro de Justicia visite la cárcel, para constatar el incumplimiento por el Estado de las obligaciones de salud, alimentación, vestimenta, educación y trabajo. Sostienen que ningún preso del país cometió "hechos de la magnitud de [los de Villa] Martelli que arrojaran tantas víctimas y enlutaran al país" y reclaman "medidas similares" a las que beneficiaron a Gorriarán. Mencionan las conmutaciones de penas a presos comunes que Menem firmó junto con los indultos a la las juntas militares y anuncian "medidas de fuerza" en respaldo del reclamo. Kirchner no ahorró énfasis en marcar su desacuerdo con los indultos. Tanta insistencia incomodó a Duhalde, quien recordó que hasta hoy decide él. Hasta hoy.

Memoria y justicia

Si el objetivo fuera la pacificación, Duhalde podría haber buscado una solución para los miles de procesados por haber intervenido en cortes de rutas, ocupaciones de fábricas u otras protestas sociales. Lejos de ello, a mediados del año pasado, luego del asesinato de los dos piqueteros en la estación Avellaneda, consideró con Brinzoni y Stella una propuesta del primero para que fuerzas militares se encargaran de la custodia de fronteras, vías marítimas y fluviales y otros objetivos estratégicos, de modo que los gendarmes y prefectos relevados reforzaran a la policía en el control de la protesta social en zonas urbanas críticas. La reunión de Stella y Brinzoni con Duhalde fue gestionada por Pampuro y el plan no llegó a aplicarse porque el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Juan José Alvarez, amenazó con su renuncia si las Fuerzas Armadas volvían a cumplir tareas de seguridad. La relación familiar de Alvarez conuno de los carapintadas indultados, Pedro Mercado, hermano de su mujer, le ha dado una percepción de primera mano sobre el efecto disolvente que la confusión entre los roles militar y policial surte sobre la sociedad, las instituciones y los individuos.

Luego de su proclamación como presidente electo, Kirchner decidió recluirse en Santa Cruz, como ya había hecho después de la primera vuelta electoral. De ese modo puso un límite a las presiones para condicionar sus primeros pasos en el gobierno. El jueves, de regreso a Buenos Aires, en su primer encuentro con Pampuro desechó las combinaciones del ministro con Brinzoni y Stella. Respecto de los juicios abiertos en distintos lugares del país, Kirchner dispuso unificar la respuesta de todos los miembros del gabinete. "Mi gobierno está en favor de la memoria y de la justicia", dijo. También decidió el reemplazo de los cuatro jefes de Estado Mayor sin esperar ni siquiera hasta fin de año. Antes de hablar con Kirchner, Pampuro les había anticipado que continuarían en sus cargos. En forma gradual el generalato había vuelto a crecer y se acercaba a las proporciones desmesuradas que tuvo hace un cuarto de siglo.

Los reemplazantes fueron elegidos por Kirchner entre personas de su confianza personal. En el Ejército Kirchner se inclinó por el Comandante de la Brigada de Santa Cruz, general Roberto Fernando Bendini, con quien trabó relación en las frías jornadas de Río Gallegos. El almirante Jorge Godoy, comandante del Area Naval de Ushuauaia, sucederá a Stella, el brigadier Carlos Rodhe a Walter Barbero en la Fuerza Aérea y el brigadier mayor Jorge Alberto Chevalier al general Juan Carlos Mugnolo en el Estado Mayor Conjunto. En un último gesto de impotencia, Brinzoni dispuso iniciarle un sumario interno a Bendini, por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos del corralito, y utilizó a sus voceros en la radio "Diez" para anunciar un supuesto malestar en el Ejército. La designación de Bendini, del arma de Caballería, y la promoción 99, implica el pase a retiro de 28 generales más antiguos que él, desde Juan Carlos Mugnolo hasta Gonzalo Angel Palacios. Es comprensible que ellos no tengan ánimo festivo. No consiguieron mejor vocero que Vicente Massot, el ex editor de la revista falangista Cabildo, propietario del diario La Nueva Provincia, defensor explícito de la tortura y candidato a ministro de Defensa de Menem, quien dijo que sería un "acto provocativo". El pliego de condiciones que Claudio Escribano puso a consideración de Kirchner no parece ser la hoja de ruta del nuevo gobierno.

Apunten sobre la Corte

Otras dos designaciones parecen dirigidas a despejar las legítimas dudas creadas por la negociación entre Brinzoni, Stella y el cardumen menemista en la Corte Suprema de Justicia. El nuevo ministro de Inteligencia, Sergio Acevedo fue el presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que el año pasado dictaminó por la destitución de los nueve jueces de la Corte Suprema. Trabajó allí con la fundadora del ARI, Elisa Carrió, y juntos siguieron adelante sin atender las razones de Duhalde, quien había impulsado el enjuiciamiento y luego trató de detenerlo. Kirchner respaldó a Acevedo, cuya designación ahora en la SIDE no presagia nada bueno para el ex jefe de policía de La Rioja, Julio Nazareno, el ex presidente de la asociación de partidos de tenis, Eduardo Moliné y el amigo del ex presidente Carlos Menem, Adolfo Vázquez. Tampoco los tranquiliza la llegada de Gustavo Beliz al ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Al día siguiente de la asunción de Duhalde, Beliz lo visitó en Lomas de Zamora, con un plan que sugería la puesta en comisión de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, un tribunal "identificado con los mayores vicios de la dirigencia política de los últimos años, que debe ser oxigenado ya". Beliz le dijo a Duhalde que la Corte era "impresentable, irritante, que afecta la imagen de toda laJusticia y, por lo tanto, de las instituciones".

Ése fue uno de los estímulos decisivos para que Duhalde promoviera el juicio político al tribunal. En febrero de este año, ya como coordinador de los equipos técnicos que trabajaban en el programa de gobierno de Kirchner, Beliz dijo que si el gobierno a elegirse no resolvía el problema de la impunidad "estallará en pocos meses" y como prioridad señaló el cambio en la composición de la Corte Suprema de Justicia. Beliz no ha variado su opinión sobre el tribunal y entre sus prioridades está la renovación de su personal, aunque la puesta en comisión no parece viable en el actual contexto político. En algunos casos será por la vía prevista del juicio político (ya está en trámite el procedimiento contra Carlos Fayt), para evitarlo podrían producirse algunas renuncias y tampoco se descarta la convocatoria a una consulta popular para que la sociedad ratifique en forma expresa su conocida opinión sobre el tribunal supremo. Beliz y el secretario de Justicia y Seguridad, Abel Fleitas, se proponen seguir las recomendaciones sobre Justicia de la Mesa del Diálogo y convocar a las organizaciones que el año pasado produjeron un documento de fondo titulado "Una Corte para la Democracia". La consulta popular, incluida en la Constitución por la reforma de 1994, puede convertirse en una herramienta valiosa para el nuevo gobierno si, como promete, da prioridad a las necesidades e intereses populares, en un contexto en que la relación de fuerzas en el Congreso y la Corte apuntan en otra dirección.

Público y privado

Apurada renegociación del contrato que concedió 32 aeropuertos nacionales ejemplifica el mismo desdén por la ley que inspiró los indultos. En este caso, todas las sospechas se justifican. Duhalde resolvió por decreto y ni siquiera consultó con la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones. El concesionario fue liberado del canon fijo de 170 millones anuales a cambio de otro mensual que se medirá en proporción a los ingresos que perciba, según el tráfico de pasajeros, con lo cual el riesgo empresario es asumido como de costumbre por la sociedad. También quedó relevado de la obligación de mudar el Aeropuerto Jorge Newbery. Los dos años del canon que la empresa de Eduardo Eurnekian adeuda al Estado quedaron al margen del acuerdo y se seguirán discutiendo en la justicia, donde Aeropuertos Argentina 2000 aduce que deben compensarse con una serie de inversiones en exceso que afirma haber realizado. La diputada y Secretaria General del Sindicato de Aeronavegantes Alicia Castro reclamó a Kirchner, "que asume con el propósito anunciado de combatir la evasión yla corrupción", que anule este decreto "escandaloso, perjudicial para el patrimonio público y los intereses de los argentinos". Según Castro además del canon, los impuestos y las cargas sociales, la empresa tiene un atraso de inversiones. En total su deuda con el Estado rondaría los mil millones de dólares. La Auditoría General de la Nación había constatado un cúmulo de incumplimientos del concesionario que hacían recomendable la rescisión del contrato.

El resto de las empresas privatizadas reclama beneficios equivalentes. En el nuevo gobierno se dibujan dos posiciones. La del ministro de Economía, Roberto Lavagna, consiste en conceder aumentos de tarifas a cuenta de una renegociación posterior. La del ministro de Planificación Federal, Inversiones y Servicios, Julio De Vido, invierte el orden: primero la renegociación, y si corresponden, los aumentos. De Vido fue ministro de Kirchner en Santa Cruz y se lo considera uno de sus hombres de máxima confianza. En principio su propuesta no entra en colisión con la larga tradición nacional de los contratos abiertos que se renegocian en forma constante. Pero tanto De Vido como Kirchner anunciaron que se proponen analizar las inversiones reales efectuadas por cada concesionario y la rentabilidad que obtuvieron antes de conceder cualquier incremento de tarifas. Esta sí es una novedad, que ha sorprendido a los licenciatarios. Lavagna supone que en cuanto el gobierno comience a rodar esas definiciones tajantes se irán suavizando, sobre todo a la luz de la presión abierta que en ese tema ejercen los organismos internacionales de crédito.

Esto ha dado lugar a una presentación de un grupo de organizaciones no gubernamentales argentinas ante la Oficina Independiente de Evaluación del Fondo Monetario Internacional, que funciona como un auditor interno de las políticas y la actuación del organismo. Varios entes de consumidores, el representante de los usuarios en la Comisión de Renegociación de Contratos y el Centro de Estudios Legales y Sociales sostienen que los directivos del FMI han incurrido en graves irregularidades al presionar al gobierno por el aumento de tarifas. La presentación recuerda que la ley de emergencia económica autorizó al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos teniendo en cuenta el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, la calidad de los servicios y los planes de inversión, el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los sistemas comprendidos y, recién entonces, la rentabilidad de las empresas.

Las ONG recuerdan un diálogo de Lavagna con el FMI, narrado por el propio ministro: "Nos dijeron que había que buscar un consenso. Nosotros les dijimos que sí, si se entendía que el consenso incluía a los consumidores. Esto obviamente provocó ciertas sonrisas del lado del FMI, porque estaban pensando no en un consenso sino en un acuerdo con las empresas, que no es lo mismo". Añaden que el director de Relaciones Externas del Fondo, Thomas Dawson, reveló que los aumentos en las tarifas eran reclamados por los países europeos, con representación en el directorio, de la misma nacionalidad de las empresas privatizadas beneficiadas. "El FMI impuso al gobierno argentino una suba en las tarifas de los servicios públicos con el fin de satisfacer los intereses de las empresas privadas cuyos accionistas, en muchos casos, son empresas públicas europeas." Pero esto no se compadece con ninguno de los fines establecidos en el Convenio Constitutivo del FMI (cooperación monetaria, expansión del comercio, lo cual mejoraría los niveles de ocupación e ingresos en todos los países, corrección de los desequilibrios en la balanza de pagos).

En cambio, el pedido de aumento de tarifas "parece responder, meramente, a la protección de los intereses empresarios. Se confunden las cuentas públicas con las privadas. No puede pensarse en ninguna relación entre el aumento de las tarifas y las metas del organismointernacional. Es evidente que existe una extralimitación de las facultades del FMI", agrega la presentación. La Oficina Independiente de Evaluación del Fondo respondió que tomaría en cuenta sus términos, cosa que hasta ahora no parece haber hecho, ya que los reclamos de aumentos siguen en su pliego de condiciones. Para resistirlos, los funcionarios del gobierno que hoy se inicia encontrarán buenos argumentos en un libro de aparición reciente: Las privatizaciones en la Argentina, diagnósticos y propuestas para una mayor competetividad y equidad social, del investigador de FLACSO Daniel Azpiazu. Sus reflexiones finales recuerdan que "la necesaria reconfiguración de la relación Estado-empresas privatizadas-sociedad civil, deberá inscribirse, compatibilizarse y articularse con el conjunto de políticas públicas que, bajo esos mismos objetivos de recuperación económica con creciente equidad social, prioricen los intereses sociales sobre los de unos pocos, aunque muy poderosos, agentes económicos locales e internacionales". Bastó que Kirchner anunciara que su gobierno no sería presa de las corporaciones para que la expectativa popular creciera hasta niveles olvidados en décadas de engaños y decepciones. Hoy comienza la prueba.