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| 7 de marzo del 2003 |
Agencia de Información Solidaria (AIS). España, marzo del 2003.
Más de 1.000 millones de dólares es la suma que el gobierno estadounidense dedica cada día a mantener los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo internacional tras los atentados del 11-S y costear los preparativos de una posible intervención en Irak. Esa misma cantidad es la que a diario Estados Unidos pide prestada al exterior para hacer frente al enorme desequilibrio que sufre en sus intercambios comerciales. Son cifras que hablan del progresivo déficit presupuestario, del enorme gasto militar que afronta la Administración Bush, de uno de los países más rezagados en la lista mundial de ahorradores. No hablan, sin embargo, del gran porcentaje de la población que vive con un salario mínimo de 5 dólares la hora, de la subida del coste de la vivienda para las personas con menores ingresos, de los más de mil despidos que se anuncian a diario, del crecimiento del número de personas sin hogar o del 15% de la población que carece de seguro médico.
Para compensar el elevado presupuesto militar aprobado por el Congreso y frenar el crecimiento del déficit presupuestario, la Administración Bush ha puesto en marcha una serie de medidas que reactiven la economía y animen a los ahorradores a poner su dinero en el mercado para contribuir así a la formación de nuevos empleos, mayor productividad y nuevas inversiones. Hasta aquí la teoría de la "economía circular" que en tantas ocasiones ha explicado el secretario del Tesoro, John W. Snow. Para llevar a cabo este programa, las primeras medidas apuntan a un recorte en el sistema de ayudas a la vivienda que el gobierno ofrece a los ciudadanos con menores ingresos. De no pagar nada, o una cifra simbólica, aquellos que hasta ahora formaban parte de este programa deberán hacer frente a un alquiler de no menos de 50 dólares para seguir durmiendo bajo techo. El porqué lo encontramos en el plan del Presidente Bush: "promover el trabajo y la responsabilidad". Por lo tanto, a la pregunta de cómo quiere financiar Estados Unidos el frente en Afganistán, el dispositivo en Oriente Medio y el proceso de rearme, parece responder el enorme recorte que los gastos sociales de la Administración Pública están sufriendo: 9.000 millones de dólares menos para la construcción y mantenimiento de autopistas; 620 millones para la concesión de becas; 220 millones en los planes de formación de empleo para jóvenes; y 4.000 millones de dólares en el subsidio al desempleo con unas cifras que superan los 8,2 millones de parados y un alarmante crecimiento del 13% de las personas sin hogar. La "Gran Sociedad" de Lyndon B. Johnson fue la artífice de la puesta en marcha del Sistema de Seguridad Social para los más ancianos (Medicare), inició el programa de subsidios a la vivienda hoy amenazado por la actual Administración, acercó a los jóvenes la educación universitaria e impulsó Medicaid, un programa de atención a familias necesitadas y incapacitados permanentes. Hoy, este programa, que Gobierno y estados cofinancian, también sufre recortes. Estados Unidos pierde la "guerra contra la pobreza" lanzada por el presidente Johnson hace casi cuarenta años. Colorado y California, dos de los estados con mayor número de población emigrante, afrontan actualmente la que puede ser una gran derrota en su lucha por mantener la asistencia sanitaria. Si el gobernador de Colorado no lo impide, una ley aprobada por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes del estado buscará la solución al déficit presupuestario en el recorte de los servicios de Medicaid. Más de 3.500 mujeres embarazadas, niños enfermos, personas discapacitadas y ancianos sin familia saldrán del programa y tendrán que buscar su suerte en la cara atención sanitaria privada. En el condado californiano de Los Ángeles, con unas 800.000 personas dependientes del sistema de salud pública, de las que un 85% son latinas, el recorte estatal de los gastos médicos ha provocado un verdadero colapso en la asistencia sanitaria, cerrando hasta el momento 10 clínicas asistenciales y siete clínicas públicas. El estado suma ya siete millones de personas sin seguro médico, a la espera de que el gobernador Gray Davis no cumpla su propuesta y aparte del sistema de salud a otras 300.000 personas con bajos ingresos. Además, 5.000 empleados perderán su puesto de trabajo. La reducción estatal de los programas de salud es reflejo de la política de "manga ancha" para los estados que el Partido Republicano lleva tiempo elaborando para alejar de las competencias federales la financiación de las políticas de seguridad social. Sin embargo, según un informe de la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA, según sus siglas en inglés) "la situación presupuestaria actual de los Gobiernos regionales estadounidenses es la más apurada desde la Segunda Guerra Mundial". Este informe indica que el pasado año y a causa de la reducción de los ingresos fiscales, 37 estados tuvieron que recortar su presupuesto en 12.800 millones de dólares. Quién paga las consecuencias de la ayuda insuficiente del Gobierno Federal y de los recortes presupuestarios de los estados son de nuevo los más necesitados. La Administración Bush ha dicho sí a la guerra contra el terrorismo, al ajuste de cuentas con Sadam Husein. El nuevo presupuesto militar hará frente a la subida salarial de los soldados, al coste del primer tramo del "escudo antimisiles", de las operaciones especiales de espionaje, las novedades en la artillería pesada y, sobre todo, la defensa frente a ataques químicos y biológicos. Pese a ello, Estados Unidos dice No a una guerra más vieja que la de las armas de destrucción masiva, la guerra contra la pobreza. |
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