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| 2 de julio del 2003 |
La matrícula consular y el buen vecino
María Cristina Rosas (*)
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su Balance preliminar de las economías de la región correspondiente al año 2002, las remesas, esas transferencias de dinero que la diáspora de latinoamericanos remite a sus terruños, ascendieron a 25 mil millones de dólares, cifra que contrasta significativamente con la salida neta de recursos, equivalente a 39 mil millones de dólares. Si a ello se suma el hecho de que el deterioro de los mercados financieros internacionales está haciendo estragos en los ingresos de capital que la región recibe (según la CEPAL en el 2002 se registraron los montos de inversión foránea más bajos desde 1989), la importancia de las remesas es más visible.
México es, después de China, el segundo mayor captador de remesas a nivel mundial. En lo que va del año, las transferencias de dinero ya superaron el flujo de inversión extranjera. Al respecto, las autoridades mexicanas han insistido en que no hay que preocuparse respecto a la atracción de inversión extranjera toda vez que la preeminencia de las remesas reposa, sobre todo, en que ahora existen mejores mecanismos de transferencia de las mismas, con lo cual se evita la intermediación leonina de empresas como Western Union y Money Gram, por citar sólo algunas, que a juicio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llegan a absorber una parte considerable de los recursos que los emigrados remiten a sus hogares desde el exterior. El gobierno mexicano, consciente de la importancia de las remesas de los paisanos que se encuentran en Estados Unidos para la economía nacional, dispuso, desde hace ya varios meses, la creación de la matrícula consular, documento de identidad que diversos bancos estadunidenses aceptan como identificación oficial y que le permite a los beneficiarios abrir cuentas de cheques y disponer de tarjetas de débito que pueden remitir a sus familiares en México, para que estos, a su vez, retiren los recursos que requieran, sin la intermediación de las empresas referidas en el párrafo anterior. Efectivamente, ello ha contribuido a beneficiar a los indocumentados mexicanos que están en el vecino país del norte y a sus familiares residentes en México. Sin la intermediación de Money Gram y Western Union, ha sido posible liberar una cantidad importantísima de recursos, derivados del trabajo que éstas personas realizan en EEUU y que generan una justificada remuneración. Sin embargo, en virtud del "espíritu" post 11 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos se ha dado a la tarea de endurecer las políticas de control y monitoreo de las fronteras, sobre la base de que las amenazas a su seguridad nacional provienen del exterior. Esta consigna sugiere que los migrantes que intentan internarse en el territorio estadunidense son delincuentes que intentan hacer daño al vecino país del norte. Por ello no debería extrañar que la propuesta de un acuerdo migratorio entre México y EEUU que tanto ha buscado la administración del Presidente Vicente Fox, no haya prosperado ni se perciba que tendrá éxito, al menos en el contexto actual. Otra de las medidas aplicadas por las autoridades estadunidenses consiste en verificar que los documentos de identidad de nacionales y extranjeros no sean motivo de falsificación. En otras palabras, se están revisando diversos documentos de identidad en posesión de las personas que residen y/o transitan por Estados Unidos, para determinar la infalibilidad que poseen en términos de una posible falsificación. En virtud de lo anterior, hace unos cuantos días, la Oficina Federal de Investigación de EEUU (FBI) llegó a la conclusión de que la matrícula consular que emiten los consulados mexicanos en el vecino país del norte en apoyo a los migrantes indocumentados, es una identificación fácilmente falsificable. Conviene recordar, a propósito del hostigamiento de que es objeto la matrícula consular en EEUU desde que fue creada, que los agentes de la patrulla fronteriza ya habían divulgado hace tiempo, versiones de que a las afueras de los consulados mexicanos efectuarían operativos especiales para virtualmente arrestar a los mexicanos, presumiblemente indocumentados -cuando terminaran sus trámites- y deportarlos. Hoy las declaraciones de la FBI parecen definir la suerte que correrá la matrícula consular, pese a que algunos bancos en EEUU han destacado que seguirán aceptándola como identificación de parte de las personas que deseen abrir una cuenta bancaria o de cheques. Acciones como las descritas las justifica Washington a partir de la premisa de que hay que salvaguardar la seguridad del país. Esa, por supuesto, es una prerrogativa de todo Estado. Sin embargo, suprimir la matrícula consular no puede sino vejar las de por sí restringidas garantías individuales de los mexicanos que trabajan en EEUU. Ello no es propio de un buen vecino y no contribuye a destensar la compleja relación entre México y Estados Unidos. La falsificación de documentos de identidad ciertamente es un problema, y ocurre en México, en Estados Unidos y en una buena parte de países del mundo. Empero, la solución no radica en suprimir los documentos mismos, puesto que en el caso de los indocumentados mexicanos prácticamente se trata de una de las pocas formas de identificación de que disponen. Combatir a los falsificadores sería una mejor estrategia, puesto que, a final de cuentas, tal pareciera que las ganadoras de esta situación serán corporaciones como Money Gram y Western Union. Como dicen por ahí: nadie sabe para quién trabaja. (*) Profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de Cooperación y conflicto en las Américas. Seguridad hemisférica: un largo y sinuoso camino, (México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, 365 pp.). Correo electrónico: mcrosas@correo.unam.mx |
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