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| 20 de julio del 2003 |
Un movimiento por los DDHH en Guatemala
Anantonia Reyes Prado
A partir de una reseña histórica de la defensa y promoción de los derechos humanos en Guatemala, desde mediados del siglo XX a la actualidad, y rescatando la relevancia de esta práctica social en la democratización del país, se aborda la dificultad que se ha tenido para conformar un movimiento articulado de derechos humanos. Se examinan los avances de un proceso de discusión que se ha gestado desde hace más de dos años, dentro del cual se ha organizado el I Congreso Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos, del que puede surgir una propuesta de articulación que fortalezca el trabajo por los derechos humanos en el pais.
Con base en algunas de las discusiones que se han dado en el marco de este proceso, se apuntan elementos para la formulación de algunos de los principios que deberían inspirar un movimiento por los derechos humanos en Guatemala: la recuperación del contenido ético de los derechos humanos, la visión integral no sólo en el ámbito conceptual sino práctico y la independencia política. Se refiere, finalmente, la experiencia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, que tiene varias lecciones importantes que ofrecer a las organizaciones de derechos humanos en Guatemala, en la construcción de un esfuerzo de articulación. 1. Un poco de historia Para una mejor comprensión de las ideas centrales que se manejarán en este artículo es importante partir de una rápida revisión a lo que ha sido la práctica de defensa y promoción de los derechos humanos desde las organizaciones sociales. Un estudio más detallado se encuentra en otro trabajo de la autora, el cual es la base del resumen que a continuación se expone (1). La sociedad guatemalteca, aún con muchos altibajos, se ha organizado de diversas maneras para defender sus derechos humanos; los esfuerzos más lejanos de esta práctica, al menos en el Siglo XX, pueden ubicarse en las reivindicaciones que condujeron al derrocamiento de Jorge Ubico, que tenían un importante contenido en cuanto a demanda de respeto de derechos humanos, aunque en aquella época no se utilizara dicho vocablo. La década 1944-1954 fue importante, en forma positiva para el desarrollo de los derechos humanos en Guatemala, pues el gobierno de Juan José Arévalo firmó la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, esta última el 10 de diciembre de 1948 así como la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, mientras que durante la administración de Jacobo Arbenz Guzmán se firmaron los Convenios de Ginebra (2). Guatemala ingresó entonces al sistema de Naciones Unidas y por ende, llegó a ser sujeto de derecho internacional. El compromiso internacional de respetar los derechos humanos no tuvo mayor trascendencia para la mayoría de la población en aquella época, pues dichos gobiernos se caracterizaron por ser respetuosos de los derechos humanos, al punto que, en la Constitución de 1945, se reconocieron varios derechos económicos y sociales. La historia que prosiguió al derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán, como bien lo registró la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, estuvo marcada por la violación de los derechos humanos como política estatal, en cuyo contexto surgió la defensa de los derechos humanos, por parte de la población. Entre las primeras acciones realizadas, a principios de los 60, estuvo la presentación de recursos de "habeas hábeas" a favor de personas que eran detenidas temporalmente durante el régimen de Miguel Ydígoras Fuentes, aunque esto se hizo en forma aislada y sin responder a un planteamiento organizado de defensa de los derechos humanos. Los últimos años de la década de los 60 marcan el inicio de la defensa organizada de los derechos humanos en Guatemala; el informe Memoria del Silencio reporta que, en 1968, un grupo que ya se denominaba "Familiares de las Víctimas de la Represión" marchó con una manta el 1º. de mayo y una madre habló en la Concha Acústica del Parque Centenario, clamando por la vida de su hijo, detenido - desaparecido en Escuintla, en junio del año anterior. Dado que la práctica de la desaparición forzada o involuntaria se habría iniciado en Guatemala entre fines de 1965 y principios de 1966, y que la misma se profundizó en los años subsiguientes, se puede afirmar que los primeros esfuerzos organizados de defensa de derechos humanos, fueron impulsados por familiares, especialmente mujeres, de personas que habían sido víctimas de desaparición forzada o involuntaria. En esta misma época se hizo el primer esfuerzo por dar a conocer el caso de Guatemala en Naciones Unidas (3). A fines de los 70, empezaron a surgir los comités de familiares de desaparecidos, cercanos a la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-, como los que dirigieran, respectivamente, Edmundo Guerra Telheimer y Antonio Ciani García, quienes a su vez fueron víctimas de la represión. En el seno de esta casa de estudios, también surgió el Centro de Investigación y Documentación Centroamericana -CIDCA-, que recopiló casos de violaciones de derechos humanos acaecidos a lo largo de una década, entre 1966 y 1976 y explicó la violencia política a partir del desarrollo capitalista y la existencia de acciones subversivas en diferentes zonas del país (4), en tanto, intelectuales como Gabriel Aguilera Peralta y Jorge Romero Imeri, conceptualizaron y caracterizaron la violencia como una práctica de Estado y estudiaron los hechos para establecer lo que denominaron "olas de terror", publicando sus hallazgos en La dialéctica del terror. En 1979 se conformó la Asociación pro Defensa de los Derechos Humanos, cuya coordinadora, la periodista Irma Flaquer, fue desaparecida en 1980, hecho que provocó el exilio de los otros integrantes del grupo, algunos de los cuales organizaron, en el exilio, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala -CDHG-, cuya sede central fue ubicada en la ciudad de México, D.F. La CDHG y el Comité Guatemalteco Pro Justicia y Paz, que trabajaron desde México, iniciaron un trabajo sostenido de denuncia de la situación de los derechos humanos en el ámbito internacional, que incidió en la formación de numerosos grupos de solidaridad y fueron pioneros en acudir, en forma sistemática, a los mecanismos de que se disponía en el ámbito universal e interamericano para vigilar la situación de los derechos humanos. Varios años después, otros grupos derechos humanos, aunque eran recelosos de los resultados en este ámbito, hicieron presencia en este espacio. Entre fines de lo 80 y principios de los 90, la organización de las víctimas se desarrolló, con el surgimiento de diversos grupos, lo que fue un paso importante para la defensa de derechos humanos, pues fue el inicio de un movimiento que se construyó en el interior de Guatemala y no fuera de ella, lo que le permitió llegar a tener un auge importante. En 1991, los grupos formados por familiares de víctimas se organizaron en una coalición, Sectores Surgidos de la Represión y la Impunidad en 1991 (5), expresando conciencia sobre su condición de víctimas y sobre el hecho de que las violaciones de derechos humanos han quedado sin castigo; con ello se inició de forma más consistente la lucha contra la impunidad (6). Otros grupos constituidos por familiares de víctimas son Familiares de Desaparecidos de Guatemala -FAMDEGUA- que surgió de una escisión del GAM y que forma parte de Alianza contra la Impunidad y el grupo Hijos. Las organizaciones de víctimas abrieron el espacio para el trabajo por los derechos humanos en Guatemala, lo que es su mérito histórico, independientemente de que por su propia identidad, hayan acudido a la aplicación de medidas de hecho y no a acciones legales, habida cuenta de que a fines de los 80, el Organismo Judicial no era capaz de hacer justicia en los casos de violaciones de los derechos humanos. También en esta época, surgieron entidades genéricas, integradas por profesionales del derecho y de otras ciencias sociales, dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos por mandato propio y de una manera general, es decir, tratando de abarcar toda al gama de derechos humanos. Pueden ubicarse entre ellas al Centro de Investigación, Estudio y Promoción de los Derechos Humanos -CIEPRODH- y el Centro de Acción Legal por los Derechos Humanos -CALDH-, que aunque surgió en el extranjero pronto se insertó en el espacio de las ONG en Guatemala. También se conformaron instituciones especializadas, algunas de las cuales, aunque no se definen como dedicadas a los derechos humanos, trabajan en temas muy vinculados a éstos, como la administración de justicia, en el caso de la Fundación Myrna Mack, la investigación en medicina forense, en el caso de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala -FAFG- o derechos humanos aplicados, como el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala -IECCPG-. Aquí también pueden ubicarse las entidades especializadas en el apoyo a las víctimas de la represión, en el campo de la salud mental. Los derechos humanos también han sido defendidos desde las iglesias; en el ámbito de la iglesia católica por medio de espacios como la Conferencia de Religiosos de Guatemala -CONFREGUA- y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado -ODHA-, creada por iniciativa de Monseñor Próspero Penados del Barrio, Arzobispo de Guatemala, en 1990 y en el ámbito de la iglesia evangélica por medio del departamento de derechos humanos del Consejo de Iglesias Evangélicas de Guatemala -CIEDEG-. El inicio de los 90 también fue escenario para el surgimiento de diversos grupos dedicados a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, grupos que defienden los derechos de grupos especiales, como personas con discapacidad o de la tercera edad, Desde esos años también se trabaja en favor de los derechos de la niñez y la juventud y han surgido agrupaciones que velan por los derechos de las trabajadoras de casa y las de maquila, en tanto hay también expresiones sociales que se empiezan a ocupar de la situación de las trabajadoras del sexo y de los enfermos de SIDA y del derecho a la preferencia sexual. Una expresión propia de fines de los 90 es la organización de familiares de personas que han sido víctimas de la delincuencia común, como Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro -FADS- y Madres Angustiadas. En diferentes departamentos existen organizaciones locales de derechos humanos, además del trabajo de las Pastorales Sociales en este campo y el que realizan entidades como CONAVIGUA, GAM, CUC. En general, la presencia de grupos de derechos humanos se centra en el occidente del país, estando descuidado casi por completo el oriente de Guatemala, que fue escenario de la represión en los 60. En el ámbito académico, la preocupación por el tema data también de esta época, en que se impulsan esfuerzos como la formación del Instituto de Derechos Humanos de la USAC -IDHUSAC- y la creación de maestrías en derechos humanos, tanto en esta casa de estudios como en la Universidad Rafael Landívar. Finalmente, cabe mencionar que en Guatemala, a la par de las organizaciones de derechos humanos, existe una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales que por décadas se han dedicado al desarrollo, por medio de la ejecución de proyectos vinculados a la producción, la salud comunitaria, el saneamiento ambiental y en general, a la promoción social; sin embargo, hay un abismo entre ambas expresiones, debido, entre otras razones, a que las entidades dedicadas al desarrollo aún no visualizan la vinculación de su trabajo con los derechos humanos y a que prefieren mantenerse a distancia, por el carácter contestatario de las organizaciones de derechos humanos. Así, Guatemala llega al siglo XXI con una rica práctica social, en la cual el espectro de organizaciones de derechos humanos se ha ampliado, para incluir expresiones que cuentan con una larga trayectoria, como la CDHG (que se formó en 1982, aunque su antecedente directo, la Asociación pro Defensa de los Derechos Humanos se organizó en 1979) o el GAM (1984) que están dedicadas a la defensa de derechos civiles y políticos, y entidades que se ocupan de derechos humanos que en los 80 no se abordaron ante la crucial demanda de defender el derecho a la vida: derechos de la niñez y juventud, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de las personas con discapacidad, de las trabajadoras de casa, organizaciones ambientalistas, entidades que luchan contra el neoliberalismo, etc. Aunque todavía no se ha analizado suficientemente el papel político que las organizaciones de derechos humanos han jugado en Guatemala, pueden apuntarse dos elementos en esta dirección: que han hecho una importante contribución al proceso de democratización y que, ante la inexistencia de partidos políticos de oposición, estas entidades han devenido en oposición política. En cuanto al primer punto, aunque el proceso de democratización haya sido fruto de un acuerdo de elites, como lo sostienen algunos autores (7), la acción de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos fue uno de los elementos que contribuyó a este proceso en Guatemala, pues la lucha por los derechos humanos ayudó a la creación de espacios políticos, posibilitando la relación entre diversos niveles de la sociedad. Además, ciertos cambios en la legislación, la firma de tratados internacionales y la configuración de instituciones dedicadas a los derechos humanos, como el Procurador de los Derechos Humanos, entidad creada por la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, también se deben a la defensa y promoción de los derechos humanos realizada por la sociedad guatemalteca. La acción de la sociedad en la defensa de los derechos humanos, también hizo más costosa para el Estado la violación de derechos humanos, sobre todo en el ámbito internacional y sentó las bases para que Naciones Unidas interviniera, por el cabildeo ante los organismos especializados realizado por las ONG. Como se recordará, la instalación de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala emanó de la firma del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y tuvo como mandato inicial la verificación del cumplimiento de este acuerdo, que a su vez abrió el paso para la negociación de los otros temas sustantivos. En cuanto al segundo punto, debido a que el espectro de los partidos políticos en Guatemala no ha incluido partidos de izquierda, por lo menos desde principios de los 80 hasta el momento en que URNG se conforma como un partido político, tras la firma de la paz, , las organizaciones de derechos humanos han sustituido a los partidos políticos en la oposición a los diversos gobiernos, aunque no se lo propusieran. Nos encontramos ante una rica práctica social, aunque la existencia de sinnúmero de organizaciones vinculadas al tema de los derechos humanos no es, por sí misma, un signo alentador, pues una de sus principales carencias es la falta de articulación, que conduce a duplicidad de esfuerzos, luchas por el protagonismo, escasa relación entre lo local y lo nacional. Las causas de esta falta de articulación podrían ser, entre otros, hechos como los que a continuación se examinan: 1. El hecho de que el tema de los derechos humanos haya sido puesto en la agenda nacional e internacional por organizaciones vinculadas a la izquierda -que en un inicio rehuyó el tema por considerarlo pequeño burgués-, ha generado y sigue generando divergencias que no se discuten abiertamente, por la inexistencia de espacios de diálogo entre las organizaciones, que involucren no sólo a la dirección sino también a la membresía y / o al personal. 2. Las organizaciones formadas en los 80 (incluidas las integradas por víctimas de las violaciones de los derechos humanos) alcanzaron a fines de esta década y principios de los 90 un gran protagonismo social, al punto que algunos de sus líderes y liderezas se lanzaron a la actividad política partidista; ante el surgimiento de entidades especializadas aquellas entidades perdieron ese protagonismo social. 3. Las entidades propias de los 90 surgieron en un momento en que ya se estaba perfilando que el fin del conflicto armado se definiría políticamente y estaba empezando la transición hacia la democracia; se formaron con más capacidad propositiva y mayor profesionalismo, sin dejar de enfrentar al Estado y no estuvieron exentas de la represión. 4. Lejos de encontrarse y establecer lazos de cooperación, en los años recientes, las organizaciones de derechos humanos han permanecido en un constante desencuentro, que nace de la falta de reconocimiento mutuo, de la valoración de la contribución histórica de cada etapa. Esto hace que, no obstante puedan ponerse de acuerdo ante lo urgente (por ejemplo ante las intimidaciones contra defensores de derechos humanos) no logren lo mismo ante lo importante (articulación para potenciar el impacto de las acciones, coordinación alrededor de una agenda mínima o construcción de una estrategia educativa en derechos humanos). 2. En búsqueda de la articulación Cabe recordar que a fines de los 70 hubo un esfuerzo de coordinación, al cual se sumaron no sólo las escasas organizaciones de derechos humanos existentes en aquél momento, sino casi todas las expresiones del movimiento social de entonces. El Frente Democrático contra la Represión -FDCR- se conformó en febrero de 1979, con la participación de numerosas organizaciones populares e incluso partidos políticos como el Frente Unido de la Revolución -FUR- y el Partido Social Demócrata -PSD-, para luchar contra la represión del gobierno de Fernando Romeo Lucas García. En el FDCR fue la primera vez que hubo unidad de acción, alrededor de los derechos humanos, aunque no se usara dicho término; sin embargo, su vida fue corta, pues luego de los asesinatos de Manuel Colom Argueta y Alberto Fuentes Mohr el esfuerzo se debilitó para después desaparecer. En el contexto de las negociaciones para la solución política del conflicto armado, hubo otro esfuerzo de articulación coyuntural, que fue la Asamblea de la Sociedad Civil -ASC-, uno de cuyos diez sectores fue el de organizaciones de derechos humanos. En los años recientes han surgido coaliciones de organizaciones de derechos humanos alrededor de temas de interés sectorial o temático:
· -La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala -CONADEHGUA- donde coincidieron GAM, CERJ, Wucub Noj, la CDHG, la Comisión de Derechos Humanos de Quetzaltenango -CDHQ-, el Centro Internacional para la Investigación de Derechos Humanos -CIIDHG-, Alianza contra la Impunidad y CONADEHGUA iniciaron hace algunos años una serie de acercamientos con miras a buscar formas de coordinación, esfuerzo al cual se sumó COODESC posteriormente. En enero de 2000 se dio inicio a un proceso de discusión más consistente que, además de dar seguimiento a la búsqueda de pautas para una mejor coordinación de las organizaciones de derechos humanos, incluyó la reflexión sobre aspectos fundamentales de la defensa y promoción de los derechos humanos, desde la experiencia propia. 2.1 Hacia la reconceptualización del movimiento por los derechos humanos en Guatemala Dentro de ese proceso de discusión se llevaron a cabo varios encuentros; en uno de ellos, realizado en septiembre de 2000, se concluyó que debía hacerse un esfuerzo para la reconceptualización del trabajo por los derechos humanos, haciéndose énfasis en que no se trataba de "reconceptualizar" teóricamente los derechos humanos, sino de "reinventar", "redimensionar", "redefinir", "revitalizar" la forma de trabajar en la defensa y promoción de los derechos humanos (8). Para ello se impulsó un proceso que se denominó "Hacia la Reconceptualización del Movimiento por los Derechos Humanos en Guatemala", el cual constituyó un esfuerzo inédito, en el que se trató de hacer una reflexión colectiva sobre la propia práctica, aspecto un tanto descuidado en el trabajo cotidiano de las organizaciones que, usualmente concentradas en la ejecución de sus actividades, no dedican espacios a la reflexión. Para ello se programó la discusión de varios temas: la valoración crítica del trabajo por los derechos humanos en Guatemala, la relación entre la ética y los derechos humanos, el carácter político del trabajo por los derechos humanos, género y derechos humanos, desarrollo y derechos humanos, cultura y derechos humanos. Esta discusión se llevó a cabo por medio de talleres que se realizaron en Guatemala, Huehuetenango y Baja Verapaz. En junio de 2001, la discusión se abrió a todas las organizaciones, identificadas con los derechos humanos, que quisieran participar y se llevó a cabo el I Encuentro de Organizaciones de Derechos Humanos. Los participantes concluyeron que si bien en Guatemala existe un movimiento de derechos humanos, no está articulado (9) y que se debía hacer un esfuerzo consistente en la búsqueda esta articulación, por lo que se pidió a la Comisión de Seguimiento, integrada por representantes de las tres coaliciones arriba mencionadas, la elaboración de un plan estratégico, que fue revisado en el II Encuentro, realizado en octubre del mismo año. Una de las primeras acciones coordinadas en este nuevo contexto fue la incidencia en el nombramiento del Procurador de los Derechos Humanos (en mayo de 2002), esfuerzo que se inició en septiembre de 2001 y que incluyó el diseño y ejecución de una estrategia de cabildeo, que llevó a varios representantes de las organizaciones de derechos humanos a dialogar con los partidos políticos, para incidir a la vez en la integración de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, que, según los procedimientos establecidos, es la que propone al pleno una terna de candidatos. A la par del cabildeo, se desarrolló un proceso de sensibilización de las propias organizaciones de derechos humanos para generar la propuesta de candidatos para este cargo; de esa cuenta, el 7 de febrero de 2002, se celebró una votación, en la cual participaron más de 70 organizaciones de derechos humanos, y en la cual fueron candidatos los licenciados Raymundo Caz (que declinó), Jorge Rodríquez, María Eugenia Morales de Sierra, Sergio Morales y Ramón Cadena Rámila. Las tres últimas personas mencionadas obtuvieron la mayoría de votos, integrando así la terna que la sociedad civil presentó a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Dicha terna participó en tres foros (Quetzaltenango, Alta Verapaz y Chiquimula) que se realizaron con la intención de propiciar el interés de la población en el nombramiento del Procurador de los Derechos Humanos, que reviste gran trascendencia para el tema, pues es la figura que constitucionalmente tiene el mandato de velar por el respeto de los derechos humanos. El Congreso de la República nombró al Dr. Morales como Procurador de los Derechos Humanos, decisión que a su vez impone tanto al magistrado de conciencia como a las organizaciones de derechos humanos la responsabilidad de identificar e implementar canales de comunicación y cooperación mutua, para lo cual se cuenta con una ventana de oportunidad inédita. Desde los momentos iniciales de este proceso, se propuso la iniciativa de realizar un congreso nacional de organizaciones de derechos humanos; esta idea fue adquiriendo forma en las discusiones de la Comisión de Seguimiento, que diseñó un proceso que por sí mismo fuera rompiendo el esquema de centralismo y concentración, en ciudad de Guatemala, que ha prevalecido. De esta forma, se celebraron trece encuentros regionales, definidos como precongresos, en los cuales se ha examinado la situación local y nacional de los derechos humanos, se ha discutido la necesidad de tener una visión integral de los derechos humanos y de articular esfuerzos; en cada precongreso se nombraron delegados para el congreso nacional, que se realizó en los primeros días de diciembre de 2002. Este encuentro podría ser histórico; en los próximos años se verá si valió la pena el esfuerzo, pues todo dependerá de la voluntad de las organizaciones y de la sabiduría y prudencia que muestren quienes han asumido el reto de conducir este proceso. Visualizando este I Congreso no como punto culminante sino como el punto de partida de un proceso que pueda contribuir a redimensionar el trabajo por los derechos humanos en Guatemala, se expresa aquí algunas reflexiones al respecto. Tales reflexiones parten de la esperanza de que este movimiento, además de perfilarse como un espacio de incidencia hacia el Estado y hacia la comunidad internacional, también constituya un espacio de fortalecimiento interno del mismo movimiento, que coadyuve a que las organizaciones, en forma individual y colectiva, se encaminen a formas de defensa y promoción de los derechos humanos, que respondan a los retos actuales. Para la autora, este fortalecimiento interno no se limita al mejoramiento de las capacidades institucionales de los grupos, sino implica la búsqueda de una nueva posición de las organizaciones de derechos humanos como referente social en el país. Este reposicionamiento constituye todo un desafío, pues en la actualidad no sólo perviven sino se acrecientan varios prejuicios sobre los derechos humanos y sobre las organizaciones y personas dedicadas a su defensa y promoción, entre ellos que "los derechos humanos son de la guerrilla", aún cuando ésta ha dejado de existir y que "los derechos humanos protegen a los delincuentes", esto último alimentado por el aumento de la delincuencia y la ineficiencia de sistema de justicia y de todo el aparato estatal para combatirla. Los principios Las reflexiones que se expresan a continuación se refieren al ámbito de los principios que deberían inspirar el trabajo por los derechos humanos en Guatemala y que se están definiendo después del I Congreso; retomaré tres temas abordados en las discusiones para la reconceptualización del movimiento por los derechos humanos: la cuestión de la ética, la visión integral de los derechos humanos y el carácter político, pero no partidario, del trabajo por los derechos humanos. a. Ética y derechos humanos En uno de los talleres de este proceso de discusión (marzo 2001), se trabajó el tema de la ética, para lo cual se contó con la participación del filósofo Fernando Velásquez (QEPD), quien partiendo de la noción del imperativo categórico de Kant, que dicta una trayectoria de actuación que debe ser seguida por su exactitud y necesidad y afirmando que la dignidad y autonomía de las personas son inviolables, hizo un llamado a las organizaciones de derechos humanos para exigirse lo que exigen al Estado, es decir, a reconocerse ellas mismas como entes que deben respetar los derechos humanos. Desde la perspectiva de la autora, este llamado está en consonancia con la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (10), pues al reconocer que la defensa de los derechos humanos es un derecho también reconoce que es un deber, lo que tiene varias implicaciones para las organizaciones dedicadas a este quehacer, pues entre otras cosas, impone la búsqueda de la coherencia entre la teoría y la práctica. Ante los ataques de que han sido objeto las organizaciones y personas que promueven y defienden los derechos humanos en Guatemala, este punto podría parecer controversial, pues tal situación conduce a hacer énfasis en los derechos de los defensores para obviar sus deberes, que van mucho más allá del tema de la transparencia en el manejo de fondos, aspecto sobre el cual parece centrarse la preocupación en cuanto a obligaciones se refiere. Esto se debe a la intención que han mostrado algunos gobiernos de controlar a las ONG por medio de la fiscalización de las donaciones que reciben, en el marco de los esfuerzos para lograr sendas declaraciones sobre defensores de derechos humanos en los sistemas universal e interamericano. La búsqueda de la coherencia entre la teoría y la práctica se relaciona con otro aspecto: recuperar y dar un nuevo sentido a las fundamentaciones de los derechos humanos, principalmente a las fundamentaciones iusnaturalista y ética, que han sido perdidas de vista por la urgencia de acudir a los mecanismos que ofrece la fundamentación positivista. Esto conlleva, en otras palabras, volver a los valores que son el sustento de los derechos humanos, lo que no implica una posición moralista, sino una afirmación de ese nuevo tipo de relaciones sociales que proponen los derechos humanos en su contenido humano. Esta vuelta a los valores podría generar una reflexión en doble vía: una al interior de las organizaciones y las personas que promueven y defienden los derechos humanos, pues deberían las primeras en acoger ese modelo diferente de regulación de las relaciones sociales, inspirado en los valores, y otra hacia la promoción de los derechos humanos, que no ha escapado a la corriente positivista, pues los esfuerzos educativos que a lo largo de casi quince años han hecho las organizaciones de derechos humanos se han centrado en la transmisión de conocimientos jurídicos. La vuelta a una visión axiológica, como antes se expresara, propone una utopía, lo que podría resultar completamente absurdo en la situación actual, pues si bien no se está frente a una práctica estatal de violación de derechos fundamentales como en los 80, sí se vive un contexto en el cual el crimen organizado y la delincuencia común, la corrupción, el empobrecimiento paulatino de la población, la inoperancia del sistema de justicia, la remilitarización y, en general, la falta de respuesta de las autoridades a las demandas de la población generan un comportamiento social en el cual los valores parecen trastocados (11). Cuáles son los valores que caracterizan a la sociedad guatemalteca es un tema complejo sobre el cual está pendiente una profunda investigación. Sin embargo, si, como se ha afirmado, por la historia de exclusión social, represión, opresión cultural y discriminación se ha configurado en nuestro país una cultura de violencia, se puede inferir que ésta ha influenciado la definición de los valores de nuestra sociedad. El manejo violento de los conflictos, que parecería una conducta negativa, no aparece así ante la población, que cada vez más parece menos conmovida por las consecuencias de dicho manejo, que ha llegado hasta la práctica de linchamientos. Teniendo pendiente esta indagación sobre los valores, retomar el fundamento axiológico de los derechos humanos aparece como una necesidad para las organizaciones que trabajan en este campo. El hecho de que los derechos humanos se definen a partir de valores como la vida, la justicia, la igualdad, la libertad y la seguridad y que lo que está en el centro es la dignidad de la persona humana es algo que de tan obvio, se ha invisibilizado. b. Visión integral En los precongresos se expuso lo que se ha definido en el proceso de discusiones como una visión integral de los derechos humanos, que va más allá de reconocer la integralidad teórica de los derechos humanos, superando la clasificación en generaciones, aunque entendiendo que ello es producto del proceso histórico de su positivización y reconociendo la interrelación e interdependencia entre todos los derechos. A partir de ese reconocimiento, en el taller sobre "Derechos Humanos y Desarrollo" realizado en Huehuetenango, los días 15 y 16 de febrero de 2001, se advirtió que la integralidad podía abordarse desde varias perspectivas, que esta visión integral debía reflejarse en la práctica de las organizaciones de derechos humanos y que este abordaje podría contribuir a modificar la concepción parcializada que parte de la población tiene sobre el tema (12). En este sentido, se recordó que el énfasis en la defensa y promoción de los derechos civiles y políticos y la escasa atención a las necesidades básicas (salud, educación, alimentación), vistas como derechos humanos, ha generado en la población una percepción limitada de éstos, que afecta, consecuentemente, la valoración que se hace del trabajo de las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, pues se les vincula a la política (cuando no a la "politiquería"), quehacer que no goza de simpatía entre la mayoría de la población. Lo anterior llama particularmente la atención sobre la relación entre las ONG de derechos humanos y las ONG de desarrollo, muchas de las cuales aún no se perciben o se reconocen como organizaciones que defienden los derechos humanos, aunque su actividad gire justamente alrededor de los derechos económicos, sociales y culturales. Las ONG de desarrollo cuentan con cierta base social, articulada alrededor de proyectos relacionados con el mejoramiento de sus condiciones de vida, que constituye un capital humano para acrecentar la conciencia de los derechos humanos, si a tales proyectos se incorporara dicho enfoque. El trabajo por un campo específico de los derechos humanos o por un sector específico de la población no debería sacrificar la visión integral y que concretar esta visión no implica que "todos hagan de todo" sino buscar canales de comunicación y de coordinación entre las diversas expresiones de la defensa y promoción de los derechos humanos, en la búsqueda de un mayor impacto político y social. En otro texto (13) expuse que apropiarse de la integralidad no es un mero ejercicio conceptual o declarativo, pues más allá del reconocimiento de la interdependencia e interrelación entre los derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos, implica integrar las fundamentaciones y características de los derechos humanos en una visión estratégica, que, de acuerdo al contexto histórico, político, social, económico y cultural de Guatemala, se traduzca en acciones concretas, al menos en los siguientes aspectos: en el espectro de los derechos humanos atendidos, en la relación derechos humanos y desarrollo, en la vinculación derechos y deberes, en el reconocimiento de que defender los derechos es un derecho y un deber, en la apropiación de los enfoques de género e interculturalidad y en la articulación de lo local con lo nacional. Como se desprende de la reseña histórica del trabajo por los derechos humanos en Guatemala que aparece al principio de este artículo, esta práctica social no ha estado articulada. Encaminarse a una visión integral de los derechos humanos que se traduzca en la práctica no será un proceso fácil, pues conlleva que las personas, organizaciones y sectores reconozcan que su trabajo, por específico que sea, en torno a un derecho o a un grupo poblacional, en el ámbito reivindicativo o académico, en lo local o nacional, en la educación o en la incidencia, tiene relación con la causa universal de los derechos humanos. Así, la visión integral de los derechos humanos implica que una de las características de un movimiento articulado sea la inclusión, para que quepan todas aquellas organizaciones que se definan a sí mismas como identificadas con la causa de los derechos humanos, incluso si no son ONG en sentido estricto, pues cualquier grupo social (comité de barrio, comité pro mejoramiento de la comunidad, etc.) puede trabajar en la promoción de los derechos humanos. c. El carácter político pero no partidario del trabajo por los derechos humanos En un taller sobre el tema, Miguel Angel Albisurez (14), al recordar que el Estado quien tiene la obligación de proteger los derechos, expresó que el trabajo por la defensa y promoción de los derechos humanos tiene carácter político porque cuando se falla en el cumplimiento de esta obligación y las organizaciones de la sociedad civil reclaman esta situación ante el Estado, se imprime un contenido político a las acciones, lo que también ocurre cuando se incide en la formulación de políticas públicas. Reconociendo lo anterior y reconociendo también que la participación política es un derecho, se indicó que, en el trabajo por los derechos humanos, debe existir diferenciación entre el carácter político de este quehacer y la pertenencia y participación de las personas u organizaciones en un partido político, pues seguir lineamientos partidarios en la defensa y promoción de los derechos humanos puede tener efectos negativos para el trabajo. En el pasado, plegarse a las directrices de partidos u organizaciones políticas generó divisiones, imposiciones, carencia de prácticas democráticas al interior de los grupos, radicalismos innecesarios, sectarismo, exclusiones y acusaciones mutuas, que mediatizaron el trabajo de las organizaciones (15) Lo anterior, sumado al desprestigio en que los partidos políticos han caído en Guatemala, no obstante ser, hasta ahora, los instrumentos idóneos para la participación en un régimen democrático, pone en evidencia que uno de los principios que debería inspirar a un movimiento por los derechos humanos es justamente la independencia de los partidos políticos. 2.2 Aprender de otras experiencias Para finalizar este punto puede resultar iluminador traer a cuenta las experiencias de coordinación que se han afianzado en otros países de América Latina, entre ellas la de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú, que es un colectivo de 61 organizaciones no gubernamentales que trabajan en la defensa, promoción y educación en derechos humanos en todos los departamentos del país, que surgió en 1985, a partir del Primer Encuentro de Organizaciones de Derechos Humanos, que congregó a cuarenta entidades. La misión de CNDDHH es fomentar en el país una cultura de derechos humanos y se constituye con base en cinco principios:
1. Promoción de una cultura de paz, tolerancia, respeto y goce íntegro de los derechos humanos, Las personas y organismos que conforman la CNDDHH se identifican con los valores de Justicia, Verdad, Igualdad y Solidaridad. Francisco Soberón, miembro de la coordinadora, expresa que entre los elementos que contribuyen a la solidez de este esfuerzo de coordinación, único en América Latina, y que expresan cómo se cumplen los principios identificados en consenso, están la preservación del espacio de los derechos humanos, evitando el uso del tema para fines político partidistas (si bien algunas personas o instituciones estuvieron ligadas a la izquierda legal, que tuvo alguna fuerza en los 80, pero que ahora se muestra desmoronada) y el rechazo al uso de la violencia, viniere de donde viniere, principio por el cual ninguna de las organizaciones miembros de CNDDHH defendió a miembros de Sendero Luminoso (16). . Se indicó también que otro elemento de fortaleza es la unidad como fórmula para enfrentar los ataques a las organizaciones; en este punto es importante destacar que en tres lustros solamente tres activistas peruanos de derechos humanos fueron afectados por la represión estatal, mientras que en el caso de Guatemala los/as defensores/as de derechos humanos se han convertido en blanco de las prácticas represivas. Otros elementos de vital importancia que la experiencia peruana puede aportar, es la preocupación por la renovación de los liderazgos intermedios, que implica el ingreso de gente joven a las organizaciones, lo que adquiere importancia por el hecho de que en Perú, como en Guatemala, varios cuadros formados en las ONG de derechos humanos han pasado a la esfera gubernamental lo que ha obligado a reforzar los equipos y el hecho de que cada vez hay más equilibrio en la participación de hombres y mujeres en las entidades y que de cuatro mujeres se han desempeñado como Secretarias Ejecutivas de la CNDDHH de cinco mandatos. 3. Reflexión final Las transformaciones sociales propician la aparición de movimientos sociales, pero al mismo tiempo los movimientos sociales han transformado de alguna manera a las sociedades, por lo que éstos son tanto efecto como causa del cambio social (179. El trabajo por los derechos humanos en Guatemala, que surgió en una de las etapas más oscuras de la historia reciente, hizo un aporte significativo para el inicio del proceso de democratización del país. El momento actual, nacional e internacional, presenta nuevos desafíos para la dignidad de la persona humana, lo que demanda a las organizaciones de derechos humanos en su conjunto un actuar más articulado y estratégico, en el cual todas las personas, grupos y sectores aporten sus experiencias, sus conocimientos y sus concepciones, para contribuir a la consolidación de la democracia y la afirmación de la paz.
Notas
(1) Reyes Prado, Anantonia. Aproximación a la formación de una cultura de derechos humanos en Guatemala. Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la USAC. Programa Cultura de Paz, UNESCO. 2002.
Bibliografía
Albisurez, Miguel Angel. Ponencia "El carácter político del trabajo por los derechos humanos", en el taller Etica, carácter político y perspectivas de género en el trabajo por los derechos humanos. Guatemala, 8 y 9 de noviembre de 2000. |
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