Héctor Timerman: ¿Quién se beneficia con el asesinato?

Es de no creer. Basta con que alguien alce una voz disonante para que los gendarmes del discurso único, que integran el batallón de economistas que poco y nada han acertado en el país (y que todos conocemos), salten como un resorte siempre dispuestos a marcar el rumbo sobre qué es y quué no es el capitalismo en la Argentina. Eso sucedió después que Néstor Kirchner, por citar a uno solo de los candidatos a la presidencia, osó criticar el deplorable servicio de los trenes concedidos por el Estado, o la indefensión y vulnerabilidad en materia petrolera. ¿Por qué? ¿Cómo se llegó a esto?

La historia lleva ya lleva casi tres décadas. En 1975, los grandes grupos empresarios fracasaron en su intento de obligar al Estado que abandone sus responsabilidades en la economía. Aquel golpe de mercado se llamó "Rodrigazo", en honor al entonces ministro Celestino Rodrigo. En 1976, con la dictadura militar lograron su objetivo. En ambas ocasiones participó Ricardo Zinn, quien fue el creador de un lema que se transformó en dogma: "Achicar el Estado es agrandar la Nación". Al mismo tiempo, y sin vergüenza, su jefe, el ministro José Martinez de Hoz, ponía en marcha la estatización de la Compañía Italo, propiedad de un grupo suizo y de la cual era su director.

Desde entonces, el Estado se ha convertido en el culpable de todos los males. A diario, el ciudadano es bombardeado por un importante número de periodistas, economistas, empresarios, y hasta funcionarios que insisten en demonizar al Estado. El Estado es corrupto, ineficiente, bobo, deforme.

Lo paradójico es que quienes más lo atacan han sido sus principales beneficiarios. Alcanza con recordar que desde aquel primer intento de 1975 hasta hoy, la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la sociedad ha crecido casi treinta veces. Hay que reconocer que para dicho 10%, el Estado ha sido más que eficiente en la implementación de políticas que llevaron a dicha distribución del ingreso.

Tienen razón aquellos que, cuando hablan del Estado, siempre mencionan su corrupción, aunque nunca se pregunten quienes terminan beneficiándose de tal situación. ¿Acaso los jubilados gozan de algún privilegio desmesurado? ¿O son los prestadores que, en combinación con funcionarios, muchos de ellos ex o futuros empleados han destruido la obra social?

Claro que hay corrupción en el Estado. Así fue como IBM logró a través de testaferros conseguir contratos leoninos con el Banco Nación y la DGI. ¿Cuántos contratos similares se firman diariamente sin que se descubran "curros" en ellos?

Lo mismo ocurre con la banca pública. En forma constante "los economistas y periodistas de la City" insisten, tal como desean los bancos privados, que es inconcebible la falta de eficiencia, y que es necesario privatizar. Qué fácil es olvidar el papel fundamental del Banco Nación y Provincia en el desarrollo del campo y la industrialización del país. Claro que sería importante aumentar su eficiencia pero entonces cómo harían los grupos empresarios que toman créditos con la certeza que nunca los pagarán. No solo el Grupo Yoma; más grave aún por lo perverso, es el caso que involucra al ex banquero Fernando de Santibáñes, uno de los máximos detractores del Estado que obtuvo una garantía del Banco Nación por un crédito de más de 10 millones de dólares otorgado por un banco extranjero para la empresa fantasma Inducuer, que nunca llegó a funcionar. ¿Qué otro banco hubiese sido tan generoso con Santibáñes? El Banco Nación aún continúa pagando el préstamo que cobraron los ¿empresarios? Insolventes. Si los bancos oficiales presentan quebrantos se debe más a estas maniobras que por los prestamos a las pymes.

Pero la supuesta ineficiencia del Estado no provoca únicamente operaciones fraudulentas. Por intermedio de oscuros lobbystas, los grandes grupos obtienen beneficios que aumentan su rentabilidad por encima de los parámetros internacionales. A veces, el sistema falla y la prensa denuncia dichas maniobras como ocurrió con el caso de Carlos Bercún, quien se desempeñaba como "asesor" del Ministerio de Economía, del Banco Central, de la Asociación de Bancos, de los principales bancos extranjeros, y de varios senadores. El Estado le pagaba honorarios a Bercún para actuar en contra de sus intereses. Más que ineficiencia el caso Bercún muestra la complicidad de dichos sectores.

Con estrategias similares los grandes grupos obtuvieron que el Estado se haga cargo sucesivamente del riesgo empresario o directamente de especulaciones fallidas. En los 70 obtuvieron los seguros de depósitos que permitieron las quiebras bancarias pagadas por el Estado, luego vino la estatización de la deuda externa privada, y finalmente la licuación de los pasivos empresarios con la salvaje devaluación del actual gobierno.

Nada de todo esto benefició a los sectores más populares y a los que más necesitan de un Estado independiente que les otorgue las herramientas para crear fuentes de trabajo y resguarde sus derechos sociales. Por el contrario, no es difícil aventurar que los únicos beneficiados fueron quienes más critican el tamaño del Estado. Otro de los lemas convertido en verdad absoluta: la necesidad de ajustar los gastos del Estado. En los países racionales hay situaciones que se resuelven con un cambio en la dirección del gasto público. Aumenta durante una recesión o disminuye para controlar la inflación. Aquí, la respuesta siempre es ajustar, la política del constante ajuste. Aturdir con el discurso de la ineficiencia del gasto permite esconder la decisión de no recaudar. El economista Julio Sevares dice: "La estructura impositiva argentina es una de las más regresivas del mundo y la recaudación de impuestos es afectada por la existencia de numerosas formas de eludir el pago de impuestos y una tolerancia a la evasión". Aquí paga más impuesto el trabajo que la renta financiera. Paga más impuesto el consumo con un IVA del 21% que los empresarios que venden sus empresas que están exentos del pago de ganancias. Sevares cita Leonel Massad, ex director de la DGI y profesor del Departamento Tributario de la UBA quien opina que "Tengo derecho a pensar que las restricciones presupuestarias impuestas a la AFIP podrían obedecer a un plan siniestro para desarticular el funcionamiento de un organismo que toca intereses muy grandes, para luego privatizarlo". Esa es justamente la propuesta de Juan Alemann, funcionario de la dictadura y eterno promotor de privatizar las funciones básicas del Estado. Ningún país ha privatizado la fiscalización y el control impositivo. Aquí ya han logrado instalar el tema mientras promueven el desfinanciamiento que termina en ineficiencia y corrupción.

Entre los "horrores" que se utilizan para mostrar el gasto inútil sobresalen los subsidios a los desempleados, pero rara vez se menciona como un gasto "superfluo" los subsidios que reciben los grupos económicos. Así es que se consideraron una "inversión" los mil millones de dólares del Plan Canje automotriz cuyos principales beneficiarios fueron empresas como Techint y los fabricantes de autos que ya contaban con una protección arancelaria.

La insistencia en reducir los gastos y no hablar de los ingresos se continúa con la zoncera que el Estado sólo debe ocuparse de la salud, educación, seguridad, y justicia. Sin embargo, los resultados de los ajustes resultaron en la degradación de cada una de esas áreas, y especialmente la corrupción policial y judicial.

Si el Estado se independizara de los funcionarios corruptos y de sus corruptores, podría cumplir el mismo rol que se reserva en los países desarrollados. Podría, como en Estados Unidos, regular la distribución del ingreso con políticas activas que promuevan la creación de trabajo, modificar los impuestos según el rol de cada sector y establecer una política crediticia que apuntale el desarrollo, y no una economía rentística y especulativa. Se podría evitar aberraciones como la del Exxel Group que adquirió decenas de empresas hipotecándolas, con lo cual las empresas ahora endeudadas dejaban de pagar impuestos a las ganancias y además restringían la masa crediticia que podía haber ido a nuevos emprendimientos. Y a un hecho como el de IBM en Argentina, convertirlo en un caso ejemplificador como el de Enron. Hace años que los periodistas de la sección policiales enseñan que cuando hay un asesinato, se comienza a investigar entre quienes se benefician con el crimen, y no se declara inocente a quién más se desgarra las vestiduras. Lo mismo debería suceder con el Estado argentino y sus complacientes detractores.