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| 9 de diciembre del 2003 |
José Santamarta (*)
Las políticas del gobierno agravan el cambio climático No hay una relación mecánica entre el crecimiento económico y el aumento de las emisiones, como demuestra la experiencia internacional. Las altas tasas de crecimiento registradas en España responden a las políticas del PP de promover el transporte privado, la especulación urbanística, el urbanismo disperso y el desarrollismo a ultranza. España es el país industrializado donde más han aumentado las emisiones. Las emisiones crecieron 7 veces más que en China, a pesar de su bajo nivel de partida y el mayor crecimiento del PIB, o el doble que en EE UU. Es posible crecer y satisfacer las necesidades de la población con una disminución de las emisiones, como demuestran numerosas experiencias internacionales, y hoy es una necesidad, para frenar el cambio climático. La política del PP en España es incongruente: ratifica el protocolo de Kioto, y luego hace todo lo posible para que las emisiones sigan aumentando, pues sabe que se pedirán responsabilidades a quien gobierne entre 2008 y 2012, y para entonces que les quiten lo gobernado. ¿Cómo espera cumplir el gobierno español los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto, ratificado en el año 2001 en el Congreso de los Diputados y en el Senado? ¿Qué hará para reducir las emisiones actuales en un 23%? El borrador de la llamada "Estrategia Española para el cumplimiento del Protocolo de Kioto", no pasa de un catálogo de buenas intenciones, en un texto largo y farragoso, sin políticas reales ni presupuestos, y desde luego no refleja lo que dice su título. Con el escenario actual, el gobierno incumpliría gravemente el principal protocolo para proteger el medio ambiente y el clima, pues para el periodo 2008-2012 las emisiones en España podrían ser superiores en un 60% a las del año base. España podría ser sancionada por la Unión Europea, a causa de las políticas actuales, y en cualquier caso el coste de comprar derechos de emisión puede ser muy alto. El consumo de energía primaria en España ha pasado de 90,6 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) en 1990 a 132,16 Mtep en el año 2002 (un 46% de aumento), año en el que la dependencia energética alcanzó el 77%, a pesar de que en la producción nacional se incluye por razones metodológicas muy discutibles la energía nuclear. El grado de dependencia energética fue del 66% en 1990. El documento del Ministerio de Economía titulado Planificación de las redes de transporte eléctrico y gasista 2002-2011 estima que el consumo de energía primaria será de 168 Mtep en el año 2010, con un crecimiento anual del 2,99% para el periodo 2000-2010. El consumo de carbón disminuiría de 21,6 Mtep en el año 2000 (17,3% del consumo de energía primaria) a 11,4 Mtep en 2010 (6,8%), el de petróleo pasaría de 64,7 Mtep en 2000 (51,7%) a 81,8 Mtep en 2010 (48,6%), el gas natural de 15,2 Mtep (13%) a 37,8 Mtep (22,5%), la energía nuclear se mantendría en términos absolutos (de 16,2 Mtep a 16,6 Mtep) y disminuiría en términos relativos (del 13% en 2000 al 9,9% en 2010), las energías renovables deberían alcanzar el 12% previsto en el año 2010, algo bastante dudoso con el desarrollo actual, pues sólo la eólica va a buen ritmo (en teoría se pasaría de 7 Mtep en 2000 a 20,2 Mtep en 2010), y el resto corresponde al saldo de la electricidad. Si se cumplen las previsiones del gobierno las emisiones de dióxido de carbono de origen energético aumentarán un 64% entre 1990 y 2010, en el escenario más favorable, lo que hace matemáticamente imposible que el gobierno cumpla el Protocolo de Kioto. La misma proyección prevé que el consumo final pase de 90,3 Mtep en el año 2000 a 127 Mtep en el año 2010, con un crecimiento anual del 3,48%, superior al del PIB previsto (2,8% de aumento anual del 2000 a 2005 y 3,1% de 2005 a 2010). Estrategia de ahorro y eficiencia energética 2004-2012 Sólo hay dos formas importantes de reducir las emisiones: promover las energías renovables, tal y como se plasmó en el Plan de fomento de las energías renovables en España, y aumentar la eficiencia energética. El Plan de fomento de las energías renovables es un buen plan, pero no se está cumpliendo, por falta de presupuestos y voluntad política. En el debate del Estado de la Nación en julio de 2002 el presidente del Gobierno José María Aznar anunció la elaboración de un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, cuyo fruto es el borrador de la Estrategia de ahorro y eficiencia energética 2004-2012, presentada por José Folgado, secretario de Estado de Energía, y que intenta llenar un vacío. Todos los estudios demuestran las enormes posibilidades de aumentar la eficiencia, prestando los mismos servicios energéticos (calor, refrigeración, iluminación o movilidad) con un consumo mucho menor. Nadie demanda energía, sino los servicios que esta presta, y el objetivo debe ser proporcionar los servicios adecuados con la menor cantidad de energía posible, y obtener ésta a partir de fuentes renovables y autóctonas. Además de las posibilidades técnicas de mejora de la eficiencia, existen otras muchas razones, como son la disminución de la contaminación, la reducción del déficit comercial, la mejora de la competitividad y la generación de empleo. Pero para que aumente la eficiencia se requieren determinadas condiciones, como gestión adecuada, información de todos los agentes implicados, formación técnica y una política de precios energéticos y de incentivos, junto con el marco regulatorio, que la hagan viable. La Unión Europea tiene como objetivo la reducción de la intensidad energética en un 1% anual, y España es precisamente uno de los pocos países donde la intensidad energética viene aumentando año tras año, un 5% en la última década, mientras que en la Unión Europea se ha reducido en un 9,6%. Entre 1980 y 2002, el consumo de energía final ha tenido un crecimiento medio anual del 3,6% en España, un punto porcentual por encima del crecimiento del PIB, lo que da una intensidad energética de 1,38, es decir, que cada año somos menos eficientes, consumiendo más energía. Pero el análisis del documento del Ministerio de Economía muestra que este primer borrador es muy insuficiente. La Estrategia sólo considera una reducción de la intensidad energética primaria (energía necesaria por unidad de PIB) en 2012 con respecto a 2004 del 7,2%, con lo que el aumento del consumo de energía se reducirá sólo del 3,5% al 2,8% de crecimiento anual hasta 2012, para un crecimiento del PIB del 3% de media durante dicho período. Los supuestos ahorros no son sobre el consumo actual, sino sobre el que se produciría en el futuro de no existir la Estrategia. El consumo de energía primaria, con la Estrategia, pasará de 125 Mtep (Millones de toneladas equivalentes de petróleo) en el año 2000 a 165 Mtep en el año 2012, lo que supone un incremento del 32%. El consumo final pasará de 90,3 Mtep en el año 2000 a 126 Mtep en el año 2012, un aumento del 39,6%. Entre 2000 y 2012 el consumo final en la industria crecerá un 35,4%, el transporte un 48,8% y usos diversos un 33,2%. Las subvenciones, incentivos fiscales y otros apoyos públicos ascienden a 210,5 millones anuales de euros, unos 35.000 millones de las antiguas pesetas, cantidad a todas luces insuficiente. Para el conjunto del periodo de 9 años la Estrategia prevé una inversión de 24.098 millones de euros por parte del sector privado, lo que está por ver, pues no se puede obligar a los agentes privados a realizar tales inversiones (los errores de nuestros planificadores energéticos son la norma, y no aciertan ni de casualidad, como demostraron con el antiguo Plan de Ahorro (PAEE) o el anterior Plan de Energías Renovables, pero nadie les pide cuentas), porque los fondos públicos totales ascienden a sólo 1.895 millones de euros, cifra totalmente insuficiente, y ya se verá si se llegan a gastar, dada la escasa prioridad que el gobierno da a la eficiencia. En el año 2001 más del 30% de las plantas de cogeneración estuvieron sin funcionar a causa de las bajas primas y el marco legal. Según Joan Vila, presidente de la Asociación Catalana de Cogeneradores, "el Gobierno está primando la ineficiencia energética y la producción masiva de CO2 y SO2". Las empresas cogeneradoras perdieron 180 millones de euros en el año 2000 y 240 millones en el año 2001. España sólo produce el 11,2% de la electricidad con cogeneración, frente al 47,4% de Holanda, el 37,7% de Dinamarca, el 35,5% de Finlandia o el 17,8% de Italia. La Comisión Europea estableció como objetivo el 18% del total de la electricidad generada para el año 2010. La cogeneración es mucho más eficiente que la producción separada, y presenta otras muchas ventajas: garantía de potencia, abastecimiento más descentralizado, menores pérdidas en transmisión, adaptación a la demanda local, menor contaminación y mayor creación de puestos de trabajo. Una planta de cogeneración tiene una eficiencia que va del 60 al 80%, frente al 35% de una central termoeléctrica de carbón, el 33% de una central nuclear o el 51% de una central de ciclo combinado, si se tienen en cuenta las pérdidas en el transporte y distribución. De hecho las plantas de cogeneración españolas evitan ya la emisión de 10 millones de toneladas de CO2. Y en cogeneración se puede hacer mucho más de lo previsto en la Estrategia. Basta con una prima adecuada y un marco jurídico estable. Las emisiones directas de CO2, con la Estrategia, aumentarán en un 58% respecto a 1990. La Estrategia no sólo llega con retraso y es insuficiente, sino que además no contempla programas de gestión de la demanda en el sector eléctrico y en el gas natural, y sobre todo rechaza cualquier medida de fiscalidad energética o ecológica. La experiencia demuestra que la eficiencia energética, en una economía de mercado como la nuestra, sólo aumenta cuando se encarece la energía, como sucedió en la década de los ochenta. Al renunciar a cualquier política fiscal, el aumento previsto de la eficiencia es insuficiente para conseguir cumplir el Protocolo de Kioto. Para que aumente la eficiencia se deben crean nuevos impuestos energéticos finalistas, destinando los ingresos generados a la financiación de las mejoras. Con el escenario previsto, deberíamos comprar cada año derechos de emisión por 130 millones de toneladas en unidades de CO2 equivalente, que nos costarían de 1.430 millones de euros (en el mejor de los casos, para un precio de 11 euros por tonelada de CO2) a 4.160 millones de euros (en el escenario más probable de 32 euros por tonelada de CO2). El mismo gobierno que escatima las primas a las energías renovables y a la cogeneración, y no invierte en eficiencia energética, nos conduce a un escenario de más consumo energético, más contaminación, más insostenibilidad, más dependencia energética, más déficit de la balanza de pagos, menos competitividad, menos empleo, y para colmo tendremos que comprar los derechos de emisión a otros países, por no haber hecho los deberes, gastando lo que deberíamos haber invertido aquí en eficiencia y en energías renovables. Y tampoco cabe albergar grandes esperanzas en cuanto a los sumideros, pues con el Plan Forestal del gobierno en el mejor de los casos se podrían ahorrar el 2,5% adicional de las emisiones actuales, y un 7,5% para el año 2030. Para que el Protocolo de Kioto entre en vigor debe ser ratificado por un número suficiente de países, que en conjunto sean responsables del 55% de las emisiones de los países industrializados. Estados Unidos, con el 36,4% de las emisiones en 1990 de los países del Anexo I, es el mayor emisor. Pero a pesar de George W. Bush el Protocolo será ratificado, pues ya lo han ratificado la Unión Europea (24,0% de las emisiones en 1990 de los países del Anexo I) y Japón (8,5%), y sólo falta la ratificación de Rusia (17,4%) para que entre en vigor. Políticas para frenar el cambio climático Las diversas administraciones deben establecer planes claros para reducir las emisiones, incluyendo instrumentos fiscales (impuestos sobre las energías no renovables, incentivos a las renovables y a la eficiencia), supresión de las subvenciones a los combustibles fósiles y los presupuestos para llevarlos a cabo. Entre otras medidas se deben reducir los incendios forestales y la emisión de gases de invernadero, como el metano y el óxido nitroso, así como la producción y consumo de cemento, una de las principales fuentes de emisión de CO2, agravada por la construcción de autovías, carreteras y otras infraestructuras. Una política de repoblaciones forestales con especies autóctonas de árboles y arbustos, en las zonas adecuadas, retiraría de la atmósfera grandes cantidades de CO2, frenaría la erosión, las inundaciones y las sequías, dado el efecto esponja de los bosques. Pero los bosques y los mares, aún actuando como sumideros, son incapaces de retirar la cantidad actual de CO2 emitida anualmente. La reducción del consumo de carne, del empleo de fertilizantes, de las fugas de metano en la minería de carbón y en la red de gasoductos, y de la cantidad de residuos, y una política forestal que reduzca la superficie afectada por incendios forestales, permitirá cumplir los objetivos de reducción de CH4 y N2O. La fabricación de nailon y la de ácido nítrico son responsables de gran parte de las emisiones antropogénicas de óxido nitroso. La eliminación de los HFC no plantea ningún problema, pues hay alternativas viables y baratas, como el butano y propano (tecnología greenfreeze). La reducción de la producción de residuos, el reciclaje, la prohibición de la incineración, el aprovechamiento de la materia orgánica para producir compost y el aprovechamiento del metano, son algunas de las medidas de una política de residuos adaptada al cambio climático. El gobierno español no contempla ninguna política encaminada a traspasar mercancías de la carretera a otros modos más eficientes como el ferrocarril. Los AVE no permiten el tráfico de mercancías, y sus consumos específicos por viajero/km son más altos que los del ferrocarril convencional. La política municipal debe ir encaminada a reducir la demanda, promoviendo la ciudad mediterránea densa, compacta y con mezcla de actividades, con barrios donde viviendas, trabajo y servicios estén próximos en el espacio, aminorando la segregación espacial y social de las ciudades, y limitando el crecimiento de las grandes áreas metropolitanas. El planeamiento urbanístico y territorial debe ir encaminado a promover la mezcla de actividades, y no la segregación, y a posibilitar la movilidad en transporte público, evitando los crecimientos urbanos y turísticos que consumen gran cantidad de espacio. El ferrocarril debería elevar su participación, hasta alcanzar el 30% del tráfico de mercancías y el 25% de viajeros antes del año 2010. Las energías renovables podrían cubrir algo más de un tercio del consumo de electricidad en el 2010, y a largo plazo permitirán reducir las emisiones de dióxido de carbono, avanzando hacia un modelo energético "descarbonizado". La reducción del impacto ambiental del sector energético se logra de varias maneras. En primer lugar, reduciendo el despilfarro y el consumismo, adoptando un modelo menos intensivo en energía. En segundo lugar, aumentando la eficiencia y el ahorro energético. En tercero, abandonando y clausurando las centrales nucleares, sin lugar a dudas la peor de todas las fuentes energéticas, a la vez que se paralizan proyectos sin sentido, como el ITER (reactor internacional de fusión nuclear). En cuarto limitando, en este orden, la aportación del carbón, el petróleo y el gas natural, causa del cambio climático. En quinto, frenando la construcción de grandes embalses para producir electricidad, y los proyectos de monocultivos energéticos, que pueden tener graves repercusiones en la diversidad biológica, clausurando las plantas de incineración de residuos. Y en sexto, desarrollando la eólica, la geotérmica y todos los usos directos de la energía solar, como la fotovoltaica y la solar térmica, con el debido cuidado ambiental. La eólica es parte de la solución, no del problema. La producción de hidrógeno es un proceso aún inmaduro tecnológicamente y cuya viabilidad económica es necesario demostrar, lo que requerirá enormes inversiones en investigación; cuando se logre producir hidrógeno comercialmente, a precios competitivos, y a partir de dos factores tan abundantes como son el agua y la energía solar, los problemas energéticos y ambientales quedarán resueltos, pues el hidrógeno, a diferencia de otros combustibles, no es contaminante. En cualquier caso, en las próximas décadas entraremos en una economía basada en el hidrógeno como combustible secundario. El hidrógeno servirá para almacenar la energía solar y eólica cuando no haya sol o no sople el viento, y alimentará las pilas de combustible hoy en desarrollo, y que en un futuro no muy lejano puede llegar a ser una importante fuente de producción descentralizada de electricidad a pequeña escala, sin apenas impactos ambientales. Las pilas de combustible también sustituirán a los motores de combustión interna de los automóviles.
Referencias
A. Internet
B. Libros y artículos.
*Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Reporting Instructions, Volume 1,Glossary.
*FAO. State of the World's Forests. Roma, 2002.
(*) José Santamarta es director de World Watch.
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