Ernesto de la Jara: Perú: Mensaje presidencial y reforma judicial

En el reciente mensaje por Fiestas Patrias, el presidente Toledo hizo un "urgente llamado para la reforma del Poder Judicial". Llamado que se concretó en 1) anunciar que durante el mes de agosto el gobierno hará uso de su iniciativa legislativa para la aprobación de 5 medidas; y 2) plantear que entre los 5 puntos que deberán ser materia de un "pacto social a corto plazo" debe de incluirse un "acuerdo para llevar adelante la reforma judicial que el Perú espera".

¿Esta bien el dramático anuncio presidencial, o debemos de preocuparnos por tratarse de una injerencia del poder político en el sistema judicial? Por supuesto que está bien, pues -como siempre hemos dicho en el marco de nuestro proyecto Justicia Viva- los impulsos para mejorar el sistema de justicia pueden y deben de venir desde el "interior" del sistema judicial, pero también desde el "exterior", sea desde los otros poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) o de la sociedad civil.

Injerencia externa habrá si se plantean iniciativas reñidas con el ordenamiento jurídico, o a través de vías no permitidas o contempladas legalmente, o cuando se pretenda incidir - directa o indirectamente - en el ejercicio de la función jurisdiccional, campo de la administración de justicia que sí es exclusivo y excluyente de los jueces. (Unidad y exclusividad de la función jurisdiccional).

Es más, lo ideal es que haya una especie de alianza entre impulsos internos y externas a favor del cambio judicial. Y, justamente, teniendo en la mira la necesidad de esta alianza, creemos que aunque el presidente Toledo ha hecho bien en comprarse el pleito de la reforma judicial, cometió un error de estrategia al anunciar su decisión desconociendo otras iniciativas que hay en la misma dirección.

Nos referimos concretamente a la Comisión de Reestructuración creada a comienzos de año por el Presidente de la Corte Suprema, Hugo Sivina, quien debe de haberse sentido muy incómodo cuando, presente en el hemiciclo, escuchó decir al presidente que en el año transcurrido "no se advierte ningún avance de fondo", por más que luego tratara de arreglar la situación, diciendo: "Señor Presidente de la Corte Suprema, sabemos de su buena intención, usted es un hombre íntegro. Lo ayudaremos a la reforma sin violar la autonomía judicial; pero, por Dios, hagamos algo juntos. Habría sido mejor comenzar por lo último: hagámoslo juntos".

Es cierto que todavía no hay ningún avance de fondo producto de dicha Comisión, pero a la vez no hay que olvidarnos de todo el lado positivo de esta experiencia: por primera vez en nuestra historia tenemos un presidente de la Corte suprema con un discurso claramente democrático y a favor del cambio, y esta Comisión de reestructuración acaba de aprobar 5 informes temáticos (Reforma penal, Reforma Civil, Anticorrupción judicial, Despacho y Órganos de gobierno), producto de grupos de trabajo creados por ella, de los que se puede extraer medidas concretas. Asimismo, el propio Sivina ha venido planteando la necesidad de un acuerdo nacional sobre reforma judicial, llegando a plantear la idea de un grupo impulsor.

El sistema penal anticorrupción es otra experiencia de cambio judicial que hubiese sido justo que el presidente mencionara como un avance que hay que reforzar y potenciar, y que expresa que existen magistrados claramente comprometidos con una verdadera reforma. Sin embargo, no hubo ni una sola palabra del Presidente sobre este sistema, ni sobre -la omisión más importante en el mensaje- ¡la lucha anticorrupción en general!

Ojalá que este error de estrategia no derive en una pugna en torno a quién debe de ser reconocido como el padre de la reforma judicial (si el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo), y haga que los jueces se atrincheren en una supuesta autonomía en peligro. Lo que corresponde es identificar y articular coincidencias, y ambos poderes empujar en la misma dirección: la reforma judicial que todo el país exige.

De otro lado, nos llama la atención el fundamento que esgrimió el presidente para decir que "la reforma de la justicia en el Perú no puede demorar un minuto más". ¿Cuál fue el fundamento? Que gran parte de los delincuentes detenidos son puestos en libertad por el Poder Judicial o reciben penas benignas.

Y nos llama la atención porque todos sabemos muy bien que la gota que rebalsó la indignación del país con el Poder Judicial, que es lo que motivó realmente la decisión presidencial de meterse al tema de la reforma judicial, no ha sido la liberación de delincuentes sino... ¿qué? Obviamente el bochornoso caso de Canal 5. ¿Por qué el presidente no se atrevió a decirlo?

Sobre las medidas que el presidente convertirá en iniciativas legislativas, tenemos los siguientes comentarios:

- "Ley que crea la Comisión Especial para la reforma integral de la administración de Justicia, con participación de todos los organismos vinculados a la administración de justicia, la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil". Totalmente de acuerdo, porque siempre hemos creído que los cambios en el sistema judicial no caerán por su propio peso. Habría sí que tener muchísimo cuidado de no repetir ni remotamente la experiencia de la Comisión Ejecutiva que funcionó entre1995 y el 2000.

- Cambios en el control disciplinario. Para nosotros el punto de partida es que el control disciplinario judicial no puede seguir siendo interno. La actuación de la OCMA durante todos estos años ha demostrado fehacientemente que en el mundo de los jueces también se aplica la regla de "Otorongo no come Otorongo". A partir de ahí cabe discutir distintas modalidades, desde la planteada por el presidente en su mensaje, (incorporación de la sociedad civil en los organismos de control, además del nombramiento del jefe de la OCMA por el Consejo Nacional de la Magistratura), una especie de sistema mixto, hasta la opción de pasar toda la labor disciplinaria al Consejo Nacional de la Magistratura (control externo).

- Ampliar de 7 a 9, el número de integrantes del Consejo de la Magistratura es una propuesta viable, ya que la propia Constitución establece que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene la atribución de realizar dicha ampliación "con dos miembros adicionales, elegidos en votación secreta por el mismo Consejo, entre sendas listas propuestas por las instituciones representativas del sector laboral y del empresarial".

Esta medida permitiría una mayor participación de la sociedad civil (empresarios y trabajadores), pero sólo será positiva, si la elección recae en personas idóneas para el cargo. De lo contrario, puede terminar complicando aún más las cosas.

- "Reforma Constitucional, que autoriza al Consejo Nacional de la Magistratura la realización de procesos de ratificación extraordinarios de jueces y fiscales". Si prospera esta reforma constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura podría entrar a evaluar si ratifica o no a un magistrado, ya no sólo cuando éste cumpla 7 años, (actual disposición constitucional) sino en cualquier momento.

Es importante "sincerar" lo que hay tras una medida tan radical: la convicción de que actualmente existen magistrados que deberían "salir", porque en el medio se conoce muy bien de su incompetencia o de su participación en actos de corrupción, pero resulta que no hay la vía para "sacarlos", ya que no funciona el control disciplinario (OCMA), y si funcionara, se piensa que lo más probable es que no se pueda conseguir la prueba que exige una medida disciplinaria como la destitución.

Compartimos el diagnóstico: hay un buen número de jueces y fiscales que deben de salir, y en términos generales debe de haber un mecanismo que permita remover al mal juez. Pero no estamos de acuerdo en hacer de las ratificaciones una vía de depuración permanente, y por las mismas razones por la que estamos en contra de mantener en general la figura de la ratificación: al no tener el Consejo de la Magistratura que fundamentar las decisiones de no ratificación (separación), son mucha mayores las posibilidades de error y arbitrariedad.

- Ley que establece la edad de 65 años para el cese definitivo de jueces, fiscales y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Es obvio que la finalidad de esta medida es renovar la judicatura, algo muy positivo en las actuales circunstancias, pero es obvio también que al tratarse de una medida ciega, que no admite distingo, puede perjudicar a magistrados y consejeros, que, teniendo 65 años, están en perfectas condiciones para seguir desempeñándose en el cargo.

Nosotros creemos que para tener a los jueces y fiscales que el país y el proceso de reforma requieren, debe de abordarse tres aspectos centrales: 1) mejorar el sistema de selección y nombramiento de jueces y fiscales por el Consejo de la Magistratura (próximamente el consejo debe de nombrar nada menos que a 1,500 magistrados). 2) Crear una verdadera carrera judicial, que permita la evaluación permanente de los magistrados; y 3) cambiar y fortalecer el sistema de control disciplinario, para de esa manera poder sacar al magistrado incompetente o corrupto, sin cometer injusticias y con las garantías del caso. Es trabajando estos niveles que tendremos una solución de fondo y definitiva.

(*) Director del Instituto de Defensa Legal y de Justicia Viva.