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| 25 de agosto del 2003 |
Eduardo Gudynas
Días después que la Unión Europea y los Estados Unidos presentaran ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) una propuesta sobre los temas agrícolas, varios países del sur responden con dos contraofertas. Recordemos que Washington y Bruselas presentaron una oferta de negociación tras meses de sucesivos fracasos para destrabar el tema agrícola en el seno de la OMC, en especial por las ayudas y protecciones que los países industrializados mantienen sobre ese sector. La declaración conjunta de Estados Unidos y la UE generó muchas respuestas negativas, unas cuantas críticas y dejaba sin solucionar los temas más importantes para los países del sur (ver La propuesta agrícola de Washington y Bruselas, La Insignia, 18 agosto).
En ese contexto, el pasado 19 de agosto, varias naciones latinoamericanas y algunas africanas elevaron una proposición alternativa. El documento, presentado por la República Dominicana, Honduras, Nicaragua y Panamá, junto a Kenia y Sri Lanka, ofrece una propuesta más exigente para la reducción de subsidios y protecciones, y la instalación de preferencias para los países del sur. Más ambicioso, y con mayor peso político, fue la propuesta que se dio a conocer al día siguiente (20 de agosto) promovida por los gobiernos de Argentina, Brasil, Bolivia Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay y Perú, junto a China, India y Tailandia. En este caso aparecen los grandes agroexportadores latinoamericanos, junto a países clave en las negociaciones dentro de la OMC (India y China). Este segundo documento es mucho más exigente, apuntando a un desmantelamiento sustancial de las protecciones y subsidios. La reacción latinoamericana Rápidamente casi todas las naciones latinoamericanas han reaccionado frente a las propuestas de comercio agrícola de Bruselas y Washington. Los grandes agroexportadores como Argentina y Brasil lideran los reclamos, pero se debe subrayar que han logrado el concurso se países importantes en el seno de la OMC como México, junto al resto de buena parte de las naciones del continente; hay ausencia llamativas como las de Uruguay (un agroexportador importante) pero que podría deberse a sentirse inhibido al desempeñar la presidencia de la actual ronda de negociaciones de la OMC). Tampoco puede pasar desapercibido que este nuevo movimiento se inició por fuera del Grupo de Cairns, que incluye a los agroexportadores latinoamericanos junto a naciones desarrolladas como Canadá, Australia y Nueva Zelandia, y sólo después lo apoyaron. En cambio, la propuesta inicial contó con el concurso de otros dos "pesos pesados" dentro de la OMC, como son India y China. Las dos propuestas apuntan a eliminar o reducir las ayudas tradicionales, así como los nuevos subsidios que se ofrecen bajo programas de otro tipo, o las trabas a los ingresos a los mercados. Se estima que se gastan anualmente unos 300 mil millones de dólares por año en ayudas y protecciones agrícolas, en especial en Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y otros países industrializados. En algunos casos los países desarrollados abandonan los subsidios tradicionales para pasar sus apoyos a nuevas categorías de asistencia, permitidas en la OMC, que no están ligadas a la producción o se encuentran bajo el rótulo de la llamada "caja verde" (programas ambientales, asistencia a la reconversión tecnológica, etc.). Más ambición y menos paréntesis Mientras la propuesta de Washington y Bruselas apenas insinuaba la reducción en las protecciones, haciendo un eso excesivo de los paréntesis sin contenido para los casos de porcentajes y otras cuestiones todavía sin determinar, la proposición de Argentina, Brasil y demás naciones, es mucho más enérgica. Si bien se encuentran varios paréntesis no caben duda sobre el propósito de la nueva proposición: eliminación de la mayor parte posible de los subsidios y reducciones para los restantes. La propuesta de Argentina, Brasil y demás países, viene con un fuerte respaldo gubernamental. En un comunicado oficial del gobierno brasileño se sostiene que esta propuesta es la que verdaderamente toma la "letra y espíritu del mandato" del acuerdo ministerial de Doha -un extremo debatible, dadas las ambigüedades de los acuerdos logrados en ese entonces-. El gobierno de Brasil reconoce que el "énfasis en los compromisos está en los países desarrollados, en tanto es en sus mercados donde ocurren las mayores distorsiones y barreras de acceso a los productos agrícolas", y su productos subsidiados "distorsionan las exportaciones de los países en desarrollo, causando un deterioro de los precios en los mercados internacionales y amenazan la producción interna de los países pobres, y en especial de la agricultura familiar". Por su parte, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de Argentina, Martín Redrado, sostuvo que la propuesta busca presentar otro punto de vista en el camino hacia la reunión ministerial de Cancún, buscando no repetir el error cometido durante la Ronda Uruguay del GATT donde el acuerdo de Estados Unidos y la UE, en ausencia de otras propuestas sustanciales, finalmente se impuso en el seno de la OMC. La proposición de estos países incluye tres componentes principales: apoyos domésticos, accesos a mercados y subsidios a las exportaciones. En el caso del apoyo doméstico se reclama una "reducción substancial" en las naciones desarrolladas. Se incluye una reducción de "todas las medidas domésticas que distorsionan el comercio" en un cierto porcentaje (que no especifica, y donde se vuelve a recurrir a los paréntesis sin contenidos). Pero está en claro que la meta es alta: se apunta a "todos" los apoyos, se exige la eliminación de todas las medidas de apoyo directo, reclaman reducir el piso de las ayudas, e incluso reducir los apoyos llamados de la "caja verde", muy usados por la UE. En el trato preferencial para los países en desarrollo se postula una ampliación de las excepciones a los apoyos domésticos, y respetar los actuales niveles mínimos de esas asistencias. Sobre los accesos a los mercados se reclama una metodología de reducción de los aranceles que permita "un mejoría sustancial" para "todos los productos" de manera"efectiva y medible", considerando varios mecanismos. También se reclama eliminar las medidas que excluyen las reducciones sobre ciertos productos, y se postula un arancel cero para el acceso de productos tropicales desde los países en desarrollo. Para los países en desarrollo se deberían permitir medidas de trato preferencial basadas en razones de "desarrollo rural y seguridad alimentaria", incluyendo reducciones menores en los aranceles, períodos de implementación más largos. Incluso se postula crear la categoría de "productos especiales" para protecciones a negociar en el futuro. En la temática de los subsidios a las exportaciones se reclama la eliminación de aquellos aplicados a "productos de particular interés para los países en desarrollo" en un período de tiempo no precisado, y la eliminación del resto en otro período de tiempo tampoco determinado. Claramente se espera un plazo menor para aquellos productos de interés para los países del sur. En el mismo sentido, se plantea la reducción de los componentes de subsidios en los créditos a las exportaciones y los programas de garantías, así como el disciplinamiento del desvío de comercio debido a los programas de ayuda alimentaria (en respuesta a las frecuentes donaciones de alimentos que hacen los Estados Unidos en América Latina, las que contribuyen a enormes distorsiones de mercado). En este casos los porcentajes concretos y los períodos de tiempo también aparecen bajo la forma de [...] En el caso de la propuesta de la República Dominicana y demás países, existen varias diferencias, con una menor ambición aunque bajo el mismo espíritu de crítica al proteccionismo. Por ejemplo, se propone una metodología diferente para la reducción arancelaria pero se mantiene las negociaciones sobre las salvaguardas a la agricultura, también apunta a reconocer productos "especiales" o "estratégicos" y se otorgan excepciones para los países del sur, y buscan sostener las excepciones para programas de desarrollo agrícolas y subvenciones de insumos. Un debate en marcha La actual discusión sobre el comercio mundial agrícola se está profundizando y se pueden observar algunos aspectos positivos y otros preocupantes. Entre los primeros se debe resaltar el hecho que las naciones del sur hagan públicas su propuestas, y que avancen en ellas sin temor por las enormes diferencias que reflejan frente a Bruselas y Washington. El hecho debe ser bienvenido porque abundan los ejemplos del bajo perfil negociador de muchos países del sur. También es importante advertir algunos síntomas de nuevos alineamientos dentro de la OMC. En este caso, el apoyo de China e India a la proposición de los agroexportadores de América Latina refuerza los reclamos del sur, pero también son ensayos de nuevos balances de fuerza dentro de la OMC. En especial el actual canciller de Brasil, Celso Amorin, ha cultivado un nuevo eje entre Brasil, Sudáfrica y China, que puede estar dando ahora sus primeros resultados. También es un hecho positivo que dentro de América Latina se defienden estos temas, no sólo por la importancia que tienen en sí mismos, sino como condicionalidad para avanzar en otros aspectos de la negociación que reclaman los países industrializados dentro de la OMC. Por ejemplo, el ministro de Agricultura de Brasil, Roberto Rodríguez, claramente ha indicado que si no se incorporan los elementos presentados en esa propuesta, no habrá negociaciones en esas otras cuestiones en el camino hacia Cancún, entre las cuales se encuentran inversiones y derechos de propiedad intelectual. Frente a la actual situación del comercio agroalimentario mundial, los reclamos de desmantelar protecciones y subsidios perversos que realizan estos gobiernos debe ser apoyado. Pero eso no implica perder la perspectiva que estas nuevas "contrapropuestas" también responden a una lógica comercial que es una de las causas esenciales de la actual crisis rural en América Latina. La propia lógica mercantil explica este tipo de debate, y quienes se sienten desplazados terminan por elevar sus reclamos, pero en ese proceso están apelando a la misma perspectiva de competitividad económica. Casi todas las naciones latinoamericanas que firmaron la "contrapropuesta" agrícola enfrentan serias crisis rurales internas, han abandonado a buena parte de sus productores, especialmente los campesinos, apostando a la agroindustria, y no ensayan estrategias de desarrollo rural enérgicas. Por este tipo de razones, esos reclamos comerciales podrían significar un respiro, pero insistiendo en ese tipo de miradas no se solucionarán los problemas de fondo del campo latinoamericano. |
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