Ecologistas en Acción desde un primer momento se comprometió ante la opinión pública a exigir responsabilidades políticas, administrativas y penales hasta el final. Ante los incomprensibles archivos llevados a cabo por el Juzgado de Sanlúcar la Mayor primero, y la Audiencia Provincial de Sevilla después, se presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que, desgraciadamente, terminó archivando definitivamente esta causa.

Los Tribunales han desestimado también las demandas civiles presentadas por el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía que pretendían hacer pagar a Boliden 150 millones de euros, sólo una parte de los 250 millones de euros que ya nos ha costado a todos los ciudadanos este desastre. Ni hay ni habrá responsabilidades penales ni tampoco civiles. Boliden no solo se ha ido sin pagar las facturas del vertido, sino que ha cobrado 36 millones de euros de subvenciones. En nuestro país, quien contamina cobra.

Es evidente que los Tribunales no han cumplido con el deber de tutelar el bien jurídico protegido, cual es el derecho fundamental a un medio ambiente adecuado y a la salud pública. La impunidad en nuestro país ante una catástrofe ecológica de esta envergadura va a ser total.

Las consecuencias ecológicas del vertido tóxico han sido de unas dimensiones nunca conocidas en Europa: 80 kilómetros de cauces afectados, 4.600 hectáreas de nueve municipios envenenadas, caladeros cerrados por contaminación de cadmio, cinc, cobre y arsénico, siete millones metros cúbicos de lodos retirados, 30 toneladas de animales muertos, acuíferos altamente contaminados, récord mundial de concentración de metales pesados en aves acuáticas, 5.000 puestos de trabajo hipotecados...

La mina de Aznalcóllar sigue actualmente siendo un enfermo crónico que evidencia la insostenibilidad del modelo de minería a cielo abierto. Los beneficios económicos obtenidos en su día, más por la obtención de subvenciones públicas y por el tráfico de residuos que por la explotación de mineral, fueron a parar a la multinacional sueca Boliden, mientras que la gestión de los millones de metros cúbicos de residuos generados que forman enormes escombreras altamente tóxicas y la de la corta repleta de lodos tóxicos, siempre a punto de sobrepasar la cota de contaminación del acuífero, corre a cargo de la Junta de Andalucía, que no exigió nunca los avales exigibles por ley a la empresa para asegurar los gastos de restauración, gastos que pueden llegar a los 500 millones de euros de dinero público.

Para Ecologistas en Acción lo inconcebible e inaceptable del caso es que, con estos precedentes tan cercanos, se esté avalando, tanto desde la Junta de Andalucía (declaración de impacto ambiental positiva), como desde el gobierno central (anuncio de subvenciones), un nuevo proyecto minero de similares características, pero aún de mayores dimensiones, como es "Cobre Las Cruces" en la localidad sevillana de Gerena, explotación que puede convertirse en otra bomba de relojería que, de abrirse, amenazará al acuífero Niebla-Posadas, a la Ribera de Huelva y, por ende, al mismo Guadalquivir.

La Junta de Andalucía, en vez de impedir la apertura de nuevas explotaciones mineras modelo "Boliden", organiza esta semana unas Jornadas sobre el Corredor Verde del Guadiamar, proyecto que responde más al esfuerzo de mejorar la imagen de la zona que a una restauración real del entorno afectado por el vertido. Así, se ha actuado preferentemente en aquellas zonas cruzadas por vías de comunicación o muy transitadas como el vado de Quema, mientras en el resto se han producido numerosas marras -pérdidas de las repoblaciones- por la proliferación de herbáceas, que se ha pretendido controlar con roturación mecánica, lo que a su vez ha eliminado la regeneración natural que se estaba dando. Por otro lado, no se está completando el corredor ecológico con actuaciones destinadas a asegurar la conectividad del Corredor Verde con los espacios forestales de Doñana, lo que invalidará su valor real como corredor ecológico entre Doñana y Sierra Morena.

Ecologistas en Acción entiende que hay que realizar las modificaciones legales pertinentes para que desastres ecológicos como el de Aznalcóllar, o el del Prestige, no vuelvan a quedar impunes