Alberto Acosta: Ecuador: Deuda externa y migración, una relación incestuosa (I)

«El dinero es algo muy singular. Le da al hombre tanta alegría como el amor
y tanta angustia como la muerte.»
-John Kenneth Galbraith-

I. Algunos antecedentes de la emigración

La mayor crisis de la historia

Ecuador, país latinoamericano, el más pequeño de la región andina y con una población de 12 millones de habitantes, concluyó el siglo XX con una crisis sin precedentes. Luego de un prolongado período de estancamiento desde 1982, al año 1999 se le recordará por registrar la mayor caída del PIB. Este declinó en 7,3% medido en sucres constantes y en dólares en 30,1%, de 19.710 millones pasó a 13.769 millones de dólares. El PIB por habitante se redujo en casi 32%, al desplomarse de 1.619 a 1.109 dólares (2).

El país experimentó el empobrecimiento más acelerado en la historia de América Latina: entre el año 1995 y el año 2000, el número de pobres creció de 3,9 a 9,1 millones, en términos porcentuales de 34% al 71%; la pobreza extrema dobló su número de 2,1 a 4,5 millones, el salto relativo fue del 12% a un 31%. En estas condiciones se registró un deterioro acelerado de los índices de bienestar. El ingreso por habitante del Ecuador alcanza apenas un 43% del promedio latinoamericano.

Lo anterior vino acompañado de una mayor concentración de la riqueza. Así, mientras en 1990 el 20% más pobre recibía el 4,6% de los ingresos, en el 2000 captaba menos de 2,5%; entre tanto el 20% más rico incrementaba su participación del 52% a más del 61%. Esta inequidad es, sin duda alguna, una de las principales explicaciones de la pobreza. Esto es sobre todo preocupante, pues en este país la capacidad productiva disponible podría satisfacer la demanda de bienes y servicios de toda la población, de existir una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza (3).

La consecuencia lógica de esta evolución fue el masivo desempleo y subempleo; la caída de los ingresos; la reducción de las inversiones sociales: salud, educación, desarrollo comunitario, vivienda; la creciente inseguridad ciudadana; el deterioro de la calidad de vida; y, la caída vertiginosa de la confianza en el país...

El país, entonces, al entrar en la mayor crisis de su historia, inauguró un proceso inédito de emigración, cuyas consecuencias recién se empiezan a entender. Solo en el cambio de siglo miles de ecuatorianos, unas 700 a 800 mil personas (mucho más de un 10% de la Población Económicamente Activa - PEA), habrían huido del país (4).

Entretelones de una macro crisis

Las cifras expuestas demuestran la gravedad de una situación dramática explicable por una serie de factores coyunturales que se potenciaron mutuamente:

- de orden natural -el fenómeno de El Niño-,
- de orden económico -la caída de los precios del petróleo, la desestabilización financiera internacional, el salvataje bancario, el ajuste fondomonetarista- y
- de orden político -cinco gobiernos en cinco años-.

A más de dichos problemas coyunturales, deben ser mencionados algunos de los puntos estructurales más sobresalientes, mutuamente interrelacionados y que se potenciaron por los problemas anteriormente mencionados:

- La debilidad y fragilidad del mercado interno, a causa de las enormes desigualdades en la distribución de la riqueza, del bajo poder adquisitivo de las masas (pobreza) y de una creciente concentración del ingreso y los activos en pocas manos; concentración que motiva, también, la creciente pobreza.
- La presencia de sistemas de producción atrasados (con baja productividad de la fuerza de trabajo, pero, con elevada productividad del capital) que caracteriza la heterogeneidad estructural del aparato productivo. En esta estructura se anclan la poca capacidad de absorción de la fuerza de trabajo y la desigualdad en la distribución del ingreso y los activos.
- La ausencia de políticas generadoras de empleos estables y de calidad.
- La carencia de una adecuada integración entre las diversas regiones del país y el débil desarrollo de las ciudades intermedias y pequeñas, agobiadas por diversas manifestaciones de centralismo gubernamental y de concentración de la riqueza.
- Los escasos encadenamientos productivos y de consumo; a lo cual se suma la reducida vinculación sectorial, en particular de la agricultura con la industria y de las actividades de exportación con el resto de la economía.
- La inexistencia de una adecuada política fiscal y de una estructura tributaria equitativa y eficiente.
- La elevada propensión marginal a importar, no sólo maquinaria, equipo y materias primas, sino, en especial, bienes de consumo duradero y no duradero; consecuencia de la consuetudinaria dependencia externa, en especial tecnológica y cultural.
- El mal manejo administrativo del Estado, una marcada arbitrariedad burocrática y una gran cantidad de ineficiencias acumuladas a lo largo de la historia.
- El irrespeto casi permanente a la institucionalidad democrática y a la misma Constitución, que ha aumentado la inestabilidad política y que deteriora la imagen internacional del país.
- Las masivas ineficiencias del sector privado, así como la falta de empuje y capacidad innovadora del segmento empresarial, infectado por la inercia del rentismo y de los clientelismos de antaño.
- La existencia de estructuras oligopólicas y aún monopólicas que caracterizan los mercados.
- La corrupción generalizada en toda la sociedad, no sólo en el sector público. La ya de por sí crítica situación explosionó con el congelamiento de los depósitos bancarios en marzo de 1999. A esto se sumó la reducción de las inversiones sociales con el fin de financiar el servicio de la deuda externa. Así, mientras la sociedad, por un lado, era literalmente esquilmada para sanear la banca, concretamente para entregar recursos a los banqueros corruptos, por otro, se suspendió, en el año 1999, por varios meses, el pago de sueldos y salarios a maestros, enfermeras, médicos, policías y militares tratando de sostener el servicio de dicha deuda. Esfuerzo que colapsó en agosto del año 1999 cuando el gobierno tuvo que suspender el servicio de la deuda externa. Fue una decisión tardía e inútil, al no estar enmarcada en una propuesta económica totalmente diferente a la seguida desde inicios de los años ochenta. Además, el país había entrado en la mayor crisis del siglo XX.

Y por cierto, otro de los factores que explican la crisis radica en el ajuste estructural y en las políticas de estabilización de inspiración fondomonetarista aplicadas en las últimas dos décadas. Aunque hay quienes sostienen lo contrario, la economía ecuatoriana, como la de otros países de la región, ejecutó y sufrió el recetario del ajuste (Acosta 2001). Así, desde inicios de los años ochenta, con diversos grados de coherencia e intensidad, en el Ecuador se adoptó una concepción aperturista y liberalizadora de inspiración fondomonetarista/bancomundialista, impuesta a través de múltiples mecanismos y hasta con chantajes externos e internos. La recuperación de los equilibrios macroeconómicos, para retomar en forma espontánea la senda del crecimiento y la distribución de los frutos del progreso, fue el leitmotiv del manejo económico al tiempo que se introducían cambios estructurales en la economía en función de las demandas de acumulación del capital transnacional.

Tampoco puede quedar al margen los efectos nocivos de la dolarización. A los dos años y medio de la imposición, sus resultados, desde una perspectiva optimista, son pobrísimos. Y si nos atenemos a las promesas iniciales, la dolarización fracasó en toda la línea. Basta recordar que la inflación y las tasas de interés en dólares se mantienen en niveles elevados, la recuperación económica se desvanece, la competitividad decrece cada vez más, los desequilibrios externos van camino de ser insoportables, las remuneraciones reales siguen deteriorándose, el país sigue desindustrializándose, la distribución del ingreso y la riqueza no dejan de deteriorarse, la pobreza sigue en aumento, el poder económico continúa concentrándose (y desnacionalizándose), se mantiene imparable la emigración de fuerza de trabajo altamente capacitada y calificada... más del 45% de la población adulta ansia escaparse de este "paraíso dolarizado".

La deuda externa como uno de los desencadenantes de la emigración

Desde 1982, una vez más (5), el Ecuador ha realizado denodados esfuerzos para sostener una relación armónica con el sistema financiero internacional. Los programas de estabilización y de ajuste, recuérdese, han estado orientados a garantizar el servicio de la deuda. Junto a este objetivo explícito de dichos programas aparece el pretendido reordenamiento de la economía, en el marco del Consenso de Washington.

Así, con el Club de París se ha renegociado en siete oportunidades; a la séptima ronda de negociaciones el Ecuador llegó urgido por la dolarización. Con la banca comercial se repitieron en otras tantas ocasiones las negociaciones y se vivió un nuevo y largo período de moratoria desde enero de 1987, hasta conseguir en 1994 un arreglo tipo Brady; empero en agosto de 1999, ante la manifiesta incapacidad de pago, el país se vio forzado a declarar la moratoria de los Bonos Brady y de los Eurobonos, con la complicidad del FMI y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. De esta situación el Ecuador salió con una nueva fórmula de arreglo, forzada también por la dolarización, a través de la cual garantiza una amplia gama de beneficios a los tenedores de los nuevos Bonos Global. Y en dicha fórmula se establecieron nuevos compromisos, como la construcción de un nuevo oleoducto para extraer más crudo, destinado a financiar la recompra de la deuda externa (6).

(Un dato curioso: durante los años más críticos, entre 1997 y 1999, los organismos internacionales, como el FMI, no dejaron nunca de presionar para que el Ecuador aplique el recetario del WC, sin concretar las ayudas prometidas, al menos para paliar la situación… a pesar de que la economía ecuatoriana cumplía con casi todos los ajustes que le eran impuestos.)

El objetivo de la renegociación del 2000, reconocido expresamente por el régimen, fue "encaminar al Ecuador hacia la reapertura del acceso a los mercados internacionales (manteniéndose al día con el pago de obligaciones internacionales)"; una necesidad vendida como urgente en un esquema dolarizado. De paso, se buscó aliviar las cuentas fiscales, al menos en el corto plazo, mejorando pasajeramente los índices de sustentabilidad de la deuda. Adicionalmente, como otro de los subproductos de estas acciones, asomó la posibilidad de financiar inversiones sociales utilizando los recursos que se liberarían del menor servicio de la deuda y de la conversión de algunos tramos de la deuda bilateral suscrita con los países acreedores aglutinados en el Club de París.

Cabe mencionar que, con la transformación de los Bonos Brady en Bonos Global, en el año 2000, la deuda bajó en 2.717,8 millones de dólares. Su servicio, en los primeros cinco años, debería ser inferior en 1.500 millones a lo previsto en el arreglo del Plan Brady. Pero, a la postre, el saldo final del monto a pagar en el Plan Global será mucho más alto que el conseguido en el arreglo tipo Brady. El costo de la renegociación fue elevadísimo, pues se habrían entregado unos 42 millones de dólares (al menos unos 25 millones de dólares en efectivo) en bonos a los renegociadores y a sus equipos de apoyo. Y lo que es más preocupante, el arreglo conseguido no es sostenible; se anticipa ya que la deuda no podrá ser pagada (7).

A fines de 1999 la deuda externa total alcanzó los 16.102 millones de dólares, un 118% del PIB. Desde 1975, salvo luego del año de la renegociación de los Bonos Brady: 1994-1995, la deuda había ascendido ininterrumpidamente. Y su servicio representó en promedio un 11% del PIB entre 1995 y el 2000, así como más del 40% en Presupuesto General del Estado en dicho quinquenio: un verdadero lastre para el desarrollo.

La reducción que se consiguió en el 2000 comienza a ser recuperada, pues la deuda pública que había alcanzado la cifra de 14.073 millones de dólares en junio del año 2000 y que había bajado a 11.226 millones en agosto del mismo año, subió a 11.307 millones en marzo del año 2002; mientras que la deuda externa privada ha alcanzado el nivel más alto de la historia: 4.169 millones de dólares; el nivel máximo en toda la historia económica, un crecimiento de 1.131 millones de marzo del 2001 a marzo del 2002 (8). Estos créditos, conjuntamente con las remesas de los emigrantes y los elevados precios del petróleo, sostienen la dolarización, mientras siguen cayendo las exportaciones y aumentan las importaciones.

Algunas cifras permiten comprender de mejor manera la magnitud de la sangría experimentada por efecto del servicio de la deuda externa. El Ecuador, desde 1982 a 2000, pagó por concepto de capital e intereses 75.908,2 millones de dólares y en el mismo lapso recibió como nuevos desembolsos 65.678,8 millones. Lo cual genera una transferencia neta negativa de 10.229,4 millones, a pesar de lo cual la deuda creció en 6.931,7 millones, pues pasó de 6.633 millones en 1982 a 13.564,5 millones en 2000, tal como se desprende del Cuadro N° 1.

A la sangría crónica de recursos provocada por la deuda externa se podría añadir la transferencia de recursos por el deterioro de los términos de intercambio, la fuga de capitales, el pago de regalías, la remesa de utilidades y la transferencia de capitales por concepto de inversiones extranjeras.

Este esfuerzo no pasó desapercibido. La sociedad se resintió. El servicio de la deuda estranguló la economía. El gasto social se redujo de manera alarmante y las cuentas externas experimentaron presiones cada vez mayores. La pobreza se incrementó en forma continuada. Y la emigración, por otro lado, se convirtió en una válvula de escape para evitar una explosión mayor de la crisis.

A mayor pago de la deuda, menor inversión social

Un punto aparte merece el deterioro de las actividades e inversiones sociales, con la educación y la salud a la cabeza, a causa de las menores disponibilidades fiscales. Situación explicable, en especial, por los crecientes requerimientos para servir la deuda, que condujeron a una reducción de los gastos sociales. Estos, dentro del Presupuesto del Estado, cayeron de un 50% en 1980 a un 15% en el 2000; mientras que el servicio de la deuda, en el mismo período, se incrementó del 18% a más del 50%.

En relación con el PIB, el servicio de la deuda subió desde un 3,9% en 1993 a más del 12% en los años 1997, 1999 y 2000; manteniendo un nivel superior al 8,5% desde 1995. En paralelo las inversiones en educación, salud y desarrollo agropecuario se mantuvieron en niveles muy bajos, representando menos de una tercera parte del servicio de la deuda; así, por ejemplo, mientras en 1999 se destinaba un 12,9% del PIB al servicio de la deuda, el gasto social apenas recibía un 1,4%. Para el año 2001, luego de la renegociación del año 2000, todavía se destinaron 1.735 millones de dólares al servicio de la deuda, una cifra superior en 2,5 veces a lo destinado para inversiones sociales: educación y cultura 417 millones, salud y desarrollo comunal 137 millones y desarrollo agropecuario 131 millones, en total 685 millones.

En este contexto de ajustes reiterados se afectaron profundamente las condiciones y la calidad de los servicios públicos, colocados desde hace rato en la antesala paralizante de las privatizaciones...

El monto per cápita de la deuda en el año 2000 fue de 1.375 dólares. El servicio de la deuda por habitante llegó en ese año a 156 dólares y el gasto social fue de apenas 50 dólares… Según informaciones de UNICEF, el servicio de 15.700 millones de dólares, que realizó el Ecuador entre 1990 y 1999, equivalió a 135 años del presupuesto de salud, a 123 años del bono solidario para las personas más pobres, a 51 años del presupuesto de educación…

En 1999, el peor año de la crisis, este servicio de la deuda externa consumió más de las tres cuartas partes de los ingresos corrientes del país, es decir, de los impuestos recaudados y de los ingresos del petróleo. Por eso, UNICEF es categórico en su afirmación: el Ecuador deberá escoger entre "pagar la deuda externa o realizar inversión social". Y, con razón, sentencia que "se equivocan quienes dicen que deben arreglarse primero los problemas de la deuda para luego atender las necesidades sociales". No haber procedido así, como se ha visto, desató una ola migratoria sin precedentes en este país.

Esta tendencia proporcionalmente inversa entre servicio de la deuda e inversión social se puede apreciar en el Cuadro N° 2.

Notas

(1) Ecuatoriano. Economista de la Universidad de Colonia, Alemania. Profesor universitario. Consultor internacional y del ILDIS-FES en Ecuador. Asesor de organizaciones indígenas y sociales. Dirección electrónica: alacosta@hoy.net y alacosta48@yahoo.com Un texto más corto se publicó con el mismo título en la revista Documentación Social Nº 126, Cáritas, Madrid, enero-marzo 2002. Para la elaboración de este trabajo se contó en el valioso apoyo de David Villamar. Y esta versión sirvió de base para la ponencia que presentó el autor en la Universidad de Génova, Italia, el 29 de mayo del 2002.
(2) El producto por habitante en 1998 era comparable al de 1982.
(3) Según el FMI (1999), con una transferencia anual del 0,8% del PIB a favor de los afectados se podría eliminar la indigencia y con una transferencia del 6% la pobreza. Por cierto que la inequidad no solo se manifiesta en el campo económico y social, pues hay otras facetas culturales, étnicas, regionales, ecológicas y por cierto de genero.
(4) Otras estimaciones presentan valores aún más elevados. Hay que anotar que la emigración resulta un fenómeno nacional de reciente data, pues antes ya se había registrado la salida de pobladores provenientes de pocas zonas, especialmente del austro, concretamente de las provincias del Azuay y Cañar, sobre todo a raíz de la crisis de la paja toquilla en los años cincuenta. Hoy se calcula que en el exterior deben vivir más de 2,5 millones de ecuatorianos, principalmente en los EEUU: cifras oficiales hablan de 600 mil personas en Nueva York, 100 mil en Los Angeles, 100 mil en Chicago y unos 60 mil en Washington. En España, se estima que el colectivo de ecuatorianos, que ocupaba un discreto décimo puesto entre las comunidades extranjeras en 1998, está disputando el primer lugar en la actualidad con más de 300 mil personas. En Italia las estimaciones hablan hasta de 120 mil emigrantes, quizás una cifra realista podría bordear las 60 mil personas. Ésta es otra demostración de las dificultades existentes en la determinación del número de personas que emigran y en donde se radican.
(5) Hay que anotar que la historia del Ecuador es la historia de la "deuda eterna" (Acosta 1994a).
(6) El gobierno de Gustavo Noboa aceptó destinar el 70% de los ingresos que genere el oleoducto de crudos pesados OCP al servicio de la deuda, con lo cual se garantiza desde ya una elevada cotización de los papeles de la deuda ecuatoriana, cuya recompra es obligatoria a partir del año 2006, en un 10%, para los Bonos Global a 12 años, y a partir del año 2013, en un 3%, para los Bonos Global a 30 años. El hecho de que se haya reducido de 80% a 70% el monto ingresos petroleros destinados al servicio de la deuda, para liberar un 10% a inversiones sociales, provocó nuevas tensiones con el FMI, que no aceptó esta reducción.
(7) Véase el valioso aporte de Marconi (2001), en donde se demuestra, en base a varias proyecciones y escenarios, que la deuda sigue siendo impagable. Además, vale considerar que el Ecuador ya superó largamente casi todos índices para entrar en la categoría de Países Pobres Altamente Endeudados (conocidos más como HIPC, por sus siglas en inglés); así el servicio de la deuda en relación a las exportaciones alcanzó el 31% (norma HIPC: 15%), el total deuda externa versus exportaciones fue de 248% (HIPC: 150%), el total de la deuda externa en relación a los ingresos fiscales alcanzó 293% (HIPC: 280%).
(8) Recuérdese que en los gobiernos de Oswaldo Hurtado Larrea (1981-84) y de León Febres Cordero (1984-88) se dio paso a la "sucretización" -socialización- de la deuda externa privada, en un monto que bordeaba los 1.500 millones de dólares. Las condiciones de esta operación se caracterizaron por la ausencia de criterios de selectividad y por una serie de generosas concesiones que representaron un gran alivio y un magnífico subsidio a los grupos más acomodados de la población (Ver Acosta 1994b).

(*) De próxima publicación en la revista Economía y Política, de la Facultad de Economía de la Universidad de Cuenca.