| Portada | |
Directorio | |
Buscador | |
Álbum | |
Redacción | |
Correo |
|
|
| 9 de octubre del 2002 |
Agencia de Información Solidaria (AIS). España, octubre del 2002.
El pasado 1 de julio nació la Corte Penal Internacional (CPI), cumpliendo el Estatuto de Roma de 1998, aprobado por 139 estados y ratificado por 76, para juzgar a acusados de crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra. En palabras de Kofi Annan, la CPI es "un duro golpe contra la impunidad", un instrumento para hacer más civilizado nuestro planeta... Era así hasta que la Unión Europea (UE), a instancias de Blair, Berlusconi y Aznar, ha acordado conceder de por vida la inmunidad ante la CPI a soldados y diplomáticos estadounidenses.
Llueve sobre mojado porque la Corte Penal Internacional ha nacido con antagonismos que pueden llevarla al hundimiento. Rusia, China, India y la mayor parte de países árabes no firmaron en Roma y se niegan a colaborar, pero más grave es la frontal oposición del gobierno de George W. Bush que ha desvinculado totalmente a EE.UU. de la CPI: no reconocen la jurisdicción del tribunal ni acatarán ninguna de sus órdenes. Aunque Bill Clinton firmó a finales de 2000 la creación de la CPI, tras conseguir rebajas en las competencias del tribunal, Bush dejó claro que no aceptaría la autoridad del tribunal internacional. A primeros de mayo, el secretario de Estado, Colin Powell, confirmó que EEUU no ratificaría el tratado para crear la Corte Penal Internacional. Bush no quiere que soldados, diplomáticos o civiles estadounidenses sean juzgados como acusados de crímenes de guerra. No asegura que los estadounidenses no cometan tales delitos (no puede); simplemente se niega a que los estadounidenses que los cometan puedan ser juzgados por el tribunal creado para ello. Mary Robinson, antigua Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha manifestado que la retirada de EEUU de la CPI "es una señal muy peligrosa". Además, EEUU no colaborará con la CPI, ni siquiera facilitará información que posea por importante que pueda ser para resolver un caso. Oposición frontal y boicoteo. Bush dice que aceptar la autoridad de la CPI sería admitir que "el personal estadounidense por el mundo pueda ser víctima de persecuciones politizadas ante una corte cuya jurisdicción no aceptamos". Habló el oráculo y sentenció que la CPI funcionará como una república bananera puesto que serán posibles falsas acusaciones y falsos procesos politizados: el gobierno de Bush acusa a la CPI de prevaricación antes de actuar. No valen las plenas garantías procesales y salvaguardias de derechos de sus procedimientos y estatutos. En realidad, el gobierno de EEUU está imponiendo la inmunidad (que es impunidad) para su personal militar, diplomático y civil. La inaceptación de la impunidad es una de las líneas que separan un estado de derecho de otro de barbarie: nadie está por encima de la ley. Esta actitud de EEUU se vio al exigir que sus soldados en misión de cascos azules gozaran de inmunidad total en la antigua Yugoslavia. Lo consiguió durante el plazo de un año porque vetó en el Consejo de Seguridad la misión de paz de la ONU a Bosnia. Pero Bush ha ido más lejos. Washington advirtió a los gobiernos extranjeros que dejarán de recibir ayuda militar estadounidense si no se comprometen a no extraditar nunca a estadounidenses acusados por la CPI, y también a no acusar nunca a un estadounidense ante la Corte Penal Internacional. Israel, Rumanía, Tayikistán, India, Uzbekistán, República Dominicana, Honduras, India, Mauritania, Palau y las Islas Marshall ya han firmado tratados bilaterales con EEUU aceptando esos compromisos. La concesión de inmunidad hecha por la Unión Europea al personal militar y diplomático estadounidense agrava el despropósito. Formalmente, el acuerdo alcanzado no concede explícitamente la inmunidad a los estadounidenses que puedan ser acusados por crímenes contra la humanidad o de guerra ante la CPI: los presuntos delincuentes serán entregados a EEUU para ser juzgados allí. Richard Dicker, director del programa de justicia internacional de Human Rights Watch asegura que "no ve garantías que obliguen al procesamiento de esas personas en EEUU y, por otro lado, abre la puerta para hacer excepciones con países que no han firmado la constitución de la CPI, como es el caso de Rusia". El acuerdo de inmunidad real para presuntos criminales de guerra o de lesa humanidad, ahonda un poco más la debilidad de la UE e incrementa su desprestigio. Per Stig Möller, ministro de la presidencia semestral danesa de la Unión Europea, ha dicho que "no se trata de ninguna concesión, ni de rendición. Simplemente hemos atendido las preocupaciones de EEUU". Si se quebranta el principio de que la ley es igual para todos y nadie está por encima de ella, cualquiera puede reclamar que la norma penal internacional sea un adorno. Además de la UE, también el gobierno de Argentina garantiza la inmunidad de los militares estadounidenses ante la CPI, y Uribe está en trance de firmar en Colombia un acuerdo bilateral que, en opinión de la Comisión Colombiana de Juristas, significaría "autorizar que cualquier persona de ciudadanía estadounidense realice actos de genocidio o cometa impunemente en nuestro país crímenes de guerra o de lesa humanidad". El diario español El País ha editorializado: "Si los países constituyentes de la CPI ceden al chantaje de Washington, la nueva Corte perderá credibilidad y potencial de desarrollo". Que es casi decir que nace agonizante. |
|||
